Entre el 9 y 16 de noviembre del 2020, el conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo peruano alcanzó su pico máximo con una crisis política total. En ocho días el Perú tuvo tres presidentes, en seis meses se cambió a cinco gabinetes y durante todo un día los cargos de Presidente de la República y Presidente del Congreso quedaron vacíos por las renuncias dejando al país sin las cabezas de los dos poderes. Todo esto ocurrió a meses de las Elecciones Generales a realizarse el 11 de abril del 2021, y en medio de la crisis sanitaria mundial producida por la COVID-19 que ha afectado ya a 948 mil personas, generado una pérdida significativa del empleo formal y desbordado el sistema de salud.

La crisis política producida en esa semana es la conclusión de anteriores luchas entre el Ejecutivo y Legislativo. Desde el 2016, la elección de Pedro Pablo Kuczynski como Presidente de la República configuró una presidencia con minoría parlamentaria. Mientras que el partido oficialista obtenía 18 escaños, la oposición llegó a ocupar 73 de 130 asientos en un congreso unicameral.

De esta manera, en los sistemas presidencialistas latinoamericanos, tal como advertía Juan Linz, una presidencia sin apoyo en el Legislativo, sumado a un conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo, podía resultar en la salida del Presidente (renuncia, golpe de Estado, vacancia). El Perú no ha sido una excepción y, dos años después de la asunción al poder, Kuczynski tuvo que renunciar a la presidencia tras dos intentos de vacancia por incapacidad moral por parte del Legislativo dejando como sucesor a Martín Vizcarra, su primer vicepresidente.

El gobierno de Vizcarra heredó la deficiencia parlamentaria de su antecesor, pero interpuso a este un discurso de lucha contra la corrupción que resultó popular para los ciudadanos y le permitió establecer ciertas reformas, como el Referéndum del 2018 que eliminó la reelección parlamentaria, y la creación de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Sin embargo, los conflictos entre los poderes se reiniciaron y en el marco de la irregular elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional por parte del Legislativo, el Ejecutivo optó por emplear una cuestión de confianza a este procedimiento. Ante la negativa del Parlamento, quienes procedieron con la elección, el Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, cerró el Congreso de mayoría fujimorista el 30 setiembre del 2019 y convocó a nuevas elecciones para el 26 de enero del 2020.

De esta manera, Vizcarra conseguía construir un mejor escenario pues la oposición que había complicado diversas políticas públicas perdía su abultada mayoría. Sin embargo, en el proceso electoral del 2020, la cabeza del Ejecutivo no presentó ni apoyó a ninguna lista parlamentaria. Sea por negociaciones truncadas o por desinterés, Martín Vizcarra se quedaba nuevamente huérfano en el Parlamento y la configuración de este mismo no era garantía de una estabilidad política. Así, la vacancia por incapacidad moral, y el contenido vacío que este concepto supone, resurgió como instrumento político para retirar a Vizcarra de la presidencia.

El resurgimiento de una investigación por supuestos sobornos cuando Vizcarra era gobernador regional impulsó un primer pedido de vacancia por parte de los congresistas. A pesar de que Vizcarra sobrevivió esta primera votación, la filtración de chats que supuestamente lo implicaban más con este caso supuso un segundo pedido y una segunda votación de vacancia. En este, Vizcarra se mostró menos conciliador con el Congreso y en sus descargos enfrentó directamente a los parlamentarios. Declaraciones como: «Se ha hecho público que 68 congresistas tienen investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían que dejar también su cargo por ello sin que la investigación haya sido concluida?» terminaron por romper el apoyo de gran parte de las bancadas. Así, con 105 votos de 130, la presidencia de Vizcarra terminaba y ascendía al poder el entonces Presidente del Congreso, Manuel Merino.

La decisión de vacar a Vizcarra y la sucesión por un congresista poco conocido a cargo de un Parlamento altamente cuestionado se tradujo en protestas a nivel nacional e internacional. Aunque, es necesario resaltar que estos movimientos en su mayoría no abanderaban al ya expresidente Vizcarra. En muchos casos, la protesta se enfocó más a la defensa de la democracia pues se identificaba a la vacancia como un golpe de Estado.

