Plebiscito constituyente en Chile: el camino para dejar atrás la Constitución de Pinochet Francisco Espinoza Rabanales y Gonzalo Parra Coray

Plebiscito constituyente en Chile: el camino para dejar atrás la Constitución de Pinochet

El domingo 25 de octubre, por primera vez en su historia democrática, el pueblo de Chile vivió un plebiscito nacional para decidir si se dará inicio al proceso de redacción de una nueva Constitución que permita dar por finalizado el legado de la dictadura cívico-militar que tuvo lugar entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.

La Constitución chilena actualmente vigente, data de 1980, y si bien ha sido objeto de varios procesos de reforma, se sigue considerando ilegitima tanto en su origen como en su contenido. La falta de legitimidad de origen se sustenta en que fue redactada por una Comisión designada por partidarios del golpe militar, y donde el plebiscito de ratificación fue realizado sin registros electorales, sin oposición política y con el dominio absoluto sobre los medios de comunicación. Es ilegitima respecto de su contenido, toda vez que el diseño que se adoptó tenía por objeto evitar el Gobierno de la mayoría, sustento básico de todo régimen democrático. Tal como señalara Jaime Guzmán, uno de los ideólogos de la Constitución, “la Constitución debe procurar que, si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”.

La anulación del principio mayoritario se pudo apreciar con el sistema electoral binominal, que tendía al empate entre las dos principales fuerzas políticas generando un congelamiento del sistema político, la existencia quórums contramayoritarios para la aprobación de las leyes, y el establecimiento de senadores designados y senadores vitalicios. Todo ello, buscando que no se pudiese gobernar con el principio mayoritario, sino que fuese necesario consensuar con la segunda fuerza política (por lo general representado por la derecha chilena), quienes tenían poder de veto de acuerdo con el diseño institucional entramado en la Constitución del régimen militar.

En Chile se han realizado importantes modificaciones a la Constitución, siendo la de 2005 la más importante, ya que eliminó gran parte de los denominados enclaves autoritarios de la dictadura: i) la imposibilidad del presidente de remover a los jefes de las Fuerzas Armadas y al Director de Carabineros y; ii) la figura de los Senadores designados y Senadores Vitalicios.

Pese a los diversos cambios que ha sufrido la carta magna, la realidad chilena ha evidenciado que el Estado no ha logrado establecer un mecanismo que permita procesar las diferencias sociales, y es precisamente esta situación, la que se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto.

La movilización política para el cambio constitucional tiene un historial que se arrastra desde fines de la década de los 90, en donde se aprecia una baja en la identificación partidaria de la ciudadanía, acompañado de una caída sostenida en la participación electoral y un incremento de la desafección y desconfianza en las instituciones, tanto públicas como privadas. A ello se añade, la sensación de sobrerrepresentación del nivel socioeconómico alto en la toma de decisiones pública, la brecha de género en la representación y la percepción de un alto nivel de influencia de los empresarios en el Congreso. Si a lo anterior se suman los escándalos de corrupción, colusión y abusos de los últimos años, se potencia la imagen de imposibilidad de influir efectivamente en la toma de decisiones, lo que desincentiva la participación y aumenta el malestar social con el modelo de desarrollo del país.

El diagnóstico de las deficiencias del sistema no es algo que no se haya visto venir, como han señalado algunas autoridades de Gobierno. De hecho, el Informe de Auditoría de la Democracia 2019 del PNUD, señala que entre 2003 y 2012 hubo un incremento en el número de protestas, pasando de 100 a 400, así como también la cantidad de personas que participaron en ellas. Los años 2011 y 2018 fueron testigos, a través de las marchas del movimiento estudiantil y el movimiento feminista respectivamente, de las mayores demostraciones públicas de acción colectiva desde 1989 en pleno proceso de transición democrática.

