El miedo de uno era tanto que uno solamente
se quedaba quieto, paralizado, esperando que lo
impactara esa bala, porque definitivamente
nos estaban intimidando
(Integrante-Misión-Médica, 2021)
Debido a las afinidades y alianzas entre paramilitares y sectores de la Fuerza Pública Armada, ampliamente documentadas por la academia colombiana, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la ONU y otras instituciones, y debido también a las similitudes entre algunas técnicas usadas por los paramilitares en el contexto del conflicto armado y por la Fuerza Pública de Colombia –ESMAD, Policía y Ejército– para enfrentar las movilizaciones sociales, cabe preguntarse si la Fuerza Pública está usando técnicas paramilitares para enfrentar las protestas iniciadas el 28 de abril del 2021 (28A), si las alianzas al margen de la ley entre ellas continúan vigentes, si siguen operando y el accionar violento de la Fuerza Pública responde a un deterioro estructural de las instituciones que la conforman –debido a más de medio siglo de conflicto armado–, y si sería necesaria su reforma.
Aunque en este texto no se responderán todas esas preguntas, sí se pretende contribuir con algunos elementos para su análisis. Se presentan dos apartados. En el primero se aborda cómo surgen las alianzas entre los paramilitares y la Fuerza Pública en Colombia. En el segundo se describen algunas semejanzas de las técnicas de represión usadas por ambos actores.
Alianzas entre paramilitares y Fuerza Pública en Colombia
Lo que hoy conocemos en Colombia como paramilitares, fueron en 1964, en sus inicios, grupos de “autodefensas” locales regulados por el Estado mediante el Decreto-Ley 1699. Peco y Peral (2006) manifiestan que estos grupos fueron una estrategia del Estado colombiano para enfrentarse a las nacientes guerrillas en el país. Según declaraciones de los jefes paramilitares a los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, todos los grupos paramilitares recibieron en sus comienzos apoyo del Ejército Nacional de Colombia con municiones, armas y entrenamiento militar (CNMH, 2013).
En la década de los ochenta el narcotráfico se había entrelazado con el conflicto armado y era una fuente importante de financiación para las autodefensas, lo que impulsó que estas mutaran apresuradamente en grupos paramilitares. Estos grupos ejecutaban brutales acciones de represión en contra de la población como masacres, torturas, violaciones a mujeres y asesinatos selectivos (CNMH, 2013).
El gobierno, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2013), ante esta situación tuvo que ordenar investigaciones y crear herramientas para penalizar el apoyo, financiamiento y conformación de grupos paramilitares mediante los decretos 813 y 814 de 1989. Sin embargo, ese actor armado ya hacía parte del conflicto y, posteriormente, se convertiría en uno de los actores que mayor cantidad de víctimas dejaría –y sigue dejando– en el país. Adicionalmente, entre los grupos paramilitares, algunos sectores de la élite económica y política —quienes financiaban operaciones de paramilitares y la Fuerza Pública debido a la falta de recursos del Gobierno Central— y sectores de la Fuerza Pública se habían establecido importantes alianzas (CNMH, 2013) y (Romero, 2009).
De acuerdo con el CNMH (2013) estas alianzas sellaron la forma en que la Fuerza Pública percibía a los sectores pobres y sus reclamos, estigmatizándolos como el enemigo, en contraste con el tratamiento a las élites como aliados. Esto también implicó que la Fuerza Pública señalara como “guerrillero” a todo aquel que reclamara políticas sociales o manifestara su descontento hacia cualquier orden establecido – la forma de gobernar, la desigualdad en el país u otro. Esta estigmatización se mantiene hasta el día de hoy.
Esta realidad fue evidente a finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando en medio de un creciente malestar social se intensificaron las protestas en Colombia y los grupos paramilitares, muchas veces en acuerdo con las Fuerzas Militares y/o policiales, cometieron masacres y asesinatos selectivos hacia los manifestantes, líderes y la población pobre en general (Carvajal, 2014) como castigo por las protestas.
Se hizo claro que los grupos de autodefensas, en vez de servir para terminar con el conflicto armado, fueron un actor importante para que se incrementara. Aun así, en 1994 y debido a la incapacidad del Estado para frenar el avance de las guerrillas, el gobierno reestableció el esquema legal de las autodefensas mediante el Decreto 356 (CNMH, 2013). El resultado de esta nueva apuesta por grupos de autodefensas fueron las agrupaciones “convivir”, las cuales tres años después tuvieron que ser desarticuladas por la Corte Constitucional. Al perder su condición jurídica muchos de estos grupos se integraron a los paramilitares, lo que además de incrementar sus filas también fortaleció los vínculos con la Fuerza Pública, pues los militantes de las “convivir” venían de un entorno legal en donde operaban en conjunto con el Ejército y la Policía.
