Las agendas sobre flexibilización laboral, reducción del gasto público, reorientación de la gestión de las empresas públicas acorde con criterios comerciales y privatización de las empresas públicas han estado presentes en varios países de América Latina desde hace varias décadas. Las recomendaciones dadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) han sido clave, en muchas ocasiones, para que estas agendas se implementen en la región latinoamericana.
Entre las recomendaciones propuestas por estas instituciones para dinamizar y fortalecer las economías de los llamados “países en vías de desarrollo” aparecen medidas como liberalizar el comercio exterior, bajar e igualar tasas de protección efectiva, revisar política de precios relativos, eliminar restricciones a la inversión extranjera y reorientar incentivos y prioridades de la inversión privada. Todas ellas se enfocan en el desarrollo del sector privado. (Lichtensztejn, 2012)
En relación con el sector público, las medidas que se han planteado desde estas instituciones han sido eliminar los subsidios a bienes y servicios públicos, reducir los costos unitarios de los programas sociales, reorientar políticas de inversiones públicas, redefinir el papel del sector público en actividades productivas en términos de demanda y competencia en el mercado, reorientar la gestión de las empresas públicas acordes con criterios comerciales, y estimular en ellas la iniciativa y participación privada (Lichtensztejn, 2012).
Las recomendaciones señaladas se han venido realizando de forma recurrente en las últimas dos décadas, y cada vez aumenta la intensidad y la especificidad de estas directrices. En el año 2015, por ejemplo, Ecuador recibió préstamos del BM, y en ese contexto el FMI “animó” al estado ecuatoriano a realizar más recortes en el gasto no prioritario, a eliminar los recargos a las importaciones en el plazo “anunciado”, y a contener el incremento salarial y reformar los subsidios a los combustibles (Astudillo, 2015).
Estas exhortaciones no son lejanas a las sugeridas por las mismas instituciones a países como Colombia y Chile. Las fechas de entregas de los informes en los que se encuentran dichas “recomendaciones” suelen coincidir con los procesos de endeudamiento de cada uno de estos países frente al BM. Las sugerencias presentadas se convierten en exigencias y presiones, y por cada préstamo realizado no solo se aumenta la deuda externa, sino que se empeñan las políticas económicas y sociales. La capacidad de maniobra de los órganos políticos del estado se reduce a diseñar herramientas en función de las recomendaciones dadas desde dichos organismos. La implementación de estas sugerencias termina generando, en la práctica, la desprotección de la economía interna de los países “en vías de desarrollo”, así como la desaparición de las garantías laborales y de seguridad social de los asalariados.
Pérez y Acosta (2019) manifiestan que gradualmente la liberalización económica y el reordenamiento institucional de los mercados, así como la desprotección de estos, van concretando la devaluación del trabajo asalariado y la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores, y que por ende la explotación se vuelve más recurrente y factible en estos espacios.
Los resultados de la implementación de las recomendaciones antes mencionadas han evidenciado, en la mayoría de los países, impactos negativos. Dice Lichtensztejn (2012) que si se comparan los objetivos de estabilidad de precios y equilibrio en la balanza de pagos, de acuerdo con los planes diseñados por el mismo FMI para que los países endeudados puedan cumplir con sus obligaciones, se puede afirmar que estas políticas han fracasado. También indica que si se hace una estimación de los efectos de los préstamos en el proceso de crecimiento económico y la reducción de la pobreza, los resultados tenderían a mostrar un notorio revés. Sin embargo, el mismo Lichtensztejn menciona que en defensa del BM y el FMI existen posiciones en las que se plantea que los resultados desfavorables se dan por la falta de continuidad en las políticas por parte de los países endeudados y por los errores de estos gobiernos. Lo cierto es que América Latina parece haberse convertido en el laboratorio de experimentos económicos y sociales del FMI y del BM. En la mayoría de las ocasiones, los resultados han sido negativos.
Esos resultados contraproducentes de la aplicación de las “recomendaciones” en diferentes países de América Latina han sido ampliamente discutidos y evidenciados. La precarización laboral, la inestabilidad económica, la ampliación de la desigualdad y la concentración de capitales en pocas personas han sido algunas de las consecuencias de los procesos de endeudamiento y de implementar dichas recomendaciones en países como Colombia, Chile y Ecuador.
A pesar de los magros resultados obtenidos, se continúa aplicando la misma fórmula. Las recomendaciones del FMI y del BM siguen orientándose hacia la reducción de las políticas sociales, la disminución de los salarios, la desprotección de la economía interna, la privatización de las empresa públicas, el favorecimiento de la inversión extranjera y la eliminación de aranceles a las importaciones. Los gobiernos, ya ahogados en deudas, continúan acudiendo a estas instituciones para enfrentar los retos internos y externos en materia económica, la mayoría de las veces sin poder siquiera objetar las “recomendaciones” que deben asumir para tener acceso dichos préstamos.
