Ley General de Víctimas. Un resultado político del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad Johan Gordillo García

Ley General de Víctimas Un resultado político del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

El sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) será recordado por las decenas de miles de víctimas que causó la violencia criminal en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico, minimizadas por el discurso oficial como “daños colaterales.”

Tras la muerte[1] de Juan Francisco Sicilia Ortega, su padre, el poeta y periodista Javier Sicilia, llegó a encabezar protestas que cuestionaron la estrategia de seguridad del gobierno federal: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que agrupó y representó la voz de las víctimas de la violencia criminal que la retórica oficial había escondido desde 2006.

Entre la pluralidad de resultados que tuvieron las acciones del MPJD —el más importante, según los activistas, fue visibilizar a las víctimas que el gobierno había insistido en ocultar (Gordillo, 2015, p. 132-133)— debe considerarse la promulgación de la Ley General de Víctimas (LGV, Diario Oficial de la Federación, 9 de enero de 2013).

Esta Ley es de relevancia porque, además de señalar los derechos de las víctimas directas e indirectas ante el Estado, se distribuyen obligaciones para autoridades de los tres ámbitos de gobierno y los tres poderes de la Unión, ordena la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Registro Nacional de Víctimas, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño y la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas.

Según estudios previos (Burstein, 1999; Giugni, 2004), un movimiento social —definido como: “un desafío sostenido a quienes se encuentran en el poder en nombre de una población que habita bajo la jurisdicción de esas autoridades mediante demostraciones públicas de la dignidad, unidad, número y compromiso de esa población” (Tarrow y Tilly, 2009)— puede influir en la política pública si el tema que disputa es de baja importancia para el gobierno, en cuyo caso es probable que impacte sólo en la etapa de inclusión de demandas en la agenda estatal (Soule y King, 2006; King, Bentele y Soule, 2007).

Así, resulta pertinente plantearse, ¿por qué el MPJD logró influir en la política de seguridad del Estado mexicano y lograr la promulgación de la LGV? Para responder esa pregunta parto de la perspectiva de Amenta, Carruthers y Zylan (1992), para quienes el contexto político media el impacto de un actor colectivo porque configura el rango de posibles resultados, sin que la importancia esté sólo en las condiciones estructurales, pues para aprovechar contextos abiertos, los movimientos sociales deben tener necesariamente fuerza organizativa.

Tras una revisión a estudios previos sobre resultados de un movimiento social, considero tres elementos fundamentales para explicar el caso que nos ocupa: la estructura de oportunidades políticas en el momento de la movilización, la capacidad estratégica de los líderes y la construcción del discurso en torno a las víctimas.

Primero, el momento en que un actor colectivo se moviliza puede determinar sus resultados. En ese sentido, que las protestas se dieran en los últimos años del sexenio calderonista (2011-2012) favoreció al MPJD en los cuatro aspectos que componen la estructura de oportunidades políticas según Tarrow (1994, 1997): se facilitó el acceso al sistema político, los alineamientos en la élite perdieron estabilidad, hubo aliados con capacidad de influir en la toma de decisiones y también divisiones en el seno de las élites. El mismo autor explica que “donde más obviamente” se expresa la expansión del acceso al sistema político es en la proximidad de periodos electorales. La cercanía de las elecciones federales de 2012 provocó inestabilidad de los alineamientos políticos, porque “la cambiante fortuna de los partidos del gobierno y la oposición (…) puede inducir a las élites a competir en busca de apoyo fuera del estamento político.”

Este aspecto se conecta con el siguiente, el de la presencia de aliados influyentes. En el caso de la LGV fueron importantes no los partidos políticos como instituciones, sino algunos legisladores con influencia en sus respectivos grupos parlamentarios. Por último, la división de la élite es apreciable cuando el Congreso rechazó, por primera vez, las observaciones que el Ejecutivo hizo a una ley —basadas en 11 puntos, cuestionando la falta de acuerdo entre Cámaras y la capacidad del Legislativo para trabajar en materia de víctimas, entre otras cosas (Gordillo, 2015, pp. 109-112)— y, después, lo contrademandó por la controversia constitucional presentada el 19 de julio de 2012.

