Bolivia en movimiento, desgarramiento e inflexión Pabel C. López Flores

Bolivia en movimiento, desgarramiento e inflexión

El momento sociopolítico intenso, dramático e incierto que atraviesa Bolivia y que cobró ya varias víctimas mortales, centenares de heridos, la ciudad de La Paz cercada y desabastecida, el fantasma de una guerra civil y unas nuevas elecciones a las puertas, configura un escenario ciertamente complejo que se desató al día siguiente de las pasadas elecciones el 20 de octubre y que se vino agudizando desde el pasado 10 de noviembre, luego que un informe de auditoría por la OEA[1] confirmaba grandes irregularidades en el proceso electoral. Ante un desborde ya incontrolable del descontento social, desde el Chapare cochabambino Evo Morales y Álvaro García Linera anunciaban públicamente su renuncia antes de abandonar el país hacia su autoexilio en México.

Desde entonces, la situación de agitación social e intensidad política no solo no se ha clarificado sino que contrariamente se ha incrementado y complicado aún más. Mientras a la distancia el ex-presidente renunciante acusa a la “derecha”, a la OEA y al nunca faltante “imperialismo norteamericano” de promover un supuesto “golpe de estado” del cual sería víctima, lo que generó no solo una inmediata ola de indignación (ideológica y selectiva) internacional, sobre todo en la izquierda progresista, dentro de Bolivia sectores sociales y grupos aun leales al partido de Morales se movilizan con protestas que convulsionan principalmente a la ciudad El Alto y parte de Cochabamba, las que demandan la renuncia de la actual presidenta interina y su gobierno transitorio que asumió el vacío de poder a través una sucesión presidencial constitucional con el único mandato de convocar a nuevas elecciones generales a la brevedad (90 días), las que actualmente se discuten en el parlamento boliviano, pero el camino no promete estar allanado.

Ante este intrincado escenario hasta ahora lo que ha predominado en gran parte de las lecturas sobre la coyuntura boliviana, sobre todo desde fuera, parece simplificarse en lecturas binarias que se fueron colocando gradualmente en una generalización analítica poco útil, que polariza en “dos bandos” o que acríticamente, con escaso argumento o exiguo sustento y no sin intencionalidad y posicionamiento ideológico anticipado, reduce el “análisis” a la hipótesis de que este país estaría dividido en dos polos: entre “golpistas” (y sus cómplices) frente al “el pueblo contra el “golpe’”; entre una “derecha fascista” frente a “movimientos sociales”; entre “blancos o mestizos urbanos” frente a “campesinos e indígenas”; entre “clases privilegiadas, medias y ricas” y “sectores populares, pobres”; entre “Camacho” y “Evo”, entre “buenos” y “malos”, y así otros polos opuestos y binarismos, como si estas generalizaciones maniqueas o dicotomías esencialistas fueran posibles, sobre todo en un país como Bolivia.

En este escrito se proponen algunas claves de lectura que plantean ir más allá de una mirada polarizante y simplificadora de la actual coyuntura boliviana y de su propia composición abigarrada e intenta realizar más que un relato cronológico de los sucesos (sobre los que ya se han documentado bastante los últimos días),[2] que a su vez permitan pensar las energías sociales desatadas en este nuevo ciclo de acción colectiva así como las condiciones de posibilidad para la recuperación de una agenda popular, comunitaria, intercultural, democrática y descolonizadora, desde abajo, en un momento en que lo político-estatal parece neutralizar, cuando no capturar, lo social en movimiento y ante el riesgo de una posible deriva conservadora.

Primera fase: Movilización “opositora” o revuelta social contra el fraude y un régimen agotado

Durante tres semanas se asistió en Bolivia a una innegable reemergencia y desborde de la acción colectiva que acaso nunca había dejado de estar ahí, al menos desde el 21 de febrero del 2016 luego que el gobierno del MAS desconociera los resultados de un referéndum al cual él mismo convocó, pero que tomaría un giro no solo en los repertorios de movilización sino en la composición misma de los actores sociales protagonistas, a partir de colectivos, principalmente urbanos y de jóvenes con predominante presencia y auto convocatoria que se movilizaran en contra (por el NO) a la posibilidad de modificar la CPE para habilitar la candidatura en elecciones de Morales y García Linera a un cuarto mandato.