En el 2019, Colombia y Ecuador recibieron aprobación de créditos por parte del BM, de igual forma recibieron las recomendaciones respectivas para el mejoramiento de la economía. En el mismo año, una comisión del FMI visitó Chile y afirmó que “en adelante, será crucial alcanzar pronto un acuerdo en torno a las reformas de las políticas, a fin de apuntalar la confianza interna en este período de agudizada incertidumbre mundial” (Fondo Monetario Internacional, 2019). Dichas recomendaciones generaron en los tres países un malestar en la población, que de por sí ya estaba molesta. En estos países, los altos niveles de desigualdad, la precarización laboral y la acumulación desigual de capital no son asuntos nuevos.
En Ecuador las protestas se iniciaron, en apariencia, por la expedición de un Decreto presidencial en el mes de octubre de 2019, que eliminaba los subsidios a los combustibles. Sin embargo, en Ecuador se acumulaban malestares por varias medidas políticas previas: desde 2017 hasta ese momento se habían despedido a más de 30,000 empleados públicos (Primicias, 2019), se habían eliminado varias entidades públicas incluyendo el Ministerio de Justicia, y los procesos de privatización de varias empresas públicas en el último año. Se podría decir que estas medidas corresponden a las recomendaciones hechas meses antes por el FMI. Los líderes de las protestas manifestaron su preocupación por el reingreso del neoliberalismo con las medidas de ajuste adoptadas por el gobierno (Velasco, 2020). Sin embargo, es claro que la implementación de estas medidas ya venía sucediendo desde hace varias décadas.
En Chile, por otra parte, las protestas se iniciaron a mediados del mes de octubre y se desencadenaron a raíz del alza de los precios del metro. Las protestas se intensificaron, y los reclamos por parte de sus líderes abordaban más temas que los precios del transporte, llegando a exigirse incluso una reforma constitucional. Aunque Chile presenta uno de los ingresos per cápita más alto de Latinoamérica, se encuentra entre los países de la región con los niveles más altos de desigualdad. Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2017, mientras que el 50% más pobre de los hogares poseía el 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% más rico tenía dos tercios (66,5%) y el 1% más rico representaba el 26,5%. De igual forma, en este informe se indicó que, para muchos chilenos, el acceso a bienes y servicios ha significado asumir una deuda sustancial, incluso para cubrir artículos de la canasta social básica como alimentos, salud, educación, vivienda y transporte (ACNUDH, 2019).
En Colombia, las protestas se iniciaron el 21 de noviembre. La convocatoria se realizó con semanas de anticipación y entre las circunstancias que generaron este malestar estaba la reforma tributaria y una reforma en materia laboral y pensional. En este país, las protestas masivas no han sido con anterioridad tan comunes como en Chile y Ecuador. Se podría decir, sin mucha profundidad, que las mismas dinámicas del conflicto armado interno y la existencia de diferentes grupos armados han limitado este tipo de protestas. También, los diferentes medios de comunicación nacional suelen cumplir su papel en opacar las protestas. Las manifestaciones que han tenido mayor eco han sido aquellas en donde los estudiantes han salido a manifestarse por la disminución de los presupuestos en materia educativa.
Las diferentes protestas lograron que se establecieran mesas de diálogos entre los gobiernos y algunos líderes de las manifestaciones, después de varios días de manifestaciones y una gran cantidad de personas muertas y mutiladas. Los gobiernos de estos países implementaron medidas represivas extremas, argumentando hacer “control del espacio público”, y establecieron estados de excepción y de emergencia, además de toques de queda. Se desplegaron policías antidisturbios, y en algunos casos a militares, para reprimir los levantamientos de la población.
En apariencia, por lo menos en Ecuador, en las mesas de diálogo se lograron acuerdos entre las partes. Se detuvo la eliminación de los subsidios al combustible y se llegaron a compromisos en cuanto a la venta de empresas públicas y la reducción de los presupuestos estatales. En ese país las protestas finalizaron con dichas mesas de diálogos. En Chile, aunque hubo mesas de diálogo, las protestas continuaron hasta el mes de marzo del 2020, y parecía que se mantendrían por más tiempo. En Colombia había convocatorias de forma intermitente para salir a las calles.
Entre los meses de febrero y marzo del 2020 la noticia de que un virus que se venía esparciendo desde el mes de diciembre había llegado a los países de América Latina contuvo las manifestaciones en las calles.
La llegada del coronavirus implicó entre otras cosas, en los primeros meses, el aislamiento social; y en algunos países de América Latina como Colombia y Ecuador, toques de queda de forma recurrente en las ciudades principales. Esto aisló en gran medida a los focos de protesta, al mismo tiempo que parece haberles dado libertad a algunos gobiernos para acelerar, por la presencia de una crisis inminente causada por el virus, la imposición de las medidas que las protestas querían frenar.
En el caso de Ecuador, se inició la implementación de reformas económicas aprovechando el contexto del estado de emergencia, donde dichas normas fueron expedidas por Decreto y no por el proceso regular de legislación en el Congreso.
