“No son 30 pesos, son 30 años.” El fin del espejismo chileno Juan Pablo Paredes P.

“No son 30 pesos, son 30 años.” El fin del espejismo chileno

El hijo pródigo de América Latina, el mejor alumno de la clase (pero el peor compañero), los jaguares de la región, el país modelo. Tales eran los conceptos con los que se describió a Chile a partir del regreso a la democracia desde inicios de los 90’s debido a su fortaleza institucional y su estabilidad macroeconómica. Tal estabilidad mantenía al país alejado de los cantos de sirena del populismo de izquierda o del autoritarismo de derechas que, en los primeros días de octubre del año en curso, azolaban a los vecinos. Perú y Ecuador se encontraban en situaciones de convulsión política y social. Brasil gobernada por la extrema derecha, como contracara del caos venezolano. En ese marco el presidente de Chile en ejercicio, Sebastián Piñera, declaraba a un medio de televisión local que el país era “un oasis con una democracia estable, el país está creciendo”, para desmarcarse de la situación de desconcierto e incertidumbre que viven algunos países de la región.[1]

Tres días después, el presidente chileno debía tragarse sus palabras. Una revuelta popular y social de proporciones mayores estallaba en el país, debido al malestar y descontento social acumulado en la población desde el regreso a la democracia, en uno de los países más desiguales del mundo. Un estallido social que expuso pública y masivamente como consigna “Chile se cansó” para dotar de sentido lo que ocurrió en Chile durante más de siete días. ¿Qué gatilló en la sociedad chilena para que el oasis no fuese más que un espejismo?

En lo que sigue, intento dejar constancia de los acontecimientos recientes en Chile, enfatizando en dos puntos. Por un lado, describir el estallido social que ha dado pie al estado de emergencia declarado por casi 10 días, y, en segundo lugar, proponer algunas claves interpretativas sobre el acontecimiento y sus secuelas.

Crónica de la revuelta

Desde el lunes 14 de octubre en Santiago, estudiantes secundarios organizados convocaron a realizar jornadas de evasión masiva del transporte público durante toda esa semana, principalmente en el metro, debido al alza de pasajes aplicada por el gobierno. En base a las decisiones tomadas por un comité técnico (llamado panel de expertos) sobre el valor del transporte público, aplicando una lógica exclusivamente tecnocrática, pero sin considerar asuntos mundanos como el nivel de ingreso de las familias en relación al costo de la vida en el país. Si bien no es un alza significativa, pues correspondió a la subida en 30 pesos chilenos en hora punta, se suma a un alza anterior en menos de seis meses. El costo del pasaje en este horario se fijó en 830 pesos, equivalente a 1.2 dólares, siendo el pasaje de locomoción colectiva más costoso de la región y uno de los más caros del mundo.[2] Un gasto desproporcionado en relación al costo de la vida del espejismo chileno por el valor de los servicios y bienes, resultando un agravio material para la ciudadanía.

El llamado estudiantil tuvo una respuesta fría de la población las dos primeras jornadas, apoyado principalmente por estudiantes secundarios de liceos municipales. Sin embargo, tanto el metro como el gobierno respondieron con la represión y la criminalización del estudiantado. Con lo anterior, el agravio no fue solo material, también incluyó una dimensión moral. Un conjunto de desafortunadas palabras del mundo político hacia la población, tuvieron un efecto de humillación para la ciudadanía. Por ejemplo, el ministro de economía Juan Andrés Fontaine, invitó a la ciudadanía a madrugar para pagar menos en los viajes a sus puestos de trabajo, generando la indignación popular que reforzó la evasión. El ministro de hacienda Felipe Larraín, sugirió -en tono burlesco- comprar flores por su baja en relación a otros bienes que suben su valor, señalando que al menos los románticos podrían estar contentos. Las palabras del ministro de hacienda, pero en particular las de economía son una expresión más de la indiferencia y menosprecio de la derecha política por el mundo social y su realidad.[3] La ciudadanía se sintió no solo abusada, también humillada.