Con la convocatoria a las elecciones del 20 de octubre de este año y a pesar de la desconfianza generalizada en la parcialidad del Órgano Electoral Plurinacional, que era percibido por buena parte de la opinión pública como una de las instituciones estatales cooptada y políticamente genuflexa al gobierno del MAS, la participación en las urnas por parte de la ciudadanía fue masiva, lo que mostró sin duda una apuesta democrática de la mayor parte de la población, antes que una opción social de confrontación en las calles como se expresara en una fase posterior. Sin embargo, no será a hasta un día después, cuando los datos de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) serán retomados, luego de casi 24 horas una repentina e inexplicable suspensión, mostrando que la tendencia en los resultados cambiara notablemente a favor del candidato oficialista y que alejara a la segunda fuerza política con algo más del 10%, lo que según la norma electoral boliviana cerraba las posibilidades de una segunda vuelta o balotaje[3] e instalara la indignación generalizada de un fraude, desencadenando la actual coyuntura postelectoral que durante las primeras tres semanas, hasta la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre, estará marcada por una gran movilización ciudadana y popular revelando un quiebre con las modalidades habituales de acción colectiva en las ciudades, que hasta entonces, al menos desde el ciclo de rebelión social del 2000 al 2005, no se manifestaban con tanta contundencia en el país. De ese modo, el corto pero intenso periodo del 21 de octubre al 10 de noviembre puede ser leído como una primera fase de la coyuntura postelectoral dentro de la actual crisis sociopolítica, en la que se configuraron formas de acción colectiva y modalidades de movilización ciudadana que dan cuenta del nuevo carácter y composición de la protesta social en Bolivia, que a la vez replantean y desafían en adelante los marcos interpretativos en la lectura sobre las fuerzas sociales disruptivas, así como los nuevos actores y lenguajes políticos que se expresan hoy, como parte también de un nuevo ciclo de rebelión social en la región.

En ese sentido, lo que se vino desarrollando como una energía social en movimiento durante tres semanas contiene elementos novedosos y pocas veces antes desplegados en un país que nos había acostumbrado a formas de acción colectiva protagonizadas por sectores sociales concretos y repertorios de reivindicación y movilización previamente definidos, en torno a organizaciones con identidades de agregación más o menos claras (sector minero, movimiento y organizaciones indígenas y/o campesinas, movimiento de mujeres, movimiento estudiantil, juntas vecinales, comités cívicos, etcétera). La forma de la protesta social que se configuró en 20 días estuvo caracterizada por elementos novedosos de auto-convocatoria ciudadana, juvenil y vecinal, sin cabezas o liderazgos visibles, a pesar de que algunas figuras de fuerzas políticas opositoras intentaron beneficiarse del contexto de levantamiento ciudadano contra el fraude para lograr cierta visibilidad y protagonismo que les permitiera algún rédito político, la potencia de lo que se iba gestando en las calles desbordaría cualquier intento de apropiación personal o partidaria de esa lucha, ya que se trataba de una energía social que incluía pero que excedía los esquemas y discursos de los actores políticos convencionales, con una narrativa colectiva que los superaba.

En ese sentido, si bien es cierto que algunos actores clave en esas tres semanas tuvieron un papel catalizador y en cierta medida de portavoces de lo que ocurría en las calles, como el CONADE (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) y algunos comités cívicos como el de Potosí, no fue sino hasta que se activaron instancias asamblearias y convocatorias ciudadanas en torno a cabildos (particularmente masivos en las principales ciudades de Bolivia de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba) donde se condensaría y volcaría la energía social que se movilizaba y se traducía en las calles y plazas del país. Fueron precisamente los grandes cabildos, como instancia de democracia directa, desde donde se coordinaban las principales definiciones, medidas de protesta que se materializaban en las acciones ciudadanas y populares, como bloqueos de esquinas y avenidas, paros movilizados, marchas pacíficas y otras expresiones de levantamiento social. No obstante, gran parte de las estrategias, dispositivos y narrativas de la movilización se generaban en los propios espacios donde tenía lugar la protesta y la acción colectiva de los barrios, esquinas y plazas, lo que configuró una interacción de ida y vuelta que circulaba entre las calles y los cabildos, configurando, acaso, una verdadera rebelión social, ciudadana y popular, que con el protagonismo indiscutible de jóvenes bajo el contundente lema de “¡Nadie se cansa! ¡Nadie se rinde!” trastocaría el modo y los lenguajes de la movilización social y acción colectiva en Bolivia.

