Chile: estallido social y camino constituyente Carla Peñaloza Palma

Chile: estallido social y camino constituyente

El domingo 25 de octubre del 2020 fue una jornada histórica para Chile. Los resultados del plebiscito llevado a cabo ese día dieron una amplísima mayoría a la opción Apruebo, 78.99% versus 21.73 % del Rechazo, y terminan con la constitución de Pinochet, después de treinta años de iniciada la transición a la democracia. No es una exageración señalar que recién ahora se puede dar por finalizada dicha transición, o incluso que esta consulta debió realizarse hace treinta años, para poder dar paso a una verdadera democracia, tras 17 años de dictadura.

Es importante destacar que este plebiscito no habría sido posible sin las masivas movilizaciones iniciadas el 19 de octubre en todo el país. Las movilizaciones comenzaron por el alza de pasajes del metro, escalaron en intensidad, cuestionaron las bases del modelo económico, causante de las profundas desigualdades entre la población, un estado disminuido incapaz de asegurar derechos básicos, y que convirtió en mercancía algunos tan esenciales como la salud y la educación. La consigna «no son treinta pesos, son treinta años» expresaban el rechazo a la perpetuación de la dictadura en este ámbito. Si en 1988 el país había votado contra la permanencia de Pinochet en el poder, las movilizaciones exigían acabar con su herencia.

Así es posible entender que las demandas del movimiento se aglutinaran en una exigencia impostergable: una nueva constitución, pues era una de las mayores trabas para realizar transformaciones sociales y económicas de importancia.

La constitución de 1980 marcó la institucionalización del proyecto refundacional de la dictadura. Elaborada por su ideólogos -liderados por Jaime Guzmán, fundador del movimiento gremialista-, fue impuesta al país a través de un plebiscito fraudulento, sin registros electorales, y sin campaña política permitida para la oposición, en medio de un clima de terror producto de la represión ejercida desde el golpe de estado 11 de septiembre de 1973.

Además de su origen ilegitimo, la constitución de 1980 consagraba un modelo político y económico que favorecía a una elite, consagrando libertades y no derechos en aspectos tan fundamentales como la educación. Las familias tenían el derecho a elegir qué tipo de educación recibir, pero el derecho a recibir a una educación gratuita y de calidad, no estaba asegurado.

Una vez acabada la dictadura, su constitución siguió vigente y tal como esperaba Jaime Guzmán, siguió vigente y cumpliendo el cometido con que fue hecha: “La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora – el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario.»[1]

Guzmán era admirador del franquismo, pero consideraba que precisamente había fallado en la perpetuación del régimen y, muerto el dictador, muere su obra. Ese error, en Chile, se corrigió con la constitución que hoy llega a su fin.

Hasta ahora, se habían realizado sólo pequeñas reformas. Las más importantes bajo el gobierno de Ricardo Lagos, que permitían, depues de quince años de transición a la democracia, acabar con los senadores designados y vitalicios y acabar con la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carbineros. El mismo Pinochet había ocupado un sitio en el parlamento hasta su detención en Londres en 1998.

Durante su segundo mandato, la presidenta Bachelet, convocó a un proceso constituyente con participación de la ciudadanía, que permitiera formular una nueva carta magna, sin embargo, esta iniciativa fue boicoteada por la derecha, auto-designada garante del legado del dictador, pero también por algunos sectores de su propio gobierno.

La masividad y fuerza de las movilizaciones iniciadas en octubre de 2019 permitieron que un parlamento, cada vez menos legitimado ante la ciudadanía, recogiera el guante y acordara convocar a un plebiscito para derogar la constitución de 1980 y elegir el mecanismo para redactar una nueva. Las opciones eran a través de una convención constitucional, es decir, la elección de 155 representantes populares, especialmente para esta misión. Movilizaciones posteriores al acuerdo hicieron posible asegurar una convención de carácter paritario en términos de género, la primera en el mundo. Sin embargo, los escaños reservados para pueblos originarios están aún en trámite de discusión en el parlamento.

