Los conflictos sociales actuales no pueden ser explicados exclusivamente por el sistema económico – industrial tradicional, pues se han trasladado a otras áreas que afectan la identidad personal, el tiempo y el territorio. En este sentido, la acción de los movimientos no se reduce a la política institucional asociada al Estado-nacional, corresponde también a la política no institucional, la cual no se prevé en las doctrinas ni en la práctica de la democracia liberal y del Estado de Bienestar. El auge de los movimientos feministas, de preservación medioambiental, etnicidad, inmigración, paz, son una manifestación de nuevos conflictos sistemáticos de la modernidad posindustrial sobre la autonomía, la calidad de vida, el reconocimiento de las minorías y las políticas identitarias.

¿Cómo se han generado condiciones específicas en América Latina para la aparición de una sociedad civil organizada? Latinoamérica es una región marcada por las desigualdades, la violencia y la inseguridad. En este sentido, la aparición de una sociedad civil organizada que demanda cambios sociales fundamentales como incorporación al sistema político, defensa del medioambiente y, de manera muy característica, lucha por los derechos humanos, es una respuesta a esas condiciones de desigualdad, violencia e inseguridad que enfrenta. Pero la lucha, la de toda la vida, imprescindible para cambiar el rumbo de las cosas (parafraseando el famoso poema de Bertolt Brecht) puede conducir a finales trágicos y no tan poéticos.

El asesinato de activistas es la punta del iceberg de una violencia sistemática donde previamente han ocurrido intimidaciones, amenazas, desplazamientos e incluso extorsiones que no siempre son reportadas ante las autoridades. Los riesgos también son asumidos por las familias y comunidades donde líderes y lideresas viven, lo cual implica que la conflictividad no es solo individual sino colectiva con un coste social muy alto. Además, este tipo particular de violencia reduce la capacidad de acción de los movimientos y activistas al tiempo que se desincentivan los liderazgos (Marín & Vélez, 2021). Nótese que la desincentivación no procede del activismo como tal, sino de la falta de garantías para el ejercicio político de la ciudadanía.

Veámoslo con datos. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 2022 se constituyó como un año violento en América Latina siendo asesinadas 126 personas defensoras de derechos. De estos hechos, 26 ocurrieron en Colombia, 8 en Brasil, 4 en México.ⁱ En 2023, el panorama parece no cambiar y persiste la violencia hacia defensores: en los primeros cuatro meses del año se registraron 33 asesinatos en la región, cifra superior a los 27 casos registrados en el mismo periodo en 2022. En Colombia, por ejemplo, se recibieron 71 denuncias de las cuales 13 fueron verificadas. Brasil tiene ocho, Honduras seis y en México se han comprobado cuatro casos (en Perú se han documentado dos casos).ⁱⁱ La mayoría de las víctimas son defensores del medio ambiente, el territorio, afrodescendientes e indígenas.

Uno de los casos más graves es el asesinato a personas defensoras de la tierra y el territorio. En un informe de la ONG Global Witnessⁱⁱⁱ se señala que, entre 2012 y 2021, al menos 1.733 personas alrededor del mundo fueron asesinadas por defender el medioambiente, por otro lado, muchas de las denuncias de ataques contra líderes medioambientales se encuentran relacionadas con empresas de explotación minera. En América Latina ocurrieron dos terceras partes de los siniestros y varios de los países de la región ocuparon siete de los diez primeros lugares más mortíferos para defender el medio ambiente; el peor caso es el de Brasil donde se registró el mayor número de homicidios, le siguen Colombia, México (4), Honduras (5), Guatemala (6), Nicaragua (9) y Perú (10). En 2020, Colombia fue el peor país para la defensa de la tierra, pero en 2021 México pasó a ocupar este primer puesto. En dicho país se registraron 54 de los 200 asesinatos a nivel mundial para ese año.

En lo analizado por la ONG durante el periodo estudiado, los porcentajes de las muertes se dividen así: 39% han ocurrido en pueblos indígenas, 11% han sido a mujeres defensoras y 68% del total de los casos ocurrieron en América Latina. A pesar de haber entrado en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, la defensa del medio ambiente sigue siendo una actividad de riesgo. Dicho acuerdo tiene tres objetivos principales: acceso a la información ambiental, participación pública de todos los actores en las tomas de decisiones ambientales y garantías de acceso a la justicia para los defensores ambientales. La importancia del acuerdo radica en que la paz medioambiental es necesaria en países donde ha existido el conflicto en aras de construir paz en los territorios y para las comunidades (Marín & Vélez, 2021) y, por tanto, esta violencia no es solo hacia lideres y lideresas medioambientales sino también para los países.

Aunque los defensores del medio ambiente han sido de los grupos más afectados por la violencia, es preciso tener presente otras poblaciones víctimas de violaciones de derechos humanos. La situación de violencia perpetrada hacia la población LGBTI+ en distintos contextos, por ser considerada transgresora de las normas tradicionales de género, ha escalado en toda la región. En Colombia, durante el 2023, han ocurrido tres asesinatos, una vivienda fue incendiada y se han distribuido panfletos amenazantes hacia líderes sociales de esta población. En marzo, en Cuautla, Morelos, México, fue asesinado un líder LGBTI+. Casos como el de Honduras también son significativos: de acuerdo con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de este país (CONADEH), entre 2009 y el 2021 murieron de forma violenta 434 personas pertenecientes a la población LGTBI+. Al 13 de junio del 2022 la cifra aumentó con 20 casos más registrados por el organismo.^iv

La persecución de la cual son víctima las y los defensores de derechos humanos, debido a su lucha por el reconocimiento de la identidad cultural y sexual o defender el territorio, se aviva por la presencia de grupos armados, economías ilícitas y extractivistas de los recursos, empresas multinacionales y un sistema binario de género. Para comprender las dificultades que enfrentan activistas de derechos humanos en su ejercicio político, se precisa relacionarlas con el sistema democrático: la capacidad para negociar y buscar salidas consensuadas hace parte de democracias sólidas. Por otro lado, la garantía de las libertades fundamentales y la participación social en la adopción de decisiones sociales deben ser garantizadas en el estado de derecho; sin embargo, la violencia en la que los Estados incurren por acción y omisión muestra que los procedimientos que regulan el acceso al poder político son aún deficientes, asimismo, la falta de garantías para defensores ha sido una constante y va incrementando.

A modo de conclusión, al optar por constitucionalismos democráticos las sociedades deben contar con espacios de convivencia más ordenados y participativos en los distintos ámbitos en los cuales se da la vida en comunidad. El aumento sostenido de los asesinatos en el tiempo de líderes y lideresas sociales es un síntoma de una grave crisis humanitaria que enluta a nuestra región. Por otro lado, estos asesinatos no son causados por asuntos personales (como en algunas ocasiones se ha argumentado), son programados y planeados para silenciar las voces de quienes defienden la vida y el territorio. Entender que se trata de una situación sistemática puede ayudar a brindar protección y garantías para que las personas puedan defender sus derechos sin que esto les cueste la vida.

Referencias

Marín Llanes, L., Vélez. M. A. (2021). Violencia contra líderes sociales y ambientales:¿qué sabemos y qué podemos hacer? Universidad de Los Andes.