El debate en torno a la sociedad civil va estrechamente ligado a los procesos de democratización vividos por naciones de Latinoamérica, Europa meridional y del este, así como diversas regiones de Asia y África en las últimas tres décadas. Concebida como esfera de la sociedad compuesta por diversos tipos de movimientos y organizaciones sociales, medios alternativos y otros actores diferenciados del estado y el mercado, la sociedad civil (en su variante / vocación democrática) ha sido identificada con los principios de autonomía, autorganización y autolimitación (Arato y Cohen, 2000). Pues son la construcción de normas, valores, formas de organización y actuar, así como de incidencia ajenas a las del sistema político y el mundo empresarial elementos centrales en su constitución.
La sociedad civil se estructura, en buena medida, producto de la necesidad que tienen los ciudadanos de involucrarse activamente de cara a procesos que, nacidos en los espacios políticos y económicos, impactan sus vidas cotidianas y afectan de diverso modo sus derechos e intereses. En el seno de aquella se encuentran disimiles actores sociales que comienzan a reconocerse e interconectarse desde su diversidad, para solventar lo que les preocupa. La sociedad civil es entonces un espacio social plural, caracterizado por la organización de ciudadanos, a partir de lógicas de autonomía, solidaridad y representación de identidades específicas, para enfrentar demandas colectivas, problemas comunitarios e incidir en lo público.
Una sociedad civil fuerte y protagónica es imprescindible para la salud democrática de un país, pues propicia grados de participación importantes y dinámicas de retroalimentación entre la sociedad civil y el gobierno. En un emotivo discurso en 2012, Min KoNaing, activista por la democracia en la (aún) autoritaria Birmania decía que “sin la cooperación de la gente, el gobierno no puede construir una sociedad democrática. El gobierno no introdujo reformas porque se preocupaba por el bienestar de la gente, ellos cambiaron porque la gente lo demandó” (Naing, 2012).
Desde esta perspectiva, la sociedad civil es un elemento en la correlación de fuerzas entre el gobierno que administra las instituciones y la sociedad que sirve como fiscalizador de dicha gestión. Sin embargo, no pretendemos establecer una visión simplista o binaria del par sociedad civil-gobierno, sino que entendemos esta correlación como un elemento difuso y diverso. El funcionamiento de un gobierno desde dentro del engranaje del Estado, por muy centralista que sea, nunca es monolítico y homogéneo, y su relación con distintos grupos de la sociedad civil también varía, pudiendo ser en algunos casos más cercana y cooperativa y en otros más hostil.
Cuba vive, desde hace casi 60 años, bajo un régimen de tipo soviético –hoy en una fase postotalitaria- que consagra el monopartidismo, la ideología de estado, el control estatal de la economía, la educación y los medios masivos, así como el accionar extendido de una policía política carente de frenos -y escrúpulos- como elementos de control social. En el tema de las organizaciones sociales, la Constitución vigente (de 1976, reformada en 1992 y 2002) reconocen la primacía del partido único y el estado sobre las principales organizaciones sectoriales (de masas) de tipo leninista: obrera, campesina, estudiantil y femenina. Donde -como muestran a continuación los datos de V-Dem-[1] las oportunidades de participación ciudadana desde la sociedad civil se mantienen en niveles precarios, como resultado de las acciones de control y represión del gobierno hacia cualquier forma de autorganización y autonomía.
Fuente: https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
Entre los análisis más recientes y completos sobre la sociedad civil cubana destacan los de Marie Laure Geoffrey (2012), Marlene Azor (2016) y Velia Cecilia Bobes (2007, 2015). Las dos primeras han aportado rigurosos análisis -con base empírica, a partir de trabajos de campo- sobre los actores emergentes y opositores, destacando la resistencia de estos a los intentos de control y cooptación estatal, al tiempo que reconocen su dificultad de expandir sus acciones y conectar con las expectativas de una población cansada, desciudadanizada y enfrascada en la sobrevivencia cotidiana. Bobes, por su parte, ha realizado una exhaustiva evaluación del fenómeno, relacionándolo con los cambios y permanencias del modelo de ciudadanía vigente, que es pertinente referir a continuación.