Es importante la presencia de actores en instituciones políticas —en este caso, dentro del poder Legislativo— que apoyen las demandas del movimiento social porque se beneficiarían con los resultados de la protesta (Amenta, Carruthers y Zylan, 1992). Así, el Partido Revolucionario Institucional, primera fuerza política en el Congreso —que recuperaría la Presidencia de la República después de ganar las elecciones de 2012—, se benefició de la aprobación y promulgación de la LGV al legitimarse frente a segmentos de izquierda luego de las acusaciones que recibió sobre prácticas de compra y coacción del voto en la campaña electoral, así como al establecer diferencia retórica con la estrategia de seguridad de Felipe Calderón.[2]

Segundo, los líderes del MPJD desarrollaron capacidad estratégica.[3] Bob y Nepstad (2007) sostienen que “en muchos movimientos sociales (…) una sola persona suele ser reconocida por el movimiento mismo, terceros actores, los medios y los oponentes como el ‘líder’. Esto puede ser por los recursos que posee, el número de seguidores que comanda, su importancia simbólica para el movimiento u otras razones. Cualquiera que sea la fuente de su prominencia, estos individuos deben considerarse como líderes [del movimiento] porque ejercen autoridad significativa” al interior del grupo. Según explica Ganz (2009), la estrategia (“cómo convertimos lo que tenemos en lo que necesitamos para obtener lo que queremos”) consta de tres elementos: focalización (targeting), tácticas y sincronización (timing). El primero hace a los líderes enfocarse en cómo obtener un resultado; el segundo ayuda a sacar el máximo provecho de los recursos que se poseen; el tercero permite reconocer oportunidades y actuar rápidamente.

Aunque algunos miembros del MPJD critican haber dedicado más recursos a la negociación política que a las movilizaciones (Gordillo, 2015, pp. 126-129), considero que la apertura a negociar es parte de la capacidad estratégica del liderazgo del actor colectivo. Acorde con la idea de Ganz (2009), los activistas del movimiento —víctimas o no— focalizaron sus esfuerzos en la formulación de la LGV, haciéndola prioritaria en su propia agenda. De igual forma, irrumpieron en el espacio público al usar tácticas que maximizaron el aprovechamiento de los recursos que poseían —las relaciones de activistas con otras organizaciones, que llevaron a alianzas y permitieron la organización de las caravanas; el posicionamiento de Emilio Álvarez Icaza como operador político para cabildear con los poderes Ejecutivo y Legislativo, que permitió los diálogos públicos en el Castillo de Chapultepec; el activismo de víctimas de la violencia, cuyas historias evidenciaban lo oculto por el discurso oficial; la presencia de profesionales capaces de formular posibles soluciones y proyectos legislativos para atender las demandas del MPJD. El timing fue el elemento que desarrollaron en menor medida los líderes del movimiento, pues en sus propias reflexiones reconocen no haber actuado en diversas oportunidades —en este sentido, después de los diálogos del Castillo de Chapultepec, miembros del MPJD fueron autocríticos con la posición que adoptaron en algunos momentos respecto a la prioridad de la negociación política sobre la movilización social (Gordillo, 2015, pp. 47-51).

Tercero, el MPJD enmarcó su discurso en un elemento oculto por la versión gubernamental: las víctimas. Esta construcción permitió sumar simpatizantes en todo el país y enfrentar al oponente con legitimidad en sus exigencias. McVeigh, Welch y Bjarnason (2003) afirman que para influir en las políticas públicas, un actor colectivo requiere definir, diagnosticar y argumentar una solución al problema contra el que protesta. Cress y Snow (2000) dividen este framing en diagnóstico y pronóstico: el primero problematiza y enfoca la atención del público en un tema —cómo es percibido y quién o qué es culpable de la situación. El segundo estipula los remedios o metas para el grupo y con qué propone alcanzarlos.

La retórica oficial del sexenio presentaba las muertes violentas como resultado sólo de enfrentamientos entre bandas de crimen organizado. Por ejemplo, cuando el diario francés Le Monde criticó su estrategia de seguridad en 2010, Felipe Calderón justificó el incremento de la violencia diciendo que “aún el día de hoy 9 de cada 10 homicidios corresponden a miembros de grupos delictivos” (Calderón, 2010). También se recuerda la ocasión en la que él mismo comparó al país con una casa llena de cucarachas a la que había que limpiar (Aranda, 2011) o cuando el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, minimizó las muertes de civiles como “daños colaterales” (Ballinas, 2010).

Frente a este discurso, el MPJD realizó acciones para dar rostro, nombre y apellido a las víctimas en el país. Respecto al pronóstico, según el planteamiento de Cress y Snow (2000), el MPJD enfocó la atención del público y las autoridades en el tema de la necesidad de justicia, memoria y reparación del daño para las víctimas, señalando las responsabilidades que el Estado incumplía y las formas en que incentivaba la violencia; en lo que concierne al diagnóstico, el actor colectivo presentó propuestas para comenzar a resolver el problema, particularmente legislación para proteger a las víctimas.

Actualmente, el MPJD se encuentra en una fase de desmovilización que da pie a una nueva pregunta de investigación inspirada en el trabajo de McVeigh, Welch y Bjarnason (2003): ¿qué rol tendrán los activistas promotores y defensores de la LGV en evitar la conformidad con su insuficiente implementación? (Gordillo, 2015, p. 136). El tiempo proveerá material empírico para responder.

