#SOSColombia Mónica Velasco

#SOSColombia

En este texto expongo lo que está pasando en Colombia en cuatro puntos. En el primero hablaré de manera muy breve sobre las razones del Paro Nacional. En el segundo mencionaré la respuesta que ha recibido la protesta. En el tercero me centraré en las condiciones políticas que han posibilitado el Paro y sus respuestas. En la cuarta haré una proyección de los posibles escenarios.

 

Por qué protestan en Colombia

El pasado 5 de abril de 2021 el presidente de Colombia radicó en el Congreso de la República la “Ley de Solidaridad Sostenible” (Reforma Tributaria) con el propósito de recaudar $23,4 billones de pesos colombianos,[1] que –según su propuesta- deben salir de la ampliación del porcentaje del IVA ($7,3 billones) y de impuestos a personas naturales ($17 billones).[2] Se ha extendido la idea de que las protestas en Colombia se debieron a esta propuesta de Reforma, pero, en términos coloquiales, esta fue la gota que rebozó la copa, porque las razones son más bien estructurales y la ciudadanía viene pidiéndolas desde hace años.

Recordemos que el 21 de noviembre del 2019 hubo una gran protesta en contra de la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma tributaria, que advirtieron varios peligros como la eliminación del salario mínimo, un fondo privado de pensiones y el holding financiero. A éstas, se sumaron viejos malestares como la comprobada corrupción de los aparatos del Estado, el asesinato de líderes sociales y ambientales, y el desvío de dineros correspondientes al proceso de paz; e incluso otros reclamos todavía más añejos, como la inequidad social y económica, el desempleo y la imposibilidad de amplios sectores de la población para acceder a los servicios básicos de alimentación, salud y educación. Las protestas del 21N se extendieron hasta el 21 de enero de 2020, fecha cuando se reportaron 6 muertos, 769 heridos, más de 100 detenidos y 14 judicializados. Las protestas de ahora iniciaron el 28 de abril de este año, y aún continúan.

 

Represión a la protesta en Colombia: ¿quién apoya a la policía?

Generalmente y aún en sistemas políticos cerrados o autoritarios, el empleo de la fuerza es el último recurso, se inicia por estrategias de desarticulación de la manifestación como cooptación de voceros del movimiento social, desprestigio de los líderes o instituciones que promueven la movilización, deslegitimación de las razones de la protesta, intimidación o miedo infundado (en este caso al contagio del virus por aglomeraciones), y si nada de esto funciona, surge el empleo de la represión física. Desde el 28 de abril a la fecha del 7 de mayo de 2021 los medios de comunicación no han logrado ponerse de acuerdo con las cifras de desaparecidos, asesinados y heridos en durante las protestas. Mientras la Defensoría del Pueblo registró 89 desaparecidos, el periódico El Tiempo con base en los reportes de 29 diferentes ONG mencionó 379 personas.[3] Por su parte organizaciones de derechos humanos reportan 47 muertos, 405 heridos y 980 desaparecidos.[4]

Estas abrumadoras cifras se deben a varias razones, la primera a los abusos de poder por parte de la policía y al uso de armas letales en las manifestaciones por parte de los Escuadrones Móviles Anti Disturbios (ESMAD) que operan en las principales ciudades. Estos abusos han sido avalados por el presidente Duque y los miembros su partido de gobierno, quienes han incentivado a las fuerzas militares al uso de armas en contra de los manifestantes con la justificación de actos vandálicos en el marco de las protestas. La principal ciudad en reportar estos ataques fue Cali, seguida de Bogotá y Medellín. El llamado a la ciudadanía por denunciar estos hechos se registró con el hashtag #SOSColombia, luego de que Juliette de Rivero, representante de Colombia ante la ONU, denunciara que la policía de Colombia atacó brutalmente a la comisión de verificación de derechos humanos cuando llegaron a la ciudad de Cali para el seguimiento.[5]

La segunda razón es que, a este hecho alarmante se suma el llamado de varios alcaldes y representantes del partido Centro Democrático (partido de gobierno) a que la ciudadanía armada salga a apoyar a la policía y defienda las ciudades y a la policía de los ataques vandálicos de quienes protestan. Este llamado recordó a las Cooperativas de Vigilancia –Convivir- creadas con fuero legal y naturaleza jurídica en 1994, mediante la cual se daba amparo legal a la formación de estructuras armadas de civiles que actuaban como apoyo a las fuerzas militares del Estado para establecer el orden. Magistrados de Justicia y Paz y jueces del Alto Tribunal las vincularon con grupos de autodefensa, mejor conocidos como paramilitares.[6] En esta ocasión, atacaron a la Minga (manifestación indígena que traduce “reunión de muchas personas y saberes para el trabajo mancomunado”) mientras pasaba por la ciudad de Cali y han dejado cientos de indígenas heridos.

