La segunda fuga de ‘El Chapo’

27. Jul. 2015
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Justicia
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Enrique Peña Nieto tomó posesión de la presidencia de México el 1 de diciembre de 2012. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuperaba así la Presidencia de la República de manos de los dos únicos presidentes surgidos de la oposición, Vicente Fox y Felipe Calderón. Estos dos gobernantes, del Partido Acción Nacional (PAN), habían dejado intactas las principales bases del viejo régimen y con ello limitaron los alcances de la democratización en curso.

La lucha contra el crimen organizado que el presidente Calderón había escalado desde el 2006, dejó unos 70 mil muertos, centenas de miles de desplazados y numerosas violaciones de los derechos humanos. Todo lo cual pavimentó el camino de regreso del PRI, que en todo caso había conservado la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, más una considerable bancada legislativa.

Peña Nieto proyectaba la imagen de un líder joven (acaba de cumplir 49 años) y con capacidad de llegar a acuerdos con una oposición renuente a negociar. Durante 2013 y al amparo del Pacto por México (un acuerdo entre los partidos mayoritarios en el Congreso) se aprobaron reformas de importancia en materia educativa, energética, política, de telecomunicaciones y otras. Algunas requirieron cambios en la Constitución, que fueron procesados en tiempo récord y con la necesaria aprobación de los congresos de los estados. Gracias a este audaz impulso reformista, Peña alcanzó un notable reconocimiento internacional. Continuar leyendo…

Enrique Peña Nieto, ¡la Nación te lo demanda!

México continúa en el tobogán de la crisis social y política a raíz de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa, Guerrero, detenidos por la policía municipal y entregados al grupo criminal que controlaba la zona, sin que se haya vuelto a saber de ellos.^[1]

La crisis se ha agravado y profundizado por la incapacidad gubernamental para hacerle frente de una manera decidida y convincente. Peor aún. La credibilidad y honradez del Presidente Enrique Peña Nieto (EPN) quedó en entredicho luego de saberse que Grupo Higa, una empresa constructora beneficiaria de contratos multimillonarios desde que era gobernador del Estado de México, había vendido a la esposa de EPN una casa valuada en 7 millones de dólares a un precio menor, con una tasa de interés por debajo de la del mercado y con facilidades de pago.

Grupo Higa en sociedad con otras empresas había ganado la licitación de la construcción de un tren entre la Ciudad de México y Querétaro. Múltiples quejas por irregularidades durante la licitación de la obra llevaron a que se anulara el concurso y se ordenara la reposición del proceso. Más adelante se sabría que Televisa le habría dado a la esposa de EPN otra casa, colindante con la anterior poco después de que se casaron. Continuar leyendo…

La democracia no vendrá de Palacio

Hoy México atraviesa una de sus peores crisis políticas, sociales, económicas e incluso culturales. El país sangra y llora las muertes de miles y miles de personas atrapadas en una absurda y trágica guerra iniciada por el ex presidente Felipe Calderón y continuada por el actual presidente Enrique Peña Nieto. Hoy el México de ayer, ese país que pudo haber albergado algunas esperanzas de paz, mayor igualdad, crecimiento económico y una justa distribución de la riqueza, reconocimiento de la pluralidad y diversidad, así como la protección, promoción y defensa de los derechos humanos, está padeciendo la terrible, inexplicable y pasmosa incapacidad e insensibilidad de sus gobernantes.

El México de hoy, que será el México del mañana, si nos dejan, está sangrando y padeciendo una criminalidad que ha alcanzado, ya, niveles de deshumanidad nunca antes vistos, y sólo comparables a los más nefastos, ignominiosos y cruentos acontecimientos y episodios experimentados en los genocidios. Hemos tocado fondo; el país entero se nos desgrana. Continuar leyendo…

El movimiento estudiantil contraataca

El reconocimiento de derechos ciudadanos y su protección por parte de los Estados son resultado de procesos prolongados de lucha y negociación entre grupos que quieren que esos derechos sean amparados y grupos que se oponen a ello. La creación y sostenimiento de instituciones encargadas de proteger derechos es costosa, pero habilita y empodera a grupos sociales frente a abusos de las autoridades, subvierte la estratificación y diferenciación sociales porque nivela en cuanto a derechos a los desiguales en otros aspectos, provee de defensas a grupos vulnerables y anula los estereotipos en los que se basa la discriminación. Aún cuando garantizar los derechos de los gobernados no implique erogaciones gravosas, impone limitaciones a la arbitrariedad de la autoridad y la obligación de trasparentar su quehacer, rendir cuentas y de actuar responsablemente. Por eso los gobernantes se resisten a reconocer y proteger los derechos de los gobernados. Por eso las violaciones a esos derechos deben ser castigados de manera pronta y efectiva, tomar medidas para evitar la repetición y reparar el daño provocado. Continuar leyendo…

La violencia de Estado, los movimientos sociales, y Ayotzinapa

1.

Ayotzinapa es un caso dramático de una posible ruptura del vínculo mando-obediencia, del desmoronamiento de la gobernabilidad, y de la relación entre el Estado y la ciudadanía. Por un lado, es la primera vez, desde la masacre del 2 de octubre de 1968, hace casi medio siglo, que el Estado aplica con extrema severidad la tecnología más sanguinaria de la represión contra los movimientos sociales. Ni siquiera Atenco y APPO se le compara, aunque sí Aguas Blancas y Acteal. Algunos confiaron que tanto la resonancia social y cultural del movimiento estudiantil sobre la sociedad durante las siguientes décadas, como la transición a la democracia, cerrarían para siempre una opción represiva de tal naturaleza. No fue así.

Por otro lado, es la primera vez que de manera tan evidente, el narcopoder arremete con tal ferocidad contra los movimientos sociales. Durante la década pasada, la primera del siglo XXI, han surgido protestas y movimientos contra la violencia y la inseguridad de diversos sectores de la ciudadanía. Han sido respuestas ante los llamados daños colaterales, y la resultante criminalización de la protesta por parte del gobierno, sin embargo no habíamos presenciado una masacre de tal magnitud dirigida a un blanco tan específico, donde se haya vinculado con tal claridad al Estado con el crimen organizado. Continuar leyendo…