Como en otros países del mundo, en México estamos padeciendo algunas consecuencias negativas de la globalización, pero también algunos efectos imprevistos e indeseables de la democratización y de un gobierno que perdió el control del crimen y la violencia. Otros problemas que ya se arrastraban, como la corrupción y la impunidad, se han agravado complicando la situación.
La transición desde el autoritarismo en México fue un proceso desigual y combinado en el que algunos de los poderes, niveles e instituciones del estado fueron permeables a la democratización, pero otros continuaron intactos. Los sindicatos corporativos, que se resistieron a la democratización, siguen sin contribuir a la consolidación de la democracia. Sectores empresariales, como las televisoras y algunos medios de comunicación masiva, tampoco se han sumado a la construcción de la democracia. El movimiento #YoSoy132, que emergiera durante las campañas electorales del 2012, intentó contener las pretensiones de las televisoras para convertirse en las grandes electoras impulsando a unos y desacreditando a otros candidatos ante el público.
El proceso de democratización en México estuvo centrado en los procesos electorales, bajo la presunción de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganaba las elecciones gracias al control que el Estado tenía sobre todo el proceso, desde la integración del padrón de electores, hasta el conteo de votos y la calificación de las elecciones. En esas condiciones la oposición democrática no se preocupó por impulsar cambios en otros componentes básicos de todo sistema democrático y las reformas fueron muy graduales y quedaron confinadas a lo electoral (Labastida and López Leyva 2004). En consecuencia, los problemas que no ha resuelto la democracia mexicana siguen siendo tan grandes que no faltan quienes sostienen que en México continúa el autoritarismo o que la transición fue frustrada, no ha concluido. Sin embargo, los espacios ganados por la pluralidad política, la alternancia en el poder, la rotación de las elites y otros datos, muestran logros democráticos significativos (Cadena-Roa and López Leyva 2011). Los avances están a la vista, pero los lastres siguen siendo monumentales.
El sistema presidencialista mexicano depositaba el ejercicio del “supremo poder Ejecutivo de la Unión” en un solo individuo (artículo 80 constitucional). Como consecuencia no prevista de la democratización, el poder que concentraba el presidente de la república, se fraccionó y desordenadamente se distribuyó hacia los gobiernos de los estados, el legislativo, las instituciones autónomas, entre otras. En la medida en que el presidencialismo mexicano carecía de un sistema de equilibrios y contrapesos efectivo, los centros que incrementaron recursos y poder se autonomizaron y corrompieron, lo cual abrió también los márgenes para el abuso del poder. Hay cerca de veinte gobernadores de los estados que enfrentan acusaciones de corrupción. Algunos están en la cárcel, otros están prófugos y algunos más siguen libres, quizá queden impunes.
Por su parte, los partidos de oposición que sobrevivían con dificultades en un sistema de partido hegemónico, fueron declarados entidades de interés público y reciben recursos fiscales suficientes para sostener sus actividades permanentes y de campaña. Sin embargo, sus miembros también se corrompieron, adoptaron prácticas clientelares y se han distanciado del electorado.
El año próximo, el 2018, tendremos elecciones para renovar el ejecutivo y el legislativo federales, así como elecciones concurrentes en 30 estados: 9 de gobernador y el resto de congresos locales y ayuntamientos. Aunque la democratización ha abierto todos los cargos a la incertidumbre electoral, se elegirán más de tres mil cargos en el 2018, en la práctica una sola elección, la de presidente de la República, concentra la atención nacional. El poder ejecutivo federal sigue siendo visto como el factótum, aunque es bien sabido que el poder legislativo tiene una influencia considerable: desde 1997 tenemos a nivel federal una situación de gobierno dividido. Los gobernadores y las legislaturas locales también han incrementado su poder.
El presidente Enrique Peña Nieto (PRI) tiene los índices de aprobación más bajos desde que se empezaron a medir esos índices. La opinión pública reprueba su desempeño por el mediocre crecimiento económico, la corrupción y los abusos de los derechos humanos registrados durante su gobierno.