 

Des-democratización de Colombia

Para que exista una acción colectiva contenciosa es necesario que se abran oportunidades políticas; no todo momento es propicio, se precisa que los costos de protestar no superen los costos del agravio y que a su vez los manifestantes estén ya en un grado de organización que la protesta logre ser contundente y pueda desestabilizar el orden. Casi siempre estas oportunidades se abren en sistemas democráticos en coyunturas políticas de carácter sistémico,[7] y la represión puede operar como una banda elástica que estira y afloja dependiendo de las respuestas que la movilización haga de la represión. En estos casos, la difusión de los medios de comunicación es clave, ya que no solamente deja ver la magnitud de la protesta, sino que advierte las dinámicas de la misma a sus detractores.[8]

Sin embargo, lo acontecido durante las dos semanas de protesta nos llevan a cuestionarnos sobre la calidad de la democracia en el país. Aquí voy a señalar tres cosas. Una es que la Rama Judicial trabaja de manera conjunta con el presidente; la mayoría de miembros del Congreso incluido el presidente del Senado, son de la bancada de gobierno y esto le permite mayores posibilidades de maniobra al Ejecutivo. A esto se suma que, en la dirección de órganos de control como la fiscalía, hay un amigo personal del presidente, de manera que este órgano de control no controla.

Otra es que el presupuesto nacional destinado al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares, sólo en el 2021, fue de $313,9 billones de pesos[9] (cifra que supera por más de 100 billones la inversión en época del proceso de paz), lo cual puede sustentar el amplio apoyo de los altos mandos militares al fuego contra la manifestación ciudadana y el exceso de poder del Ejecutivo.

La tercera es que varias de las decisiones del presidente apoyan a las grandes empresas en una maniobra de beneficio mutuo, es el caso de los empresarios de la industria de la comunicación (dueños de los canales privados de televisión, prensa, revistas y servidores de internet), quienes apoyan campañas presidenciales a cambio de beneficios.[10] Esta es la razón por la cual los medios de comunicación nacionales y privados en Colombia, han sido cooptados y no están informando sobre las razones del paro ni sobre las denuncias de su represión. Esto afecta gravemente al país ya que los medios cumplen un papel determinante en las democracias y en las políticas internas porque permiten la formación de la opinión pública.

 

¿Qué nos espera?

Cabe señalar tres cosas: una, que no hay un solo grupo que pueda adjudicarse como vocero del Paro porque hay voces disímiles que no se sienten representadas por el Comité Nacional del Paro, ni por las centrales obreras y sindicales que han acompañado las manifestaciones. En un afán por articular una salida ventajosa, el presidente ha llamado a un “Comité de la Esperanza”, conformado por políticos entre exalcaldes y miembros del Congreso que nada tienen que ver con la protesta, para hablar sobre las condiciones de la solución concertada al Paro y la revisión del texto de la Reforma para su ajuste. Si no hay voceros, no hay con quien negociar el fin concertado de las protestas y frente a eso hay dos opciones, la primera es hacer lo mismo que ocurrió en Chile, donde tampoco había voceros del paro y el presidente Piñera accedió a los cambios solicitados, y otra es hacer lo mismo que en Venezuela donde Maduro ordenó atacar con armas de fuego y represión las protestas hasta infundir tanto miedo que la gente no quiera protestar más.

La segunda es la movilización legal que se suma a la protesta en la calle. Las graves denuncias de los abusos de poder ya han escalado instancias internacionales y hay varios observadores que están siguiendo de cerca las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Además, aunque se han reportado decenas de muertos, hay dos que tristemente se han convertido en íconos de la protesta, uno fue Dilan Cruz, joven estudiante asesinado en Bogotá por el ESMAD durante las protestas del 21N y Lucas Villa, joven estudiante que recibió 8 disparos de las autodefensas de Pereira que falleció el 10 de mayo luego de cinco días en estado de coma. Frente al caso de Dilan, varios colectivos de organizaciones sociales interpusieron una acción de tutela (juicio de amparo) en contra del gobierno nacional ante la Sala Civil del Alto Tribunal. La Sala emitió el fallo el 22 de septiembre de 2020 con la Sentencia “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana” mediante el cual se obliga a las fuerzas represivas del gobierno, entre otras cosas, a mantener la neutralidad en las manifestaciones de protesta, a la libertad de prensa alternativa informativa, a sancionar las intervenciones que la Corte califique como sistemáticas, violentas y arbitrarias durante manifestaciones y limitar el uso de la fuerza para controlar los disturbios.[11] Esta sentencia está sirviendo de base jurídica para la denuncia contra el atentado a Lucas y contra la Minga. Con las denuncias que se adelantan mediante la movilización legal es posible reclamar una Reforma a la policía que suprima el fuero penal militar.

