La Amazonía peruana, rica en recursos naturales, ha sido históricamente un escenario de conflicto debido a la marginación de las comunidades indígenas y la explotación de sus territorios. Las demandas de estas comunidades por respeto a sus derechos y protección ambiental han sido enfrentadas con represión por parte del Estado, como se evidenció durante la «toma de Lima». Este trabajo analiza la criminalización de la protesta indígena en el Perú, destacando cómo el Estado ha utilizado la represión y la estigmatización para deslegitimar sus luchas, y subrayando la necesidad de un enfoque más justo y respetuoso hacia los derechos de estas comunidades.
La Amazonía peruana ha sido históricamente una región marcada por conflictos sociales derivados de la explotación de recursos naturales, la marginación política y la falta de reconocimiento de los derechos territoriales indígenas (Merino, 2022). Las comunidades amazónicas han levantado su voz en múltiples ocasiones para exigir el respeto a sus derechos, la protección del medioambiente y una participación más activa en las decisiones que afectan sus territorios. Durante la «toma de Lima», estas demandas se intensificaron, con líderes indígenas viajando a la capital para ser escuchados por el gobierno central (Rojas, 2023). Estos factores, combinados con una historia de promesas incumplidas y represión, llevaron a una movilización masiva que llevó a la «toma de Lima».
La respuesta del Estado peruano a las protestas de la población indígena, especialmente durante las movilizaciones recientes como la “toma de Lima”, ha sido, en gran medida, represiva y violenta (Amnistía Internacional, 2023). Esta situación no es aislada, sino parte de un patrón histórico y sistemático de represión y criminalización de las demandas sociales de los pueblos indígenas en el país. Las autoridades no solo desplegaron fuerzas policiales y militares para contener a los manifestantes, sino que también han utilizado un discurso de criminalización para deslegitimar sus demandas, etiquetando a los manifestantes como «terroristas» y «delincuentes».
Según un informe de Amnistía Internacional (2023), el gobierno peruano ha implementado estrategias de criminalización de la protesta social, lo cual se refleja en la retórica oficial y en las acciones coercitivas de las fuerzas de seguridad. Esta criminalización no es una táctica nueva en Perú; la protesta social ha sido históricamente vista como una amenaza a la estabilidad del Estado, en lugar de una expresión legítima de descontento ciudadano. La narrativa estatal que equipara la protesta indígena con el terrorismo se ha empleado como una herramienta para justificar la represión y silenciar las voces.
El proceso de criminalización de la protesta indígena es doblemente preocupante cuando se considera el contexto de exclusión y marginación histórica que han sufrido estos pueblos. Como señala Calvache (2024), los pueblos originarios, al defender o reivindicar sus derechos, recurren a diversas estrategias basadas en la representación colectiva, que incluyen la representación étnico-social y étnico-cultural. Sin embargo, instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han sido insuficientes para garantizar la protección efectiva de los derechos de los pueblos originarios.
La situación en Perú ejemplifica cómo, a pesar del reconocimiento internacional de los derechos indígenas, persiste la opresión y violencia. Como señala Calvache (2024), la participación de los pueblos indígenas en organismos internacionales destaca la ineficacia de las normativas internas para proteger estos derechos. Por su parte, Ronald Gamarra Herrera (2010) añade que en Perú la tensión entre la libertad de expresión y la represión penal se evidencia en la sanción de decretos que otorgan al Poder Ejecutivo amplias facultades para reprimir estas libertades, reflejando un desajuste entre el reconocimiento formal y la aplicación real de los derechos en Perú. Por ende, la criminalización de la protesta indígena es un reflejo de la falta de voluntad política del Estado peruano para abordar de manera integral las demandas de los pueblos originarios y para garantizar su derecho a la autodeterminación y a la libre manifestación.
En este sentido es paradigmático de los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en América Latina en su lucha por el reconocimiento y la protección de sus derechos. La criminalización de su protesta no solo es una violación de derechos fundamentales, sino también una negación de su identidad y de su papel como actores políticos legítimos dentro de sus propios territorios. Es fundamental que el Estado peruano asuma su responsabilidad en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y que adopte medidas efectivas para poner fin a la violencia y la represión que caracterizan su respuesta a las demandas sociales de estos pueblos.
