Décimo aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad Johan Gordillo García

Décimo aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

Reflexiones en torno a sus dinámicas de movilización

Johan Gordillo García[1]

El próximo 28 de marzo conmemoraremos 10 años del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), un movimiento social que se construyó en México a partir de la indignación y solidaridad que desató el asesinato de Juan Francisco Sicilia —Juanelo, hijo de 24 años del poeta Javier Sicilia— y seis de sus amistades en 2011. En este texto presentaré primero una breve recapitulación de las acciones que el MPJD ha realizado durante estos años. Después, plantearé una serie de reflexiones sobre la resonancia de su discurso, la construcción de un sentido de colectividad mediante sus movilizaciones y las consecuencias que su irrupción pública ha tenido para el país.

Un decenio de acción directa no violenta

Al conocerse la noticia del asesinato de Juanelo, un grupo de personas cercanas a Javier Sicilia decidió montar una ofrenda afuera del Palacio de Gobierno de Morelos en protesta por el crimen y para evitar la criminalización de las víctimas; además, realizaron una marcha en el centro de Cuernavaca y una serie de lecturas de poesía. Al cabo de dos días, Javier regresó al país y, por insistencia de la prensa, ofreció una conferencia en la que anunció una marcha para el 6 de abril. En seguida, el poeta publicó su ahora famoso artículo “Estamos hasta la madre”, en el que delineó la importancia de articular grandes movilizaciones sociales para exigir a la élite política y a los grupos criminales el cese de la violencia. Ante de la masiva respuesta en la marcha del 6 de abril, el grupo organizador buscó ampliar el alcance de las protestas al ámbito nacional y movilizar a la “reserva moral” del país (Ameglio, 2011). Así, acompañado por cientos de familiares de víctimas, activistas, representantes de pueblos originarios y de organizaciones sociales, Javier encabezó la Marcha por la paz con justicia y dignidad. Luego de tres días de caminar desde Cuernavaca, decenas de miles de personas marcharon hacia el Zócalo de Ciudad de México el 8 de mayo.

Al cierre de la marcha, Patricia Duarte y Olga Reyes leyeron el contenido del “Pacto Nacional por la Paz”, un documento con propuestas y acciones en torno a seis áreas para acabar con la violencia que sería firmado en el “epicentro del dolor”: Juárez, Chihuahua. Para llegar a esta ciudad, el MPJD realizó la Caravana del Consuelo que recorrió varios estados de la región norte del país. Del 4 al 10 de junio, miles de personas se sumaron a las reuniones, marchas y eventos culturales que la Caravana incluyó. Además, docenas de familiares de víctimas compartieron con el público, muchas por primera vez, sus testimonios de dolor e impunidad.

Al cabo de unas semanas, el MPJD sostuvo un diálogo público con el entonces presidente Felipe Calderón, en el que cinco familiares de víctimas de feminicidio, asesinato, desaparición y violencia estructural exigieron directamente a la élite gubernamental un cambio en su estrategia militarista. Un ejercicio similar se hizo después con integrantes del Congreso de la Unión, a quienes se les exigió asumir sus responsabilidades en la guerra y legislar a favor de las víctimas. Luego, en septiembre de 2011, el MPJD realizó la Caravana al Sur, en la que articuló redes de solidaridad con miembros de pueblos originarios y comunidades migrantes, además de realizar dos encuentros en territorio zapatista. Después, dadas las trabas que el gobierno federal impuso para el segundo encuentro con Calderón, el MPJD decidió detener los procesos de diálogo y, luego de la desaparición y asesinato de varios integrantes, también las movilizaciones fueron suspendidas.