Tercero, la crisis económica se evidenció con la pandemia. La penosa situación de miles de familias colombianas que se han visto afectadas por las consecuencias de la pandemia, como despidos masivos, clases virtuales sin condiciones de cobertura, desempleo e inseguridad y falta de atención médica, han llevado a un colapso social que sólo podría menguarse con una Reforma que active la economía con incentivos a la producción de bienes primarios, es decir que se apoye la producción de alimentos nacionales, más una renta básica como mínimo vital para las familias que más lo requieran, que debe incluir la garantía de acceso a la educación, peticiones que se suman a las razones del Paro.

 

[1] Según la Tasa Representativa del Mercado, al 10 de mayo de 2021, un dólar vale $3.765,33 pesos colombianos.

[2] https://www.portafolio.co/economia/reforma-tributaria-2021-colombia-el-gobierno-busca-recaudar-23-4-billones-550998

[3] https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/paro-nacional-problema-de-que-cifras-de-desaparecidos-sean-disimiles-586808#:~:text=paro%20nacional%202021&text=Este%206%20de%20mayo%2C%2026,lo%20que%20379%20seguir%C3%ADan%20desaparecidas

[4] https://co.marca.com/claro/trending/2021/05/09/6097d417268e3ed3318b45a3.html

[5] https://news.un.org/es/story/2021/05/1491612

[6] https://verdadabierta.com/las-convivir-motor-de-la-guerra-paramilitar/

[7] Tarrow, 1999. “Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales”. Banaszak et, al. 2003. “Movements facing the reconfigured state.” Amenta et, al. 2010. “The Political Consequences of Social Movements”.

[8] Inclán, 2017. “A la sombra de Sidney Tarrow: Conceptos básicos para el estudio de los movimientos de protesta”.

[9] https://idm.presidencia.gov.co/prensa/presidente-duque-sanciono-presupuesto-general-de-la-nacion-para-2021-201128

[10] Ramírez González, Carlos. 2016. “Los medios como fines: una mirada a la politización de los medios de comunicación” En: Opinión pública, proceso de paz y cooptación del Estado Estudios desde los medios de comunicación. UNAL, Bogotá.

[11] https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/09/22/corte-suprema-ordena-medidas-para-garantizar-derecho-a-protesta-pacifica/

TOPSHOT – Relatives and friends of Nicolas Guerrero, who was killed during clashes with riot police at a protest against a tax reform bill, gather around candles surrounding the words «Nico was killed by ESMAD» («Escuadron Movil Antidisturbios», a riot control unit of the Colombian police) during a vigil in his honor, in Cali, Colombia, on May 3, 2021. – Protesters in Colombia on May 3 called for a new mass rally after 19 people died and more than 800 were wounded in clashes during five days of demonstrations against a proposed government tax reform. Faced with the unrest, the government of President Ivan Duque on May 2 ordered the tax reform proposal be withdrawn from Congress, where it was being debated. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) (Photo by LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

Mónica Velasco

Mónica Velasco es Antropóloga, Mtra. en Sociología y actualmente cursa el Doctorado en Ciencias Políticas de la UNAM. Sus áreas de investigación son: acción colectiva, movimientos sociales, movimientos de mujeres y movilización legal.

3 comentarios

  1. Carlos fonseca   •  

    Gran capacidad de síntesis y descripción metódica de los hechos y conceptos. Felicitaciones

  2. ArthurProGlez   •  

    Hola. En una clase nos dejaron de tarea que hiciéramos una pequeña investigación y lo pusiéramos en un comentario en alguna plataforma sobre lo que pasó en Colombia a inicios de mayo. Es por eso que publico todo mi trabajo en este foro. Espero su aprecio, gracias. Pondré un cometario corto enseguida.

