Hacia una cultura del encuentro. Desafíos de la representación política y la reconciliación social en el Perú

 

Hernán Gonzalo Ccompi Guerrero

En el Perú de hoy son muy pocas las manifestaciones culturales que nos mantienen unidos o los escenarios donde nos encontramos. Según Juan Takehara (2021), comunicador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), en una entrevista al antropólogo Alex Huerta, tres manifestaciones han unificado al país: la gastronomía, la religiosidad popular centrada en el Señor de los Milagros y la selección peruana de fútbol. Sin embargo, estos tres elementos privilegian al componente urbano del Perú, que sin duda es grande, pero no es el único.

Estas manifestaciones reflejan la distancia con el Perú diverso: pueblos y caseríos poseedores de ricas expresiones culturales. Sin embargo, persiste un problema grave: “muchos de nosotros, si bien reconocemos la diversidad cultural, étnica y racial porque la cruzamos en las calles o en nuestro propio cuerpo, tenemos dificultades para aceptarla como algo positivo” (Degregori, 2023, p.2). En esta dificultad radica la baja representatividad partidaria y la violencia estatal desplegada al reprimir las protestas contra los gobiernos de Dina Boluarte y el reciente periodo de José Jerí.

En este artículo analizo la baja representación política en la última década, marcada por dinámicas autoritarias y financiamiento ilícito. Asimismo, examino la represión estatal contra las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte (2023) y el periodo de transición de José Jerí (2025). Frente a ello, propongo la posibilidad de una cultura de encuentro en una sociedad peruana fragmentada.

En nuestro país, como en muchos países del mundo, se puede observar que existe una realidad política vinculada a la actuación de la representación política en sus distintos niveles, local, regional o nacional. En esto, “los partidos son el órgano de representación política por excelencia” (Malamud, 2003:322). Para entenderlo mejor, podría definir un partido político como lo hace Sartori (1980:91): “un partido es cualquier grupo político identificado con una etiqueta oficial que presenta a las elecciones y puede sacar candidatos a cargos públicos.”

Según Tanaka (2006:3), “en medio de reformas institucionales y de apertura y democratización de los sistemas de partidos, el sistema de partidos en Perú colapsó.” Esto ha acarreado que dentro de los partidos políticos se impongan liderazgos políticos donde, más que elegir, se impone. Es un rasgo que no solo se queda en el nivel partidario, sino que llega a actuaciones gubernamentales. Esto es descrito por Levitsky y Way (2004) como “autoritarismos impositivos.”

Otro aspecto es el retroceso en la credibilidad de los partidos políticos cuyos representantes son investigados por corrupción o detenidos por financiamiento ilícito. Como consecuencia, los partidos debilitan el sistema democrático, pues los sujetos encargados de activar su engranaje “estarían viciados por déficits de democracia, y a partir de ahí, se transmitirán los resultados de tales déficits a todo el sistema en su conjunto” (Zovatto, 2013:16).

Frente a ello, los mecanismos institucionales como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) vienen trabajando desde distintas esferas en la implementación de sanciones políticas para prevenir, erradicar y sancionar el financiamiento ilícito de partidos políticos. Sin embargo, según Tuesta (2011:245), “lo que siempre ha existido es el financiamiento privado, pero con una regulación deficiente y en la práctica no fue observado por los partidos políticos”. Por lo tanto, urge que las sanciones sean proporcionales, persuadiendo a los actores políticos a que se hagan responsables de las obligaciones impuestas. Estos dos actos políticos descubiertos al ojo ciudadano en la última década revelan cuán lejos está aún de lograr una sólida representación política partidaria (de diversos grupos y de las mujeres), sin embargo, esta lógica mantiene viva la política electoral al interior del país, donde los protagonistas son los movimientos regionales.

La tarea pendiente no solo requiere de aplicar eficazmente las normas y acciones estatales, sino que necesita de la participación activa y observadora de la sociedad, no solo en las elecciones, sino también de mirar más allá del conjunto de partidos donde no se posibiliten dinámicas autoritarias internas o ilícitas y dónde los representantes políticos atiendan a las personas en una relación basada en tres elementos de la cultura del encuentro: la confianza, el respeto y el reconocimiento de la dignidad mutua.

Siguiendo la segunda sección, el Perú afronta sus años más difíciles de crisis sociopolítica. Según Tanaka (2024), Perú es uno de los países con menor porcentaje de ciudadanos satisfechos con el funcionamiento de la democracia, agregando la baja legitimidad que tuvo la presidenta Dina Boluarte y la baja legitimidad que se agudizó en el gobierno de José Jerí.