Sin duda el hecho de que los cabildos se hayan realizado en ciudades hizo que la participación fuera predominantemente de sectores urbanos, lo que resulta mucho más evidente en los varios cabildos que se realizaron en la ciudad de Santa Cruz, que es desde donde se proyectara la figura del líder cívico Luis Fernando Camacho, como un portavoz de los mismos pero también como expresión de sectores conservadores de la oligarquía de esa región boliviana, que luego tendrá un rol protagónico como figura antagónica, al entonces presidente Evo Morales. No obstante, el rol y la figura de Camacho, resulta en cierta medida, oportunista, sospechosa y complementaria a Morales, ya que le permitió al oficialismo y a ciertas corrientes de opinión política fuera de Bolivia, generalizar, reducir y/o descalificar a toda la lucha ciudadana y popular como una estrategia conservadora generada por cierta “derecha racista” contra el gobierno del Morales, debido a la excesiva visibilidad y protagonismo mediático del líder cívico, que opacaba, personalizaba y expropiaba el discurso democratizador de la revuelta ciudadana que se había generado y desplegado en las calles, eclipsando bajo un supuesto “representante” (con hálito fascistoide y un discurso impregnado de fanatismo religioso, con biblia y rosario en mano) una lucha social que ciertamente fue colectiva, ciudadana, laica y plural y que venía de más atrás y desde luego era mucho más grande y profunda que un movimiento o un paladín cívico regional.

Por otra parte, no se debe descontextualizar analíticamente este levantamiento social con un proceso de una acumulación, de cansancio social y descontento ciudadano que viene desde el 2016 pero que encuentra antecedentes fundamentales anteriores como el conflicto del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure)[4] que marca una ruptura del gobierno del MAS con el movimiento indígena y sus principales organizaciones matrices, así como la más reciente indignación generalizada por los incendios forestales que arrasaron con más de 5 millones de hectáreas en las regiones de la Chiquitina, Amazonia y Chaco en Bolivia,[5] resultado de las políticas extractivistas y normas impulsadas del gobierno de Morales para favorecer a la ampliación de la frontera agroindustrial sobre tierras de uso forestal, sobre áreas protegidas y territorios indígenas reconocidos. Este último episodio que se produjo semanas antes del proceso electoral implicó indudablemente un aumento de la impopularidad de la candidatura de la dupla Morales/García Linera, que nunca dejó de considerarse inconstitucional e ilegítima por gran parte de la población, constituyendo el corolario de una política gubernamental declaradamente capitalista, de despojo y de atropello a los derechos de los pueblos indígenas y contra sus territorios ancestrales reconocidos, a través de una visión y apuesta estatal recolonizadora[6] aunque con una retórica “anti-imperialista”. A todos esos antecedentes se sumaron una imagen de un gobierno marcado por grandes hechos de corrupción y una faceta híper-presidencialista y despótica marcada por el control total de todos los poderes del Estado por el partido gobernante.

Una sociedad y coyuntura abigarrada: Lo popular e indígena atravesando todo lo que se mueve