Originalmente el plebiscito se realizaría en abril de 2020. Sin embargo, la pandemia de covid-19 que ha azotado al mundo hizo postergar la elección. Finalmente, el domingo 25 de octubre, y aún en condiciones sanitarias de cuidado, se llevó a cabo este inédito proceso. El primer resultado alentador fue la alta participación que alcanzó el 50% del padrón electoral. Desde el año 2012 en Chile el voto es voluntario, y este es el porcentaje de votación más alto hasta ahora. En cuanto a la cantidad de votantes, fue también la votación más alta desde el retorno a la democracia. En relación a las alternativas el triunfo de la opción Apruebo una nueva constitución, si bien no fue una sorpresa, impresiona el alto porcentaje que obtuvo.

Cabe recordar que los sectores más conservadores de la derecha – entre ellos la Unión Democrata Independiente (UDI) y parte de Renovación Nacional (RN)- que forman parte de la coalición gobernante, se pronunciaron por la opción Rechazo y la Convención Mixta como opción para su redacción, mientras que el presidente nunca se pronunció públicamente en favor de ninguna de las dos opciones.

Por otra parte, y en relación al mecanismo que debe redactar la nueva constitución, este sector se manifestó por la convención mixta, es decir, la mitad de sus integrantes electos por la ciudadanía para ese propósito. Sin embargo, el porcentaje que apoyó la opción de la Convención Constituyente alcanzó el 78.99%. Los porcentajes son elocuentes, y refuerzan el malestar expresado en las protestas del año pasado. La inmensa mayoría de los chilenos quiere cambios importantes, que electoralmente no se habían expresado de manera tan contundente como hasta ahora.

Lo más interesante es que durante 30 años el país fue conducido como si hubiese estado partido por la mitad. De un lado quienes apoyaban con más o menos entusiasmo el legado dictatorial, y quienes querían cambiarlo. Sin embargo, es evidente, que el modelo político y económico estaba sustentado en una minoría. En este plebiscito lo que se expresó fue la opinión de las mayorías, que hasta ahora se habían sentido persistentemente marginadas. De ese modo podemos visualizar un aumento considerable de la votación de los jóvenes y de los sectores populares.

La opción de Rechazo a nueva constitución ganó sólo en cinco comunas de todo el país. Dos extremas, como Colchane, lugar de frontera en el norte de Chile, y la Antártica, donde vive el personal de las bases militares de la zona. Las otras tres, las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, son las zonas de más altos ingreso y se concentra el 1% más rico del país.

Hasta ahora Chile ha sido gobernado como si estuviese ideológicamente dividido en dos. Sin embargo, los resultados del plebiscito dan cuenta de una inmensa mayoría de acuerdo con transformaciones más profundas, que permitan profundizar la democracia y recuperar derechos sociales perdidos con la dictadura. En este momento, la disputa política está centrada, precisamente, en como se representa la diversidad del país y esa mayoría en la Convención Constituyente que se elegirá el 11 de abril de 2021, y cómo se expresan las demandas más sentidas de la ciudadanía y que den fruto a una nueva constitución, debatida, redactada y aprobada en democracia.

Por último, no podemos olvidar, que este complejo desafío se da en medio de las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas desde la dictadura, y con ocasión de las movilizaciones sociales, lo que deja planteada la urgente necesidad de poner al centro el respeto de la dignidad humana, de cualquier proyecto de futuro para Chile.

 

[1] https://www.latercera.com/reconstitucion/noticia/la-influencia-de-jaime-guzman-en-la-constitucion-del-80-mitos-y-verdades/3DEDI7WOAFAULBTLN3W22MDQAE/

Fotografía: AFP/Martin Bernetti

Carla Peñaloza Palma

Doctora en Historia por la Universidad de Barcelona. Magister en Historia de la Universidad de Chile, Licenciada en Historia y Sociología, Universidad de Chile. Académica del Departamento de Ciencias Históricas de la facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina. Directora del Diplomado Educación, Memoria y Derechos Humanos Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Temas de investigación: Memoria y derechos humanos, Historia Reciente, género, en el contexto de los regímenes deictadtoriales del cono sur. Senadora Universitaria (2018-2022). Entre sus publicaciones destacan: Horvitz, M. Eugenia y Peñaloza, Carla (coords.) Exiliados y desterrados del Cono Sur de América. 1970-1990. Santiago de Chile, Erdosain Ediciones, 2016 y Peñaloza, Carla El camino de la memoria. De la represión a la justicia en Chile, 1973-2013. Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2015.

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