La represión de la «toma de Lima» violó principios fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. Según Amnistía Internacional (2023), la respuesta del Estado a las protestas fue desproporcionada, resultando en graves violaciones de derechos humanos, lo que pone en tela de juicio el compromiso del Perú con los estándares internacionales. La criminalización de la protesta, especialmente al catalogar a los manifestantes como «terroristas», es una táctica del gobierno que busca no solo justificar el uso de la fuerza, sino también erosionar el apoyo público a las demandas indígenas. Esto es consistente con la observación de Calvache (2024) sobre la falta de voluntad de los Estados para proteger efectivamente los derechos de los pueblos originarios, incluso cuando dichos derechos están formalmente reconocidos.
Según Infobae (2023), la criminalización de las protestas indígenas refleja una falta de comprensión y respeto por los derechos y demandas legítimas de las comunidades amazónicas. Este enfoque no solo perpetúa la exclusión de estas comunidades, sino que también erosiona la confianza en las instituciones democráticas del país.
La criminalización de la protesta amazónica y la respuesta represiva del Estado peruano durante la «toma de Lima» tienen serias implicaciones para los derechos humanos y la legitimidad de las demandas indígenas. Estas acciones no solo violan los derechos fundamentales de los manifestantes, sino que también socavan la confianza en las instituciones democráticas y perpetúan la exclusión de las comunidades amazónicas. Es necesario un cambio de enfoque en la gestión de los conflictos sociales en Perú, donde se priorice el diálogo y el respeto a los derechos humanos sobre la represión y la criminalización.
En un contexto democrático, la protesta social es un derecho legítimo que debe ser protegido y no reprimido. El Estado peruano debe reconocer la validez de las demandas indígenas y buscar soluciones que promuevan la inclusión y la justicia social. Solo entonces se podrá construir un país verdaderamente democrático, donde los derechos de todos los ciudadanos sean respetados y valorados. Al criminalizar las protestas, el Estado peruano ignora las razones subyacentes de las movilizaciones y, en cambio, opta por una política de confrontación que agrava las tensiones sociales. El desafío central para el Estado peruano es trascender esta lógica represiva y adoptar un enfoque basado en el diálogo y el respeto por los derechos humanos. La validación y legitimación de las demandas indígenas son esenciales para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, donde la protesta social sea vista como una herramienta legítima para la participación ciudadana y no como una amenaza a la estabilidad de los gobiernos de turno.
Referencias
- Amnistía Internacional. (2023). Perú: La represión letal del Estado es una muestra más del desprecio hacia la población indígena y campesina. Amnistía Internacional. Recuperado de https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/02/peru-lethal-state-repression/
- Calvache Navarrete, C. V. (2024). Criminalización de los pueblos originarios y defensa de los derechos de los pueblos indígenas ligados a sus territorios [Criminalization of indigenous peoples and defense of the rights of indigenous peoples linked to their territories]. Crítica y Derecho: Revista Jurídica, 5(8). Recuperado en https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/criticayderecho/article/view/5899/7172
- Gamarra Herrera, R. (2010). “Libertad de expresión y criminalización de la protesta social”, en E. A. Bertoni (Comp.). ¿Es legítima la criminalización de la protesta social?: Derecho penal y libertad de expresión en América Latina (pp. 183-209). Universidad de Palermo. Recuperado en https://www.palermo.edu/cele/pdf/Protesta-social.pdf
- Infobae. (2022). La Policía intervino a manifestantes asháninkas que avanzan a Lima desde la selva central y les arrebató arcos y flechas artesanales. Infobae. Recuperado en https://www.infobae.com/america/peru/2022/12/14/policia-intervino-a-manifestantes-ashaninkas-que-avanzan-a-lima-desde-la-selva-central-y-les-arrebato-arcos-y-flechas-artesanales/
- Merino R. (2022). «Soberanías en conflicto: Conservación y naciones indígenas en la Amazonía peruana». En A. Castro y M. I. Merino-Gómez (Eds.). Desafíos y perspectivas de la situación ambiental en el Perú. En el marco de la conmemoración de los 200 años de vida republicana. Lima: INTE-PUCP, pp. 286-312. https://doi.org/10.18800/978-9972-674-30-3.014
- Rojas, D. (2022). Pueblos amazónicos se suman al paro nacional en busca de elecciones para el 2023. Convoca. Recuperado en https://convoca.pe/agenda-propia/pueblos-amazonicos-se-suman-al-paro-nacional-en-busca-de-elecciones-para-el-2023