Bolivia es un país, a decir de René Zavaleta, con una ‘conformación social abigarrada,’[7] pero también de procesos de interculturalidad marcada, particularmente en ámbitos urbanos, donde son evidentes los procesos de entrecruzamiento o yuxtaposición de identidades socioculturales o las expresiones de lo que la socióloga Silvia Rivera nombra como Ch’ixi[8] en las múltiples dimensiones del mundo social boliviano, por lo que no es posible, ni honesto intelectualmente, separar de modo binario y para fines clasificatorios o calificatorios en “dos bandos” una complejidad social y cultural de actores al momento de caracterizar las identidades una movilización como la que se produjo en las últimas semanas. En ese sentido, lo que se viene manifestando y moviendo socialmente en Bolivia los últimos años y en específicamente las últimas semanas encuentra una clara relación con lo que Luis Tapia llamo ‘subsuelo de la política’[9] [9] en tanto formas de acción colectiva al margen de los espacios convencionales de la política estatal, sobre todo desde sectores históricamente subalternos y excluidos, rurales y urbanos, así como con aquellos que están al margen o trascienden los marcos político-partidarios, como los colectivos juveniles, juntas vecinales, comités cívicos, colectivos ambientalistas, etcétera, pero también con la reemergencia de sujetos y sectores sociales populares y tradicionales en el país, como los mineros, fabriles, estudiantes, maestros y la propia Central Obrera Boliviana, lo que nos muestra una pluralidad de actores sociales y una multiplicidad de sujetos políticos que exceden una simple separación entre “dos bandos” claramente distinguibles y antagónicos en esta compleja coyuntura.

Esta premisa cognitiva es igualmente pertinente al momento de caracterizar y entender qué tipo de sectores sociales actualmente son seguidores del ex-presidente Morales o militantes del MAS (que no es lo mismo) que denuncian un supuesto “golpe de estado” y cuáles son los que rechazaron el fraude electoral y exigieron y produjeron su renuncia. Lo cierto es que en un país de condición abigarrada como Bolivia esa complejidad societal constitutiva no deja de manifestarse en su actual, intenso y desgarrador momento de crisis sociopolítica. Asimismo, es posible afirmar que el componente intercultural así como la presencia de sectores populares, tanto en ámbitos urbanos como rurales y de identidad indígena y/o campesina están presentes y se revelan en las diferentes facetas de la protesta social y de acción colectiva; sea en las masivas movilizaciones de las tres semanas posteriores al 20 de octubre, la que también tuvo un carácter predominantemente urbano e interclasista; así como las que se expresan en los días posteriores a la renuncia y abandono de Evo Morales del país, con un perfil predominantemente más urbano popular y campesino-indígena, mismas que se manifiestan en contra del actual gobierno transitorio de Jeanine Añez, pero más contundentemente por el respeto de la Whipala como símbolo (bandera) de los pueblos indígenas y del Estado plurinacional.

En ese sentido con la complejidad y abigarramiento de las fuerzas sociales en Bolivia y particularmente en esta coyuntura, una lectura que polariza en “dos bandos” no solo cae en un binarismo insostenible por su banalidad analítica (blanco/negro; bueno/malo; izquierda/derecha) sino que oculta la complejidad social que mira, no sin intencionalidad y posicionamiento político anticipado, ignorando o negando premeditadamente que fueron diversos y no pocos sectores populares y comunitarios en Bolivia los que exigieron la renuncia de Evo Morales y la convocatoria a nuevas elecciones; como las caravanas de cientos mineros de Potosí y Oruro que exigían la renuncia de Morales, como parte de esa Bolivia plebeya y popular desenamorada y cansada de un régimen del que hace rato ya no se sentían representados; o la Nación Originaria Qhara Qhara que marchó hacia la sede de gobierno para exigir respeto a sus territorios ancestrales y “dejar de prostituir a la Pachamana” pidiendo también que Evo Morales se vaya; o la CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) que desconocieron y exigieron la renuncia de Morales, para no mencionar a los pueblos indígenas de tierras bajas (en la Amazonia, Chiquitania y Chaco), que los últimos años vienen denunciando y resistiendo las brutales políticas de despojo por parte de los gobiernos del MAS y que son los directamente afectados por el brutal ecocidio (incendio) promovido por las políticas de una expansión capitalista, extractivista y agroindustrial en Bolivia.