De una u otra manera, la discusión sobre si la votación fue legal o no pierde relevancia frente a los sucesos posteriores. La juramentación de Manuel Merino el 10 de noviembre, la de su premier, Antero Flores-Aráoz, el 11 de ese mismo mes y la elección de un gabinete de derecha y poco conciliador solo se tradujo en más protestas. En este contexto, la policía peruana exhibió todas sus carencias como institución. Lejos de proteger a los ciudadanos y vigilar que la violencia no escalara, fueron estos los que intervinieron en marchas pacíficas reprimiendo a los manifestantes que ejecutaban su derecho a la protesta.

Ante esto, ya el 11 de noviembre, los congresistas Alberto de Belaúnde y Rocío Silva advertían de los excesos y la violencia ejercida solicitando citar al general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Lam, a la Comisión de Justicia del Congreso. La propuesta fue rechazada con la mayoría de votos en contra y dos días después, el recién juramentado premier, acudió a una delegación policial para agradecer el accionar de los agentes tras las marchas nacionales que se seguían produciendo. Este apoyo por parte de Flores-Aráoz se vio acompañado de la promulgación por insistencia del Ejecutivo encabezado por Merino de la Ley 31012 que exime de responsabilidad penal a efectivos de la PNP que lesionan o matan civiles.

Estas dos puntuales acciones del Ejecutivo terminaron por garantizar cierto de grado de impunidad. Los días siguientes, el accionar de la PNP solo escalaría en violencia. El uso de gas lacrimógeno, armas de fuego, policía encubierta en las manifestaciones y detenciones irregulares se produjeron con una escalofriante regularidad. De estas últimas destaca el caso Javier Mollo Fuentes y su pareja, Ana de la Cruz, que fueron intervenidos mientras trabajaban en su local de impresiones en el Centro de Lima por imprimir carteles con mensajes en contra de Merino que un mismo policía encubierto había encargado, según la versión ambos. Tras su liberación, Ana de la Cruz, de 22 años, denunció haber sufrido tocamientos indebidos y actos de violencia sexual por parte de la Policía en el sótano de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI).

La violencia contra los manifestantes continuaría y la noche del 14 de noviembre se confirmaría la muerte de los estudiantes universitarios Jack Pintado e Inti Sotelo, de 22 y 24 años respectivamente. El primero recibió once impactos de perdigones de plomo mientras que el segundo cuatro. La muerte de ambos solo acrecentó la indignación ciudadana y el pedido de renuncia de Merino por parte de organismos nacionales, partidos políticos y miembros del Congreso. Tras su renuncia, y después de diversas negociaciones entre los partidos en donde se exhibió la incapacidad del consenso, recién el 16 de noviembre se eligió a Francisco Sagasti como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso y este asumió la Presidencia de la República al día siguiente.

A puertas del bicentenario de la independencia peruana, la crisis política demuestra grandes carencias en sus instituciones y su sistema político. Los eventos de esta semana en el Perú demuestran la necesidad de una reforma política que reestructure el balance de poder y permita un cierto grado de gobernabilidad en presidencias con minorías parlamentarias. Sin embargo, más relevante aún resulta ser una reforma total de la Policía peruana. Las marchas, de acuerdo a información recolectada por Ojo Público (https://ojo-publico.com/), dejan el saldo de dos jóvenes muertos, 250 personas con diferentes afectaciones, entre manifestantes, paramédicos voluntarios y periodistas de medios nacionales y extranjeros, así como la intervención irregular de ciudadanos y la desaparición por varios días de los mismos. El accionar de la Policía Nacional del Perú durante las manifestaciones prueba que esta institución no está al servicio del ciudadano, sino del poder de turno. En el futuro, ¿serán los miembros de la policía los que protegerán a la democracia o sencillamente ejecutarán órdenes, así éstas violen los derechos y la dignidad de los peruanos? La reforma integral de toda esta institución es de crucial importancia junto a la investigación y el juicio de los responsables directos por las muertes de Jack Pintado e Inti Sotelo y el resto de ciudadanos afectados. En una democracia plena, nadie debería ser herido ni morir por manifestarse.

Fotografía: AFP