Las protestas en Guatemala del 2020 ¿Algo cambió? Ana Eugenia Paredes Marín

Las protestas en Guatemala del 2020 ¿Algo cambió?

Tras cuatro fines de semana consecutivos de manifestaciones masivas en Guatemala, una interrogante es si las mismas aportaron a la generación de cambios dentro del sistema político. Con el fin de poner en discusión los cambios propiciados por las recientes manifestaciones, primero es necesario poner en contexto por qué colectivos urbanos, familias y personas decidieron tomar las plazas centrales de las principales ciudades Guatemala en noviembre y diciembre del 2020.

 

 COVID-19 y la inconformidad contenida

El enfoque de las medidas que el gobierno central implementó para el manejo de la pandemia provocada por SARS-CoV-2 hizo más visible la precarización del sistema de salud y la poca capacidad de implementar programas de apoyo para las poblaciones más vulnerables y afectadas por el confinamiento.

Durante estos meses, el reclamo colectivo se concentró en señalar el mal manejo de los fondos públicos que supuestamente serían utilizados para disminuir los efectos negativos y reforzar al sistema de salud. Algunos colectivos urbanos reclamaron la poca trasparencia en el manejo de los recursos públicos, así como el rechazo a una comisión presidencial[1] que suplantó funciones de diversas carteras ministeriales y del propio vicepresidente de la República. También se rechazó el abuso de los estados de excepción que con o sin COVID-19, han sido esgrimidos para malversar fondos y limitar derechos políticos de la población.

En el ambiente político, también existía una molestia colectiva por el retraso malicioso en la elección de miembros de la Corte de Constitucionalidad. Esto ha sido generado por las bancadas que apoyan al oficialismo dentro del Congreso. Este proceso ha sido postergado desde 2019 con el fin de colocar en este órgano, a jueces afines a lo que en Guatemala se conoce como el Pacto de Corruptos.[2]

Importante es resaltar que hasta octubre del presente año, la cantidad de personas que se concentraban en parques o hacían marchas para manifestar su inconformidad era mínima. Se considera que el miedo al contagio y las condiciones del transporte limitaron las protestas. Sin embargo, esto se revirtió por la forma de aprobación y contenido y del presupuesto de la nación 2021.

La propuesta original eliminaba programas para combate a desnutrición y en su lugar, los fondos se utilizarían para adquirir un nuevo edificio para el poder Legislativo. Además, se estipulaba aumento presupuestario al Ministerio de Desarrollo Social, cartera cuestionada por su baja capacidad de ejecución y falta de trasparencia en el manejo de los programas sociales. Un punto significativo e importante es que la propuesta quitaba recursos a la Procuraduría de los Derechos Humanos, entidad autónoma que ha sido una pieza frontal para evitar el abuso de poder de funcionarios públicos de alto nivel, que han pretendido violentar las normas constitucionales que sustentan la débil democracia guatemalteca.

El punto que generó más indignación y por ende, cohesionó a diversos sectores organizados, entre estos al empresariado nacional, fue que para financiarle se necesitaran préstamos externos. Estos se sumarían a la deuda externa que se percibía sería mayor, pues los programas COVID-19 así fueron capitalizados. Además, el proceso de aprobación dentro del Congreso fue opaco. El mismo día que se obtuvo el dictamen favorable por la Comisión de Finanzas Públicas y Monedas, se aprobó de urgencia nacional sin que se estableciera un tiempo prudencial para examinarlo y discutirlo a profundidad. A pesar del corto tiempo, diputados de oposición y centros de investigación independientes, detectaron que dentro del mismo, existían anomalías graves que implicaban asignaciones irregulares hacia ONGS y los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural. Estos se destinarían para construcción o remozamiento de obras gris a nivel local. Estas asignaciones carecían de mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas.[3]

Este cúmulo de inconformidades construido por el manejo de las políticas públicas para disminuir los impactos del SARS-CoV-2, las acciones permanentes del Pacto de Corruptos y la forma y contenido de la aprobación de presupuesto 2021, coincidió con los efectos provocados por las tormentas Iota y Eta, que destruyeron la zona norte del país en los últimos días de noviembre. Es importante mencionar que en esta región se concentran los índices de pobreza y pobreza extrema[4] más altos y coincidentemente, no fueron beneficiados por los programas COVID-19[5] y tampoco, por acciones urgentes para su reconstrucción post-tormentas.