Este creciente malestar ciudadano había sido identificado por todos los sectores políticos del país en la elección presidencial del año 2013, donde los nueve candidatos y candidatas presentaban en sus programas de gobierno definiciones de la cuestión social que estaba germinando en Chile, para lo cual se proponían diversos cursos de acción para abordarlos, siendo un eje central de estas propuestas el llevar adelante un proceso de cambio constitucional.

En 2014, la recién electa presidenta Michelle Bachelet organizó un Proceso Constituyente con una estructura que aseguraba la participación ciudadana y que consideraba la vía institucional para dotar al país de una nueva carta fundamental. En esta iniciativa denominada Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía, participaron más de 200.000 personas, y finalizó con un proyecto de nueva Constitución presentado al Congreso. Sin embargo, con el cambio de Gobierno, y por ende de prioridades políticas, esta iniciativa no avanzó y hasta el día de hoy se encuentra en su primer trámite en el Congreso.

El hecho de que este proceso participativo haya quedado estancado y que las expectativas ciudadanas hayan sido invisibilizadas da cuenta de una oportunidad política desperdiciada y de una falta de visión estratégica de la clase política para canalizar el conflicto que las instituciones no han sido capaces de procesar, y que hoy sabemos ha sido crucial para la acumulación de un descontento ciudadano que se desbordó desde octubre de 2019 iniciando un ciclo de protestas en contra de los déficit sociales del modelo de desarrollo y la clase política en general.

Hasta entonces, el país había sido caracterizado ampliamente por la literatura comparada como una de las sociedades más estables en la región y con una representación política basada en vehículos tradicionales tales como partidos políticos y sindicatos, entre otros. La excepcionalidad chilena, sin embargo, ocultaba un fenómeno más agudo y que comenzó a ser cuestionado desde la irrupción del ciclo de protestas estudiantiles a mediados de 2006 con el denominado movimiento de los “pingüinos” (por las vestimentas de los estudiantes secundarios), y continuado en 2011 con los movimientos estudiantiles, medio ambientales, de pueblos originarios y organizaciones territoriales. En otras palabras, la matriz socio política que había dado estabilidad al país mostraba ya en la década anterior señales claras de agotamiento y de erosión de los vínculos entre las instituciones políticas formales y los actores organizados de la sociedad. El problema fue mayor en tanto las autoridades políticas y los partidos privilegiaron excluir de sus agendas las conflictividades sociales que la ciudadanía veía en desmedro de un proceso de toma de decisiones tecnificado y altamente elitizado.

La baja intensidad en la política contenciosa en Chile desapareció y dio lugar al nuevo ciclo de movilizaciones y protestas sociales. El nuevo rasgo distintivo no solo fue el cuestionamiento a la exclusión de las demandas sociales de la competencia política, sino la autonomización de las formas de acción colectiva y, por lo tanto, el divorcio de los miembros de la política institucional, y la expansión de las agendas de los movimientos sociales desde problemas sectoriales y fragmentados hacia cuestiones estructurales como la Constitución Política de 1980. La polítización “desde abajo” es el resultado de un marco susceptible para la movilización social y política por fuera, y en contra de los canales institucionales de mediación de intereses.

El 18 de octubre de 2019 fue el punto de inflexión. El alza en el pasaje del Metro a comienzos de octubre agudizó el malestar generalizado en la población. Los estudiantes, mediante la organización de evasiones masivas al pago del servicio de transporte dieron inicio a una movilización, que luego de un par de semanas, derivó en una masiva convocatoria, no tan solo en Santiago, sino a lo largo del país, que dio inicio a lo que se ha denominado “el estallido social”, el cual a través de diferentes acciones espontáneas, tanto pacificas como violentas, tenían como eje común el llamado a generar un nuevo acuerdo, que acortara las brechas sociales y eliminara las desigualdades, que mejorara las pensiones de los adultos mayores y en definitiva, que hiciera un cambio mayor al sistema político y económico que sustenta el modelo chileno.

