El reconocimiento de derechos ciudadanos y su protección por parte de los Estados son resultado de procesos prolongados de lucha y negociación entre grupos que quieren que esos derechos sean amparados y grupos que se oponen a ello. La creación y sostenimiento de instituciones encargadas de proteger derechos es costosa, pero habilita y empodera a grupos sociales frente a abusos de las autoridades, subvierte la estratificación y diferenciación sociales porque nivela en cuanto a derechos a los desiguales en otros aspectos, provee de defensas a grupos vulnerables y anula los estereotipos en los que se basa la discriminación. Aún cuando garantizar los derechos de los gobernados no implique erogaciones gravosas, impone limitaciones a la arbitrariedad de la autoridad y la obligación de trasparentar su quehacer, rendir cuentas y de actuar responsablemente. Por eso los gobernantes se resisten a reconocer y proteger los derechos de los gobernados. Por eso las violaciones a esos derechos deben ser castigados de manera pronta y efectiva, tomar medidas para evitar la repetición y reparar el daño provocado. Continuar leyendo…
