La sociedad civil cubana ha sido clasificada atendiendo a la existencia de varios actores y campos asociativos, con rasgos sociológicos y adscripciones ideológicas diferenciados. Las tipologías suelen reconocer la existencia del asociacionismo oficial tradicional, una zona emergente de nuevas organizaciones civiles surgidas en los años 80 y 90, y una franja opositora. Una tipología (Dilla & Oxhorn, 1999) identifica organizaciones de masas, asociaciones fraternales, culturales y deportivas, iglesias y congregaciones religiosas, ONG de desarrollo, movimientos comunitarios, cooperativas, centros y publicaciones académicos y grupos disidentes. Otra (Chaguaceda, 2008) identifica asociaciones paraestatales, asociaciones antisistémicas, asociaciones sectoriales o profesionales y asociaciones territoriales o populares.
Entre los especialistas gubernamentales, existe cierto debate sobre la denominación que se le deben dar en Cuba a las organizaciones de la sociedad civil de dicho país, así como de la pertinencia o necesidad de su existencia.[2] Se ha reconocido incluso la existencia de dos discursos para tratar con el fenómeno: uno “hacia adentro” y otro “hacia afuera”; alusivos a la sociedad cubana y sus contrapartes foráneos.[3] Pero la tónica general desde el Estado sigue siendo, sin embargo, de sospecha, control y restricción de agendas.
Entre los análisis más recientes y completos sobre la sociedad civil cubana destacan los de Marie Laure Geoffrey (2012), Marlene Azor (2016) y Velia Cecilia Bobes (2007). Las dos primeras han aportado rigurosos análisis -con base empírica- sobre los grupos cívicos emergentes, destacando la resistencia de estos a los intentos de control y cooptación estatal. Al tiempo que reconocen la dificultad de expandir sus acciones y conectar con las expectativas de una población cansada, desciudadanizada y enfrascada en la sobrevivencia cotidiana. Bobes, por su parte, ha realizado una exhaustiva evaluación histórica y legal del fenómeno cívico, relacionado con los cambios y permanencias del modelo de ciudadanía militante -dependiente del Estado- que subordina y restringe los derechos civiles y políticos a la construcción del socialismo.
A partir de ese modelo, el discurso oficial cubano reconoce, desde mediados de los 90, la existencia de una sociedad civil socialista, compuesta por organizaciones de masas como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). En todos los casos organizaciones afines al modelo leninista, concebidas como poleas de transmisión de las orientaciones estatales a las bases.[4] Algo cualitativamente distinto al corporativismo clásico conocido en otros regímenes autoritarios como el mexicano, donde la lealtad política al partido oficial no suprimía la posibilidad de reivindicar demandas e identidades subalternas en distintos formatos de negociación y presión. Bajo el esquema soviético, la lealtad de los trabajadores, vecinos y agremiados no necesita ser seducida o comprada sistemáticamente: se presupone ex ante cómo parte del diseño y funcionamiento políticos.
Las organizaciones de masas encuadran a franjas enteras de la población y desarrollan tanto objetivos políticos cuestionables -movilización y control de los ciudadanos- como tareas comunitarias positivas: campañas sanitarias, recolección de material reciclable, saneamiento barrial. La participación en las organizaciones de masas ha decrecido, particularmente en calidad y compromiso. La asistencia a sus actividades se ha visto rutinizada, aunque ese descontento no se refleja en acciones del pueblo por el cambio debido a la falta de personalidad jurídica, la no legalización de las organizaciones de la sociedad civil alternativa y los mecanismos de control político vigentes. En el plano legal, las organizaciones de masas, aunque reconocidas constitucionalmente, no se inscriben en ningún registro, y su existencia viene condicionada por la encomienda estatal impuesta.[5]
En los años 90 aparecieron, al margen del modelo tradicional, gérmenes de una sociedad civil alternativa. Relacionada ésta con respuestas a los déficits de oferta de servicios y bienes -como la alimentación urbana, la educación comunitaria, el cuidado ambiental y la reparación de viviendas populares- impulsadas por intelectuales reformistas y el protagonismo de pastores cristianos identificados con el gobierno (Dilla y Oxhorn, 1999; Chaguaceda, 2008). Por otro lado, la necesidad de recursos económicos que tradicionalmente garantizaba el Estado facilitó la vinculación de sus instituciones con agencias de cooperación extranjeras -mayormente europeas- ONG, fundaciones y diversos programas internacionales y regionales.[6]
Surgieron organizaciones y movimientos comunitarios, asociaciones ligadas al mundo religioso (católicos, protestantes, hebreos, ortodoxos, cultos afrocubanos), grupos ambientalistas y culturales, que expresaron una mayor diversificación (nuevos actores y agendas) de la sociedad civil (Dilla y Oxhorn, 1999). Los niveles de desarrollo (y supervivencia) de estos actores han estado condicionados por su nexo (autonomía negociada) con el Estado. Las nuevas organizaciones (asociaciones, fundaciones) comienzan entonces a llamarse no gubernamentales. Incluso algunas de las tradicionales organizaciones de masas y asociaciones profesionales, comenzaron a (re)denominarse, en foros y documentos, de esa forma.