El trabajo de cabildeo y sensibilización del MPJD en ambas cámaras del Congreso llevó a la aprobación de la Ley General de Víctimas en abril de 2012, un instrumento jurídico que, aunque perfectible, sentaba una base para atender la emergencia nacional (Gordillo García, 2020); sin embargo, Calderón vetó la ley y su promulgación se realizó hasta enero de 2013, una vez que Enrique Peña ocupó la presidencia. El MPJD siguió criticando la estrategia de seguridad del político priísta y advirtió que se trataba de una continuación de la guerra. Previsiblemente, las tragedias continuaron y se llegó al caso más emblemático del sexenio: la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El caso se mantiene sin recibir justicia y la sociedad sigue sin conocer la verdad sobre lo ocurrido, pero la búsqueda de las familias de los estudiantes inspiró a más familiares de personas desaparecidas a buscar fosas clandestinas. Las imágenes de cientos de personas cavando en parajes y desenterrando restos humanos captaron la atención internacional y, con la formación de docenas de colectivos, la agenda se enfocó en la búsqueda de personas desaparecidas. En ese contexto, en 2016, integrantes del MPJD colaboraron con un colectivo morelense para la apertura de las fosas de Tetelcingo, en las que el gobierno local inhumó 119 cuerpos sin respetar los protocolos forenses.

Tras los comicios de 2018, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió a implementar ciertos mecanismos de justicia con el fin de resolver la crisis que heredó de las administraciones anteriores, pero, al entrar en funciones, modificó su discurso y amplió las facultades del ejército en labores de seguridad pública. El número de personas asesinadas y desaparecidas siguió aumentando y, a finales de 2019, ocurrió una masacre en contra de la familia de Julián LeBarón, quien fue miembro del MPJD entre 2011 y 2012. Javier Sicilia convocó entonces a una nueva marcha para exigir al presidente cumplir sus promesas y corregir sus errores en materia de pacificación, pero el jefe del Ejecutivo minimizó las demandas y aseguró que se trataba de un “show” montado por sus “adversarios”. Así, la “Caminata por la verdad, la justicia y la paz” partió de Cuernavaca el 23 de enero de 2020 y culminó tres días después en el Zócalo de Ciudad de México, donde decenas de simpatizantes del partido en el poder agredieron verbalmente a las personas que participaron, acto que el presidente desestimó un día después.

 

Resonancia, identidad colectiva y consecuencias culturales

La formación del MPJD debe entenderse en el contexto de la negación oficial de la violencia (Treviño-Rangel, 2018) y la construcción discursiva de enemigos nacionales (Madrazo Lajous, 2016) que derivó en la constante criminalización de las víctimas como estrategia de legitimación gubernamental. El llamado de Javier Sicilia a movilizarse en torno al dolor y la indignación tuvo como respuesta la solidaridad de miles de personas porque su discurso resonó (Snow y Benford, 1988) entre quienes conocían el contexto de violencia e impunidad ya fuera por experiencia propia —los familiares de las víctimas— o por su politización previa —los activistas que iniciaron las protestas. Así, aunque vivieran y experimentaran el agravio de la violencia de manera particular, estas personas compartían un sistema de significados en torno a la violencia e impunidad que sentó la base de los rasgos de prominencia y credibilidad (Benford y Snow, 2000), así como de autenticidad (Luna, 2017; Walker y Stepick, 2020), del discurso del MPJD.

Según el planteamiento clásico de Snow y sus colegas (Snow y Benford, 1988), los movimientos sociales realizan tres tareas discursivas fundamentales que se entrelazan empíricamente y cuya distinción responde a fines analíticos: la construcción de un diagnóstico sobre el problema que enfrentan, el planteamiento de una propuesta para solucionarlo, y la argumentación motivacional para invitar a sumarse a la acción colectiva. Si bien la firma del Pacto provocó una serie de rompimientos con varias organizaciones debido a la negativa de varios grupos a establecer cualquier tipo de diálogo con el gobierno (Gordillo García, 2015; Romero Gallardo, 2016; Vázquez Martín, 2011), el documento sintetizó los marcos de diagnóstico y pronóstico del MPJD. Además, el marco motivacional invitaba a participar en las acciones contenciosas al presentarlas como una manera efectiva de dignificar a las víctimas, demandar a criminales y autoridades el cese de la violencia, y promover el cumplimiento del Pacto que, eventualmente, permitiría solucionar la crisis.

