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Ayotzinapa es un caso dramático de una posible ruptura del vínculo mando-obediencia, del desmoronamiento de la gobernabilidad, y de la relación entre el Estado y la ciudadanía. Por un lado, es la primera vez, desde la masacre del 2 de octubre de 1968, hace casi medio siglo, que el Estado aplica con extrema severidad la tecnología más sanguinaria de la represión contra los movimientos sociales. Ni siquiera Atenco y APPO se le compara, aunque sí Aguas Blancas y Acteal. Algunos confiaron que tanto la resonancia social y cultural del movimiento estudiantil sobre la sociedad durante las siguientes décadas, como la transición a la democracia, cerrarían para siempre una opción represiva de tal naturaleza. No fue así.

Por otro lado, es la primera vez que de manera tan evidente, el narcopoder arremete con tal ferocidad contra los movimientos sociales. Durante la década pasada, la primera del siglo XXI, han surgido protestas y movimientos contra la violencia y la inseguridad de diversos sectores de la ciudadanía. Han sido respuestas ante los llamados daños colaterales, y la resultante criminalización de la protesta por parte del gobierno, sin embargo no habíamos presenciado una masacre de tal magnitud dirigida a un blanco tan específico, donde se haya vinculado con tal claridad al Estado con el crimen organizado. Continuar leyendo…