Tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 26 de septiembre de 2016, se dio inicio a un proceso de renovación de fuerzas políticas y sociales en el país, al mismo tiempo que surgieron nuevos desafíos en términos económicos, políticos y ambientales.
Dentro de los mayores desafíos se encuentra la recuperación del monopolio de la violencia por parte del Estado. En los tres procesos de desmovilización más importantes de las últimas décadas con grupos armados irregulares (el proceso de paz de Belisario Betancourt con las FARC en 1985, el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares de Álvaro Uribe en 2006 y el actual proceso de paz de Juan Manuel Santos, nuevamente con las FARC) han surgido fuerzas paralelas que se oponen a la negociación y que han optado por la violencia como forma de reacción.
Centrándonos en el actual proceso, es posible confirmar la dificultad del Estado de proteger a sus ciudadanos de la violencia si revisamos las cifras de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en los últimos meses. Según el informe anual sobre agresiones a defensores de derechos humanos en Colombia del Programa Internacional Somos defensores, en 2016 fueron asesinados 80 defensores,[i] mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha reportado a través de su último informe que en 2017 la cifra es de 41 homicidios.[ii]
Dentro de este grupo de defensores asesinados y amenazados, se encuentran líderes sociales cuya lucha ha sido específicamente la defensa del ambiente y del territorio. Aquí viene entonces un segundo desafío para el Estado colombiano: hacer compatible la lucha de los grupos sociales que nacen en los territorios rurales del país con la búsqueda de la paz. En términos formales, este reto se encuentra superado en parte dentro del acuerdo escrito ya que uno de los 6 puntos establecidos ha sido denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”.
Sin embargo, el número de líderes asesinados revela que las zonas rurales se encuentran hoy en un estado grave de vulnerabilidad. Muchas de sus reivindicaciones continúan sin ser escuchadas e incluso, resultan contrarias a un modelo económico nacional que favorece la inversión extranjera y la explotación de recursos naturales a gran escala, en sintonía con otros gobiernos de la región latinoamericana. En ese sentido, un movimiento ambiental fuerte podría resultar, según algunos sectores de la sociedad colombiana, contraproducente para los “intereses nacionales”. Cabe preguntarse antes ¿existe un movimiento social ambientalista en Colombia?
El movimiento ambientalista en Colombia ¿una ficción?
Dentro del campo teórico de los movimientos sociales se ha dado una enorme discusión acerca de la necesidad o no de contar con una definición sobre lo que se entiende por movimiento social. Cada corriente ha respondido a esta discusión de diferentes modos y por ello, algunos investigadores han intentado sintetizar este ejercicio tomando los puntos de encuentro entre las diferentes posiciones y construyendo una definición relativamente válida para todos. Mario Diani en su intento de síntesis definía a los movimientos sociales como “una red de interacciones informales entre una pluralidad de individuos, grupos y/o organizaciones, comprometidos en un conflicto político y cultural, y sobre la base de una identidad colectiva compartida” (Diani 1992: 13).
Bajo esta definición, podría decirse que existe un movimiento ambientalista en el caso colombiano, pues existe una red de actores que bajo la bandera ambiental han desarrollado ciertas acciones y que han configurado, con el tiempo, cierta identidad colectiva. Según Isaías Tobasura, el movimiento ambientalista colombiano existe a partir de la década de los setenta gracias a la influencia externa de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente en 1972 y a eventos internos como la creación de grupos de reflexión sobre el ambiente en algunas universidades públicas del país. Ello estuvo alimentado permanentemente por las manifestaciones estudiantiles y campesinas de los setenta (Tobasura, 2003).
En este movimiento descrito por Tobasura, existe una multiplicidad de actores entre los que se destacan intelectuales de clase media, organizaciones no gubernamentales y grupos sociales de carácter étnico (comunidades negras e indígenas) y campesino. Existe, sin embargo, una gran diversidad de actores, de intereses e interpretaciones de estos grupos frente al ambiente y al territorio, por lo que no es conveniente incluirlos a todos dentro de la sombrilla del “movimiento ambientalista colombiano” si queremos responder a preguntas como cuáles han sido sus estrategias y recursos de movilización o cuáles han sido sus alcances hasta hoy.