Así, se sumaron muchas inconformidades y estas se expresaron en las manifestaciones masivas de los últimos días de noviembre y principios de diciembre. Como principales demandas, se exigía la renuncia del presidente y del grupo de diputados que aprobó el presupuesto, así como la exigencia de anular la vigencia del presupuesto 2021.

 

 

¿Algo cambió?

En Guatemala desde 2015 y especialmente en zonas urbanas, cuando se trata de oponerse a las acciones generadas por El Pacto de Corruptos, se ha construido un repertorio de acción colectiva particular. Estas implican una concentración masiva en los parques centrales de las cabeceras departamentales los días sábados por la tarde. La población se reúne y toma el espacio público que sirve de escenario para demandar renuncia de funcionarios públicos evidenciados por malversar fondos públicos. Esta forma de protesta se enmarca dentro de las formas no violentas de acción colectiva, porque como pacto social se instauró el no uso de violencia como recurso y esto de alguna forma, explica las mínimas acciones represivas por parte de los cuerpos de seguridad estatal.

Se puede detectar que en la ciudad de Guatemala, la última vez que se hizo uso de la represión de forma evidente, indiscriminada y violenta, fue en 2005. Esto ocurrió cuando diversos sectores urbanos y rurales, se organizaron para rechazar la entrada en vigencia del TLC-CAFCA. Esto no implica que no se haya usado la fuerza en las ciudades, esta reacción institucional se puede detectar durante desalojos a vendedores informales o bien en 2017, cuando un grupo de manifestantes decidió encerrar a diputados en las oficinas del Congreso, hasta que anularan una decisión legislativa que procuraba impunidad por actos de corrupción. Sin embargo, las manifestaciones fueron pequeñas, homogéneas y para el último caso, el uso de la fuerza y el protocolo aplicado puede considerarse apropiado a la proporción de la amenaza.

En comparación, el 22 y 29 de noviembre se destacó por la utilización de otro tipo de recursos de protesta y respuesta represiva que no se había utilizado en años previos. El 22 de noviembre, un grupo de manifestantes quemó la entrada del Congreso de la Republica y también, prendió fuego a un autobús del servicio público. La reacción de los manifestantes generó muchas dudas principalmente porque la policía nacional, no actuó para repeler el daño al edificio y bien público. Estos hechos fomentaron los argumentos que vinculaban la acción con personas infiltrados dentro de la manifestación y en comparación a otros años, lograr conducir la protesta pacífica hacia la violencia.

 Además, en esta misma manifestación, personas desconocidas activaron dispositivos con gas lacrimógeno en el centro de la plaza central de la ciudad capital, afectando ancianos, niños y familias enteras que se concentraban en este espacio. En el parque central del municipio de Quetzaltenango, un grupo de manifestantes hizo pintas en la sedes de la Gobernación Departamental, amenazaron con quemar estas oficinas (acto que no se consumó) y en reacción, la policía lanzó gas lacrimógeno de forma indiscriminada y detuvo población de forma arbitraria.

En ambas ciudades las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron de manera arbitraria a periodistas, estudiantes de la universidad pública y de privadas. Provocaron daños físicos a menores de edad y a personas que salían de sus labores, quienes también fueron detenidas sin argumento penal. La violencia policial fue tal, que algunas personas perdieron un ojo; los miembros de la PNC dispararon los dispositivos lacrimógenos directamente a la cara de los manifestantes, violando los protocolos de protección a derechos humanos durante la disolución de la manifestación.

