El 9 de julio de 2014 vecinos de San Bernardino Chalchihuapan bloquearon la autopista Puebla-Atlixco. La policía estatal los desalojó violentamente utilizando, entre otras cosas, gases lacrimógenos y balas de goma; los habitantes respondieron con palos y piedras. La intervención estatal dejó tras de sí a varios heridos de gravedad, muchas detenciones arbitrarias y un adolescente agonizante, José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad.

Desafortunadamente, acontecimientos como el de San Bernardino Chalchihuapan no son casos aislados. En el pasado reciente, diversas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil han denunciado un incremento generalizado de la represión en México. Por ejemplo, el Comité Cerezo contabilizó 67 ejecuciones extrajudiciales de activistas y defensores de derechos humanos durante el sexenio calderonista y 25 ejecuciones de diciembre de 2012 a agosto de 2014 (Staff MVS, 2014). Sin embargo, hay pocos estudios sistemáticos sobre la represión y los que existen están enfocados a la defensa de los derechos humanos, destacando los esfuerzos de las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, sobre todo con su Control del Espacio Público: Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno (Ver informe).

El tema es relevante por muchas razones. Por ejemplo, como apuntan Poe y Tate (1994), conocer las causas de la represión trasciende el ámbito académico, puede servir para prevenir tragedias y denunciar arbitrariedades. Además, la academia mexicana, en sintonía con las tendencias latinoamericanas, ha concentrado sus esfuerzos en los estudios de caso, a contrapelo de la corriente dominante a nivel mundial que busca explicaciones generales (Pérez 2016).

¿Por qué las autoridades mexicanas reprimen la manifestación pública?

Para Carey (2006) hay dos corrientes explicativas en la relación entre protesta y represión. La primera se pregunta por el impacto de la represión en la protesta; la segunda, cómo ésta condiciona a la primera. Carey sostiene una tercera opción: la relación es recíproca. Es decir, las autoridades condicionan a los actores colectivos y estos, a su vez, determinan la respuesta gubernamental. Siguiendo a Davenport (1995), la relación es de impulso y respuesta. Las protestas vienen de la sociedad hacia el Estado; la represión depende de la percepción estatal.

La protesta como impulso

McAdam, Tarrow y Tilly (2005) denominan política contenciosa (contentious politics) a la interacción episódica, pública y colectiva –en oposición a eventos continuados, privados y multiformes– que, además, tiene dos características: a) que el gobierno participa, ya sea como actor, objeto contra el que protestan o parte de las demandas;[i] y b) que la satisfacción de las demandas afecte los intereses de alguna parte involucrada. Tarrow (2009) denomina acción colectiva contenciosa a la combinación de personas sin acceso regular a las instituciones, con reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se conduce de modo amenazante para otros o para las autoridades.

Las razones para manifestarse son diversas: económicas, políticas, materiales, religiosas y un largo etcétera. Según Dalton, Van Sickle y Weldon (2009), los factores que influyen en la participación en manifestaciones públicas pueden ser de nivel macro (como la cerrazón o apertura de la estructura de oportunidades políticas) o micro (como la percepción personal de la situación, los recursos de los que disponen los individuos).

¿Quiénes se manifiestan?

Suele considerarse que aquellos que no tienen otros medios para hacerse escuchar recurren a las protestas. Francisco (1993) critica esa idea. Para él, la protesta no es un recurso extremo, sino el producto de un cálculo maximizador. McAdam, Tarrow y Tilly (2005) plantean tres tipos de actores políticos, dependiendo de su postura respecto al status quo. Mientras los disidentes –actores colectivos que no cuentan con acceso habitual a agentes y recursos del Estado– buscan modificarlo, los miembros de la sociedad política –aquellos con acceso habitual a dichos canales– pretenden mantenerlo; los súbditos ni siquiera están organizados como actores.

