1.

Ayotzinapa es un caso dramático de una posible ruptura del vínculo mando-obediencia, del desmoronamiento de la gobernabilidad, y de la relación entre el Estado y la ciudadanía. Por un lado, es la primera vez, desde la masacre del 2 de octubre de 1968, hace casi medio siglo, que el Estado aplica con extrema severidad la tecnología más sanguinaria de la represión contra los movimientos sociales. Ni siquiera Atenco y APPO se le compara, aunque sí Aguas Blancas y Acteal. Algunos confiaron que tanto la resonancia social y cultural del movimiento estudiantil sobre la sociedad durante las siguientes décadas, como la transición a la democracia, cerrarían para siempre una opción represiva de tal naturaleza. No fue así.

Por otro lado, es la primera vez que de manera tan evidente, el narcopoder arremete con tal ferocidad contra los movimientos sociales. Durante la década pasada, la primera del siglo XXI, han surgido protestas y movimientos contra la violencia y la inseguridad de diversos sectores de la ciudadanía. Han sido respuestas ante los llamados daños colaterales, y la resultante criminalización de la protesta por parte del gobierno, sin embargo no habíamos presenciado una masacre de tal magnitud dirigida a un blanco tan específico, donde se haya vinculado con tal claridad al Estado con el crimen organizado.

 

2.

Los movimientos sociales no han producido en este contexto un marco diagnóstico convincente, que atribuya con certeza la responsabilidad de la violencia a la complicidad entre las mafias del narcotráfico y las mafias del poder, en sus distintos niveles (municipal, estatal y federal). La inserción de los cárteles y los múltiples tentáculos de grupúsculos delincuenciales derivados de escisiones y alianzas criminales entre los grandes capos y el gobierno, ha permitido controlar la geografía del país. Se han apoderado de los puestos de mando de toda la jerarquía política, en los gobiernos municipales, en las gubernaturas y en la federación sin importar ideología ni partido político. Esta situación ha producido dos tipos de respuestas de la ciudadanía: una primera, reactiva y lógica de las víctimas, pero que se expresa desarticulada, contra un Estado que aunque desdibujado como garante de la seguridad de los ciudadanos, se muestre omnipotente. Otra respuesta que podríamos definir como más política, tiene diversas vertientes anidadas en ciertos formadores de opinión y los principales movimientos del país, como el EZLN y la Otra Campaña, MORENA, y sindicatos semiautónomos (UNT y SME), pero sin ninguna contundencia ni enraizamiento en la población.

 

3.

La situación que vivimos ha abierto una grieta profunda del sistema político mexicano. Es una crisis política y social inédita en el país, la gota que derramó el vaso lleno de lodo. Pero las alternativas no aparecen tan categóricas para las y los ciudadanos, más que en un horizonte lejano. Ante una crisis de esta magnitud, no basta pensar en restituir el tejido social de la misma manera que antes, sino reinventar uno basado en la refundación del Estado, con un nuevo constituyente, y un nuevo pacto social basado en valores éticos, que reinventen la ciudadanía, sin la presencia de los que mandan ahora. No basta creo indignarse por la impunidad o luchar contra la corrupción, que ha contaminado y herido de muerte toda la arquitectura social de la población. La construcción de ese nuevo discurso amplio, abarcador, incluyente de la ciudadanía, y excluyente de los señores del poder, es hoy el desafío más grande del movimiento social por Ayotzinapa. Recordemos al movimiento Occupy Wall Street en su consigna: ¡Somos 99%!

 

4.

Poco a poco, han surgido importantes movimientos sociales: asociaciones de autodefensa de distinto tipo, jefas y jefes de familia unidos contra la delincuencia, organizaciones barriales contra la inseguridad, grupos armados de autodefensa como en Michoacán y la policía comunitaria en Guerrero. Ha habido diversas reacciones de grupos empresariales formando asociaciones de seguimiento, como México Contra la Delincuencia y la organización de marchas blancas contra la inseguridad. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exige el fortalecimiento del sistema judicial y una Comisión Nacional contra la Corrupción (ante EPN). Antes, sin ninguna confianza al sistema judicial, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Sicilia, levantó su protesta contra la violencia, así como el movimiento No Más Sangre que repudió la guerra de resultados catastróficos de Felipe Calderón contra un bloque de los cárteles. «Por la paz, no más violencia, no más guerra» se planteó el movimiento hace tres años. Además del #YoSoy132, estas son las resonancias sociales identificadas en la teoría del activismo, que anteceden la protesta por Ayotzinapa. El desafío del movimiento es qué tan lejos puede llegar en la búsqueda del cambio social y político. ¿Es por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? ¿Es exigir “No más violencia”? ¿Es demandar no más a este narco Estado? ¿Es reclamar no a la impunidad? ¿Es que se vayan todos?

 

5.