Se estima que su partido, el Revolucionario Institucional, difícilmente obtendrá más de un tercio de los votos en las próximas elecciones federales. Pese a ello, su derrota no está asegurada debido a que la oposición se presenta dividida y desacreditada. El aumento de la violencia en el país es atribuido a decisiones equivocadas del presidente Felipe Calderón (2006-2012). Su partido, el de Acción Nacional (PAN) acaba de sufrir la escisión de su esposa, Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial por ese partido quien se registró como candidata independiente. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) llega menguado por la escisión de su candidato presidencial en 2006 y en 2012, Andrés Manuel López Obrador, quien formó un nuevo partido en 2014, el de Regeneración Nacional (MORENA). Además, pesa sobre el PRD el descrédito provocado por varios de sus gobiernos estatales (Cadena-Roa and López Leyva 2013). El PRD era el partido gobernante en Guerrero y en Iguala en 2014 cuando la policía local mató a varios estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y detuvo a 43 de ellos para entregarlos a un grupo criminal sin que se volviera a saber de ellos. En estas condiciones de debilitamiento de los tres principales partidos políticos nacionales, se está fraguando una alianza electoral inédita por la presidencia de la República entre el PAN y el PRD a la que se ha sumado Movimiento Ciudadano (MC). Aún está por verse si esa alianza se concretará. La dificultad que enfrentan es por la selección del candidato del Frente.
Lo anterior indica que, a pesar de los graves problemas por los que atraviesa el país, el sistema de representación política enfrenta severas limitaciones para reflejar la pluralidad del electorado, para que los representantes rindan cuentas y se sometan al imperio de la ley y para que se implementen soluciones a los graves problemas del país. No hay duda de que sin partidos no hay democracia, pero con los que contamos ahora tampoco.
En la democracia mexicana se cuentan mejor que nunca antes los votos, pero persisten graves violaciones de los derechos humanos. La más conocida de ellas es la desaparición forzada de los estudiantes normalistas, pero no es la única. Entre 2007 y 2016 se hallaron oficialmente 1,075 fosas clandestinas con 2,014 cuerpos.[i] Se han registrado también varias ejecuciones extrajudiciales. Aunque la ciudadanía ha intentado ejercer sus derechos civiles como si el régimen fuera democrático, la censura por motivos políticos, continúa disfrazada ahora de intereses comerciales. Tales fueron los casos del despido de Carmen Aristegui de MVS radio en 2015 luego de que diera a conocer los resultados de una investigación que develaba tráfico de influencias, conflicto de intereses y, en última instancia, corrupción que involucraban al presidente Peña Nieto y a su esposa. Recientemente, Leonardo Curzio renunció a la conducción del noticiero radiofónico matutino de NRM Comunicaciones luego de que el presidente del PRI se inconformara con los comentarios vertidos en una mesa de análisis y que la empresa le solicitara el despido de los comentaristas. Tampoco puede dejarse de lado que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 2015 y lo que va del 2107 han sido asesinados 35 periodistas, 10 en este año. El asesinato y otras agresiones a periodistas queda impune en el 90 % de los casos.[ii]
Hasta aquí por lo que toca a los avances parciales de la democratización mexicana y algunas de sus consecuencias imprevistas y no deseadas. Como en otros países, en México también se padecen los efectos imprevistos y no deseados de la globalización. Uno de ellos, de extrema gravedad, el narcotráfico ha crecido considerablemente luego de que se cerraran los accesos marítimos y aéreos para el contrabando de drogas hacia el centro de consumo más grande del mundo y la frontera mexicana con los Estados Unidos se convirtiera en el principal acceso a ese mercado. La contraparte de ese contrabando de drogas son las enormes cantidades de dinero que se usan para corromper, comprar y anular las acciones de autoridades mexicanas dedicadas a combatir sus actividades. Así, a la corrupción provocada por la falta de controles ciudadanos sobre el ejercicio gubernamental, se suma la corrupción fomentada por grupos criminales para que las autoridades los protejan y les permitan operar sin restricciones. También entran al país armas de alto poder con las que se han formado verdaderos ejércitos privados que superan en número y capacidad de fuego a prácticamente todas las policías locales. Esos ejércitos se usan con creciente frecuencia para ajustar cuentas entre bandas rivales y enfrentar la acción de las autoridades que no se han dejado corromper, o que favorecen a una organización criminal rival.