Segunda fase: De un escenario incierto al riesgo de una deriva conservadora. La urgencia de retomar una agenda social, popular e intercultural desde abajo…

El actual escenario sociopolítico al que asistimos en Bolivia en estos últimos días se ha intensificado y la velocidad de los acontecimientos supera los tiempos de las lecturas de los sucesos y hace difícil un análisis preciso de la actual situación. Sin embargo, es innegable que lo que disparó la actual coyuntura boliviana, abriendo una segunda fase postelectoral, fue la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera y su posterior abandono del país, así como la renuncia de las máximas autoridades legislativas del MAS (presidentes de ambas cámaras), luego de que se confirmara un gran fraude electoral por parte de una auditoria solicitada por el propio gobierno de Morales a la OEA. Esas renuncias que produjeron un vacío de poder y que a su vez motivó una sucesión presidencial constitucional de un gobierno transitorio, avalado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (el mismo que avaló la reciente candidatura de Morales y Gracia Linera), con el único mandato de convocar lo más breve a elecciones generales, lo que se estaría tratando de resolver actualmente en espacios de diálogo y negociación entre el actual oficialismo (transitorio) y la mayoría parlamentaria del MAS, con mediación internacional.

Sin embargo, por un lado, este gobierno interino ciertamente no sólo no ha encontrado el camino allanado sino que estaría equivocadamente proyectando una imagen de gobierno electo, por las atribuciones que se ha tomado y que no le corresponden constitucionalmente y sin la legitimidad democrática que otorga el voto, desplegando con una retórica conservadora, acciones de revanchismo político que muy poco ayudan a una pacificar un país en el que las voces de ‘guerra civil’ volvieron a emerger luego de varios años. Por otro lado, desde el mismo día de la renuncia de Morales se viene produciendo una serie de protestas por parte de grupos seguidores y afines al MAS, a través no solo de formas de movilización y protesta social, sino también con hechos violentos organizados (que van desde la quema de casas y bienes públicos, grupos de gente armada arengando por “guerra civil”, con bloqueos de cerco a la ciudad de La Paz y más recientemente con atentados vandálicos hacia gaseoductos o intentos de dinamitar plantas de combustibles). Este escenario que coloca al país en una mayor incertidumbre política y zozobra social, que se fue acentuado a partir de la acusación y persistencia por parte de Evo Morales antes y posterior a su renuncia, de ser víctima de un supuesto “golpe de Estado”, con la que ha logrado no solo una difundida solidaridad política y apoyo de la “izquierda” internacional, del “progresismo regional”, así como de algunos gobiernos afines al que fuera el Gobierno de Morales, sino además la condena al gobierno transitorio actual, descalificándolo como de “derecha racista” y “golpista”.

Asimismo, de ninguna manera puede ser minimizado ni totalmente justificado el rol que están jugando las fuerzas armadas en el restablecimiento del orden constitucional en el país los últimos días, que se han traducido en episodios de mucha confrontación y violencia en escalada, con pérdidas de vidas humanas (que se suman a las bajas que se tuvieron antes de la renuncia de Morales y luego de las elecciones). Sin embargo, no se puede descontextualizar y condenar a priori los elementos que motivaron la salida conjunta de fuerzas policiales y militares a las zonas y lugares de mayor tensión cuando la propia Constitución boliviana establece el rol que deben cumplir dichas fuerzas para la seguridad de la población, sobre todo cuando ha sido anunciado (como amenaza pública del ex presidente Morales) y explícito el carácter confrontacional, violento y en algunos casos armado de algunas de las movilizaciones de los últimos días por parte de ciertos grupos afines al MAS, las cuales ciertamente son minoritarios y no constituyen las únicas expresiones de movilización y protesta, considerando la gran cantidad de manifestaciones que actualmente tienen lugar en el país de parte de sectores populares y vecinales por la pacificación y del derecho a volver a la tranquilidad social, los que son innegables en las mismas zonas convulsionadas, en particular en El Alto.

Lo que tampoco se puede dejar de considerar es el efecto que están teniendo algunas de las actuales expresiones de carácter violento sobre el resto de la ciudadanía no movilizada que representa una gran mayoría de la población, incluida mucha de la gente que votó por el MAS en las recientes elecciones, mediante el temor generalizado de los pobladores de ciudades como La Paz y El Alto  ante la escasez de combustibles y algunos alimentos debido al cerco y bloqueo que se ha desplegado en El Alto y hacia la ciudad de La Paz, acaso cumpliéndose la amenaza lanzada semanas atrás por parte del ex-presidente Morales de “cercar ciudades” y que se vino reiterando de modo más remozado en las constantes llamadas a la movilización que realiza en diferentes entrevistas desde su auto-exilio en México.