Ahora, dado que los movimientos sociales son fenómenos esencialmente relacionales (Diani, 1992), los repertorios tácticos pueden comprenderse a partir de dimensiones contenciosas, intencionales y de construcción de identidad colectiva (Taylor y Van Dyke, 2004). Por límites de extensión, sólo reflexionaré en torno a este último aspecto. Mediante constantes marchas, caravanas, eventos de memoria, diálogos públicos y reuniones plenarias, el MPJD redefinió la identidad colectiva de sus participantes, que se refleja en las conexiones cognitivas, morales, emocionales (Polletta y Jasper, 2001) e incluso políticas (Simon y Klandermans, 2001) de cada persona con una comunidad más amplia. Una acción fundamental en el repertorio del MPJD es la presentación de testimonios por parte de víctimas de diferentes tipos de violencia, narrativas y experiencias que en diversos contextos han servido no sólo para dejar constancia de la atrocidad vivida sino también para enmarcar un proyecto transformador individual y colectivamente (Beverley, 2008).

En años recientes, un grupo de antropólogas sociales encabezadas por Myriam Jimeno han desarrollado el concepto de comunidad político-emocional (Jimeno, 2010; Macleod y De Marinis, 2018). Según las autoras, este tipo de comunidad se basa en las conexiones creadas a partir de la narración de una tragedia individual o colectiva y la escucha de un público que no sólo empatiza con el dolor, sino que responde activamente al mismo. De tal forma, sostiene Jimeno, esa interacción dialéctica pasa de un momento de compasión y consuelo a la construcción de un lazo político que lleva a un público más amplio a involucrarse en acciones que buscan justicia para las víctimas. Hay múltiples implicaciones observables para argumentar en torno al desarrollo de una comunidad político-emocional al interior del MPJD; si bien los límites de este texto no permiten discutirlo ampliamente, la investigación empírica de mi proyecto doctoral desarrollará de manera profunda la construcción de estos lazos.

Finalmente, aunque establecer qué cuenta como resultado de la actividad de un movimiento es tema abierto al debate (Tilly, 1999), la literatura ha estudiado las consecuencias de la movilización social en los ámbitos político, cultural y biográfico (Bosi et al., 2016), áreas que, sobra decirlo, son interdependientes (Bosi y Uba, 2009). Por cuestiones de extensión, únicamente reflexionaré en torno al segundo ámbito.

Varios de los familiares de personas desaparecidas que hoy lideran un colectivo tuvieron su primera experiencia de activismo con el MPJD y señalan que, a partir de los aprendizajes que desarrollaron, comenzaron a impulsar la organización con otras familias en sus respectivos estados. Así, muchos de estos colectivos han establecido alianzas para realizar diversas acciones, debido, al menos en parte, a que sus líderes se conocen desde su participación en el MPJD. Además, hasta la fecha, antiguos integrantes del MPJD que no son familiares de víctimas asesoran a algunos de estos colectivos con talleres de acción directa no-violenta. Este tipo de situaciones permiten observar la difusión organizativa y relacional (Van Dyke y Taylor, 2019) que se ha dado a partir del MPJD. Por supuesto, no estoy sugiriendo que las acciones de los colectivos de familiares de personas desaparecidas se deben exclusivamente a las movilizaciones del MPJD, sino que hay evidencia empírica para sostener que éstas fueron importantes para la formación de una cultura contenciosa entre los familiares de víctimas y sus acompañantes. Después de todo, la difusión no es una simple imitación de repertorios y discursos, sino que implica la adaptación creativa de los mismos (Givan et al., 2010).

 

Pensamientos finales

La colocación de la ofrenda el 28 de marzo de 2011 fue un evento catalítico, transformador, crítico y de rompimiento con ciertas dinámicas de poder político impulsadas por los gobiernos en México (Benksi, 2005; Bosi, 2007; McAdam y Sewell, 2001; Staggenborg, 2001). Aunque, como a cualquier actor colectivo que se involucra en la política contenciosa, muchas críticas se pueden hacer al MPJD —entre las que destaca, desde mi punto de vista, su poca integración con la lucha feminista—, la historia contemporánea de México no puede comprenderse sin discutir sus movilizaciones. Este país guarda una enorme deuda de justicia con Juanelo y con cientos de miles de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, desmembradas, violadas, desechadas. Desde hace 10 años y sin importar qué partido ocupa las posiciones de élite, quienes integran el MPJD luchan diario, desde sus respectivas arenas, para que nadie más vuelva a sufrir un crimen infrahumano, y ésa es una lucha en la que nadie debería tener que involucrarse. Gracias a todas, todos y todes quienes han sido y son parte.