Especialmente en la administración de Calderón Hinojosa, una demanda que no pudo articularse fuertemente con los movimientos sociales, estuvo orientada contra la criminalización de la protesta que se produjo como resultado de las políticas erráticas del entonces presidente. Esta criminalización significó a manera de la guerra sucia de los setenta, reprimir de manera selectiva a los activistas sociales, desaparecerlos, torturarlos y asesinarlos. Esta práctica nunca desapareció desde la época de Echeverría, se reprodujo contra el PRD de Cárdenas en el sexenio de Salinas, y después, todo el aparato de estado, hasta los propios perredistas, la ha venido aplicando con eficiencia aterradora. Con los llamados «levantones» (que son secuestros flagrantes) desaparecen a activistas y dirigentes, responsabilizando al narco de la violencia selectiva del Estado. 27,200 muertes por homicidio en 2011 según INEGI. Entre 2006 y 2012 se estima que hay más de 40 mil muertes por narco-violencia. El descubrimiento de decenas de fosas clandestinas con decenas de muertos por delincuentes, policías y ejército implicados, aumentan alarmantemente estas cifras. Así, el Estado ha diseñado una tecnología represiva integral  y con el tiempo la ha perfeccionado con mayor sofisticación.

 

6.

Penetrados estos dispositivos represivos principalmente de los mandos militares y de inteligencia estadounidenses para América Latina, es una técnica contra la subversión y el terrorismo, términos estos que han funcionado como eufemismo para calificar a los movimientos sociales y criminalizar la protesta. Pero ahora, el Estado ha incorporado la violencia del narco a sus estrategias encubiertas. El motivo, además de decapitar el activismo, es propagar el miedo en la sociedad, para aplastar de antemano cualquier intento de rebeldía y mantenerla sometida. El miedo es un sentimiento intenso que experimentan individuos y movimientos. En la teoría de las emociones en los movimientos sociales, el miedo puede hacer prender la mecha de la indignación y la rebeldía, como sucede en los movimientos nacientes. Pero también el miedo puede convertirse en terror, emoción fatídica que se interioriza con el peso lacerante de la tecnología de la violencia, ante el riesgo de la muerte, y generar en contraparte la desmovilización. El manejo de las emociones en este tipo de protesta es un desafío para los movimientos sociales.

7.

El narco y la violencia criminal ha invadido, además de la economía, a los poderes de la Unión, profundizando lo que Meyer ha definido como democracia autoritaria. Compra jueces y hay narcojueces, compra diputados y hay narcodiputados, compra funcionarios y hay narcofuncionarios. Ha contaminado todo el sistema político y al sistema de partidos institucionalizado. Ha invadido y corrompido el sistema autónomo electoral, el IFE y el INE, e interviene y controla la organización y ejecución de las elecciones tanto federales como locales. Ha taladrado las empresas públicas y privadas de los medios de comunicación. Recordemos esa expresión que se ha hecho popular que dice: «antes (el narco) pagaba al diputado para favorecerse, ahora es él mismo el diputado». Ante esto, se ha extendido en las redes del twitter un hashtag que enuncia: «#siEPNrenunciara», y queda abierta la pregunta para que cada quien sueñe con su futuro. La propuesta apela a la imaginación, pero otras posiciones empujan hacia otras exigencias que no se reducen solamente al rechazo presidencial. Habría dicen que ser realista y pedir lo imposible, como se planteó el movimiento estudiantil de 1968: ¿Qué pasaría “#sielEstadoMexicanoserefundara”, y “#sitodossefueran”, como pasó con las experiencias de Ecuador y Bolivia en la década pasada?

 

8.

Los antecedentes de este conflicto pueden rastrearse en las políticas de gobierno en contra de la existencia de las normales rurales, especialmente en Guerrero, por razones de clase y políticas, por sus vínculos con la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), la guerrilla, por sus resonancias históricas en las revueltas campesinas y estudiantiles. La FECSM tiene una larga trayectoria de lucha desde 1936 cuando nació al calor del cardenismo y entonces se alió al PRM. Las teorías de los movimientos sociales vinculadas a los conceptos de abeyance, entendido como el aplazamiento y la dilación de la acción colectiva entre eventos de conflicto, a través de grupos de activistas, así como de los ciclos de protesta en sus versiones de la estructura de oportunidades políticas y de la economía política, pueden abrir el debate sobre la conformación de específicas redes organizacionales y alianzas políticas en la dinámica del movimiento por Ayotzinapa.

 

9.