Al día jueves 17, muchas más personas apoyaban las jornadas de evasión. No solo eran los estudiantes, ahora también estaban los universitarios, los trabajadores, las dueñas de casa, y la ciudadanía ordinaria, que mediante la desobediencia civil de evadir el pasaje fueron desplegando una economía moral que asienta sus pilares en el fastidio por los abusos provocados por la desigualdad social, el anhelo de seguridad y justicia social, junto con la dignidad ciudadana frente al menosprecio de la elite tecnocrática del actual gobierno.[4]

La respuesta de las autoridades fue la de condenar las evasiones tildando de delincuentes y vándalos a quienes evaden. Junto a ello aplicó una serie de medidas que atentaban contra la población, como cerrar estaciones o limitar el acceso de personas al metro- principalmente los jóvenes-, o sitiar las estaciones con la fuerza policial. La represión policial fue la intervención del gobierno ese jueves en la tarde, la que se mantuvo e intensificó el viernes durante el todo el día, lo que fomentó una escalada de violencia que desbordó el metro para instalarse en las calles. La brutalidad de la represión y los abusos de la fuerza policial nuevamente fueron el sello de la respuesta de Piñera, que se enlaza con su agenda de seguridad pública expresada en la creación del comando jungla para contener al movimiento mapuche y el aula segura para reprimir al mundo estudiantil.

En línea con lo anterior, el viernes 18 se produjo la inflexión. La desobediencia civil se transformó en protesta social para rápidamente dar paso a un estallido social que se propagó desde la comuna de Santiago a otras zonas de la capital. Manifestaciones públicas espontáneas y auto convocadas sin centro ni organización, sin fuerzas identificables en su convocatoria aparecieron en toda la ciudad. Los choques entre ciudadanía y fuerzas policiales son parte del paisaje santiaguino, apareciendo las barricadas en varias esquinas. Lo mismo las explosiones de rabia social contra la propiedad privada. Todas estas acciones dieron forma al descontento social. El conflicto subió desde las estaciones del metro para instalarse en las calles de Santiago centro, para rápidamente fomentarse a los barrios, villas y poblaciones. La jornada de represión vivenciada por la ciudanía ese día solo mostró la incapacidad del gobierno de atender las necesidades de la ciudadanía, la que culminó con el presidente declarando Estado de emergencia en Santiago a partir de esa noche, por la ola de protestas desplegadas en toda la ciudad. Esa noche los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y la ciudadanía prefiguraron lo que vendría, la política era marginada de la situación para entregar el rumbo del conflicto a la intervención militar. La imagen del edificio de Enel (la principal empresa privada y multinacional de energía en Chile) quemándose o de algunas estaciones de metro incendiadas o destruidas fueron las postales que dejó la intensidad de los enfrentamientos.

La situación de conflicto aumentó y la represión se intensificó al día siguiente, el abuso de las fuerzas del orden recordó el clima de la dictadura. Las protestas sociales se multiplicaron por todo el país, no solo en Santiago y sus cercanías, para instalarse en regiones más distantes, donde el alza del metro no alcanza el bolsillo ciudadano. Las concentraciones masivas y los cacerolazos ciudadanos enfrentan simbólicamente a las fuerzas militares y policiales, porque, aunque la fuerza militar y policial viola los derechos humanos, la ciudadanía no mostró miedo. También se dan situaciones de saqueo de supermercados o grandes tiendas de menudeo. El gobierno en vez de buscar una salida política a la situación, se concentra en criminalizar las protestas asociándolas a la delincuencia común y al vandalismo, validando la intervención militar en las calles.

La represión se intensifica ese sábado en las calles, barrios y poblaciones del país, al punto que se declara toque de queda para Santiago y comunas aledañas a partir de las 22 horas de esa noche. Es el primer toque de queda desde la vuelta a la democracia, y con ello el fantasma del miedo a la dictadura aparece en cierta parte de la ciudadanía de mayor edad. En cambio, la juventud que luchó contra la dictadura y los jóvenes hoy, rechazan la represión y vuelven a recurrir a la desobediencia civil manteniéndose en las calles. Los medios contribuyen a la criminalización de los manifestantes y generan miedo en la población no movilizada, al elaborar un pánico moral frente la revuelta, como un clima de incertidumbre o por insistir en definir a los movilizados como delincuentes.