Bobes ha identificado la vigencia de un modelo de ciudadanía militante -leal al proyecto oficial y dependiente del Estado- articulado alrededor de los derechos sociales, que subordina y restringe los derechos civiles y políticos a la construcción del socialismo. Dicho modelo remite a un tipo de sociedad (homogénea e igualitaria) que está siendo hoy rebasado por el aumento de la desigualdad, la pobreza y la diferenciación territorial, la diversificación de identidades y estilos de vida, el auge de la corrupción, los flujos migratorios, etcétera. Frente a aquel modelo de ciudadano, se produce en el último medio siglo un proceso simultáneo de adaptación discursiva desde el campo oficial (presentando como sociedad civil a las clásicas organizaciones de masas y algunas organizaciones no gubernamentales reconocidas) y emergencia de actores abiertamente opositores o presuntamente alternativos tanto a la oficialidad como la disidencia.
El desarrollo de la sociedad civil cubana permanece secuestrado por las leyes e instituciones. Desde 1997, el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia no permite -amén de la regularización de alguna que otra ya existente- la inscripción de nuevas organizaciones. Además, a las ya reconocidas se les establece un “órgano de relación”, que no es otra cosa que una entidad estatal que vigila y tutela su trabajo. Para rematar, la supuesta representación de segmentos enteros de la sociedad que enarbolan algunas de las asociaciones existentes -sobre todo las de masas– se convierte en monopólica, lo que también juega en contra de la inscripción de nuevas organizaciones de mujeres, abogados, campesinos, etcétera. En temas tabú como derechos humanos o rendición de cuentas, la labor de la sociedad civil oficialmente reconocida es escasa acotada a experiencias puntuales / locales, fuertemente vigiladas por el Estado.
La sociedad civil oficial
El discurso oficial cubano ha presentado, desde mediados de los 90, la existencia de una “sociedad civil socialista,”[2] compuesta por organizaciones de masas como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). En todos los casos, se trata de organizaciones afines al modelo leninista de participación vertical y autonomía restringida, que encuadran a franjas enteras de la población y desarrollan tanto objetivos políticos cuestionables -movilización y control de los ciudadanos- como tareas comunitarias positivas: donaciones de sangre, recolección de materias primas reciclables, saneamiento barrial, etcétera. La participación en las organizaciones de masas ha decrecido, particularmente en calidad y compromiso. La asistencia a sus actividades se ha visto decrecida y rutinizada, aunque ese descontento no se refleja en acciones del pueblo por el cambio debido a la falta de personalidad jurídica / no legalización de las organizaciones de la sociedad civil alternativa, los mecanismos de control político vigentes y la mentalidad de sobrevivencia en que la sociedad cubana se encuentra.
En las más masivas de estas asociaciones, los CDR, las personas que ocupan responsabilidades a nivel de cuadra son las mismas de hace diez a veinte años, pues los jóvenes no aceptan responsabilidades. Entre los CDR esa situación debilita el control social que permitía impedir o solucionar crímenes y mantener la crítica social y política en niveles bajos, por lo menos en el espacio público (Salas, 1979). Hoy resulta extremadamente rara una reunión del CDR, organización que ni siquiera convoca para la que alguna vez fuera su función esencial de vigilancia revolucionaria, de modo que ya no se realizan las guardias nocturnas que caracterizaron las décadas anteriores. Incluso en numerosos barrios ni siquiera se festeja el 28 de septiembre, la fecha en que se fundó la organización.