Las protestas pueden adquirir diversas formas. Dalton, Van Sickle y Weldon (2009) establecen cuatro. La primera consiste en las actividades convencionales a diferencia de las que no lo son; la segunda, en acciones directas semi-legales; la tercera en actos ilegales pero no violentos; la cuarta incluye actos ilegales y violentos.[ii] ¿Por qué las protestas revisten estas formas? El tipo de régimen afecta las demandas y sus formas.

Por último, conviene considerar a la protesta como fenómeno multidimensional en dos sentidos. En primer lugar, hay que distinguir entre manifestaciones monotemáticas y multitemáticas (Gamson, 1990). En segundo lugar, se considerar la presencia o no de violencia,[iii] la variedad de estrategias y los límites culturales (Davenport, 1995).

La represión como respuesta

Aunque la idea de represión está inexorablemente ligada a la protesta, es sólo un resultado posible de ésta. ¿Qué es la represión? Según McAdam, Tarrow y Tilly (2005), es una respuesta predecible a la política contenciosa: endurece la resistencia, modifica las tácticas y desalienta la movilización u otras acciones. Puede ser selectiva, dirigida al sector más militante, o generalizada, radicalizando la protesta. Davenport (1996) la define como una acción con la que el Estado espera neutralizar a sus oponentes políticos o incrementar los costos de sus actividades. Así, siguiendo a Young (2013), la represión es una acción donde el Estado utiliza violencia contra sus ciudadanos para inducirlos a acatar sus políticas.

Davenport (1999) enuncia tres formas distintas de represión: terror estatal, enfocado a regímenes cerrados; sanciones negativas, que agrupa las restricciones no violentas en las libertades políticas y sociales; y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la diferenciación no resulta del todo clara, sobre todo porque el terror estatal incluye a las otras categorías. Hay otra diferenciación más oportuna. Siguiendo a Carey (2006), el Estado puede realizar diversas acciones represivas, desde restricciones a la libertad de expresión hasta masacres. Por ello se ha optado por distinguir dos dimensiones (Davenport (2007). Por un lado, las restricciones a las libertades civiles incluyen arrestos, prohibiciones, toques de queda, limitaciones a la libertad de expresión, asociación, asamblea y creencias. Por otro, la vulneración a la integridad de las personas, o lo que Richards y Gelleny (2007) llaman violaciones a la integridad física, contiene mutilación, tortura, asesinato, entre otras. La diferencia fundamental entre ambas radica en cómo modifican las conductas de los manifestantes. Mientras las primeras sólo limitan las oportunidades de los actores, las vulneraciones a la integridad física atentan contra ellos, incluso los eliminan.

¿Por qué las autoridades reprimen?

El primer marco explicativo al respecto se enfocaba en la frecuencia de las manifestaciones. Consideraba que la represión tendría una relación positiva directa con el número de manifestaciones. Es decir, el Estado reprimiría mecánicamente cuando el número de manifestaciones rebasara cierto límite. Sin embargo, dicho enfoque no podría explicar, por ejemplo, altos niveles de represión combinados con pocas protestas, como Chile durante la dictadura de Pinochet. La explicación unidimensional centrada en la frecuencia es insuficiente.

El segundo marco explicativo se centró en la amenaza que representan las protestas para las autoridades: los “regímenes son mucho más selectivos de lo que se pensaba originalmente en lo que ellos consideran una amenaza y a lo que responderán con acciones represivas” (Davenport, 1995, p. 702). Protestantes y autoridades imitan sus comportamientos, actúan en función del otro según la información, capacidades y recompensas disponibles. Es decir, si las autoridades creen que la protesta amenaza su situación, reprimirán. La percepción estaría mediada multidimensionalmente, la frecuencia de las protestas es una dimensión más. Por ejemplo, Davenport (1995) consideraba que la percepción era influida por cuatro características: tipo de sistema político, capacidad de coerción, desarrollo económico y dependencia. Poe y Tate (1994) incluso consideran que el signo ideológico del régimen también influye en la percepción.[iv]

Actualmente, el marco dominante se centra en la toma de decisiones informales enfocadas en las condiciones asociadas con el cálculo entre costos y beneficios de implementar medidas represivas. El objetivo de las autoridades es minimizar los costos y maximizar los beneficios (Hill y Jones, 2014, p. 663). Mediante la adaptación del marco de amenaza, partiendo de un modelo top down, Davenport (2007) plantea que las autoridades maximizan, consideran alternativas y la efectividad potencial de la represión. En el escenario ideal para la represión los beneficios superan a los costos, no hay alternativas y la probabilidad de éxito es alta; el escenario adverso sería aquel en el que los costos fueran mayores que los beneficios, hubiera alternativas y la probabilidad de éxito fuese baja.