En estas condiciones, la política de combate al crimen organizado no ha disminuido el problema que le dio origen, la violencia, sino que ha provocado su incremento. Se calcula que en el 2006 había en México seis grandes organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que se distribuían operaciones en el territorio nacional. La acción del Ejército, la Marina y la Policía Federal, ha pulverizado a esos seis cárteles en unas 400 organizaciones menores dedicadas, ya no solo al narcotráfico, sino también al secuestro, la extorsión, el robo de combustible y descarrilamiento de trenes para saquear su carga.[iii] La guerra contra el crimen organizado desatada desde el 2006 a esta parte ha dejado ya un par de cientos de miles de homicidios dolosos. En lo que va del sexenio del presidente Peña Nieto se han abierto 94 mil carpetas de investigación por homicidio doloso, 16.3% más que en el mismo periodo de la administración anterior.[iv] Hasta finales del 2016, en el país había, al menos, 30,499 personas desaparecidas.[v] El número de desplazados de sus comunidades a causa de la violencia relacionada con el tráfico de drogas se acerca a 300 mil personas.[vi]
Una faceta complementaria de la corrupción es la situación de los sistemas de procuración e impartición de justicia que se encuentran corrompidos y son ineficaces a un grado difícil de creer. De cada 100 delitos graves que se cometen, solo una fracción es denunciada, una fracción de ella es investigada y menos del 2% del total concluye en una sentencia condenatoria. La impunidad de los delitos graves en México rebasa en promedio el 98%. Varias prisiones del país son controladas por los reos desde donde siguen operando sin dificultades.
El proceso de democratización y la defensa del estado de derecho son impulsados cada vez más claramente por la sociedad civil y los movimientos sociales, contra la resistencia de los poderes constituidos. Varias organizaciones de la sociedad civil impulsaron la Ley de Victimas, el sistema nacional anticorrupción y otras iniciativas. Sin embargo, el gobierno del presidente Peña Nieto no tiene prisa alguna para que funcione dicho sistema. En el momento de escribir estas líneas, el fiscal anticorrupción no ha sido designado, el Procurador General de la República renunció al cargo, y el Fiscal para Delitos Electorales, que investigaba la entrega de dinero de la empresa brasileña Odebrech al equipo de campaña del actual presidente de la República, fue cesado. Varios movimientos sociales defienden con firmeza los derechos humanos, el cese de la impunidad y la presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada, entre otras demandas amparadas por la Constitución de la República. Vemos que sigue vigente la tarea que la sociedad civil se impuso desde hace décadas para revertir el autoritarismo: promover la vigencia del estado de derecho y el funcionamiento de las reglas y las vías de la política institucional por vías no institucionales, es decir mediante protestas, movimientos sociales e iniciativa ciudadanas.
Concluyo con un llamado de atención sobre la importancia de las ciencias sociales en el momento actual, no solo en México, sino en todo el mundo. La llamada posverdad, que es el nombre que actualmente se le da a las mentiras, la demagogia, al engaño y a la manipulación populista de malestares sociales, exige la intervención decidida de parte de los científicos sociales que presenten diagnósticos fundados en evidencias y animen diversas formas de intervención social y política. La posverdad es probablemente uno de los enemigos públicos más importantes en la actualidad, sobre todo si consideramos que es un recurso que se usa con creciente frecuencia para ganar el voto de una electorado castigado y resentido por los efectos negativos del neoliberalismo y la globalización
Somos conscientes de que desmontar la posverdad puede venir con un precio. No parece casual que en estos momentos se estén multiplicando los ataques a varias universidades mexicanas y a algunos académicos en lo particular. Se trata de desacreditarlos y que prevalezca la confusión y la duda.