La CTC se conserva como mecanismo de transmisión de las directrices del gobierno e instrumento de control para mantener neutralizados a los trabajadores, pero su función de socialización de los valores revolucionarios (Rosendahl, 1997) ya no existe. El énfasis en la búsqueda de la eficiencia y la productividad, el acotamiento del accionar reivindicativo de los trabajadores a la participación en asambleas de base (fragmentando lo que debería ser un movimiento nacional) y la manipulación de la historia de la organización, son notorios en los documentos derivados del XX Congreso de la CTC.[3] Frente a la inexistencia de un movimiento sindical autónomo y de una organización que represente los intereses de los trabajadores, la pertenencia a la CTC, sin embargo, es prácticamente obligatoria en cada centro de trabajo estatal, en los que los trabajadores son coaccionados para afiliarse. El tema de los bajos salarios ha influido en el desinterés de los afiliados, lo que se reflejó en los cambios en la fecha de celebración del XX Congreso y de la directiva que encabezó la organización de aquel evento. Las medidas oficiales que afectan a algunos sectores del trabajo cuentapropista, así como el aumento de los impuestos y otras igualmente impopulares también han puesto de relieve la inutilidad de pertenecer a una organización sindical incapaz de representar o defender los derechos e intereses de sus afiliados.
Otros espacios más diversos y autónomos de la Sociedad Civil
Desde finales de los años ochenta, aparecieron organizaciones de oposición política al gobierno cubano. Una parte son asociaciones de defensa de los derechos humanos (como el Comité Cubano Pro Derechos Humanos), otra se constituye de protopartidos políticos con distintas orientaciones -que van desde el conservadurismo hasta el centro izquierda- y una más que se concentra en generar canales alternativos de información crítica sobre la realidad cubana (Dilla, 2014).
Esa oposición quedó pequeña y socialmente marginada por mucho tiempo por la represión que padeció y la propia fragmentación de los grupos que la integran. A partir de 2001, el Proyecto Varela (una propuesta de referéndum para rescribir la Constitución), liderado por Oswaldo Payá del Movimiento Liberal Cristiano, permitió que éste ganara visibilidad dentro y fuera de Cuba. La dura represión sobre esa iniciativa, con el encarcelamiento de 75 disidentes en 2003, también aumentó la visibilidad del sector opositor. Primero, dio a conocer la existencia del movimiento dentro de Cuba, ya que parte de los procesos fueron transmitidos por la televisión; segundo, desató una reacción muy negativa de parte de las cancillerías occidentales y, tercero, llevó a las mujeres y madres de los presos -las Damas de Blanco- a organizarse para pedir la liberación de sus familiares. La audacia y el coraje de esas mujeres, que no dudaron en desafiar la agresión física y moral en las calles de la isla, les ganó el respeto y apoyo de instituciones internacionales, de la Iglesia católica, y de ONG y de grupos de militantes en Europa, Estados Unidos y América Latina. En Cuba misma obtuvieron respeto y visibilidad; fueron apoyadas por blogueros, artistas e intelectuales críticos.
La liberación de los presos políticos del 2003 en 2010 y 2011, gracias al cabildeo de la Iglesia católica en Cuba, pareció abrir una nueva era política más aperturista en la isla. De hecho, la represión sólo ha cambiado de forma. Como el encarcelamiento sigue siendo demasiado costoso para el gobierno (genera reacciones negativas de la comunidad internacional), han crecido las amenazas, el hostigamiento y la agresión física. En 2013, con la actividad de la disidencia -campañas, manifestaciones públicas, reuniones en inmuebles privados- creció también la represión: mítines de repudio, detenciones arbitrarias, registros domiciliarios, desalojos con uso de la fuerza pública, incluidas tropas especiales en el caso de Oriente. Las Damas de Blanco y los miembros de la Unión Patriótica de Cuba (unpacu) fueron los protagonistas de estos sucesos, en directa correlación a su protagonismo mediático y activismo público. Amnistía Internacional, citando datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (ccdhrn), entre enero y noviembre de 2016 se documentó una media mensual de 862 detenciones arbitrarias.[4] Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, identificó 2,559 detenciones arbitrarias durante el primer semestre de 2017, a lo que habrá que sumar varias decenas de activistas que han sido procesados o encarcelados y el veto a viajar al exterior a miembros de la oposición.[5]
En los 90s aparecen actores al margen del modelo vigente e, inicialmente, del control estatal, que sugieren la aparición de una sociedad civil alternativa. Surgen ONG´s y movimientos comunitarios, asociaciones ligadas al mundo religioso (católicos, protestantes, hebreos, ortodoxos, cultos afrocubanos) y proyectos culturales independientes, que expresan una mayor diversificación (nuevos actores y agendas) de la sociedad civil aunque no necesariamente un mayor empoderamiento ciudadano. Ello sucede por cuanto los niveles de desarrollo (y la supervivencia) de estos actores van ligados a su nexo (autonomía negociada) con el Estado.