Durante algunos años se han venido implantando medidas de este tipo tanto en Chile como en Colombia y Ecuador. Sin embargo, en los últimos dos años se han acelerado estas situaciones y, en la actual crisis, dichas medidas están siendo asumidas con aún mayor aceleración; en muchas ocasiones por medio de órdenes del poder ejecutivo. La pregunta sería si estas medidas son transitorias o si, por el contrario, se establecerán como permanentes.
Es claro que se deben tomar medidas de forma urgente ante la crisis que se vive por la pandemia. Sin embargo, no es tan claro que las medidas que se deban adoptar para fortalecer las economías internas y hacer frente a la crisis en estos países deban estar orientadas a desaparecer las garantías laborales y de seguridad social que aún quedan, y a incrementar los niveles de desigualdad, que de por sí, ya eran amplios.
Otra pregunta que surge es ¿qué tanto se demorarán en surgir nuevas protestas? Las situaciones de precariedad en las que de por sí miles de familias ya vivían se han aumentado de forma considerable. En Colombia, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), alrededor de 4 900 000 personas se encuentran desocupadas en mayo de 2020 y la tasa desempleo fue del 21,4% (DANE, 2020). En Chile el desempleo aumentó al 11,2%, la cifra más alta registrada en la última década. (Instituto Nacional de Estadística, 2020). En Ecuador, el Ministro de Producción aseguró en abril del 2020 que el desempleo podría aumentar en un 10 % en los próximos meses, eso significa en sus palabras la pérdida de al menos 508 000 empleos formales (El Universo, 2020). Estas cifras son dramáticas, sin contar con la pérdida de empleos no formales que no aparecen en los registros oficiales.
La desarticulación del precario sistema laboral en estos países es un problema de gran envergadura no solo porque deja sin sustento a miles de familias y en la incertidumbre a una parte importante de la población de las clases medias y bajas, sino porque además en estas sociedades el sistema de salud está diseñado de forma que por cada empleo que se pierde el sistema de salud pierde un aporte. Económicamente estos sistemas de salud se están desequilibrando y miles de personas están siendo excluidas de ellos. ¿Qué efectos podrá tener esta situación en la presente crisis de salud? ¿Qué repercusiones dejará en el futuro? ¿Se aprenderá sobre las medidas adoptadas?
Desde mediados del mes de mayo y debido a la reducción del presupuesto de la educación pública en Ecuador, estudiantes y docentes de varias universidades públicas del país -la Universidad Central y la Universidad de Cuenca- han emprendido diversas manifestaciones armados de tapabocas y gel antibacterial. También en la capital chilena se han visto diversas protestas, esta vez por la falta de alimentos en medio de la emergencia, en barrios populares; y en Colombia, principalmente en ciudades como Cali y Bogotá, también se han dado algunos levantamientos rápidamente opacados por la policía antidisturbios. Las protestas parecen haber cambiado de objetivo inmediato, pero en el fondo conservan los mismos problemas de hace unos meses – incrementados eso sí-: procesos de desigualdad, pérdidas de derechos sociales y precarización laboral.
Bibliografía
ACNUDH. (2019). Informe sobre misión a Chile 30 octubre 22 de noviembre 2019. ONU, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Astudillo, G. (23 de Octubre de 2015). El FMI envió 10 recomendaciones a Ecuador. El Comercio.
DANE. (30 de junio de 2020). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
El Universo. (20 de Abril de 2020). Ministro Iván Ontaneda dice que por crisis de coronavirus irían 508 000 al desempleo. El Universo.
Fondo Monetario Internacional. (19 de junio de 2019). Comunicado de prensa Nro. 19/228. Obtenido de https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/06/19/pr19228-chile-imf-staff-mission-concludes-visit
Instituto Nacional de Estadística. (30 de Junio de 2020). INE publica resultados de la Encuesta Nacional de Empleo del trimestre marzo-mayo de 2020. INE Prensa. Obtenido de https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2020/06/30/ine-publica-resultados-de-la-encuesta-nacional-de-empleo-del-trimestre-marzo-mayo-de-2020
Lichtensztejn, S. (2012). El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sus relaciones con el poder financiero. Ciudad de México: Economía UANM.
Pérez, Y., & Acosta, I. (2019). El trabajo infantil en el subdesarrollo: contornos teóricos. Zacatecas: Universidad Autónoma de Zacatecas.
Primicias. (30 de octubre de 2019). Reducción de la burocracia pasará por los contratos ocasionales. Obtenido de https://www.primicias.ec/noticias/economia/despidos-funcionarios-contratos-ocasionales-nombramientos-provisionales-empresas-publicas/
Velasco, M. (Junio de 2020). Movimientos e instituciones. Foro de análisis sobre acción colectiva, protestas y democracia. Obtenido de https://movin.laoms.org/2020/06/15/protestas-la-pandemia/
