En Colombia se desató una nueva ola de protestas luego de difundirse por redes el video del homicidio del abogado Javier Ordoñez a quien dos agentes de policía le propinaron choques eléctricos la noche del 8 de septiembre por no acatar la norma de distanciamiento social por la pandemia.

Al día siguiente miles de personas se manifestaron frente a las estaciones de policía y se tomaron el Comandos de Atención Inmediata (CAI)[1] donde la noche anterior habían torturado a Ordoñez. En cuestión de horas, más y más personas fueron uniéndose a las manifestaciones en las que serían las protestas más violentas del siglo, sólo equiparables con el Bogotazo. En tres días de protestas el saldo fueron 52 CAI destruidos por los manifestantes (22 incendiados), 13 homicidios con arma de fuego policial (7 menores de edad), 140 denuncias contra la policía y 209 civiles heridos ingresados a hospitales ya colapsados por pacientes con covid-19.

Estos hechos de brutalidad policial se sumaron a los motivos que venían desde el año pasado, por las políticas de gobierno anunciadas en agosto de 2019 por el gobierno de Iván Duque con las reformas laboral y pensional y el holding financiero, además del desempleo, la imposibilidad de amplios sectores de la población para acceder a los servicios básicos de alimentación, salud y educación, y el desvío de dineros correspondientes al proceso de paz que, recordemos, fueron las razones que impulsaron las manifestaciones del 21 de noviembre de 2019 (21N). Luego del estruendoso cacerolazo con que cerró la noche del 21N, el gobierno criminalizó la protesta, cerró los pasos fronterizos y decretó toque de queda. Las manifestaciones continuaron y en medio de protestas pacíficas, el 25 de noviembre Dilan Cruz, un joven estudiante murió luego de dos días en estado crítico a razón del trauma craneoencefálico producto por un disparo que le propinó un uniformado del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Esa primera ola de protestas se extendió hasta el 21 de enero de 2020 con un saldo de 6 muertos, 769 heridos, más de 100 detenidos y 14 judicializados. El gobierno no accedió a ninguna de las peticiones.

¿Qué pasó durante el aislamiento social por la pandemia?

Es importante entender lo que se cocinó entre la primera ola de protesta (21N) y la segunda (10S y 21S). Fueron 6 meses de encierro, aislamiento social y pánico colectivo por la pandemia que operaron como una olla de presión que explotó de manera inesperada en las calles. La pandemia no sólo detuvo las manifestaciones por el pánico generalizado a un contagio masivo, también evidenció la imposibilidad del gobierno de atender una crisis sanitaria por la tercerización del sistema de salud, el desigual acceso a las tecnologías necesarias para la educación virtual y la nula voluntad política para apoyar a las pequeñas economías y a los sectores sociales más afectados.

Mientras las noticias sobre la pandemia captaban la atención y la gente permanecía en sus casas en aislamiento preventivo, avanzaron los asesinatos a líderes sociales y las masacres en las zonas rurales. El 17 de agosto la Comisión de la ONU advirtió que 248 excombatientes que se habían adscrito al proceso de paz fueron asesinados tras la firma de los acuerdos. El 10 de septiembre, fecha cuando se conmemora el día mundial de la prevención del suicidio, Colombia lamentaba el homicidio de 13 civiles en manos de la Policía en un solo día. El 21 de septiembre, fecha de conmemoración el día Internacional de la Paz, se reportaron 63 masacres en lo que va del año 2020, siendo septiembre el mes con mayor número de masacres (14 en total, 4 en una misma noche).

Hay por lo menos tres aspectos que resaltar. Uno es el uso de las nuevas tecnologías en el contexto de las protestas sociales, otro es la desconfianza e incredulidad de la ciudadanía ante el discurso oficial del gobierno y por último que la protesta social se midió en pulso de fuerza con el gobierno y ganó la protesta.

Uso de nuevas tecnologías en el contexto de las protestas

El caso de Ordoñez recuerda lo ocurrido con George Floyd en Minneapolis, porque también fue un video filmado con un teléfono celular lo que permitió la difusión de los hechos. Así mismo, las redes sociales han servido para convocar y organizar jornadas de activismo en línea y en las calles, y el despliegue de los medios digitales alternativos, sumado al activismo ciudadano, lograron desviar la atención que había acaparado la crisis sanitaria durante los últimos seis meses.