 

Notas

 

[*] Este texto sintetiza el argumento principal de la tesis Ley General de Víctimas, un resultado político del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, defendida para obtener el grado de maestro en Ciencia política en El Colegio de México en septiembre de 2015. Para conocer la evidencia y los detalles en los que se basan las afirmaciones expuestas en estas líneas véase dicha tesis en https://goo.gl/eqE1mR.

[1] Evito el término “asesinato” para eludir cualquier forma de revictimización.

[2] La estrategia de comunicación de la administración del Presidente Peña Nieto (2012-2018) guarda puntuales diferencias con la de Calderón. Un ejemplo puede observarse en la forma de presentar a delincuentes capturados ante medios de comunicación.

[3] El espacio limita la posibilidad de explicar la importancia que tuvieron en el MPJD los liderazgos de personas como Julián LeBarón, Araceli Rodríguez, Teresa Carmona, María Herrera, Pietro Ameglio, Rocato Bablot, Emilio Álvarez Icaza o Javier Sicilia.

 

 

Referencias

 

Amenta, E., Carruthers, B. y Zylan, Y. (1992). A Hero for the Aged? The Townsend Movement, the Political Mediation Model, and U.S. Old-Age Policy, 1934-1950. American Journal of Sociology, núm. 2, pp. 308-339.

Andrews, K. (1997). The Impacts of Social Movements on the Political Process: The Civil Rights Movement and Black Electoral Politics in Mississippi. American Sociological Review, núm. 5, p. 800-819.

Aranda, J. (2011, 15 de diciembre). Compara Felipe Calderón a México con una “casa nueva llena de cucarachas”. La Jornada.

Ballinas, V. (2010, 13 de abril). Muertes de civiles en el combate al crimen, “daños colaterales”: Galván. La Jornada.

Bob, C. y Nepstad, S. E. (2007). Kill a Leader, Murder a Movement? Leadership and Assassination in Social Movements. American Behavioral Scientist, núm. 10, pp. 1370-1394.

Burstein, P. (1999). Social Movements and Public Policy. En Marco Giugni et al. (eds.), How Social Movements Matter (pp. 3-21). EUA: University of Minnesota Press.

Burstein, P., Einwohner, R. y Hollander, J. (1995). The Success of Political Movements: A Bargaining Perspective. En Jenkins, C. y Klandermans, B. (eds.), The Politics of Social Protest (pp. 275-295). Minneapolis: University of Minnesota Press.

Calderón, F. (2010, 16 de agosto). “Le Monde: México enfrenta el problema de la criminalidad, Presidencia de la República”. http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/08/le-monde-mexico-enfrenta-el-problema-de-la-criminalidad/

Daniel, D. y Snow, D. (2000). The Outcomes of Homeless Mobilization: The Influence of Organization, Disruption, Political Mediation, and Framing. American Journal of Sociology, núm. 4, p. 1063-1104.

Ganz, M. (2009). Why David Sometimes Wins: Leadership, Organization, and Strategy in the California Farm Worker Movement. Nueva York: Oxford University.

Giugni, M. (2004). Social Protest and Policy Change. Ecology, Antinuclear, and Peace Movements in Comparative Perspective. EUA: Rowman & Littlefield Publishers Inc.

Gordillo, J. (2015). Ley General de Víctimas, un resultado político del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (tesis de maestría). El Colegio de México, México.

King, B., Bentele, K. y Soule, S. (2007). Protest and Policymaking: Explaining Fluctuation in Congressional Attention to Right Issues, 1960-1986. Social Forces, núm. 1, pp. 137-163.

Ley General de Víctimas, Diario Oficial de la Federación, 9 de enero de 2013.

McVeigh, R., Welch, M. y Bjarnason, T. (2003). Hate Crime Reporting as a Successful Social Movement Outcome. American Sociological Review, núm. 6, p. 843-867.

Soule, S. y King, B. (2006). The Stages of Policy Process and the Equal Rights Amendment, 1972-1982. American Journal of Sociology, núm. 6, pp. 1871-1909.

Tarrow, S. (1997). El poder en movimiento. (H. Bavia y A. Resines, trads.). Madrid: Alianza, pp. 155-161. (Trabajo original publicado en 1994).

Tarrow, S. y Tilly, C. (2009). Contentious Politics and Social Movements. En Boix, C. Stokes, S. (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Politics (pp. 435-460). Oxford: Oxford University Press.

 

Johan Gordillo García

Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. Ganador del Premio Adrián Lajous Martínez 2015, que otorga la institución a las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado, por la tesis Ley General de Víctimas, un resultado político del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Entre sus líneas de investigación están la acción colectiva, movimientos sociales, derechos humanos, cultura política y participación ciudadana.

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