No queremos decir que todas las acusaciones estén infundadas, pero sí que antes de emitir juicios sumarios, lanzar generalizaciones y saltar a conclusiones se investigue, se recaben pruebas, se deslinden responsabilidades y se informe con transparencia. Los científicos sociales tenemos una doble responsabilidad. Como científicos, con la búsqueda de la verdad (o de las verdades derivadas de múltiples puntos de observación). Como ciudadanos, con la defensa de la democracia, la búsqueda del bien común y la atención y elaboración de propuestas de solución de los problemas nacionales.
En estos momentos urge la participación de los académicos más allá de las aulas, los cubículos y los laboratorios para derrumbar las mentiras, los prejuicios y la manipulación que encuentran un campo favorable por el malestar generado por los efectos no previstos e indeseables referidos y que se expresan con diversos grados de intensidad en todo el mundo.
En México, los científicos sociales tenemos la tarea de, entre otras cosas, explicar qué es la democracia y qué no es; por qué son importantes las elecciones libres, limpias e imparciales en las democracias; y también por qué son insuficientes para considerar un régimen como democrático; insistir en que la participación social en asuntos de interés público desde una perspectiva no gubernamental es indispensable; que es crucial la deliberación abierta y razonada, fundada en datos y evidencias que justifiquen las propuestas, las políticas públicas y las iniciativas de todos los actores; que las desigualdades sociales favorecen la persistencia de políticas clientelares y de intercambio político sobre las que se basa el populismo y la anti política; que es irrenunciable la defensa del estado de derecho y el combate a la impunidad y la corrupción; que requerimos de tribunales de justicia expeditos en los que se puedan hacer valer los derechos ciudadanos, desde el derecho a realizar contratos válidos, hasta el derecho a la libre asociación y a una vida libre de violencia; que debemos contar con policías y autoridades de todos los niveles dispuestos a combatir el crimen y la violencia y fomentar el uso de vías pacíficas para la solución de los conflictos y las controversias; que se deben regular efectivamente los mercados legales y de erradicar las condiciones que hacen posible la existencia de mercados negros. Hay más tareas. Sin abandonar las aulas, los cubículos y los laboratorios debemos ocuparnos también de ellas.
Referencias
Cadena-Roa, Jorge, and Miguel A. López Leyva. 2011. «La consolidación de la democracia en México: avances y desafíos (2000-2006).» Estudios Sociológicos 29 (86):415-62.
—. 2013. El PRD: orígenes, itinerario, retos. México: IIS-CEIICH-Ficticia Editorial. Colección «Café de altura».
Labastida, Julio, and Miguel A. López Leyva. 2004. «México: una transición prolongada (1988-1996/97).» Revista Mexicana de Sociología 64 (4):749-806.
Notas
[*] Intervención en el I Encuentro de Iberoamericano de Academias de Ciencias Morales, Sociales y Políticas y Academias de Ciencias Económicas. Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 16-18 de octubre de 2017.
[i] César Martínez. “Reportan más de mil fosas desde 2007.” Reforma, 23 de junio de 2017.
[ii] Reforma/Staff. “Critica la CNDH impunidad en agresion a periodistas.” Reforma, 19 de noviembre de 2017.
[iii] Benito Jiménez. “Advierten aumento de grupos criminales.” Reforma, 10 de octubre de 2017.
[iv] Antonio Baranda. “Repunta en sexenio homicidio doloso.” Reforma, 22 de noviembre de 2017.
[v] Zedryk Raziel. “Reportan 30,499 desaparecidos.” Reforma, 10 de septiembre de 2017.
[vi] César Martínez. “Desplaza violencia 287 mil en México.” Reforma, 12 de mayo del 2016.