    Hace 2 semanas, una de las noticias internacionales más sonadas e impactantes del mundo fue lo que sucedió en Colombia. De lo que estoy enterado es que, en los primeros días de mayo, habían protestas en las calles de las ciudades principales de Colombia, pero la policía y la fuerza armada arremetieron contra los protestantes y hubo una represión violenta, faltando a los derechos humanos.
    En sí, yo no desearía omitir una postura o una opinión personal de lo que está pasando en Colombia porque no soy especialista ni analista calificado como para dar mi punto de vista definido, así como tampoco soy un ciudadano que vive en Colombia, desconociendo otros factores de los que debo estar enterado. Soy estudiante de licenciatura (universitaria) de la carrera de Negocios Internacionales, y es por ello que este caso abarca el estudio académico de tal carrera por el gran impacto que ha tenido a nivel mundial.
    Para este ejercicio de reflexión, se nos impulso checar los sigs. índices: inversión extranjera, balanza comercial, impuestos progresivos y recaudación fiscal de Colombia.
    La inversión extranjera es la inversión de capital proveniente de otro país, en este caso, al territorio colombiano. Como datos preliminares, en 2020 la inversión extranjera cayó un 46% con la cifra de $7.690 millones de dólares, los países que realizaron alguna inversión en Colombia han sido: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México, Perú, Reino Unido, Suecia y Suiza.
    La balanza comercial se refiere a la diferencia de exportaciones menos importaciones. En el caso de Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en los últimos años, Colombia ha tenido déficit en las importaciones y exportaciones, siendo la del año pasado (2020) de $ -10,130 millones de dólares. Nota: las transacciones se realizan por medio del INCOTERM FOB.
    Los impuestos progresivos se definen como la cantidad de dinero que se debe aportar condicionado proporcionalmente por el nivel de ingresos de los individuos, es decir, a mayor adquisición económico, mayor será el impuesto aplicado. El más común que existe, incluido en Colombia, es el Impuesto sobre la Renta.
    La recaudación fiscal es el acto que el Estado o el gobierno recauda fondos económicos a través de conjuntos de gravámenes, impuestos y tasas que la población debe pagar, se junta ese capital para invertirlo en proyectos y actividades públicas.
    Con el punto final previo, fue lo que generó las marchas en Colombia. Recordemos que, a finales del mes de abril, el presidente colombiano, Iván Duque Márquez, estableció una reforma tributaria con el objetivo de recaudar más fondos porque tuvieron que adquirir más deudas a causa de la pandemia y usar ese recurso para lidiar con ello en Colombia.
    El nombre de la reforma tributaria fue Ley de Solidaridad Sostenible con el objetivo de juntar US$6.300 millones de dólares aprox. Con ello, se buscaba ampliar la base de recaudación de impuestos, evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental.
    El detalle que descontentó a los ciudadanos fue que la recaudación vendría el 73% de las personas (físicas) y el resto de las empresas. Aparte, se estaba planeando cobrar el IVA (19%) a productos de consumo básico. La reforma tributaria incluía adicional impuesto progresivo: un impuesto extra del 1% para patrimonios de más de US$1,35 millones de dólares y del 2 % para los de más de US$4 millones.
    Pero la reforma no fue bien recibida por la población colombiana porque, aparte de la desventaja en el cobro entre la gente y empresas, ha habido otros factores acumulados que han tensionado a los colombianos. Se debe tomar en cuenta que se iba a cobrar un impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de US$663 cuando el salario mínimo es de US$234. En pocas palabras, la clase media y baja serían los principales afectados al tener que pagar un impuesto adicional del poco dinero que reciben.
    Lo que también la gente ha acumulado de descontento ha sido el manejo de la vacunación contra el SARS-CoV-2 con falta de transparencia, así como un control y manejo insatisfecho del sector público de la pandemia y el resentimiento por la problemática del Proceso de Paz con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). También se debe mencionar que la situación económica y social han sido perjudiciales; desde el último año, se ha registrado medio millón de negocios cerrados y en bancarrota por la pandemia, y se tiene registrado un 17% de desempleo.
    Hoy en día, cabe mencionar que la reforma se puso marcha atrás para que se detuvieran las protestas, pero todavía sigue la tensión entre la población colombiana. El pueblo pide cambios por parte de su gobierno, exigen que se hagan cambios en el cuerpo policiaco porque declaran que hay muchos casos de abuso de la fuerza pública, la paz con la guerrilla con las FARC, y mejorar un modelo socioeconómico más democrático, equitativo y justo.
    Personalmente, independiente de cualquier cosa, los derechos humanos deben ser respetados en todo momento. Asesinatos y personas desaparecidas son una de las inmensas cosas que el mundo está indigno por lo que está pasando en Colombia y, según mi punto personal, es condenable. Lo que puedo decir, con el respaldo mencionado anteriormente, es que se entiende los levantamientos por parte de los civiles de Colombia para un cambio profundo en la gobernatura de Colombia.

  3. ArthurProGlez   •  

    En lo personal, toda movilización social surgen por inaceptaciones de normas o comportamientos «normalizados» que afectan a las personas u otro individuo. Colombia es un país visto como muy corrupto y criminal por la falsa idea que Colombia es el país narcotraficante del mundo. La realidad es que Colombia acumuló varios descontentos por parte de la gente y es por ello que empezaron las manifestaciones. Es triste que el gobierno use la violencia para mantener quietos a los ciudadanos sin que los escuchen y entiendan que sus políticas no siempre beneficiarán a todos de una manera justa. Espero que ahora el gobierno colombiano encuentre una buena manera de recaudar capital con alternativas que no preocupen a los demás. Yo sé que la pandemia ha agudizado esto, pero confío que hay soluciones para que Colombia salga adelante.

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