El domingo la revuelta ya desborda cualquier instancia política. Se declara toque de queda en cinco ciudades. En Santiago se adelanta a las 19 horas del domingo. El estallido social continúa ese domingo en la noche y la respuesta militar se recrudece, aunque Piñera promete enviar un proyecto de ley para dejar sin efecto el alza de los pasajes. La última gota de la fiebre represiva, que resalta la lógica de ley y orden que han estado desde el inicio de las manifestaciones, es la declaración del presidente Piñera al señalar que Chile a raíz de la ola de descontento se encuentra en una situación de guerra.[5] Ya no solo se excluye a la política del conflicto, se renuncia a ella, mientras las protestas ciudadanas persisten, tanto en su modo pacífico como en formas de expresión violenta. Esto ya no puede detenerse porque, como dice un cartel en alguna de las tantas protestas: “ya no se trata de 30 pesos, son 30 años”.

Los toques de queda se expandieron por las ciudades del país a partir del domingo. Los días siguientes ya no solo huelen a la dictadura, lo parecen. Los militares y los carabineros violaron los derechos humanos,[6] detenidos sin justificación, situaciones de abuso militar y policial, agresiones físicas y sexuales, situaciones de tortura, heridos y muertos, es el legado de una semana de estallido social en Chile. El gobierno se cargó al país con la exacerbación de las políticas neoliberales, los militares se cargaron al pueblo que se movilizó contra ello.

El pueblo chileno respondió mediante la consigna “nos cansamos”, expresando la indignación en jornadas de cacerolazo, de marchas masivas. Chile se cansó del abuso de las políticas neoliberales; se cansó de las humillaciones de la elite y su lógica del consenso que consolida una serie de abusos hacia los pobres; se cansó de los bajos sueldos y de las pensiones miseria; se cansó del lucro empresarial y de la deuda ciudadana; se cansó de la segregación y de la discriminación. Ese cansancio se transformó en orgullo, vía movilización. “El pueblo unido, jamás será vencido” comenzó a cantarse nuevamente en masivas marchas pacíficas.

Luego de una semana de protestas, una semana de estado de emergencia, cinco días de toque de queda, se convoca el viernes 25 al hito más grande que recodará la historia la sublevación de octubre de 2019 en Chile. Se convocó a la marcha más grande de la historia de Chile para ese día. Solo en Santiago marcharon más de un millón de personas, casi 3 millones en todo Chile. La legitimidad social de la demanda del pueblo chileno es incuestionable. Frente a ese escenario al gobierno no le quedó más alternativa que reconocer tal legitimidad, decretar el fin del Estado de Emergencia a partir del domingo recién pasado y llamar a recuperar la normalidad a partir del lunes 28 de octubre, sin embargo, eso no ha ocurrido porque persisten las movilizaciones.

Claves de lectura

¿Cómo entender el estallido social en el oasis chileno y lo difícil de su pronta solución? A continuación, propongo algunas claves de lectura para entender, en parte, el conflicto social que sacude hasta hoy, al gobierno de S. Piñera.

Primero, la persistente desigualdad social existente en Chile.[7] El paraíso latinoamericano se construyó sobre la base de una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. La neoliberalización de la sociedad chilena a partir de la dictadura, intensificó las desigualdades estructurales, la mercantilización de los derechos sociales como la educación y la salud, la privatización de los fondos de pensiones, los bajos salarios, el encarecimiento del costo de vida (transporte, vivienda, servicios básicos), la segregación, discriminación y estigmatización de los pobres, se fueron acumulando bajo la alfombra democrática por 30 años, versus una mejoría en la calidad de vida de los sectores más acomodados de la sociedad chilena. “No son 30 pesos, son 30 años”, nos gritaron. Tal desigualdad se fue acumulando en las venas de la población, fugándose por pequeñas grietas sociales –principalmente ligadas a las protestas estudiantiles del 2006, 2011 y 2018– que fueron bien controladas por la élite política y económica, en su debido momento.

Se suma a la desigualdad social, el sentimiento de injusticia por el trato diferenciado que reciben los miembros de la elite política y económica, frente a los casos de corrupción y evasión, en comparación al trato que se le da al mundo pobre y de clase media. ¿Qué es la evasión del pasaje del metro en comparación a la evasión de los impuestos realizada por la elite?, se pregunta indignada la ciudadanía.