En este sector aparecen colectivos que siguen apoyando el socialismo como opción política, pero proponen cambios dentro del sistema vigente.[6] Los colectivos (ambientalistas, LGBT, etcétera) integrados en la Red Observatorio Crítico o el proyecto (think tank) Cubaposible forman parte de ese sector crítico sin ser opositor. También se incluyen en este ámbito ciertos espacios abiertos por la Iglesia católica, tanto en la forma de centros de formación para laicos y población en general, como sitios web, publicación de boletines electrónicos y revistas, que acogen debates sobre el futuro de la isla donde académicos socialistas debaten con intelectuales católicos y activistas sociales. Según Farber (2012), esa relativa libertad de la Iglesia católica está vinculada con su determinación de ocupar un punto medio entre el gobierno y la disidencia, sin querer tomar parte de manera decisiva. Por esa razón, aunque no goce de mucho apoyo popular (contrario a lo que pasó en la Polonia comunista, por ejemplo), la Iglesia católica ha conseguido ganar legitimidad y ser un actor social relevante en la Cuba actual y futura.
Reflexiones Finales
Más allá de la creciente diversidad que presenta la sociedad civil cubana, la política nacional sigue estando marcada por el control de la élite estatal / partidista y por tanto la participación política desde los diferentes espacios de la sociedad civil que se van abriendo paso, poco a poco, siguen estando marcados por las pautas oficiales.
Reconozcámoslo sin ambages: Cuba es una dictadura, no del proletariado, sino sobre el proletariado. En el país no son permitidas las formaciones partidistas opositoras ni las organizaciones y marchas autónomas de mujeres, los medios alternativos, la asesoría y litigio en derechos humanos, los think tanks independientes. Tampco pueden operar capítulos locales de reconocidas organizaciones como Amnistía Internacional o Greenpeace. Acudir a fuentes foráneas de financiamiento o la concurrencia a foros extranjeros de articulación de la sociedad civil se criminaliza.
Como se ha señalado (Bobes, 2016) en el caso cubano la obstrucción de la acción colectiva, el desinterés hacia la política, el deterioro de las políticas y derechos sociales y la no aparición de derechos políticos, produce una erosión ampliada de la ciudadanía que, sin espacios autónomos de articulación de reivindicaciones frente al Estado, se torna más vulnerable tanto a nivel individual como colectivo. En ese marco “en la medida en que las relaciones entre los gobiernos y sus súbditos sean intermitentes, mediadas, coercitivas y particulares, los incentivos para sumarse a las reivindicaciones públicas y colectivas […] serán mínimos y, en su mayoría, negativos” (Tilly y Wood, 2010: 267). En una dirección que arroja luz sobre el caso cubano, estos autores admiten incluso que en regímenes unipartidistas la tendencia a restringir la acción de las organizaciones de la sociedad civil -ONGs y movimientos sociales- es aún mayor que bajo otras formas de autoritarismo.
