Entre el 13 de junio y el 30 de junio Ecuador vivió una intensa oleada de protestas convocada inicialmente por el movimiento indígena al que se sumaron otros sectores sociales: feministas, educadores, transportistas, estudiantes. A diferencia de otros paros que habían sido mayoritariamente de participación del movimiento indígena, este paro logró mayor presencia de otros sectores de la sociedad civil con una larga lista de demandas. Todo esto me lleva a compartir unas reflexiones que espero contribuyan a comprender lo que sucedió en el país andino, una reflexión más calmada un mes después de las protestas. Primero haré una síntesis general de lo sucedido durante el paro; segundo, analizaré las condiciones de la represión durante las protestas y finalmente, presentaré una reflexión sobre el panorama incierto que hoy vive el Ecuador. Continuar leyendo…
En este texto expongo lo que está pasando en Colombia en cuatro puntos. En el primero hablaré de manera muy breve sobre las razones del Paro Nacional. En el segundo mencionaré la respuesta que ha recibido la protesta. En el tercero me centraré en las condiciones políticas que han posibilitado el Paro y sus respuestas. En la cuarta haré una proyección de los posibles escenarios.
El miedo de uno era tanto que uno solamente
se quedaba quieto, paralizado, esperando que lo
impactara esa bala, porque definitivamente
nos estaban intimidando
(Integrante-Misión-Médica, 2021)
Debido a las afinidades y alianzas entre paramilitares y sectores de la Fuerza Pública Armada, ampliamente documentadas por la academia colombiana, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la ONU y otras instituciones, y debido también a las similitudes entre algunas técnicas usadas por los paramilitares en el contexto del conflicto armado y por la Fuerza Pública de Colombia –ESMAD, Policía y Ejército– para enfrentar las movilizaciones sociales, cabe preguntarse si la Fuerza Pública está usando técnicas paramilitares para enfrentar las protestas iniciadas el 28 de abril del 2021 (28A), si las alianzas al margen de la ley entre ellas continúan vigentes, si siguen operando y el accionar violento de la Fuerza Pública responde a un deterioro estructural de las instituciones que la conforman –debido a más de medio siglo de conflicto armado–, y si sería necesaria su reforma. Continuar leyendo…
Un nuevo estallido social en Colombia ha hecho aun más evidente el distanciamiento entre el gobierno del presidente Iván Duque y la ciudadanía. El pasado 28 de abril, diferentes organizaciones sociales, sindicatos y centrales obreras convocaron una jornada de Paro Nacional en contra de la reforma tributaria que se tramitaba en el Congreso de la República.[1] Pese a los múltiples intentos de las autoridades por impedir la movilización social bajo el argumento de que estas aglomeraciones pondrían en riesgo la capacidad del sistema hospitalario para atender el tercer y más fuerte pico de contagios de la pandemia por COVID-19; el Comité Nacional del Paro mantuvo la convocatoria, preservando algunos protocolos de bioseguridad. De esta manera, la ciudadanía salió a las calles de forma masiva para sumarse a las manifestaciones en más de 500 municipios y ciudades del país.[2]
¿Cómo una sociedad civil relativamente débil como la peruana pudo organizar una de las protestas más grandes de América Latina y tumbar un gobierno autoritario en solo 6 días?
Como ya se ha detallado en este blog, el 9 de noviembre el presidente peruano Martín Vizcarra fue vacado por el Congreso que lo acusó de incapacidad moral debido a denuncias por corrupción y nombró a Manuel Merino como presidente interino. El controvertido uso de la figura de la incapacidad moral era el último capítulo de una serie de enfrentamientos entre el ejecutivo y el legislativo desde 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia con una bancada minoritaria. Desde entonces, ambos poderes del estado se han enfrentado utilizando sus prerrogativas sin ningún autocontrol, situación que llevó la renuncia de Kuczynski en 2018, la disolución del Congreso en 2019 y ahora a la vacancia de Vizcarra. Continuar leyendo…
Según Rivera (2010a), la academia en América Latina, incluida la mexicana, estudia la represión mediante estudios de caso, a contrapelo de la corriente dominante a nivel mundial, interesada en explicaciones generales. Es decir, hay un desfase entre el estudio latinoamericano y las tendencias globales, inclinadas a diseños de investigación con muchos casos, o de N grande. Ésta, a la que Rivera (2010b) llama literatura macrocuantitativa de la represión, tiene dos formas de operacionalizar el fenómeno. La primera utiliza la Escala de Terror Político (ETP) de Poe y Tate (1994), centrada en la violación a la integridad física: presos políticos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. La segunda, elaborada por Cingranelli y Richards (2010) en el CIRI Human Rights Data Project (CHRDP), también incluye las restricciones a las libertades civiles, desde censura en los medios y restricciones políticas hasta derechos económicos o de género. Continuar leyendo…
El 9 de julio de 2014 vecinos de San Bernardino Chalchihuapan bloquearon la autopista Puebla-Atlixco. La policía estatal los desalojó violentamente utilizando, entre otras cosas, gases lacrimógenos y balas de goma; los habitantes respondieron con palos y piedras. La intervención estatal dejó tras de sí a varios heridos de gravedad, muchas detenciones arbitrarias y un adolescente agonizante, José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad. Continuar leyendo…