 

Referencias

Ameglio, P. (2011, 17 de abril) “La reserva moral mexicana sale a la calle”, Proceso, pp. 22–24.

Benford, R. and Snow, D. (2000) Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment, Annual Review of Sociology, 26, pp. 611–639.

Benksi, T. (2005) Breaching events and the emotional reactions of the public. Women in Black in Israel, en Flam, H. y King, D. (eds.) Emotions and Social Movements. Londres y Nueva York: Routledge, pp. 57–78.

Beverley, J. (2008) Testimonio, Subalternity, and Narrative Authority, en Castro-Klaren, S. (ed.) Companion to Latin American Literature and Culture. Oxford: Blackwell, pp. 571–583.

Bosi, L. (2007) Social Movement Participation and the “Timing” of Involvement: The Case of the Northern Ireland civil Rights Movement, Research in Social Movements, Conflicts and Change, 27, pp. 37–61.

Bosi, L., Giugni, M. y Uba, K. (2016) The consequences of social movements. Taking stock and looking forward, en Bosi, L., Giugni, M., and Uba, K. (eds.) The Consequences of Social Movements. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 3–37.

Bosi, L. y Uba, K. (2009) Introduction: The Outcomes of Social Movements, Mobilization: An International Quarterly, 14(4), pp. 409–415.

Diani, M. (1992) ‘The Concept of Social Movement’, The Sociological Review, 40(1), pp. 1–25.

Givan, R., Roberts, K. y Soule, S. (eds.) (2010) The Diffusion of Social Movements: Actors, Mechanisms, and Political Effects. Cambridge: Cambridge University Press.

Gordillo García, J. (2015) Ley General de Víctimas, un resultado político del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Tesis de maestría. El Colegio de México.

Gordillo García, J. (2020) Lenguaje de derechos y apertura de oportunidades legales para el cambio social: el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y la Ley General de Víctimas, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 65(239), pp. 291–321.

Jimeno, M. (2010) Emocoes e política: A vitima e a construcao de comunidades emo- cionais, Revista Mana, (16)1, pp. 99-121.

Luna, Z. (2017) Who speaks for whom? (MIS) Representation and authenticity in social movements, Mobilization: An International Quarterly, 22(4), pp. 435–450.

Macleod, M. y De Marinis, N. (eds.) (2018) Resisting Violence Emotional. Communities in Latin America. Cham: Springer International Publishing.

Madrazo Lajous, A. (2016) Criminals and enemies? The drug trafficker in Mexico’s political imaginary, Mexican Law Review, VIII(2), pp. 31–55.

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Polletta, F. y Jasper, J. (2001) Collective Identity and Social Movements, Annual Review of Sociology, 27(1), pp. 283–305.

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Simon, B. and Klandermans, B. (2001) Politicized collective identity: A social psychological analysis, American Psychologist, 56(4), pp. 319–331.

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Staggenborg, S. (2001) Beyond Culture Versus Politics: A Case Study of a Local Women’s Movement, Gender y Society, 15(4), pp. 507–530.

Taylor, V. y Van Dyke, N. (2004) “Get up, Stand up”: Tactical Repertoires of Social Movements, en Snow, D., Soule, S. y Kriesi, H. (eds.) The Blackwell Companion to Social Movements, primera edición. Oxford: Blackwell, pp. 262–293.

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Treviño-Rangel, J. (2018) Silencing grievance: Responding to human rights violations in Mexico’s war on drugs, Journal of Human Rights, 17(4), pp. 485–501.

Vázquez Martín, E. (2011, julio) Voz de alarma, Letras Libres, pp. 108–110.

Walker, E. T. y Stepick, L. (2020) Valuing the Cause: A Theory of Authenticity in Social Movements, Mobilization: An International Quarterly, 25(1), pp. 1–25.

 

 

[1] Johan es candidato a doctor en sociología por The University of Edinburgh; su proyecto doctoral analiza de manera amplia las dinámicas de movilización del MPJD y sus consecuencias.

Johan Gordillo García

Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. Ganador del Premio Adrián Lajous Martínez 2015, que otorga la institución a las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado, por la tesis Ley General de Víctimas, un resultado político del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Entre sus líneas de investigación están la acción colectiva, movimientos sociales, derechos humanos, cultura política y participación ciudadana.

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