El sociólogo estadounidense Sidney Tarrow[1] define los ciclos de protesta como fases de intensificación de los conflictos y confrontación en el sistema social. Ecuador es un país que continuamente ha experimentado esa intensificación de los conflictos. Durante la década de los noventas expulsaron a presidentes del cargo, un periodo considerado de alta inestabilidad institucional y baja gobernabilidad. A partir del segundo quinquenio de la década del 2000 el país tuvo un proceso constituyente que resultó en la Constitución Política del 2008, experimentó años de bonanza económica, relativa tranquilidad y estabilidad institucional. Sin embargo, en los últimos años el país está viviendo una escalada de la violencia que se expresa sobre todo en el aumento de asesinatos: 13,5 muertes por cada 100.000 habitantes, según datos de la policía, crímenes que, de acuerdo con esta institución estarían ligados al narcotráfico. Dado su paso fronterizo con Colombia, desde donde pasan droga, y Perú, desde donde llegan armas, se ha convertido en un escenario propicio para la instalación de la violencia. Además de los problemas asociados a la seguridad, hay desabastecimiento de medicamentos, encarecimiento de la vida pese al crecimiento de la economía, lo cual resulta paradójico.
Ya en octubre de 2019 se dio una fuerte ola de movilizaciones, las más fuertes en la historia reciente, luego de que el gobierno del entonces presidente Lenin Moreno, anunciara una serie de medidas económicas que incluían la eliminación de los subsidios al combustible. En aquella ocasión los gobiernos de Colombia y Perú prestaron armas no letales al gobierno ecuatoriano para contener las protestas. Sin embargo, la violencia escaló dejando como saldo ocho fallecidos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo fueron 1,340 heridos, mientras el Ministerio de Gobierno reportó 1,507 de los cuales 435 eran miembros de las fuerzas policiales.
Este 13 de junio de 2022 comenzó un nuevo ciclo de protestas y se llamó a una movilización indefinida convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Al paro se sumaron los movimientos sindicalistas, movimientos estudiantiles, feministas y el gremio de transportistas en rechazo a las medidas del gobierno del Presidente Guillermo Lasso. Las exigencias de los manifestantes se centran en 10 temas que ya estaban presentes en las protestas de 2019: reducción y congelamiento del precio del combustible; refinanciamiento de deudas para el sector agrícola; control en los precios de los productos para el campo; no precarización de la jornada laboral; revisión de los proyectos mineros; respeto de los derechos colectivos adquiridos en la Constitución de 2008, como educación bilingüe y justicia indígena; no privatización de los sectores estratégicos, control de la especulación de precios, presupuesto digno para la salud, educación y generación de políticas públicas de seguridad.
¿Qué factores han desatado las protestas? La pandemia generada por el Covid-19 tuvo importantes efectos sobre la economía y la sociedad ecuatoriana. Tuvo un impacto en la desigualdad de ingreso, hubo una reducción del empleo tanto en la cantidad como en calidad. Otro aspecto donde la pandemia tuvo un alto impacto fue en el cierre de las escuelas que ha provocado distorsiones importantes en el sistema educativo y que puede tener impactos distintos entre diferentes grupos socioeconómicos pues el acceso a nuevas tecnologías es desigual entre la población. Las desigualdades y disparidades de género también se acentuaron durante la pandemia con efectos negativos para el bienestar de las mujeres. De acuerdo con el informe de la OCDE[2] las mujeres ecuatorianas están en primera línea en la lucha contra el COVID-19 representando el 69% de los empleados en el sector de salud (71.5% en el promedio de América Latina y el Caribe); además, son las más afectadas por la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerados cuando se dieron las medidas del confinamiento.
En 2022, según datos de la UNICEF,[3] la pérdida del empleo continúa afectando más a los hogares con niñas y niños (52%), por encima del promedio nacional (43%) y de la proporción de hogares sin niños (32%); aproximadamente 4 de cada 10 hogares cree que es más probable que sus ingresos se reduzcan en los próximos 3 meses, lo cual produce una recuperación económica lenta y desigual. Además de estos indicadores, al término de su primer año del Presidente Guillermo Lasso cuenta con baja aprobación, y un poco más de la mitad de los ecuatorianos y ecuatorianas desaprueban su gestión. Su gobierno se enfrenta a una de las peores crisis carcelarias vividas en Ecuador por el enfrentamiento entre bandas criminales y no cuenta con mayorías en el Congreso: 100 de los congresistas de 137 que conforman la Asamblea Legislativa son de la oposición.
Ante las demandas de los ciudadanos y ciudadanas que salieron a protestar a las calles el gobierno ha empleado la fuerza. Primero usó estrategias de desarticulación de los voceros y representantes de los movimientos, desprestigio de los lideres de las protestas, deslegitimización de las razones de la protesta, intimidación y miedo. Si bien en el primer día de protestas no se registraron graves incidentes, la violencia escaló rápidamente y en los días siguientes varios estudiantes han sido reportados como desaparecidos. La captura en la madrugada del martes 14 de junio del líder indígena Leónidas Iza Salazar, confirmada luego de la 1 a.m. por la propia CONAIE a través de su cuenta en Twitter, y liberado 24 horas después, dado que la Fiscalía no tenía argumentos jurídicos para mantenerlo preso, un error político del Presidente Lasso[4] que radicalizó la lucha a nivel nacional, se reportaron agresiones a periodistas que cubrían las protestas y se ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes estatales.
Por no mostrar la represión policial del gobierno, los activistas y manifestantes denunciaron la existencia de un “cerco mediático” favorable al Gobierno por parte de los medios tradicionales de comunicación. Esto abrió la oportunidad para que los medios de comunicación alternativos aparecieran en la escena desde las protestas de octubre de 2019, la mayoría de ellos dirigidos por jóvenes que han usado las redes sociales para mostrar la perspectiva de los manifestantes e impulsar sus propuestas comunicativas.
Si bien condiciones injustas pueden ser un factor que motive la acción política no es suficiente para que la gente salga a protestar. Para que exista la acción colectiva es necesario que se den oportunidades políticas, es decir, condiciones que permitan que la acción colectiva aparezca, así como organizaciones de movimientos sociales que sostengan la acción colectiva, en este caso, tanto los efectos de la pandemia, la poca favorabilidad del gobierno y un movimiento social fuerte han permitido la ola de protestas que hoy sacuden al Ecuador. La democracia es un proceso de lucha y negociación entre los distintos actores que la integran. De esta ola de protestas puede resultar que el gobierno y líderes de las protestas se sienten a dialogar y encontrar una solución concertada o puede suceder lo contrario: el aumento de la represión y la violencia. Dada la historia del país es difícil predecir qué sucederá, lo cierto es que el Ecuador se encuentra en una encrucijada democrática que requerirá una pronta solución.
[1] Tarrow, S. (2012). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza Editorial.
[2] OCDE: Impacto social del COVID-19 en Ecuador: desafíos y respuestas. Consultado el 17 de jun. de 22 https://www.oecd.org/dev/Impacto-social-COVID-19-Ecuador.pdf
[3] UNICEF Ecuador. Los efectos de la pandemia en el bienestar de los hogares en Ecuador Encuestas ENCOVID, resultados 2020-2022. Consultado el Viernes 17 de jun. de 22 https://www.unicef.org/ecuador/historias/los-efectos-de-la-pandemia-en-el-bienestar-de-los-hogares-en-ecuador
[4] El texto de Pablo Davalos “Ecuador: levantamiento indígena y neoliberalismo”, es esclarecedor sobre la crisis en actual en Ecuador: https://www.alai.info/ecuador-levantamiento-indigena-y-neoliberalismo/