Casi un mes después del inicio del estallido social, diferentes fuerzas políticas vieron en el cambio constitucional una válvula de escape que pudiese descomprimir la tensión en las calles y apaciguar los hechos de violencia que se registraban de manera recurrente en diferentes zonas del país. El 15 de noviembre de 2019, se firmó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, suscrito por 10 partidos con representación parlamentaria, y en donde se definió la realización de un plebiscito en el cual se realizarían dos preguntas: si se quiere o no una nueva Constitución, y qué órgano debe redactarla: una Convención Constitucional (conformada por 155 personas electas democráticamente, en donde además operaría un criterio de paridad en la asignación de los escaños) o una Convención Mixta Constitucional conformada en un 50% por miembros elegidos por la ciudadanía y en 50% por parlamentarios que sean escogidos para este órgano.

Si bien este acuerdo no logró desmovilizar a la ciudadanía, que seguía marchando todos los viernes hasta marzo de 2020, sí logró contener de manera institucional el conflicto socio político en Chile, avanzar hacia una nueva Constitución, y poner el plebiscito como uno de los ejes centrales de la agenda pública.

La realización del plebiscito se convirtió en un gran desafío, ya que implicó que todos los políticos salieran de su zona de confort y buscaran nuevas formas de acercarse y establecer un vínculo con la ciudadanía. Pero la definición de cómo deben entender los partidos políticos las nuevas formas de representación política y si basta con ponerse del lado de las demandas ciudadanas o si es necesario generar nuevas estructuras de participación y colectivización en la toma de decisiones, son preguntas que plantean un dilema respecto del futuro del sistema político en su conjunto, ya que no hay certezas de que la nueva Constitución sea condición suficiente y necesaria para detener el proceso de desconfianza y desestructuración de la organización y de la competencia política en la sociedad chilena.

Los resultados del plebiscito fueron claros. La opción del Apruebo, es decir, que están de acuerdo con avanzar en el proceso para redactar una nueva Constitución, se impuso con el 78,3% de los votos, mientras que la alternativa del Rechazo, para mantener la Constitución vigente, obtuvo un 21,7% de las preferencias. De la misma forma, el órgano que deberá redactar el nuevo texto constitucional será la Convención Constitucional con carácter paritario, siendo la primera experiencia de este tipo a nivel mundial, la cual obtuvo un 79% de los votos contra un 21% de la opción de la Convención Mixta. Así, los siguientes pasos corresponden a la elección de los 155 convencionales constituyentes el 11 de abril de 2021, quienes tendrán un plazo aproximado de un año para redactar una nueva Constitución, la que será sometida nuevamente a plebiscito ratificatorio de la ciudadanía durante el segundo semestre de 2022.

La decisión adoptada por el pueblo chileno el día 25 de octubre representa un reto mayor, ya que la alta participación permitirá construir el capital democrático para establecer un nuevo contrato que nos defina como sociedad, así como también dar una respuesta institucional a los requerimientos ciudadanos surgidos en el estallido social y que puede marcar el devenir de nuestro sistema político, así como también de las futuras movilizaciones a lo largo del país. Asimismo, será interesante analizar como la institucionalidad chilena a pesar de estar enfrentada a un desborde social y algunas expresiones de violencia generalizada logró conducir por los canales formales las alternativas de solución a la crisis política y social más importante desde el quiebre democrático en 1973.

Finalmente, el órgano constituyente recibirá una alta atención ciudadana e internacional en cuanto tendrá una composición paritaria perfecta entre hombres y mujeres (única el mundo), y escaños reservados para los pueblos originarios. Una nueva oportunidad surge para que la sociedad chilena resuelva sus desafíos pendientes y, por qué no, se reestablezcan los vínculos entre la ciudadanía, partidos políticos y otras plataformas de representación de interés. El camino es de esperanza. Solo queda esperar.

FOTO: AFP/Martin Bernetti

Francisco Espinoza Rabanales

Francisco Espinoza Rabanales es Administrador Público y Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile y miembro del equipo de investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Sus áreas de interés son Relaciones Ejecutivo-Legislativo, representación política y sistemas electorales.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *