El reconocimiento de derechos ciudadanos y su protección por parte de los Estados son resultado de procesos prolongados de lucha y negociación entre grupos que quieren que esos derechos sean amparados y grupos que se oponen a ello. La creación y sostenimiento de instituciones encargadas de proteger derechos es costosa, pero habilita y empodera a grupos sociales frente a abusos de las autoridades, subvierte la estratificación y diferenciación sociales porque nivela en cuanto a derechos a los desiguales en otros aspectos, provee de defensas a grupos vulnerables y anula los estereotipos en los que se basa la discriminación. Aún cuando garantizar los derechos de los gobernados no implique erogaciones gravosas, impone limitaciones a la arbitrariedad de la autoridad y la obligación de trasparentar su quehacer, rendir cuentas y de actuar responsablemente. Por eso los gobernantes se resisten a reconocer y proteger los derechos de los gobernados. Por eso las violaciones a esos derechos deben ser castigados de manera pronta y efectiva, tomar medidas para evitar la repetición y reparar el daño provocado.
Los procesos de lucha y de negociación que dan cuenta del reconocimiento de derechos ciudadanos por parte de los Estados explican también que su protección pueda ser precaria o nula—aunque la ley los ampare. En México muchos derechos reconocidos por la ley han sido históricamente violados de manera rutinaria e impune por autoridades de distinto rango. Bastaría con un rápido repaso de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sobre protestas y movimientos sociales para confirmar, más allá de cualquier duda, con datos oficiales, que el ejercicio de algunos derechos ciudadanos es reiterada e impunemente violado. México es un país de crímenes sin castigo, donde las actividades delincuenciales y la corrupción sí pagan, donde es regla de oro que el que no transa no avanza. Pero no se trata de un asunto cultural, es una práctica jurídica ampliamente conocida y tolerada según la cual, no porque la ley establezca algo eso significa que se debe cumplir. Significa, acaso, que hay que buscar la manera de darle la vuelta para incumplirla. En México existe una distancia aberrante entre el derecho y el hecho, entre lo que se establece de jure y lo que ocurre de facto. Muchos males del país tienen su origen en esa brecha.
Para que los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes secundarias sean efectivamente protegidos, se requiere que los gobernados contemos con tribunales de justicia (o equivalentes) que hagan valer la ley e impongan el respeto a nuestros derechos. Cuando dichos tribunales son ineficientes, lentos, cuando se inclinan a favor de quienes tienen dinero y poder, cuando no tienen capacidad de emitir decisiones vinculantes, sino solo recomendaciones, entonces los derechos de los gobernados se convierten en letra muerta y las autoridades pueden abusar impunemente del cargo que ocupan.
En el México contemporáneo algunos derechos son reconocidos y protegidos de manera efectiva, como la libertad de expresión, de pensamiento y de creencias, mientras que otros, aunque plenamente protegidos por la ley, son garantizados de manera muy precaria y violados con frecuencia, como el derecho a establecer contratos válidos, a la seguridad personal, a acceder a la justicia, entre otros. Como antes, cuando teníamos elecciones que tenían el inconveniente de ser fraudulentas, hoy tenemos libertad de expresión, pero también ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Si admitimos que el reconocimiento y protección de derechos de los gobernados frente a los gobernantes es resultado de procesos de lucha y de negociación, entonces los derechos que en el papel son reconocidos serán efectivamente protegidos por las autoridades solo como resultado de nuevas y reiteradas exigencias de los ciudadanos interesados en ese resultado, que logre vencer la resistencia de los gobernantes que se oponen a ello. Ese es un corolario que coincide con los hallazgos de la sociología histórica comparativa sobre el origen de los derechos, su protección por parte de los Estados y la construcción de la democracia. Ahora bien, y esta es una pregunta acuciante, ¿de dónde puede surgir un movimiento ciudadano semejante, que obligue a los gobernantes a respetar los derechos de los gobernados?
De los sindicatos no. Los sindicatos al servicio del sector privado están sumamente debilitados como resultado de la reestructuración económica, de la apertura comercial y la globalización, de la flexibilización laboral y la subcontratación, de la economía informal, del sindicalismo blanco y de protección, y de que las autoridades laborales hayan dejado de realizar inspecciones para asegurarse del cumplimiento de las leyes laborales. Los sindicatos al servicio del sector público están controlados por sus líderes, éstos por el PRI y éste por el gobierno. A los líderes se les ha permitido enriquecerse para que en caso de que les nazca algún espíritu opositor, puedan ser acusados por alguno de los delitos que han cometido impunemente a cambio de garantizar el control de sus agremiados. Ahí están los casos de Napoleón Gómez Urrutia, líder exiliado del sindicato minero; el de Elba Esther Gordillo, lideresa encarcelada del sindicato de maestros; el de Carlos Romero Deschamps, líder en libertad del sindicato petrolero mientras no se le ocurra oponerse a la reforma energética. Después de la extinción de la fuente de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el 2009, el resto de los sindicatos independientes recibieron el mensaje y pasaron a posturas defensivas para evitar el choque con el gobierno. En suma, en el campo sindical la representación colectiva de los trabajadores ha sido anulada y desprestigiada. Tomará mucho tiempo dignificar a los sindicatos y reconstruirlos como auténticos representantes de intereses legítimos y extendidos.
¿Puede surgir de los partidos políticos? No. Las reformas recientes, de la laboral en adelante, han mostrado que los partidos se han distanciado de grupos sociales organizados y que se han enchufado a las instituciones y al presupuesto. La lógica ha sido ganar elecciones y ocupar cargos públicos, al grado de que el PRD no ha vacilado en postular a candidatos de dudosa reputación y trayectoria, pero que cuentan con los amarres políticos y los recursos necesarios para ganar la elección. Lo de menos ha sido que tales candidatos disten de impulsar proyectos de justicia social y democracia. No son los primeros, no son los únicos, pero los casos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que todos tenemos presentes en estos momentos, ilustran un modo de proceder, no excepciones. Cabe recordar que el coordinador de la campaña de Aguirre en Guerrero fue precisamente Jesús Zambrano, quien luego sería presidente del PRD. El costo de la falta de escrúpulos del PRD para seleccionar a sus candidatos, la importancia que se le ha dado a ganar elecciones aunque se llegue a encumbrar a criminales o a sus socios, ha sido muy elevado, ha costado vidas y sufrimientos que han terminado por lastimar a ese partido y al electorado de izquierda que se ha quedado sin opción electoral y, por consiguiente, sin representación. No faltará quienes piensen que todos los partidos son iguales, que las elecciones son una farsa, que solo sirven para escoger al represor y a quien impondrá las políticas neoliberales, que el cambio social no pasa por las urnas y que no puede ser pacífico. Esto significa un retroceso de 30 o 40 años de construcción de la democracia en México.
¿La lucha por la protección de derechos ciudadanos puede ser impulsada por otros partidos políticos o por otras agrupaciones de izquierda? Por partidos como el PRI o el PAN no. Si tuvieran alguna intención de hacerlo no estaríamos como estamos. Ambos partidos están desligados de agrupaciones sociales de base. Es bien sabido que el PRD se encuentra dividido internamente. La izquierda fuera del PRD está igual o peor, profundamente dividida en torno a los ejes antineoliberalismo-anticapitalismo, participación electoral-no participación electoral, organizaciones verticales-organizaciones horizontales, protesta pacífica-protesta violenta, y otros más. Por otro lado, un segmento importante del PRD se presentará con las siglas de MORENA en la próxima elección intermedia. La izquierda está en un proceso de pulverización en fracciones cada vez menos significativas.
¿El movimiento ciudadano puede ser impulsado por las organizaciones de la sociedad civil? Tampoco. Por su propia naturaleza y características se encuentran muy segmentadas, carecen de capacidad para establecer frentes amplios con demandas generales, su capacidad de movilización es limitada.
Toda vez que el tejido social se encuentra desagarrado y con enormes agujeros por la crisis de violencia que azota al país desde el 2006—que ha ocasionado decenas de miles de muertos, heridos, desaparecidos, desplazados y familias mutiladas—, que las estructuras de movilización y de representación social de los trabajadores se encuentran anuladas, que los partidos políticos se han alejado de una base social organizada, que la izquierda está fraccionada y desprestigiada, el impulso a la demanda de protección efectiva de los derechos ciudadanos que ya reconoce la Constitución está surgiendo en el campo de los movimientos sociales, en el movimiento estudiantil en particular, compuesto por jóvenes educados que cuentan con el apoyo y reconocimiento de sus maestros y familiares. Como en los años del autoritarismo ha tocado a los estudiantes salir a las calles a demandar la protección de los derechos de todos los gobernados y a exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los gobernantes.
Durante los años de autoritarismo, la representación sindical, partidaria y parlamentaria, se encontraba sofocada. Grupos excluidos de la política institucional y de la representación corporativa se organizaron y movilizaron. En los tiempos que corren la situación es muy parecida: la representación sindical ha sido arrasada, los partidos se han distanciado de los ciudadanos, en el congreso han habido negociaciones y acuerdos sobre temas económicos pero no sobre las capacidades estatales para cumplir con la obligación de proteger de manera plena e irrestricta los derechos de los gobernados. En estas condiciones, los espacios de encuentro y de organización social se han achicado.
En uno de los pocos espacios libres y estructurados que quedan, en los centros de educación superior públicos y privados, convergen personas con disponibilidad estructural para movilizarse, con inclinación para discutir problemas públicos con fines de comprensión e intervención, donde se resienten las políticas que han dejado de proteger los derechos sociales y extinguido la seguridad en el empleo, donde los costos y los riesgos de la movilización y la protesta son bajos porque los estudiantes cuentan con el apoyo de sus familias y de sus maestros, donde las personas tienen pocos compromisos y responsabilidades pero abrigan muchas esperanzas, que cuentan con tiempo libre o poco estructurado, por donde pasan las redes reclutamiento y movilización de organizaciones de los movimientos sociales, de organizaciones de la sociedad civil y de partidos políticos. En los centros de educación superior se están gestando organizaciones, se están produciendo los diagnósticos de la situación actual que definirán las acciones del movimiento estudiantil. Como en el pasado, este movimiento puede convertirse en la fuerza que convoque y articule un amplio movimiento ciudadano por la garantía plena de los derechos que ampara la Constitución. Así lo revelan el surgimiento del #YoSoy132 por limitar la influencia indebida de los medios privados en las elecciones, del movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN) contra las reformas a la institución, y del movimiento estudiantil de todo el país por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Escuela rural de maestros de Ayotzinapa que fueron detenidos por la policía municipal de Iguala y, en lugar de ser presentados ante un juez para que determinara su situación jurídica, fueron entregados al grupo criminal “Guerreros unidos.” Desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos.
Como en los años del autoritarismo, los movimientos sociales de los que ahora somos testigos han buscado por vías institucionales primero, y no institucionales después, el respeto a los derechos civiles y políticos amparados por la Constitución. Los movimientos estudiantiles emergentes piden ahora a las autoridades electas y a los partidos políticos la vigencia del estado de derecho, el combate de la corrupción, el fin de la impunidad, el funcionamiento de los sistemas de procuración e impartición de justicia. Son demandas ciudadanas, indispensables en una democracia funcional, en una democracia digna de ese nombre. Sin embargo, será necesario ir más allá: la recuperación de los municipios que cayeron en manos del crimen organizado, el rediseño de ese nivel de gobierno para evitar la recaída, la implantación de controles de confianza no solo a policías sino a todos los candidatos a puestos de elección popular y a funcionarios de los que depende el ejercicio del gasto público.
Lo que pide ahora el movimiento estudiantil es la vigencia del estado de derecho, una de las principales promesas incumplidas de la democratización. También demandan que se recupere la paz pública, se frenen los abusos de poder, se rompan las relaciones de colusión o protección entre funcionarios públicos y organizaciones criminales. ¿Quién, fuera de gobernantes autoritarios y corruptos y de organizaciones criminales que los compran y ponen a su servicio, puede estar en contra de esa demanda? ¿Cómo contentarse con menos?
[Esta es una versión ligeramente modificada de la que fue publicada en el Foro «La tragedia de Ayotzinapa: de la indignación a la reflexión,» en el blog del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO). http://www.comecso.com/?p=4487]