En este periodo se realizaron varias reuniones[7] dentro y fuera de la isla, en el marco del “Programa de Relaciones con ONG europeas”, donde participaron alrededor de treinta organizaciones que se reconocían como parte de una naciente comunidad no gubernamental cubana. Dichas reuniones fueron un momento de aprendizaje sobre el establecimiento de agendas propias para los vínculos con la cooperación internacional. Las organizaciones cubanas, cuyas actividades se habían desarrollado fundamentalmente con los países del extinto campo socialista, enfrentaban dificultades por su desconocimiento en la elaboración de proyectos con contrapartes externos y una pobre capacidad autogestionaria. Abogaban por una mayor autonomía en la administración y en la coordinación entre ellas y mejor difusión de sus actividades. Lo que propició que fueran vistas con recelo por el Estado.
Desde una arena diferente, comenzaron a aparecer varias organizaciones cuya agenda de trabajo o visión programática eran opuestas a las del régimen vigente (Hidalgo, 1994). Una parte estuvo representada por asociaciones de defensa de los derechos humanos -como el Comité Cubano Pro Derechos Humanos-, otra, por colectivos de periodistas independientes -como Cubapress-; algunas se dedicaron a labores de formación cívica -Vitral- y asistencia comunitaria. Esa oposición no se expandió lo suficiente, por la represión directa que padeció y, en ciertos casos, por la propia fragmentación de los grupos que la integran.
En ese campo cívico apareció, a partir de 2001, el “Proyecto Varela” (una propuesta de referéndum para reescribir la Constitución) impulsado por el Movimiento Cristiano Liberación, encabezado por Oswaldo Payá. La dura represión sobre esa iniciativa -con el encarcelamiento de 75 disidentes en 2003- aumentó la visibilidad del sector opositor, pues parte de los procesos fueron transmitidos por la televisión. Mujeres y madres de los presos se organizaron para pedir la liberación de sus familiares, creando el movimiento Las Damas de Blanco. La audacia de esas mujeres, que desafiaron la agresión física y moral en las calles de la Isla, les ganó el apoyo de instituciones internacionales, de la Iglesia católica, y de ONG y de grupos de militantes en Europa, Estados Unidos y América Latina. Dentro de Cuba también obtuvieron respeto y visibilidad, y fueron apoyadas por artistas e intelectuales críticos (Lüters, 2006).
En los últimos años, con la ampliación de la actividad y visibilidad de la disidencia -campañas y manifestaciones públicas, reuniones de formación en inmuebles privados- creció también la represión dura: mítines de repudio con turbas civiles movilizadas, detenciones arbitrarias, registros domiciliarios, desalojos con uso de la fuerza pública -incluidas tropas especiales- así como agresiones físicas y nuevos encarcelamientos prolongados. Grupos como Las Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fueron los protagonistas de estos sucesos, en directa correlación a su protagonismo mediático y activismo público (Chaguaceda y Torrealba, 2017).
En diciembre de 2019, el parlamento cubano aprobó un cronograma donde se establecen los plazos y cambios legislativos derivados del proceso constituyente. Según se informó, hasta 2028 deberán aprobarse 107 nuevas normas jurídicas, entre las que se encuentra la largamente reclamada Ley de Asociaciones -marcada para julio de 2022- que deberá regular las formas asociativas y su funcionamiento.