Aunque los grupos paramilitares no deberían existir hoy en el país, pues en el 2008 hubo un proceso de desmovilización que pretendía sacar a este actor armado de la ecuación del conflicto en Colombia, siguen activos y se han convertido en uno de los mayores perpetradores de hechos victimizantes (CNMH, 2018).
Similitudes de técnicas de represión de grupos paramilitares y Fuerza Pública
Después de once días de protestas en Colombia –detonadas el 28 de abril del 2021 por una reforma tributaria y una reforma a la salud presentadas por el presidente Iván Duque al Congreso– y después de que el gobierno diera la orden de militarización bajo la figura de “asistencia militar” como respuesta a las movilizaciones, varias organizaciones sociales, entre ellas la Plataforma Libertad, reportaron 32 personas fallecidas por el presunto accionar de la Fuerza Pública, 451 personas heridas (32 lesiones oculares, 32 por arma de fuego, y 67 personas defensoras de DDHH agredidas), 15 personas víctimas de violencia de género y/o sexual y 1.291 personas detenidas mediante procedimientos arbitrarios, muchas veces, sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo reportó 548 personas desaparecidas hasta el 7 de mayo en el contexto del paro nacional (Agencia de periodismo investigativo, 2021). Estas cifras son propias de un contexto de guerra. Sin embargo, corresponden a la movilización social del 28A y según denuncias de ONGs como Plataforma Libertad, en su mayoría, estas acciones violentas fueron ejecutadas por la Fuerza Pública del país.
Aunque son muchos los hechos victimizantes presuntamente ejercidos por la Fuerza Pública, en este análisis se revisan dos: la obstaculización de la atención médica a los heridos y los asesinatos como forma de castigo contra quienes protestan. Ambas son formas de operar de grupos paramilitares.
De acuerdo con la ONU (2002) los grupos armados en Colombia, entre ellos los paramilitares, no tienen ningún respeto por las misiones médicas y por la protección de heridos y enfermos. La ONU indica que es recurrente que paramilitares hagan presencia en hospitales impidiendo la atención médica a pacientes “enemigos” y amenazan a la población, como en “el caso del hospital de San José del Guaviare, en el que miembros de las AUC –Autodefensas Unidas de Colombia– impidieron atender a habitantes de las zonas rurales” (pág. 37).
La Fuerza Pública, por su parte, en medio de las protestas del 28 A –y en otras– ha asumido este mecanismo para enfrentar las. El 5 de mayo del 2021, en medio de una de las jornadas más intensas del paro en Colombia, la misión médica ubicada en el Parque de los Deseos de Medellín fue atacada e intimidada por la Fuerza Pública en diversas ocasiones hasta que tuvieron que evacuar.
Como puesto de avanzada recibimos varias veces gases lacrimógenos directos, sin tener manifestantes cerca. Aclaro que siempre tuvimos buena iluminación. Teníamos que iluminar nuestros cuerpos porque llevábamos insignias de la misión médica como banderas y cruces. No íbamos encapuchados y aun así éramos atacados directamente. Inclusive en varias ocasiones, estando solos, las siete personas que conformábamos la avanzada médica pasaron unas treinta motos de policía y nos dispararon, pero disparaban como a un lado para intimidarnos. Sonaba como un arma de fuego, pero no sé si era de fogueo, traumática o una pistola real (Integrante-Misión-Médica, 2021).
Las narraciones de integrantes de las misiones médicas cuentan que una noche una tanqueta rompió el cerco que protegía el puesto de salud, intimidando al personal médico.
“Nos encargamos de poner unas mallas al final de la cuadra para que solamente pudiera entrar personal de la salud y heridos. Había personal de atención prehospitalaria (APHs) controlando la entrada a través de esta malla, que estaba marcado con banderas de la misión médica. Era demasiado obvio que esa zona no era una zona de manifestación ni de violencia. En un momento de la noche entró una tanqueta del ESMAD a toda velocidad tumbando este cerco, donde estaban las bandera puestas. Tumbó los cercos tanto de entrada como de salida. Paró al frente de todos los médicos, y todo el personal de la salud inmediatamente levanta las manos, como cuando te apuntan con un arma, porque es nuestra única herramienta para decir que no hacemos daño y que somos personal de la salud. Todo el mundo estaba gritando: “personal médico”, “misión médica”. La tanqueta siguió e inmediatamente entraron motos de policía que empezaron a disparar tanto balas de goma como gases lacrimógenos dentro del puesto de salud” (Integrante-Misión-Médica, 2021).