Quiero enfocarme en el uso de las nuevas tecnologías en las protestas sociales. Ha sido gracias a que miles de personas cuentan con dispositivos celulares y conexión a internet que hemos conocido en tiempo real los abusos policiales y las denuncias de los agravios a la ciudadanía. Esas mismas han servido de prueba para la investigación y judicialización de las personas responsables de los hechos, como en el caso de los responsables del homicidio de Ordoñez. Esas denuncias también han permitido que la protesta social gane legitimidad, no solo por la indignación que produce la evidencia fehaciente de los excesos, también porque incrementa la incredulidad en el gobierno que ha demostrado un ínfimo nivel de liderazgo, la desconfianza ante las instituciones que deberían defender la vida y la frustración acumulada por el confinamiento en unas condiciones de incertidumbre por la incapacidad del gobierno de manejar la crisis.

Los homicidios de Dilan Cruz y Javier Ordoñez y las 13 personas asesinadas el 10 de septiembre no son hechos aislados. La ONG Temblores confirmó la muerte de 659 civiles por acción de la policía en Colombia entre 2017 y 2020 y han abierto canales de denuncia en redes sociales. Si nos preguntamos si el activismo digital sirve de algo, la respuesta es sí, cuando contribuye a difundir la información y a organizar la movilización. Es importante mencionar que lo ocurrido entre el 9 y 11 de septiembre fue la muestra del potencial de la protesta. Todavía no se sabía qué tanto éxito podría tener una convocatoria en medio del aislamiento social y dada la magnitud de las manifestaciones, el Comité Nacional del Paro que convocó el 21N, mediante redes sociales convocó a una “Retoma de las calles” para el 21S (21 de septiembre) con el hashtag #NosEstanMatando, para denunciar el decreto 1174, el millonario crédito a Avianca, el homicidio de excombatientes, los asesinatos de líderes sociales, las masacres, la implementación de los acuerdos de paz y la brutalidad policial.

El discurso del gobierno desdibuja la confianza en las instituciones

Que éstas sean las protestas más violentas del siglo, a cuatro años de haberse firmado un acuerdo de paz, muestra varias cosas, entre las que destaco dos. Una es que la gente ya no cree en el discurso oficial del gobierno, otra que el incumplimiento del acuerdo de paz produjo más violencia y no al revés, como sostiene el gobierno que a causa del proceso el país ahora es más violento.

Una constante frente a las manifestaciones sociales ha sido la estigmatización a las protestas; los gobiernos han coincidido en asociar la protesta social con las guerrillas. Recordemos que entre 1997 y 2002 el poder político local en las regiones lo tuvo la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), que logró establecer liderazgos regionales mediante las juntas de acción comunal que incentivaron el abstencionismo electoral y reorganizaron el mapa geopolítico.[2] En ese momento era válido hablar de las infiltraciones de la guerrilla en las protestas sociales. Ese discurso tuvo mucho eco en la opinión pública porque generaba indignación y repudio contra la insurgencia y fue justo el que sostuvo el gobierno de Uribe Vélez. Hay también que recordar que la década más violenta en la historia del conflicto armado fue entre 1995 y 2005 cuando el accionar insurgente se enfrentó con la ofensiva paramilitar y las bandas criminales activadas luego de su proceso de paz, que actuaron conjuntamente con las Fuerzas militares y en alianza con la clase política tradicional, lograron modificar las relaciones de poder para que Colombia se viera como una democracia con elecciones regulares en lo nacional, pero autoritarismos subnacionales con clanes afianzados en los gobiernos locales y regionales.[3]

Según las cifras oficiales de Medicina Legal, en el año 2005 se registraron 18.111 asesinatos, según la misma fuente para el 2016, año en que se firmaron los acuerdos de paz, esa cifra bajó a una tasa de 25 por 100.000 habitantes. Al 26 de septiembre de 2020, cuando se cumplieron cuatro años de la firma protocolaria de los acuerdos, se han confirmado 63 masacres que el gobierno en una maniobra Orwelliana ha dado en llamar “homicidios colectivos”, además de 562 líderes sociales muertos y 248 excombatientes asesinados, por los cuales el gobierno no ha sabido responder y ha adjudicado toda la responsabilidad a grupos narcotraficantes y disidentes de las FARC.

Estas alarmantes cifras evidencian la catástrofe de un país que alcanzó a soñar con la paz, frente a un presidente desconectado de la realidad nacional que sostiene un discurso anacrónico que ya nadie cree, porque ya no hay insurgencia a quien responsabilizar y porque el narcotráfico no es el único problema del país. La explotación de recursos maderables y minerales son los responsables de los asesinatos de los líderes sociales y ambientales que han osado en defender su territorio, y debido al incumplimiento en los acuerdos de paz, las regiones antes ocupados por la guerrilla, hoy están siendo disputados para su explotación y gozando de total impunidad.