Sin esperar por esos “cambios”, en Cuba se han expandido el accionar y las restricciones del asociacionismo y movilización autónomos de la ciudadanía cubana. Estos abarcan desde las protestas por la criminalización del arte independiente -con un hito alrededor de la figura y trabajo del artista Luis Manuel Otero Alcántara-,[8] pasando por la céntrica protesta de casi un centenar de los llamados “cuentapropistas” -gremio que abarca a trabajadores informales, autoempleados y dueños de pequeños negocios particulares- en la provincia Villa Clara.[9] También por las reivindicaciones de los defensores de los animales, los reclamos de habitantes de zonas populares denunciando déficits de su hábitat[10] y la profesional cobertura mediática -con reportajes de investigación incluidos- del periodismo alternativo emergente.[11]
Lo sucedido en este período es resultado del accionar y los aprendizajes, acumulativos y fragmentados, de años anteriores.[12] Pese a las restricciones del contexto, movimientos como el LGBTTI y de defensa de los animales, por mencionar algunos, han puesto en tensión al control estatal al mostrar la contradicción entre una sociedad más viva y diversa y un orden político-legal enfocado en el control vertical y la anulación de lo emergente.[13]
Los miembros de esa sociedad civil hacen balance de logros y desafíos. Reconocen que “la vida cotidiana de la sociedad civil cubana es muy complicada, la excesiva burocracia (…) el excesivo control político de sus actividades y relaciones, y la constante amenaza de intervención, inspección y control más allá de lo regulado” (Fernández, 2020). En un tono moderadamente optimista se reconoce que “la sociedad civil cubana está ahora en un momento de reconfiguración (…) No importa si se trata de emprendimientos productivos autónomos, proyectos de comunicación, o activismos proDerechos Humanos: todos han recibido la fuerte presión del sistema. Han logrado resistir, y en algunos casos afianzarse” (Díaz, 2020).
Contra el desarrollo del sector conspira la desarticulación, a lo largo de los último 62 años, de las instituciones, valores democráticos y formas de actuación que contribuyen a la formación de una cultura cívica auténtica y al empoderamiento de la ciudadanía.[14] De ahí que se señale la necesidad de “superar la expresión sectorializada de los intereses (…) superar el espacio virtual como principal escenario de actuación y (…) las segmentaciones basadas en criterios políticos” (Viera, 2020).
Referencias
Azor, Marlene, 2016, Discursos de la resistencia. Los proyectos políticos emergentes en Cuba, Editorial Hypermedia, Madrid.
Bobes, Cecilia, 2007, La nación inconclusa. (Re) constituciones de la ciudadanía y la identidad nacional en Cuba, FLACSO, México DF.
Caraballo, Leonel, 15 de febrero 2008, Entrevista, Dirección Jurídica Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente: La Habana
Chaguaceda, Armando, 2008, “Participación y espacio asociativo”, en Chaguaceda, Armando (comp.) Participación y espacio asociativo, Ediciones Acuario, La Habana.
Chaguaceda, Armando y Torrealba, Carlos, 2017, “¿La calle es de los revolucionarios? Post-totalitarismo y activismo opositor en Cuba”, En ¿Fin del giro a la izquierda en América Latina? Gobierno y políticas públicas. Torrico, M. (edit.) FLACSO México. CDMX
Díaz, Teresa, 3 de junio de 2020, Entrevista, Filósofa, Universidad de la Habana.
Dilla, Haroldo y Oxhorn, Philip, 1999, “Cuba: virtudes e infortunios de la sociedad civil”, Revista Mexicana de Sociología, Vol 61, No 4, Oct-Dic , pp. 129-148.
Fernández, Julio, 23 de junio de 2020, Entrevista, Jurista, Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo.
García, Miriam, 13 de febrero de 2007 y 26 febrero 2008, Entrevista, Directora, Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia.
García, Rita, Directora, Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo. Entrevista, 12 de julio de 2020.
Geoffray, Marie Laure, 2012, Contester à Cuba, Dalloz, París.
Hidalgo, Ariel, 1994, Disidencia. ¿Segunda Revolución Cubana?, Ediciones Universal, Miami.
Lüters Gamboa, Erika María del Carmen, 2006, Las Damas de Blanco: las mujeres de los prisioneros de la Primavera Negra de Cuba – 1a ed., Fundación Cadal: Buenos Aires
Mora, Lázaro, 1 de marzo 2008, Entrevista, Ex-promotor del Programa de Relaciones con ONG europeas.
Soto, Amado, 13 de marzo 2008, Entrevista, Funcionario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Viera, Eloy, 8 de julio de 2020, Entrevista, Jurista y miembro del Colectivo + Voces.