Es importante resaltar que ambas concentraciones fueron masivas, diversas e intergeneracionales. Además, congregaron diversas clases sociales. De esta cuenta se puede establecer que la represión violenta y evidente, no había sido implementada como mecanismo para disolución de este tipo de protestas donde privaron los mecanismos canalizados.[6] Los jóvenes urbanos de estas ciudades, especialmente quienes podrían considerarse de clase media o alta, no habían vivido las implicaciones de la represión en su territorio ni mucho menos, sobre su cuerpo. Para muchos su seguridad física nunca había sido vulnerada durante una manifestación y esto se considera, será un elemento que condicionará las próximas formas de protesta y también, la propia organización. Se conoce que algunos colectivos urbanos en las últimas protestas, decidieron organizar mecanismos de contención a la represión y hasta grupos de choque; esto no existía en la lógica de movilización de las protestas previas.

La presión social, la misión de mediación de la OEA vinculada al grado de violencia ejercida contra la población y, además, la oposición de sectores empresariales al presupuesto 2021, provocaron que el Congreso de la República anulara su vigencia. Además, en este contexto, y al fortalecerse las alianzas opositoras dentro del Legislativo, se puso en tela de juicio la idoneidad del ministro de Gobernación y Jefe de Policía por las violaciones a derechos humanos de los manifestantes, y por la permisividad ante la quema del Congreso de la República.

 Estas decisiones políticas pueden interpretarse como un revés político para el presidente y las bancadas apegadas al oficialismo, elemento que suman al desgaste acumulado por el mal manejo de la pandemia. Si bien es cierto que estas sirvieron para apaciguar la conflictividad social sin transformar las condiciones que aportaron a su fermentación, también son una bocanada de aire fresco para las organizaciones que sostienen las protestas, procuran fiscalización institucional y generan auditoria social.

Vale entonces resaltar que la trasformación de la forma de protesta, así como de los mecanismos represivos aplicados en las ciudades, pueden llegar a modificar la relación estado y sociedad civil. Se debe tener en cuenta en esta modificación, al reciente pasado represivo y autoritario que no sanó por la falta de acciones para construir verdaderos mecanismos democráticos que procuren justicia social. Estos acontecimientos resultan trascendentales para el examen del actual régimen político y, por esto, es importante volver a poner sobre la mesa de la discusión política y académica las transiciones democráticas, sus avances, sus retrocesos y el retorno autoritario en Guatemala y toda Centroamérica.

 

[1] Centro de Gobierno.

[2] Denominación popular utilizada para referir las acciones de funcionarios públicos (diputados, jueces, presidentes, fiscales, etc.) que manipulan el sistema políticos y judicial en beneficio de sus propios intereses y en detrimento de los intereses públicos. Esto implica la prevalencia de estructuras criminales y organizadas que usan mecanismo de la política informal y actos ilegales como mecanismos de mediación política. Además suelen funcionar en alianza con sectores económicos y poderosos quienes también se benefician de los negocios irregulares generados con fondos del erario público. La garantía de impunidad es una característica de este concepto. El mismo sobresale en el discurso público de Guatemala desde 2015, cuando se destaparon los casos de corrupción en los que el ex presidente y la vice presidenta se vieron envueltos y que conllevaron su renuncia y juicio.

[3] https://www.wola.org/es/2020/11/presupuesto-2021-guatemala/ y https://www.prensalibre.com/economia/cacif-pide-a-alejandro-giammattei-vetar-el-presupuesto-2021-aprobado-por-los-diputados-breaking/

[4] Instituto Nacional de Estadística (2015). República de Guatemala: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014. https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/12/11/vjnvdb4izswoj0ztuivpicaaxet8lzqz.pdf

[5] Para más información sobre las deficiencias de los programas implementados durante la crisis sanitaria ver: https://www.paraisodesigual.gt/informate. Sobre acceso a servicios públicos: Instituto Nacional de Estadística (2018). Resultados del Censo 2018. https://www.censopoblacion.gt/explorador

[6] Earl, J (2011) “Political Repression: Iron first, Velvet Gloves, and Diffuse Control”. Annual Review of Sociology, 37: 261-284

Ana Eugenia Paredes Marín

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora de México. Investigadora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales en el programa “Alter-globalizaciones y horizontes de transformación en Mesoamérica” de la Universidad Rafael Landívar. aeparedes@url.edu.gt

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