Esta situación desencadenó que el personal de la salud tuviera que detener la atención médica a las víctimas en la manifestación.
Se tomó la decisión de que todos debíamos retirarnos. Al momento de las ocho de la noche ya había más o menos 300 heridos, entre ellos por lo menos 40 de gravedad; incluyendo APHs y personal de la salud. Era una cifra bastante grande. También en estas cifras se incluyen veedores por los derechos humanos quienes también fueron atacados directamente por el ESMAD; por lo que ya no contábamos con las garantías para atender un paciente sin que fuéramos violentados por parte de la policía, porque realmente, los manifestantes nunca nos atacaron. Siempre fue la policía (Integrante-Misión-Médica, 2021).
Esto demuestra que una de las formas de represión y violencia utilizadas por estos dos grupos armados –uno legal y otro ilegal– es el bloqueo e intimidación a las misiones médicas que atienden a los heridos.
Por otra parte, la ONU (ONU, 2002) y en CNMH (2013) han documentado cómo los paramilitares, muchas veces en acuerdo con la Fuerza Pública, han acudido a las ejecuciones extrajudiciales o asesinatos selectivos para castigar a las víctimas por sus ideas, opiniones o actividades de carácter político y social. Esta estrategia no solo tiene la intención de castigar a la víctima en particular, sino que también pretende crear hechos ejemplarizantes para otras personas que comulguen con ciertas ideas, generalmente identificadas como “revolucionarias”.
Esta técnica de represión y castigo ejemplarizante parece mantenerse activa en algunos sectores de la Fuerza Pública, pues solo once días después de iniciadas las protestas las organizaciones sociales denuncian que, como mínimo, 32 personas han perdido la vida por la respuesta represiva del Estado. Mientras tanto, algunos dirigentes de partidos políticos como el Centro Democrático instan vía Twitter a que la Fuerza Pública dispare contra los vándalos entreverados entre los manifestantes (El espectador, 2021) para proteger los bienes y la honra de la gente de bien. Este discurso es peligroso porque, como se ha dicho, desde los ochenta los sectores pobres, líderes sociales y activistas de derechos humanos han sido estigmatizados por la Fuerza Pública y algunas élites políticas y económicas como el enemigo, el guerrillero y, en una versión más reciente, como el vándalo.
Otros hechos como los cortes masivos de energía e internet en algunos sectores de ciudades como Cali y Medellín, justo antes de la llegada a estas zonas de policías uniformados y vestidos de civil no tienen explicaciones oficiales claras. Tampoco las infiltraciones de representantes de las Fuerzas Armadas en las protestas (France24, 2021). En este contexto la ONU ha recordado al Estado colombiano y a su Fuerza Pública su deber de cumplir con “los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones” (ONU News, 2021).
Referencias
Agencia de periodismo investigativo. (8 de mayo de 2021). Paro Nacional: defensoría del pueblo reporta 548 desaparecidos y 26 muertos. Obtenido de https://agenciapi.co/noticia/justicia/paro-nacional-defensoria-del-pueblo-reporta-548-desaparecidos-y-26-muertos
Carvajal, E. (2014). Los fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos: Colombia y la mirada de la justicia Internacional. Prolegómenos, 103-120.
CNMH. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Informe general Grupo de Memoria Histórica. Bogotá: Imprenta Nacional.
CNMH. (2018). Paramilitarismo. . Bogotá: CNMH.
El Espectador. (6 de mayo de 2021). 379 personas han desaparecido en el Paro Nacional, denuncian 26 organizaciones. Obtenido de https://www.elespectador.com/noticias/judicial/379-personas-han-desaparecido-en-el-paro-nacional-denuncian-26-organizaciones/
El espectador. (3 de mayo de 2021). Plomo al ciudadano: ¡ajúa! Obtenido de https://www.elespectador.com/opinion/plomo-al-ciudadano-ajua/?fbclid=IwAR25DaflusdDPrJm90-XWWawe4FS4tMu3LkJA2zXGs9uVMIADocxtP8rCeQ
France24. (9 de mayo de 2021). Colombia: minga indígena en Cali capturó a una persona acusada de estar infiltrada en protestas. Obtenido de https://www.france24.com/es/video/20210509-colombia-minga-ind%C3%ADgena-en-cali-captur%C3%B3-a-una-persona-acusada-de-estar-infiltrada-en-protestas
Integrante-Misión-Médica. (8 de mayo de 2021). Entrevista a personal de Misión médica en el contexto del Paro Nacional de Colombia. (E. P. Jaramillo, Entrevistador)
ONU. (2002). Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Organización de Naciones Unidas.
