El control de la violencia y la delincuencia es una atribución predominantemente del Estado. Sin embargo, ello no imposibilita que actores sociales diversos puedan organizarse para intervenir, impulsar, e implementar mecanismos orientados a controlarlas.

Las condiciones de violencia e inseguridad en México han provocado acciones colectivas, como manifestaciones en las calles y la formación de organizaciones que intentan promover el debate y ejecutar acciones que resuelvan el problema. Bajo este panorama, este texto hace una presentación sintética de los estudios sobre la acción colectiva orientada al control de la violencia y la delincuencia.

La organización de actores colectivos no ha desembocado en todos los casos en una perspectiva de seguridad ciudadana (Carrillo, 2007; Dammert, 2010). Sin embargo, la percepción y victimización de la violencia y el delito han provocado movilizaciones, formas de organización y cohesión en distintos grupos, así como interpretaciones, disputas y debates sobre qué hacer frente a estos problemas.

De manera general se pueden distinguir el enfoque de control y el de prevención del delito. Este último se refiere a la serie de acciones que tiene por objetivo atender los elementos “estructurales” que dan pie a la violencia y la delincuencia, factores psicológicos, familiares, escolares y comunitarios. Por otra parte, el control del delito es comprendido como “un conjunto de prácticas e instituciones que van desde la conducta del propietario de una vivienda que cierra sus puertas a las acciones de las autoridades que sancionan una ley penal hasta el sistema policial comunitario y la pena privativa de la libertad, así como todos aquellos procedimientos y mecanismos que se encuentran en estos extremos” (Garland, 2005: 9).

Aunque los enfoques son diferentes, destacan algunas acciones específicas que pueden implicar una visión de control del delito a través del control o diseño del espacio (prevención situacional) que trae consigo el establecimiento de medidas que implican vigilar y contener el evento delictivo o violento, en el ámbito comunitario.

Entre los planteamientos para solucionar la situación de violencia y delincuencia en el país se puede detectar una tendencia al control en coadyuvancia con las instituciones del Estado o sin ellas. El control del delito extiende los contornos del control más allá de las instituciones del Estado, aunque generalmente los refuerza, imbricándose en el discurso sobre las causas de la violencia y la delincuencia, la generación de diagnósticos sobre la situación, y la propuesta e implementación de medidas frente al problema.

Del mismo modo que en el caso de la prevención, en el enfoque del control, hay algunas acciones que tienden a involucrar elementos del otro enfoque, por ejemplo, el caso de la policía de proximidad, que implica esfuerzos por establecer relaciones más estrechas con los habitantes de los diversos vecindarios (Frühling, 2003).

Así, en este conjunto de prácticas, se va generando una especie de gradación del control aprobado, permitido y ejercido por parte de los actores movilizados, que va desde la vigilancia, pasando por la demanda de endurecimiento de penas, hasta la justicia por propia mano. En este sentido, un elemento que hace transitar hacia una forma u otra de entender el control del delito consiste en la relevancia y atribuciones que los ciudadanos ceden al Estado, en cuanto ente legítimo para la procuración de justicia.

Por otra parte, es preciso atender que, sin importar la orientación de los actores que pugnan por el control del delito, sus acciones se promueven sobre la base de solidaridad que pone en juego elementos de identidad, diferenciados según el grado de involucramiento en las acciones de control del delito.

Los estudios sobre la seguridad y la violencia

La seguridad y la violencia han adquirido relevancia no sólo como problema público en México sino también como objeto de estudio. Así, encontramos una gran variedad de enfoques, dentro de los cuales podemos distinguir cuatro tipos. Antes de presentarlos es preciso apuntar que no todos los estudios abordan en conjunto la violencia y la delincuencia. No obstante, la clasificación que se sugiere resulta útil para estudios que los abordan juntos y por separado. Los cuatro tipos de estudio sobre la violencia y la delincuencia son:

• Los de tipo estructural. La pregunta es, ¿qué explica la violencia y la delincuencia? ¿La pobreza, la marginación, la desigualdad? En esta tipología entran los estudios de la política pública y las respuestas gubernamentales frente a estos problemas. Aquí encontramos también los estudios sobre la prevención. Estos estudios generalmente comparten una visión macro de la violencia y la delincuencia.
• Los relativos a la comprensión de la violencia, cómo y dónde incide la delincuencia, así como la resignificación de la violencia desde la experiencia de los sujetos.
• Los estudios sobre la inseguridad y la violencia que se centran en cómo se documentan los delitos, qué comparan y qué metodologías parecen más adecuadas para medir esos fenómenos. Los trabajos en esta línea generalmente cuestionan las cifras delincuenciales y la tipificación de actos violentos por parte de las dependencias de gobierno.
• Los estudios que vinculan la movilización social con la violencia y la delincuencia. Estos se subdividen en estudios de la movilización social que tiene como objeto demandar justicia frente a la delincuencia o a la violencia (horizontal o vertical); y la violencia como recurso para la movilización. Estos estudios tienden a prestar mayor atención en la interacción, en la “puesta en escena” y en la configuración de marcos de acción, así como en la configuración de actores colectivos que formulan demandas específicas.

En este último tipo de estudios se puede identificar, describir y analizar la acción colectiva para comprender y diagnosticar la inseguridad y la violencia. Algunos estudios que destacan en esta línea son: la movilización social contra la violencia y la delincuencia en México que comparte elementos con el caso argentino (Schillagi, 2006; Cerruti, 2009; Alvarado, 2010; Ignacio, et.al, 2012); estudios que dan seguimiento a un movimiento específico, como el de Javier Sicilia o el de Blumberg en Argentina (Murillo, 2008; Malhoid, 2012); la acción colectiva que busca incidir en la política contra la inseguridad (López Leyva, 2015). Existen, por otra parte, estudios sobre la movilización (principalmente vecinal) en pro de la vigilancia de los espacios públicos o semipúblicos para disuadir actividades violentas y delictivas (Isuza y Hernández, 2001; Mollá, 2005; Dammert y Zúñiga, 2007; Tufró, 2010; Dupey, 2011). También hay estudios sobre la vigilancia enmarcados en la prevención de la violencia (Aniyar, 1999; Ávila, 2005; Zackseski, Cristina, et. al., 2009). Otras investigaciones han girado en torno a la justicia por propia mano, abordándolos como violencia colectiva (Gamallo, 2015; Zizumbo-Colunga, 2008; Santillán, 2008).

El control de la violencia como demanda y campo de acción

En los estudios sobre la acción colectiva relacionada con la violencia y la inseguridad aparecen distintas manifestaciones del control de la violencia que permiten distinguir grados de control a los que la sociedad organizada puede apelar, aspirar y reproducir (haciendo alusión incluso a valores democráticos como la solidaridad, la cohesión y el bien común). De aquí deriva que, desde la perspectiva de los actores colectivos, la condición estadocéntrica de la garantía de la seguridad no es estática ni indiscutible. En el campo de la seguridad se distinguen el paradigma de la seguridad pública, donde el Estado funge como eje rector de la política de seguridad en general y considera a las instituciones estatales como responsables directas de la seguridad (Salgado, 2010: 5). Por otra parte, el paradigma de la seguridad ciudadana tiene como eje al ciudadano en tanto sujeto y objeto de las principales preocupaciones y quehaceres de la seguridad. La seguridad ciudadana,

…ubica a la ciudadanía en el centro de las políticas de seguridad y adopta una visión transversal de derechos humanos que concibe a la seguridad como un derecho inalienable e involucra activamente a la ciudadanía en la búsqueda de soluciones para ejercer ese derecho y a las instituciones estatales para garantizarlo. Asimismo, el paradigma de seguridad ciudadana abandona la visión estadocéntrica de la seguridad pública y la seguridad nacional, en la que las instituciones estatales son las únicas responsables de las políticas de seguridad adoptando estrategias que corresponsabilizan a la ciudadanía para participar en el diseño, instrumentación y evaluación de estas políticas.

