Entre el 13 de junio y el 30 de junio Ecuador vivió una intensa oleada de protestas convocada inicialmente por el movimiento indígena al que se sumaron otros sectores sociales: feministas, educadores, transportistas, estudiantes. A diferencia de otros paros que habían sido mayoritariamente de participación del movimiento indígena, este paro logró mayor presencia de otros sectores de la sociedad civil con una larga lista de demandas. Todo esto me lleva a compartir unas reflexiones que espero contribuyan a comprender lo que sucedió en el país andino, una reflexión más calmada un mes después de las protestas. Primero haré una síntesis general de lo sucedido durante el paro; segundo, analizaré las condiciones de la represión durante las protestas y finalmente, presentaré una reflexión sobre el panorama incierto que hoy vive el Ecuador.

El paro nacional se extendió por dos semanas en medio de una crisis social, económica y política que parecía no dar tregua. El gobierno respondió con una fuerte represión que dejó seis manifestantes muertos, más de 500 heridos entre uniformados y civiles y unos 150 detenidos, según diversas fuentes. Tras un ataque contra militares en la madrugada del martes 28 de junio en la región de la Amazonía, un uniformado resultó muerto y 12 resultaron heridos.

La presión de los protestantes llevó a una mesa de diálogo entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) para intentar encontrar una solución concertada a la crisis. El presidente anunció el domingo 25 de junio una reducción del precio de los combustibles, una de las demandas de los grupos indígenas que protagonizan las protestas. Previamente, el gobierno había anunciado la condonación a familias campesinas de deudas vencidas de hasta 3,000 dólares y la reducción de las tasas de interés para los créditos aún vigentes con el fin de desmovilizar a los manifestantes. Pero no surtió el efecto esperado. Los diálogos ocurrieron en medio de una tensión exasperante, el presidente no asistió a los debates aumentado así el descontento en las calles. El 30 de junio, finalmente, firmaron un entendimiento gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que culminó con el cese de las manifestaciones. Las negociaciones se venían realizando desde la madrugada y fue anunciado lo concertado en rueda de prensa. Sin embargo, cuando debían firmar lo pactado, el movimiento indígena empezó a abuchear a pesar de que la dirigencia del movimiento estuvo de acuerdo con el texto final.

Todo esto ocurrió en medio de unas movilizaciones que fueron violentas desde el principio. Della Porta y Diani (2011) señalan que uno de los aspectos más importantes por parte del Estado para contener la protesta es su control o el manejo que la policía e incluso los militares hacen de ella. Este control es un elemento importante para entender la relación entre el Estado y los movimientos sociales, puesto que permite calibrar la calidad de la democracia: si durante una oleada de protesta hay mayor represión y se tornan violentas o si hay mayores posibilidades de dialogo entre las partes. La represión es un mecanismo de desmovilización de la acción o mejor aún un control de la acción colectiva contenciosa. Ante la represión puede suceder que las protestas se radicalicen y los movimientos sociales logren ser más asertivos o institucionalizarse, que las organizaciones se incorporen a las rutinas de la política de todos los días.

Della Porta y Diani (2011) señalan nueve comportamientos de la policía: puede variar el uso de la fuerza, el grado de extensión de la conducta ilegitima, las estrategias para el control de diversos actores, el respeto a la ley por parte de la policía, el momento en el que interviene, el grado de comunicación con los manifestantes, la capacidad para adaptarse a situaciones emergentes, el grado de formalización de las reglas de juego y el nivel de entrenamiento. Todas acciones se pueden combinar y determinar el rumbo que tomen las protestas. El resultado son dos modelos diferentes y consistentes en el orden público. El primero es un modelo de escalada de fuerza donde hay poca comunicación entre policías y manifestantes y donde priman modelos coercitivos. El segundo es un modelo negociado de control donde se prioriza la protesta pacífica. En el primer modelo, ocurre cuando el grado de democracia es bajo, el segundo cuando el grado de democracia es alto.

Lo que ha sucedido en las dos semanas de protestas en el Ecuador es un ejemplo del primer modelo, un modelo de escalada de la violencia que tuvo como resultado inicial la  polarización de la ciudadanía. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), al observar el desarrollo de las manifestaciones en el marco del Paro Nacional en Ecuador, advirtieron la agudización de las tensiones sociales.[1] En medio de este caos el presidente se enfrentó a un proceso de destitución liderado por el partido opositor Unión por la Esperanza, vinculado con el expresidente Rafael Correa pero no logró sumar los 92 votos que necesitaba para lograr la destitución.

A su vez, las organizaciones de la sociedad civil manifestaron preocupación ante la detención de dirigentes, posibles casos de abuso de la fuerza policial, incluyendo incursiones en sedes universitarias y la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la ciudad de Quito, donde se alojaban manifestantes. Si bien el Estado quien reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima, en la clásica definición del Estado de Max Weber, urge establecer con prontitud las circunstancias en que fallecieron las personas y por supuesto atender a las violaciones de derechos humanos cometidos durante el paro.

La escalada de la violencia resulta condenable, en especial, si tenemos en cuenta las graves violaciones de derechos humanos cometidos a lo largo del paro nacional. Como bien señala el sociólogo Charles Tilly (2022) el problema se agudiza cuando intentamos dar descripciones de la política contenciosa. Los actores políticos van a dar explicaciones sobre lo que está sucediendo desde la orilla donde se ubican y justificar sus acciones durante la oleada de protestas, condenando o elogiando las actuaciones de los individuos como buenas o males, acertadas o repudiables, lo cierto es que ambos bandos van a describir sus acciones como violencia virtuosa: el Estado va a argumentar que lo hizo para defender el orden público, los manifestantes en defensa de la dignidad del pueblo ecuatoriano.

Las protestas cesaron, como cesan todas las protestas y lo hicieron en medio de un descontento generalizado de los sectores sociales que participaron en las protestas y de una incertidumbre generalizada. El movimiento indígena en Ecuador mostró una vez más su capacidad de convocatoria con un fuerte movimiento de base. El Gobierno, y más específicamente el presidente, logró mantenerse en el poder pero con una popularidad y aprobación bajas. Si bien se logra reducir el precio a los combustibles, la demanda detonante, el país aún tiene problemas en áreas como salud, educación, empleo y calidad de vida. El paro además, explotó otro grave problema de la sociedad ecuatoriana: el racismo estructural, pero eso es tema para otra columna.

Una reflexión final. Los actores pueden elegir entre recuentos instrumentalistas opuestos. Es necesario reconocer el carácter conversacional de la disputa, comprender su contribución a las interacciones y a la búsqueda de soluciones a los conflictos presentes en cualquier sociedad democrática.

Referencias

Della Porta, D., & Diani, M. (2011). Los movimientos sociales. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Tilly, C. (2022). Sobre violencia colectiva, política contenciosa y cambio social. México: IIS-UNAM.

[1] CIDH y RELE observan con preocupación la agudización de tensiones sociales en Ecuador e instan a un diálogo urgente, inclusivo y efectivo. OEA, Comunicado de prensa, 24 de junio de 2022. https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/145.asp