Los beneficios son de orden político, principalmente la eliminación de competidores internos y la preservación de las instituciones coercitivas. Los costos impactan la legitimidad política de líderes, políticas e instituciones, así como el gasto de recursos por mantenimiento logístico. Por lo anterior, dice Carey (2006), no se espera que las protestas escalen o continúen indefinidamente, aunque sí puedan hacerlo de manera significativa en el corto plazo. Así, por un lado, la represión sistemática incrementa los costos logísticos y de legitimidad internacional. Por otro, el disenso generalizado es improbable por problemas de coordinación y comunicación (pocos son los que protestan).

Vale la pena insistir en que la represión sólo es una de las respuestas posibles a las protestas. Sin embargo, esto no implica que la violencia estatal sea la última salida, sobre todo porque es un desenlace poco deseable para el Estado. De hecho, según el modelo maximizador, las autoridades cuentan con alternativas a la represión y utilizan la violencia estatal después de ponderar otras opciones. Por su parte, la efectividad no es otra cosa que la probabilidad de éxito esperada, tomando en cuenta la preparación y la capacidad de las organizaciones coercitivas y su eficacia a lo largo del tiempo.

La proposición democrática

Las razones que incrementan o disminuyen los beneficios de las acciones represivas son diversas. En primer lugar, el régimen político media el conflicto interno y la negociación, “establece las reglas del juego y perfila la interacción entre gobierno y oposición. Determina las elecciones de los actores y los costos que traen consigo” (Carey, 2006: 4). De acuerdo con el ideal de democracia liberal, la literatura apunta hacia una relación negativa entre democracia y represión, conocida como la proposición democrática (Davenport, 1999). Básicamente, este cuerpo teórico afirma que un régimen democrático es más tolerante con el ejercicio de los derechos ciudadanos y relaja las actividades represivas; un régimen autoritario tiende a lo contrario. Además de que las democracias son más efectivas en la atención de las demandas ciudadanas, la proposición democrática está basada en tres supuestos: menor proclividad a la violencia,^[v] rendición de cuentas y duración del régimen (Davenport, 1999).

Los sistemas no democráticos son más proclives a coaccionar a su población por la ausencia de controles al gobierno, la concentración del poder y la falta de mecanismos para resolver pacíficamente los conflictos. Así, idealmente, es menos probable que las democracias repriman protestas y que las perciban como amenaza, por lo que éstas tienden a incrementarse tanto porque los costos de hacerlo son menores como porque la represión exacerba la protesta. En condiciones autoritarias, por su parte, los costos de protestar son mayores y los beneficios menores, considerando que la probabilidad de represión es alta.

Uno de los problemas principales de la proposición democrática es que los estudios sobre represión frecuentemente encuentran regímenes no democráticos menos represivos que algunas democracias. Según la teorización conocida como “U invertida” o “más violencia a la mitad”, las mayores violaciones estatales a la integridad física ocurren en países ‘parcialmente libres’, no en los estados autoritarios (Fein, 1995; Davenport, 1999; Davenport y Armstrong, 2004). En palabras de Fein: “más que una panacea, la democracia especialmente en sus etapas tempranas, es una caja de pandora […] acceder a una democracia limitada no sólo es un oxímoron sino una condición peligrosa” (1995, p. 185).