El paradigma de seguridad ciudadana parte de una visión integral de convivencia ciudadana como motor de la reconstrucción del tejido social en municipios y Estados, elemento indispensable para prevenir los delitos y para generar entornos más seguros.

(Salgado, 2010: 6)

Uno de los supuestos de la seguridad ciudadana se centra en la importancia de la convivencia ciudadana y la reconstrucción del tejido social. Sin embargo, la organización y cohesión que puede generar la violencia y la delincuencia no está asociada necesariamente con la prevención.

Cabe destacar que los paradigmas sobre la seguridad (Carrión, 2007; Dammert, 2010; Salgado, 2010), tienen fines analíticos por lo que difícilmente se pueden acotar a un contexto específico. Así, hay una especie de hibridación de modos de la seguridad pública y la seguridad ciudadana que exigen prestar atención a cómo se entiende la seguridad y cómo se problematiza la violencia, quiénes intervienen para demandar, cómo plantean y, en algunos casos, ejecutan medidas que contribuyan a controlar o prevenir la violencia y la delincuencia.

Las medidas de control “ponen énfasis en las acciones del sistema de justicia criminal que permiten detectar al individuo que ha cometido un delito y utilizar los mecanismos legales para establecer su responsabilidad penal” (Dammert, 2007: 24). Las medidas de control tienden a plantearse y ejecutarse, en la mayoría de los casos, desde distintos aparatos gubernamentales, por lo que la participación de la ciudadanía queda parcialmente marginada o desdibujada. Por otra parte, las medidas de prevención de la violencia y la delincuencia,

…se orientan a actuar sobre los factores que podrían incitar a los individuos a utilizar la violencia o a cometer delitos. En esa tarea involucran a nuevos actores y se crean nuevos escenarios de acción, lo que implica una serie de aristas y dimensiones no contempladas previamente, como la participación de los gobiernos locales, las organizaciones no gubernamentales y la población en general .

(Dammert, 2007: 25)

Las medidas de prevención tienden a plantearse y ejecutarse desde distintos aparatos gubernamentales, aunque implican mayor inclusión de la ciudadanía, ya sea como agentes de cambio o como sujetos de las políticas y programas de prevención.

Así, uno de los elementos que distinguen a las medidas de control y de prevención, es la participación de los ciudadanos y la centralidad que éstos adquieren para reflexionar sobre la seguridad y la violencia, así como para pensar cuáles son las medidas posibles y necesarias. Algunas perspectivas apuntan a que la violencia y la delincuencia tienden a desmovilizar o a generar distancias sociales que erosionan la cohesión social (Santillán, 2008; Carrión, 2009). En este sentido, “la violencia urbana es el resultado que obtienen las comunidades al no poder generar una red estrecha de relaciones sociales” (Arteaga, 2004: 174). Así, la fragmentación de la cohesión social o su nula existencia hacen posible la violencia y la delincuencia.

Una tarea pendiente

La violencia y la delincuencia pueden ser comprendidos como manifestaciones de la ruptura del tejido social que fragmentan o imposibilitan la cohesión, de tal manera que:

En aquellas ciudades o comunidades donde la violencia tiene un elevado impacto, una de las primeras respuestas de la gente es alejarse de los sitios de riesgo. Esto hace que los espacios públicos vayan siendo abandonados y que la participación en las actividades comunitarias sea cada vez más restringida, más orientada al espacio privado… Esto no solo afecta las posibilidades ciudadanas de libertad dentro de la ciudad, como dice Briceño-León, sino que, en el fondo, perjudica al «capital social» de la población (Cruz, 2000: 140)

Sin embargo, en un conjunto de acciones colectivas, movilizaciones y en organizaciones diversas se observan intentos por controlar la violencia desde la sociedad organizada a través de la definición del problema y de acciones orientadas a su solución, en las que podemos distinguir actores, interacciones y marcos de acción que han adoptado el control de esos flagelos como bandera.

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