[1] Una versión ampliada de este artículo se encuentra en Johanna Cilano (2022). “La sociedad civil en Cuba: barreras persistentes, emergencias recientes”. Desacatos 69: 64–79, https://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/article/view/2523
[2] Así, una directiva del Ministerio de Justicia indica que “no se les debe denominar ONG, eso significa fuera del gobierno, en Cuba se utiliza asociaciones y fundaciones cubanas, pues ONG resulta un término político (…) son vinculadas al Estado, coadyuvantes a sus programas” (García, 2008). Visión restrictiva que coincide con la de un alto funcionario del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), para quién “las verdaderas asociaciones cubanas son aquellas que trabajan con voluntariado, con mucha modestia, no motivados por la búsqueda de recursos”. Según este, el término ONG es “(…) un término político, que se define por negación, es cuestionable y ambiguo” y no debería ser el utilizado para referirse a las asociaciones cubanas” (Soto, 2008).
[3] Desde esa perspectiva, se entendía deseable que “no se le puede temer a los conceptos, sino apropiarnos de ellos y llenarlos de contenido, utilizar el mismo que está reconocido universalmente y no fomentar la producción de discursos paralelos (…) no hay razón para temerles a las ONG ” (Caraballo, 2008).
[4] Al respecto la profesora universitaria Teresa Díaz Canals (2020), con larga trayectoria en el acompañamiento de organizaciones civiles, reconoce que, las autoridades “Hicieron aparecer como no gubernamentales a algunas instituciones que responden de manera absoluta al gobierno, como son los CDR, la FMC, la CTC”.
[5] Para la jurista Miriam García (2008), directora de Asociaciones del Ministerio de Justicia, algunas asociaciones profesionales se convierten en espacios con limitadas agendas; en ciertos casos con un marcado interés político, como la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC). Lo que se comprende por la relación directa con el monopolio de la prensa por parte del Estado que existe en Cuba.
[6] Entonces, según lo comenta Rita García (2020), directora del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, una de las organizaciones legalmente autorizadas de mayor relevancia dado su trabajo continuado por tres décadas, “quedaron fuera una serie de organizaciones y grupos emergentes no formalizados, que existen hoy en Cuba. Dígase Blogs, grupos y proyectos/asociaciones comunitarias y culturales, periodistas independientes, plataformas web alternativas, movimientos LGTBI, afrodescendientes; donde la ciudadanía diversa y plural, pueda expresarse y se palpe esa diversidad de personas que, con categoría de ciudadanos y ciudadanas, generalmente de manera colectiva, actúen para tomar decisiones en el ámbito público, fuera de las estructuras gubernamentales”.
[7] Lázaro Mora (2008), antiguo diplomático y promotor del Programa de Relaciones con ONG europeas, destaca las celebradas en 1993 (La Habana), 1995 (Madrid y La Habana) y 1996 (Bruselas).
[8] Ver https://www.youtube.com/watch?v=9DbupuaIDpY&feature=youtu.be y https://adncuba.com/noticias-de-cuba/derechos-humanos/esto-sigue-regimen-libera-luis-manuel-otero-alcantara
[9] Ver https://www.youtube.com/watch?v=rgdGo2RzVNw&feature=youtu.be
[10] Ver https://www.youtube.com/watch?v=89O0-cbQm00&feature=youtu.be
[11] Ver https://adncuba.com/noticias-de-cuba/imponen-multa-de-120-dolares-periodista-independiente-monica-baro
[12] Ver https://www.ipscuba.net/sociedad/2019-del-activismo-digital-a-la-accion-ciudadana/
[13] García (2020) comenta “en la Cuba actual se están desplegando movimientos alternativos y opiniones diversas en cuanto a los derechos y deberes de los(as) ciudadanos(as) (…) han influido mucho las redes sociales a pesar del aún limitado acceso a internet y sus excesivos precios”.
[14] “Esa desarticulación ha desarmado a la ciudadanía cubana y en muchas ocasiones ha mutilado sus esfuerzos al construir proyectos sociales e impulsar actores que contribuyan a la existencia de una sociedad civil pujante. Las escasas herramientas con las que cuenta la sociedad civil cubana actual no han sido desarrolladas autóctonamente sino que han sido alcanzadas en muchas ocasiones por los intercambios con actores e instituciones foráneas que han traspasado know how y formas de actuación desconocidas al interior de la Isla” (Viera, 2020).