Por ello, considero útil hacer una separación básica (y muy rudimentaria) entre dos tipos de contendientes o challengers (en términos de Tilly y Tarrow) de los asuntos ambientales:
- a) aquellos grupos de intelectuales y profesionales de disciplinas cercanas al ambiente que han desarrollado un conocimiento sobre cómo obtener recursos internacionales para una defensa del ambiente de corte conservacionista. Según Tobasura, éstos han desarrollado una “«cultura del proyecto» o la gestión eficiente de recursos a través de expertos formuladores de proyectos o dinámicos relacionistas públicos. La mayoría de estas organizaciones han logrado profesionalizarse al punto que todas adoptaron el portafolio de servicios y las técnicas de gestión de recursos como su guía de acción” (Tobasura 2003: 114). A este tipo de ambientalistas podríamos denominarlos entonces contendientes “desde arriba”.
- b) Aquellos grupos sociales generalmente asentados en zonas rurales y herederos de una identidad indígena, negra y / o campesina que comprende su lucha como una forma de conservar su cultura y como defensa de su relación con un territorio que es sustento de vida. Podríamos denominarlos como contendientes “desde abajo”. Si bien estas luchas se iniciaron en la mitad del siglo XX en Colombia, ha sido a partir del siglo XXI que estos grupos han comenzado a identificarse con el lenguaje ambientalista, lo que les ha permitido construir redes nacionales e internacionales para visibilizar sus reivindicaciones y, de alguna manera, ha transformado sus marcos de comprensión del problema y sus estrategias de acción.
Frente a estos dos grupos, resulta muy enriquecedor analizar a los últimos, en la medida en que son los que actualmente desafían al Estado: mientras que el primer grupo se ha adaptado a los últimos gobiernos nacionales al ver incorporado un lenguaje ecológico en la Constitución Política y en algunas leyes nacionales, el segundo grupo ha aprendido a usar herramientas tanto formales como informales para desafiar el modelo económico y cuestionar las políticas públicas actuales.
Uno de los ejemplos más claros es la Red de Comités Ambientales y Campesinos en Defensa de la Vida creados en el departamento del Tolima. A partir de 2009, diversos grupos de actores se han organizado para lograr el objetivo común de defender el departamento del proyecto de explotación aurífera a gran escala liderado por la multinacional AngloGold Ashanti. Para analizar el desarrollo y el alcance de esta red se responderán a continuación cuatro preguntas: ¿Cuáles han sido sus marcos interpretativos para desarrollar acción colectiva? ¿Cuáles han sido sus estrategias de acción? ¿Cuáles han sido sus oportunidades políticas? ¿Cómo las han aprovechado?
Red de Comités Ambientales y Campesinos en defensa de la vida
En cuanto a los marcos de acción colectiva de la red, entendiendo por marcos aquellos esquemas de interpretación que permiten a los individuos ordenar sus vivencias (Goffman, 1979), es importante decir que se han venido transformando a través de los años: En un primer momento, los habitantes de la región enunciaban su defensa como una lucha por la conservación de su vocación agrícola y su identidad campesina. Hoy en día, hay una apropiación de un conocimiento ambiental acerca de los efectos nocivos sobre el agua y sobre el suelo. Este conocimiento ha sido adquirido a partir de la capacitación de los miembros de la red en diplomados y cursos recibidos en la Universidad del Tolima. Adicionalmente, colectivos como Cosajuca han contribuido a comprender la defensa del ambiente como una defensa de los derechos humanos y, por lo tanto, como una defensa a la democracia. Finalmente, los miembros de la red han sumado a su discurso el derecho que poseen de decidir por sí mismos el destino de sus municipios. Lo anterior se ha dado en la medida en que se han apoderado de herramientas constitucionales como la consulta popular.