La crisis de legitimidad del sistema político peruano actuó como detonante de las oleadas de protesta que sacudieron diversas regiones del país entre 2023 y 2025. Sin embargo, más allá del descontento, la respuesta estatal ante estas movilizaciones desnudó la faceta más autoritaria de los gobiernos de turno. Estos regímenes pueden catalogarse bajo la premisa de Loxton (2018:29), quien define estos procesos como estructuras que “heredan recursos de autoritarismos pasados para emplearlos bajo el ropaje de democracias formales.” Esta deriva autoritaria se materializó en una violencia estatal sin precedentes. Según la Defensoría del Pueblo (2023), el ciclo de protestas iniciado en diciembre de 2022 dejó un saldo de 60 muertes en apenas tres meses, producto de enfrentamientos entre civiles y fuerzas del orden. La represión no cesó con el cambio de mando; por el contrario, durante el gobierno de transición de José Jerí, la muerte de un manifestante en Lima en octubre de 2025 confirmó la vigencia de un modelo de control social basado en la fuerza.

Un escenario crítico: tanto la presidencia de Dina Boluarte como la de José Jerí intentaron consolidar una coalición autoritaria —una alianza de supervivencia entre el Ejecutivo y las facciones más cuestionadas del Congreso— en medio de una red de escándalos éticos y legales. Si bien estas coaliciones tienden a ser efímeras y terminan colapsando bajo el peso de su impopularidad, el daño institucional es profundo. La caída de estos gobernantes no garantiza el fin de la crisis; los vicios que corroen la democracia peruana permanecen latentes, vaticinando un ciclo de inestabilidad donde el Estado, cada vez más desconectado de la ciudadanía, recurre al autoritarismo como herramienta de preservación.

Entonces esto nos lleva a cuestionar lo que está sucediendo con el país y cómo podemos mantener la esperanza, donde la confrontación nos conduce a callejones sin salida. En un análisis a propósito de los 20 años del Informe Final, Dargent (2023:268) expuso que son situaciones que pudieron mitigarse, de haberse atendido a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Esto se debe a la falta de reformas de los cuerpos de seguridad y otros cambios institucionales, pero también a ignorar el llamado del Informe Final a “buscar ser una comunidad de ciudadanos donde las diferencias sean menos determinantes y los más vulnerables una prioridad” (Dargent, 2023:268). En esto, la cultura del encuentro es una herramienta para resolver tragedias y carencias.

Esta práctica inicia con la reflexión del ciudadano, quien debe reconocerse a sí mismo para validar al “otro” desde su particularidad y ubicación social. Este ejercicio es político: busca desarticular la mirada jerárquica que permite la persistencia de las desigualdades, evitando que el vínculo entre el Estado y la sociedad se limite a atropellos y escándalos. Como sostiene Honnet (1997) en su teoría del reconocimiento, la justicia social es inviable sin una valoración recíproca que otorgue estatus de interlocutor legítimo a cada individuo. Finalmente, es imperativo el reconocimiento de la dignidad intrínseca del otro para erradicar la represión y las violaciones de derechos humanos. Bajo la ética de Levinas (1977), la responsabilidad ante el “rostro del otro” debe ser el fundamento que impida al Estado reducir la protesta a una amenaza gestionable mediante la fuerza, transformando la confrontación en un espacio de deliberación.

En conclusión, quisiera cerrar este artículo con palabras de la Dra. Dorothea Ortmann en el Conversatorio «Diálogos Humanistas: La cultura del encuentro» en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde reflexionó acerca de cómo se puede aplicar una cultura del diálogo en el campo político. La teóloga propone variables clave como la prevención, el control y la prevención del diálogo, es decir, si hay un conflicto social, se debe buscar persuadir a los actores de no recurrir a la violencia y, a su vez, recordar a las fuerzas del orden los límites del uso de la fuerza. Por otro lado, en un contexto de dilución de las identificaciones partidarias, apatía electoral y una baja representación política, será necesario que los representantes atiendan a las personas en una relación fundamentada en la confianza, el respeto y el reconocimiento de su dignidad como seres humanos.

 

Referencias

 

 
 
Historia de dos revoluciones

Hernán Gonzalo Ccompi Guerrero

Egresado de Ciencia Política (UARM) con una destacada trayectoria como becario de Beca 18, PEUDIS-MIDIS (2026) y Alumni ALP’25. Posee amplia experiencia en la formulación y ejecución de proyectos de investigación cualitativos y cuantitativos, con énfasis en democracia, memoria y políticas públicas. Se ha desempeñado como Coordinador de Investigación en el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Ciencia Política, pasante en la Asociación Civil Transparencia y asistente de docencia e investigación en la UARM y SER. Su perfil combina el rigor académico con el análisis de actualidad, siendo investigador y redactor en el diario El Comercio, voluntario en IDEA Internacional y observador electoral. Actualmente, integra el grupo de investigación POGI (VRI) y asiste en consultorías de investigación, destacando por su capacidad de análisis crítico y liderazgo como mentor en PRONABEC.

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