Al momento de escribir estas páginas, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, una comisión con representantes del MAS como mayoría parlamentaria y las otras fuerzas políticas se encuentran definiendo el proyecto de ley para la convocatoria inmediata a nuevas elecciones. Por otra parte, el número de pérdidas humanas se ha incrementado alrededor de treinta sumando las recientes 8 muertes en la zona de Senkata en la ciudad de El Alto, donde se encuentra la mayor planta de combustibles que abastece de gasolina a la Ciudad de La Paz y que fue objeto de enfrentamientos y un operativo policial-militar el pasado día 19 de noviembre para su control ante amenazas de atentados contra dicha planta. Hasta el momento no se han establecido con certeza si estas muertes fueron ocasionadas por disparos de las fuerzas armadas, lo cierto es que este reciente hecho ha provocado una fuerte reacción en esta ciudad predominantemente de identidad indígena aymara que se movilizó dos días después hasta la sede de gobierno, manifestación que exigía justicia por esas muertes y que fue impedida de ingresar a la Plaza Murillo donde se encuentra el palacio de gobierno, siendo dispersada con gases lacrimógenos del centro político paceño. Las imágenes que se difundieron de este episodio, dramático, doloroso y conmovedor, reflejan de alguna manera la delicada situación de profunda crisis en Bolivia.

En ese sentido, lo que también debe alarmar en este complejo escenario es, por un lado, el excesivo uso de la fuerza que están ejerciendo las fuerzas armadas y policiales, el cual parece responder a un despliegue de poder estatal que no corresponde a un gobierno de carácter transitorio con el único propósito de convocar a elecciones, el mismo que además estaría dando señales de cierta tendencia política revanchista por sus discursos y acciones pero, por otro lado, porque varios de sus actuales protagonistas representan a fuerzas políticas políticamente conservadoras, que 13 años atrás parecían derrotadas y que ahora, luego un largo periodo de dominación en que la principal fuerza política está en crisis, debido a sus propio proceso de envilecimiento y descomposición, al abandono de su principal líder y el descrédito por el fraude electoral cometido; fuerzas políticas conservadoras que tratan de apropiarse de una victoria democrática que no les pertenece y frente a las cuales el campo popular y comunitario tendrá que lidiar y disputar en adelante dentro y fuera de los marcos estatales.

Lo que sí representa una urgente necesidad en estos duros tiempos y en este este complejo escenario sociopolítico, es la capacidad y potencia de los sujetos sociales, que se movilizaron por 20 días y movilizan hoy frente al abuso del poder estatal, en todas sus versiones, frente al despotismo, la corrupción y el autoritarismo antidemocrático, para encauzar y traducir esa energía social democrática, ciudadana, comunitaria y popular hacia una agenda de transformación en la que quepamos todxs, para volver a abrir y construir horizontes de recuperación democrática y transformación estatal verdaderamente plurinacional, de interculturalidad, de fraternidad, de diversidad y de descolonización. Para que las vidas que se perdieron no sean en vano…

22 de noviembre de 2019

[1] http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Auditoria-Bolivia-2019.pdf

[2] https://fundacionsolon.org/2019/10/23/carta-al-movimiento-antiglobalizador-sobre-la-situacion-en-bolivia/

[3] http://www.la-razon.com/nacional/informe-neotec-trep-elecciones_0_3249875031.html

[4] https://www.dw.com/es/tipnis-m%C3%A1s-que-un-conflicto-por-una-carretera/a-16506622

[5] https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/09/29/bolivia-incendios-forestales-consumieron-53-millones-de-hectareas/

[6] http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/1968

[7] http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Bolivia/cides-umsa/20120906025527/16.pdf

[8] https://www.traficantes.net/libros/un-mundo-chixi-es-posible

[9] http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100610092828/tapiaPS.pdf

Pabel C. López Flores

Investigador asociado al Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA), de Bolivia. Postdoctorante en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) en la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Sociología por la Scuola Normale Superiore y la Universidad de Milán, Italia. Ex coordinador del Grupo de Trabajo “Territorialidades en disputa y re-existencia” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

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