Justamente ha sido la consulta popular una de las estrategias de acción más visibles de la Red. Hay que advertir que en el caso colombiano se trata de una herramienta cuyo resultado es de carácter vinculante para las autoridades respectivas. Hasta el año 2013, las consultas se habían utilizado para resolver temas locales sin trascendencia nacional. A partir de la consulta del 28 de julio de 2013 realizada en el municipio de Piedras (Tolima) en la cual más del 97% de los votantes rechazó todo tipo de actividad minera, se desató una controversia alrededor de si los municipios pueden o no decidir sobre la explotación de recursos naturales. A partir de allí, los diferentes niveles del gobierno y los distintos ministerios han entrado en contradicción, pues por un lado hay ciertas decisiones que respaldan la protección del medio ambiente mientras que otras favorecen la explotación a gran escala.
El desconcierto y la incertidumbre generados por la consulta popular ha ido en aumento al sumarse al ejercicio de Piedras, las consultas de Cajamarca (epicentro del proyecto liderado por AngloGold Ashanti), de Tauramena (Casanare), de Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), de Pijao (Quindío), y de Cumaral (Meta). Todas ellas han resuelto rechazar con más del 90% las actividades mineras y petroleras en sus territorios.
Sin entrar en los conflictos jurídicos y políticos que se han desatado en el último año y que han ensombrecido el logro del gobierno de la firma de la paz, pues el gobierno nacional ha apoyado la posición de las empresas explotadoras, se debe resaltar el éxito de la estrategia para llamar la atención de las autoridades competentes y para romper el statu quo en las instituciones formales del Estado. A ello se le pueden sumar estrategias tradicionales como la movilización y la resistencia civil y la realización de carnavales por la vida, entre otras.
Finalmente, podría interpretarse que la Red de Comités Ambientales ha creado una oportunidad política al usar la consulta popular para defender su posición, pues si bien se trata de una herramienta creada en la Constitución de 1991, sólo se convirtió en arma de lucha cuando se puso al servicio de los derechos ambientales y territoriales en 2013.
Podría pensarse que la existencia de un acuerdo de paz se traduce en una ventana de oportunidad para que los grupos sociales sean tomados en cuenta. Ello ha sido cierto para algunos grupos; sin embargo, en el caso de los grupos que defienden el ambiente desde las zonas rurales ha existido una serie de obstáculos que los han convertido en centro de amenazas y juicios. Son catalogados por algunos representantes del gobierno nacional como opositores al desarrollo del país, como ignorantes o desinformados; algunos ciudadanos los han denominado incluso como yihadistas ambientales. Adicionalmente, han recibido amenazas a su vida. Ejemplo de ello, lo sucedido a finales de julio cuando dos líderes del colectivo Cosajuca fueron amenazados con arma de fuego mientras desarrollaban actividades de capacitación en la zona veredal de Cajamarca.[iii]
La situación anterior revela que los grupos ambientalistas desde abajo están desafiando no sólo el discurso proteccionista del gobierno nacional sino el modelo económico del país. En ese sentido, el proceso de paz actual no alcanza a ser un proceso incluyente ni garantista de lo que algunos han llamado hoy la paz territorial, es decir, una paz capaz de reconocer que no existen recetas únicas, sino que cada territorio debe ser tratado según sus necesidades, sus capacidades y sus tradiciones.
Referencias
Diani, M. (2015) “Revisando el concepto de movimiento social”. Encrucijadas. Revista crítica de Ciencias Sociales 9, 1-16.
Goffman, E. (1979) Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. London: Harper and Row.
Tobasura, I. (2003) El movimiento ambiental colombiano, una aproximación a su historia reciente. Debates ambientales 26, 107-119.
Notas
[i]https://somosdefensores.org/attachments/article/144/Contra%20las%20cuerdas.%20Informe%20Anual%20Espan%CC%83ol%20220217227p.pdf
[ii]http://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/informe-de-onu-sobre-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-colombia-en-2017-83444
[iii] http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/denuncian-atentado-contra-dos-lideres-ambientales-en-cajamarca-articulo-705539