ONU News. (4 de mayo de 2021). ONU Derechos Humanos llama a la calma en Colombia, y denuncia el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Obtenido de https://news.un.org/es/story/2021/05/1491612
Peco, M., & Peral, L. (2006). El conflicto de Colombia. Ministerio de Defensa.
Romero, M. (2009). Paramilitares y autodefensas 1982-2003. Bogotá: IEPRI.
Foto de Juan Diego Quintero Urrea.
se nota el apoyo el terrorismo petrovandálico de esta columna y su columnista, porque solo habla del actuar de la fuerza pública y la violencia hacia los abusos descencadenados en primer lugar por los grupos de terroristas que conforman la base de la primera línea. Los secuestros masivos a través de la figura de bloqueos, el desabastecimiento, el hambre, las muertes de bebes inocentes en ambulancias, los daños a pequeños negocios, los conductores de tractocamiones secuestrados en carreteras, lo novedoso de esta asonada terrrorista es el poco uso de fusiles y uniformes guerrilleros, pero la intimidación colectiva y la violación a los derechos humanos de quienes no hacen parte de la protesta es flagrante, respecto a la **misión médica** de los puntos donde se generan acciones terroristas son grupos médicos afines a las ideas de anarquía, y que han tomado partido en esta asonada, pues las ambulancias de la misión médica oficial han sido atacadas, ultrajadas y vandalizadas. Seamos mas honestos y contemos ambas versiones, no la versión amañanada de todos los medios afines al terrorismo en colombia y en américa latina que quieren imponer sus ideas por todos los frentes.
Un buen dia y no apoyo la violencia desde ningún lado, pero el derecho+deber a la defensa de los derechos de los ciudadanos que no protestamos, que nos tenemos que ganar el sustento de nuestros hijos con el trabajo diario debe tambien ser respetado. coherencia por favor .
Hay quien vive en el pueblo y no ve las casas.
¿Sabe Luis a qué se refiere la expresión «terrorismo de Estado»? Porque no ver el terrorismo de Estado en Colombia es tan peligroso como negar las razones del conflicto armado. Hay quien tiene para comer, y no se preocupa por esas cosas. Hay quien tiene donde trabajar para ganarse el sustento de sus hijos, y no se preocupa por esas cosas. Hay quien no ha perdido a un amigo o a un familiar con los paras, o entre los falsos positivos reconocidos por el propio gobierno, y no se preocupa por esas cosas. Pero hay quien no tiene nada de nada de nada de nada, ni siquiera esperanzas, y sufre una y otra vez el desprecio del Estado, el exceso del Estado, el abuso del Estado. Hay quien perdió a un hermano, a un padre, a manos del Estado, que sí usa la fuerza bruta, que también realiza con sus armas asesinatos, y con su menosprecio también causa la muerte no de un niño, sino de miles que no tienen qué comer, ni qué atención médica recibir.
Sin dudas los manifestantes usaron la fuerza, incluso dura, para visibilizarse. Eso ocurre cuando a uno no le dejan más vías para mostrar la inconformidad, el desespero, el reclamo.
Es una lástima que en Colombia, a cualquiera que reclama con desespero por la única vía que las autoridades entienden, se le llame terrorista.
Es un facilismo extremo, que ya aburre, usar de forma tan vacía las palabras «terrorista» y «anarquista», como cuando a los niños se les habla del «coco».
No fueron terroristas, y mucho menos anarquistas, los movilizados en Colombia. Fue parte del pueblo llano, desesperado, que no tiene voz ni voto en Colombia.
Tampoco apoyo la violencia, pero entiendo a un pueblo desesperado que se cansa de recibir violencia (física y simbólica) por parte del Estado colombiano, desde hace más de 60 años.
También entiendo que haya en el medio de todo este conflicto personas que no alcanzan a comprender la magnitud del conflicto y prefieran vivir su vida particular sin sobresaltos, pensando sólo en sí y en su familia, y no en el toda la sociedad.