Hoy no existe (aún) un entorno político en el que Estado y sociedad civil se retroalimenten creando flujos de ideas y espacios dialógicos. Más bien parece que el gobierno del Partido Comunista de Cuba refuerza, como lo ha hecho antes, la “batalla ideológica” y el control policiaco en todos los espacios públicos -incluido el ciberespacio- para desde allí también disputarle el relato a quienes intenten proponer nuevas visiones y proyectos de país. Habrá que ver entonces si la capacidad aglutinadora de actores emergentes de la sociedad civil cubana consigue destrancar el escenario de cierre político y sus implicaciones en la vida cotidiana de la gente.
Bibliografía
Azor, Marlene (2016) Discursos de la resistencia. Los proyectos políticos emergentes en Cuba, Editorial Hypermedia, Madrid.
Bobes, Velia C. (2016) “Reformas en Cuba: ¿Actualización del socialismo o reconfiguración social?” en Cuban Studies, 44(1).
Bobes, Velia C. (2015) “Del hombre nuevo a una socialidad gentrificada. Impacto social de la reforma”, en Bobes, Velia Cecilia (editora), Cuba ¿Ajuste o transición? Impacto de la reforma en el contexto del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, FLACSO-México.
Bobes, Velia C (2007) La nación inconclusa. (Re) constituciones de la ciudadanía y la identidad nacional en Cuba, FLACSO, México DF.
Dilla, Haroldo (2014). “Cuba: los nuevos campos de la oposición política”, Real Instituto Elcano, 23 de junio.
Farber, Samuel (2012). “La Iglesia y la izquierda crítica en Cuba”, Nueva Sociedad,242: 123-138.
Geoffray, Marie Laure (2012). Contester à Cuba, Paris, Dalloz.
Naing, M. K. (2012). Strengthening Civil Society. Journal of Democracy, 135-137.
Rosendahl, Mona (1997). Inside the Revolution, Everyday Life in Socialist Cuba, Ithaca y London, Cornell University Press.
Salas, Luis (1979). Social Control and Deviance in Cuba, Nueva York, Praeger.
Tilly, C.y Wood, L. (2010). Los movimientos sociales 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook, Barcelona, Crítica
Notas
[*] Este artículo es una versión ampliada y modificada del publicado Convivencia, Pinar del Río, Cuba, Año X, No. 59, 2017.
[1] El proyecto V-Dem (https://www.v-dem.net/en/) es una iniciativa conjunta del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gothenburg (Suecia) y el Kellogg Institute en la Universidad de Notre Dame (USA). Con más más de 50 especialistas principales / regionales y 2.800 expertos nacionales –uno de los cuales es coautor de este trabajo-, genera una robusta base de datos actualizada anualmente que mide siete formas de democracia -electoral, liberal, participativo, deliberativo, igualitario, mayoritario y consensual- y reconstruye su trayectoria desde 1902 al presente. En lo relativo al estado de la sociedad civil, incluye varios indicadores para medir su desarrollo y restricciones en cada país incluido en su base de datos.
[2] Esta posición se consolidó como respuesta la estrategia de la Ley Helms-Burton de fortalecer organizaciones no-gubernamentales para ampliar la esfera no subordinada al Estado.
[3] En su intervención en el XX Congreso el 22 de febrero 2014, Raúl Castro planteó: “la CTC y sus sindicatos deben concentrarse en lo esencial, que es ejercer su actividad en interés de la implementación exitosa de los Lineamientos y desarrollar un trabajo político-ideológico diferenciado y abarcador en defensa de la Unidad de los cubanos […]”
[4] Ver https://www.amnesty.org/es/countries/americas/cuba/report-cuba/
[5] Ver https://observacuba.org/2-559-detenciones-arbitrarias-en-el-primer-semestre-de-2017/
[6]Para un análisis profundo de los colectivos contestatarios intrasistémicos, véase Geoffray (2012).