El descredito de las Fuerzas militares por los excesos de fuerza se contraponen a una imagen dantesca del presidente disfrazado de policía, que en una posición desafiante advierte sobre el peligro de la independencia de poderes y con ello, el riesgo la democracia. En este hostil ambiente de incredulidad de las instituciones empiezan a medir fuerza los candidatos que estarán en la arena política para la contienda electoral de 2022 en la que todo está por definirse, pero en la que ya comienzan a acomodarse las fichas.

Ganó la protesta

Pese a los excesos de fuerza, aún con la violencia y la pandemia, a pesar de la medida populista del gobierno con el subsidio a los más pobres llamado “Ingreso solidario”, las protestas no se detuvieron. Las manifestaciones que iniciaron el 9S fueron la muestra de la capacidad de convocatoria que luego se vivió el 21S, cuando miles de personas en diferentes ciudades del país se manifestaron de manera pacífica. Se programaron 24 puntos en Bogotá para marchas, plantones, expresiones artísticas con 12 bandas musicales, pero al caer la tarde los desmanes y actos violentos bloquearon la ciudad. Este fue un momento pasajero, porque justo cuando más represión por parte del gobierno hubo y más violenta se tornó la protesta, las vías de movilización legal tuvieron efecto.

La movilización legal es una forma de acción colectiva que consiste en que los movimientos sociales acuden a colectivos de abogados pro-bono asociados por causas comunes, para interponer recursos judiciales y convertir un agravio en demanda mediante vías jurídicas y de derecho penal acusatorio.[4]

Así, líderes sociales del Comité Nacional del Paro y del Comité de Seguridad por los presos políticos se asociaron con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, DeJusticia, y DHColombia, hasta sumar 49 ciudadanos, para interponer una acción de tutela ante la Sala Civil del Alto Tribunal en contra del gobierno nacional. El fallo fue la Sentencia: Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana emitida por la Sala el 23 de septiembre, un histórico fallo que ordena al gobierno nacional suspender el uso de la escopeta calibre 12 (la que se usó en el homicidio de Dilan Cruz); mantiene la neutralidad en las manifestaciones de protesta y garantizar los derechos a la libre expresión, reunión y protesta de manera imparcial; a la libertad de prensa alternativa informativa; a organizar en un plazo de 30 días mesas de trabajo para restaurar el uso de la fuerza durante las manifestaciones que garanticen la protección a manifestantes y sancione las intervenciones que la Corte califique como sistemáticas, violentas y arbitrarias durante las manifestaciones; así también ordenó límites máximos al uso de la fuerza para controlar los disturbios y que, de acuerdo con los estándares internacionales, el entrenamiento de los miembros de las Fuerzas militares sea para proteger a los civiles y no para derrotar a un enemigo; además que publique la sentencia en la página oficial hasta que el Congreso de la República emita una ley al respecto. También ordenó al Defensor del Pueblo hacer control estricto de todas las actuaciones del ESMAD durante las manifestaciones; al Ministerio de Defensa pedir disculpas públicas por el homicidio de Dilan Cruz y por todos los excesos de fuerza durante las protestas del 2019 en un plazo de 48 horas; y a la Fiscalía, Procuraduría y Policía que, en un plazo de 30 días, expidan un protocolo que permita realizar verificaciones en casos de capturas durante las manifestaciones.

Aunque la respuesta del Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo no fue precisamente una disculpa tal como ordenó la Corte, la Sentencia ofrece un nuevo piso jurídico que puede leerse como un logro para la movilización social en el país. Que gane la protesta no significa que ya no haya más masacres, significa que será más difícil para el gobierno deshacerse de la obligatoriedad de las sentencias de las Cortes, que el tema de las garantías al derecho a la protesta sean debatidas y reglamentadas en el Congreso de la República y la exigencia de la ciudadanía por un discurso renovado que no menosprecie la capacidad de los ciudadanos como electores potenciales.

[1] Los CAI funcionan como unidades de jurisdicción menor de la Policía Nacional de Colombia ubicadas en perímetros urbanos, que operan de manera subordinada a las estaciones de policía.

[2] Ávila, A. (2019). Detrás de la guerra en Colombia. Bogotá: Planeta.

[3] Ídem

[4] McCann, M. (2006). “Law and Social Movements: Contemporary Perspectives,” en Annual Review of Law and Social Science, 2: 17-38.