Hay dos explicaciones al respecto. La primera es que la apertura del sistema político incrementa el número de protestas.[vi] La segunda está relacionada con la consolidación del régimen, independientemente de su naturaleza democrática o no democrática. Un régimen consolidado envía señales confusas porque en su interior conviven inercias e instituciones democráticas y no democráticas (Davenport, 1996). De esta forma, la población no cuenta con guías claras porque las autoridades actúan en un marco de incertidumbre y discrecionalidad.

Las capacidades estatales

La democracia es sólo una de las razones que deberían incrementar los costos y disminuir los beneficios de las autoridades en su cálculo sobre la represión. El Estado, más allá del tipo de régimen político, es otra. En las capacidades estatales hay otra explicación plausible, complementaria, pero autónoma, de la proposición democrática.

Englehart (2009) afirma que la relación entre Estado y protección de la sociedad, incluidos derechos humanos, discurre en dos dimensiones. Por un lado, la normativa sostiene que los Estados deben protegerlos; por el otro, la empírica muestra que hay Estados incapaces de hacerlo. Es decir, si bien a veces el Estado es la amenaza, otras sólo es un mal protector.

Las causas estructurales

El esquema de cálculo entre costos y beneficios considera la toma de decisiones por parte de las autoridades. Sin embargo, la literatura considera factores externos a los gobernantes, a los que denominaré estructurales. Es decir, no se trata únicamente de quienes reprimen u ordenan reprimir, también de otros elementos que conforman el ambiente en que lo hacen.

Retomo tres grupos, a partir de la lista elaborada por Hill y Jones (2014).[vii] Las causas económicas, que incluyen PIB per cápita, ingresos petroleros, apertura comercial, inversión extranjera directa. Las causas demográficas incluyen el tamaño de la población, densidad demográfica y el número relativo de jóvenes (para este grupo sí hay una relación clara, el aumento en estas variables incrementa la represión porque genera tensiones en el sistema, desestabilizándolo). Las causas políticas incluyen ideología del gobierno y presencia de organizaciones no gubernamentales (ONGs). La primera incrementa la posibilidad de la respuesta gubernamental represiva cuando los gobiernos se ubican a la izquierda en el espectro ideológico, aunque con un sesgo claro a favor de otras ubicaciones políticas porque Poe y Tate (1994) no presentan, por ejemplo, la opción de regímenes de derecha, sin dejar claro cuántos de los que etiquetan como gobiernos militares podrían ubicarse ahí. La presencia de ONGs disminuyen la respuesta gubernamental represiva porque cumplen funciones de vigilancia y denuncia de abusos gubernamentales.

 Notas

[i] Abundando, dicen los autores que “movimientos, identidades, gobiernos, revoluciones, clases y otros nombres igualmente colectivos no representan objetos fijos, impenetrables, claramente delimitados, sino abstracciones de los observadores a partir de unas interacciones continuamente negociadas entre personas y conjuntos de personas” (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005: 13).

[ii] Favela (2005) establece cuatro tipos de acciones: a) convencional (a través de instituciones establecidas); b) no convencional demostrativa (manifestaciones legales y pacíficas, plantones, huelgas legales); c) no convencional confrontacionista (ilegal pero no violenta); d) no convencional violenta (sabotajes, asaltos, incendios, secuestros y asesinatos).

[iii] Según Gamson, las probabilidades de satisfacción de demandas son mucho mayores en una manifestación monotemática y violenta que en otra multitemática y pacífica.

[iv] Esta consideración está sesgada ideológicamente: sólo incluyen a los ‘regímenes de izquierda’ sin llamar a sus contrapartes ‘de derecha,’ sino, por ejemplo, ‘regímenes militares’.

[v] Por la presencia de debate público y una relación entre actores que deriva en menor peso relativo inserto en un sistema de vetos.

[vi] Por ejemplo, para el caso mexicano, Favela (2005) sostiene que las protestas se incrementan durante la transición porque la velocidad del cambio no equipara las expectativas de la ciudadanía, aun cuando el cambio esté en marcha.

[vii] Plantean que la significancia estadística de esos conceptos refleja más el ruido que las relaciones significativas, por lo que hacen un llamado a explorarlo más.

Referencias

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