En este sentido, Ayotzinapa ha generado un movimiento naciente, que puede despuntar contra el autoritarismo de Estado en dos vertientes. La primera es un rechazo casi unánime contra al despotismo y la impunidad del Estado mexicano. La segunda es la acción directa de una ciudadanía plural. Una enorme mayoría de mexicanos coincide con la interpretación de los hechos, la responsabilidad del Estado en esta violación, y su intrincada asociación con los criminales. El problema estriba en las diversas concepciones que saltan en el debate sobre qué hacer: las instituciones de Estado exasperan por estos abominables hechos, pero algunos ciudadanos, aunque indignados, tratan de encontrar otros medios de movilización menos radicales que no sea el paro o la toma de las instituciones y persuadir a los estudiantes a volver a la normalidad. ¿Qué hacer?, se vuelve una pregunta decisiva. Por otro lado, como al principio del #Yosoy132, las universidades privadas y otras que usualmente no se movilizan se han sumado en un acto plausible por el significado que tiene la solidaridad de clase con uno de los grupos estudiantiles más pobres del país: se han movilizado la IBERO, el TEC, la U. del Valle, el ITAM, el Claustro de Sor Juana, el ITESO, así como El COLMEX, FLACSO, y CIDE, entre muchas otras; asimismo, muchos grupos de jóvenes en más de 100 ciudades en el extranjero y decenas de ciudades en el país realizan actividades por la presentación de los 43 estudiantes. Las manifestaciones han incorporado alrededor de 100 escuelas y ciudadanos.

 

10.

¿Qué hacer pues ante tal pluralidad? La pluralidad es una categoría positiva de diversidad, pero puede ser complicada para la acción colectiva, si no se encuentran los mecanismos de alineamiento adecuados entre esa gran variedad de grupos ciudadanos indignados. En general, los movimientos sociales han dirigido sus esfuerzos hacia un cambio social, pero han minimizado el cambio político. La paradoja es elegir entre la transformación estructural del sistema capitalista y el cambio político dentro de la estructura. Touraine le apuesta a una posición postsocial, de mayor contenido ético que económico. Una de las contradicciones del #yosoy132 entre los estudiantes de privadas que condujeron el movimiento en los primeros 45 días, y los estudiantes de escuelas públicas que lo condujeron los siguientes 120, fue precisamente definir entre objetivos políticos ligados a la elección del 1 de julio, u objetivos sociales vinculados a las luchas del SME y Atenco. Creo que esta fue una contradicción irresoluble que pudo ser la causa de la desmovilización.

 

11.

Así, el desafío teórico y empírico de los movimientos sociales y la manera de articular lo social y lo político, significa que una lucha particularista debe convertirse en proyecto universal que abarque las expectativas y utopías de la gran mayoría. Ayotzinapa está siendo un parte aguas en los movimientos sociales del siglo XXI mexicano, ante un momento histórico de gran indefensión de la sociedad. Dependerá de la manera cómo el movimiento logre producir un discurso articulador del sentimiento de indignación de las y los mexicanos, en torno a la desaparición forzada de esos jóvenes que representan ni más ni menos que los hijos de la Nación; con un argumento creíble sobre el mérito de su lucha contra el Estado; con un repertorio de movilización que haga cambiar la correlación de las fuerzas políticas en el país e impacte decisivamente el régimen político. En tal sentido, el dilema del movimiento es la construcción de un discurso que alinee las distintas fuerzas que podrían impulsar un movimiento ciudadano sin banderas ideológicas que los particularice, me refiero a la amplia participación de los estudiantes en primer lugar, pero después a las formas de articulación en redes con otras fuerzas como el EZLN y la SEXTA, MORENA, la Organización del Pueblo y los Trabajadores (OPT), la CNTE, la UNT, etcétera; en un movimiento extendido que pueda erigirse contra el sistema de partidos, el Sistema Judicial y el Poder Ejecutivo.

 

12.

Hasta ahora, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y el movimiento social naciente han construido un amplio repertorio de movilización: toma de camiones, plantones, actos de oración y ayuno, toma de oficinas públicas, destrucción (incendio) de inmuebles. El 8 de octubre: la primera jornada de acción nacional e internacional por Ayotzinapa. El 16 de octubre: el primer paro de 30 escuelas por 48 horas en la UNAM, UPN, UAM, Chapingo, Morelos, Veracruz. El 22 de octubre: el Día de Acción Global por Ayotzinapa (segunda marcha multitudinaria en la ciudad de México). El 25 de octubre: 80 escuelas en Asamblea Interuniversitaria convocaron a la Segunda Jornada de Acción Global e Internacional con el paro de 72 horas el 5 de noviembre. Además se han realizado bloqueos de autopistas, toma de medios, toma de casetas de cobro, los padres de los desaparecidos han tenido pláticas con EPN y el Procurador General de la República, marchas en ciudades medias como Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Viene una caminata de 191 kilómetros a la ciudad de México.

Los repertorios son importantes porque se convierten en un puente de entendimiento con la sociedad. Constituyen continuidad e innovación de la experiencia histórica de la sociedad en acción. El Estado hará lo imposible por romper la articulación del movimiento con la sociedad. Buscará cortar de tajo la comunicación con la población interviniendo, infiltrándose, provocando la violencia . El desafío de los movimientos es evitar que eso pase, para que la fuerza de hoy no se vuelva desmovilización mañana.

 

[Una versión anterior de este artículo fue presentada en el Foro de análisis: Ayotzinapa, reflexiones desde la UAM-A, el 5 de noviembre de 2014.]