En segundo lugar, las responsabilidades políticas del actual gobierno en la elaboración de un escenario de confrontación social. Las evasiones del pasaje comenzaron un lunes, pero no impactaron fuertemente en la población hasta que el gobierno intervino. Ya sea recurriendo a la insensibilidad frente a las demandas ciudadanas por el precio del pasaje, decisión sustentada en los principios tecnocráticos que identifican especialmente a este gobierno, bajo la autoridad del comité de expertos que definió el alza del pasaje. Ya sea recurriendo a la represión de los actores sociales movilizados, primero con la fuerza policial, luego la militar. La definición de ciudadanía que protesta como “delincuente”, “vándalos”, “criminales” y de sus acciones como un desafío a la ley y al orden, justificó a los ojos del gobierno la violenta represión con que se enfrentaron los acontecimientos del jueves y del viernes, así como la militarización del país a los días siguientes. Las lógicas tecnocráticas y represivas del gobierno, dejaron fuera del proceso la herramienta más importante para lograr encauzar el conflicto: la política. El gobierno no actúo políticamente en este conflicto y aquello generó condiciones favorables para el estallido social y su deriva. Su respuesta tecnocrática primero, luego represiva, deja ver la falta de política de la derecha en todo el conflicto.

El mejor ejemplo de lo dicho anteriormente es lo errático del actuar de S. Piñera durante el conflicto. Primero condena la violencia de los movilizados para reprimirlos con fuerza y criminalizarlos, luego les declara la guerra, para después pedir perdón a la ciudadanía por los excesos militares y policiales. Finaliza la semana reconociendo la legitimidad debido a la masividad y apoyo que logró la marcha gigantesca de la ciudadanía.

Tercero, la no conducción política del conflicto por parte de ninguna fuerza política. La situación fue un estallido social expresivo del descontento y el malestar. El conflicto es inorgánico, sin líderes definidos, autónomo de los partidos políticos, sin demandas definidas, sin ideologías de base, en su primera semana. Es una fuerza social heterogénea y plural que utiliza su fuerza colectiva como modo de expresar su indignación y de presionar al gobierno a enfrentar la desigualdad social, pero sin un programa definido. Lo que significa recurrir a la violencia y la rabia como una de las formas de sacar fuera el descontento. La carencia de liderazgo complica una salida política a la situación. ¿Con quién negociar?, ¿sobre qué puntos hacerlo?, parece ser el desafío del gobierno. Por su parte, la oposición se encuentra en proceso de trazar y consolidar los puentes con la sociedad civil y la ciudadanía movilizada, sin embargo, la tarea no es nada sencilla pues las fuerzas sociales siguen siendo careciendo de algún centro u organización, aunque se ha avanzado significativamente en ese horizonte.

En cuarto lugar, el rol de los medios de comunicación oficialistas ha sido central para dar continuidad al estallido social. El tratamiento que la prensa y la televisión han dado a los acontecimientos ha sido la de criminalizar las acciones de los manifestantes. Haciendo eco de las definiciones de gobierno, han enmarcado la situación con el mismo lenguaje. Delincuentes, vandalismo, desorden, saqueos, son las palabras que definieron el clima de miedo e incertidumbre que los medios difundieron, pero omiten la violencia de la represión policial y militar que sufre la población, la violación a los derechos humanos de la ciudadanía apareció tardíamente en la parrilla de los medios. Dos son los efectos que las intervenciones de los medios producen en la población, y ambas son negativas para lograr desincentivar la revuelta social y terminar el conflicto. La primera es el miedo en buena parte de la población, aquella no movilizada, la que se vuelve temerosa e insegura y, por ende, individualista y egoísta. En segundo lugar, fomenta la sensación de injusticia e incluso la rabia de los actores movilizados, al estigmatizarlos como delincuentes y reducir sus formas de protesta a la expresión de la violencia.

Por último, el estallido social ha devenido en una forma movilizada más coherente, con algunas líneas de claridad y horizontes más definidos. Aunque ninguna fuerza social ni política puede adjudicarse la propiedad de la movilización social actual, existen tres consensos sociales amplios, contenidos en la idea de nuevo pacto social, que dotan de fuerza emocional y moral las jornadas que vienen. Estos consensos se traducen en tres consignas que sostienen la movilización actualmente: nueva constitución política, avanzar en la desmercantilización de la sociedad y la no impunidad frente a la violación de los derechos humanos durante el estado de emergencia. La persistencia de las protestas descansa en estos pilares, que actúan por el momento como símbolos que canalizan la energía emocional y moral de la movilización.

Esa energía se ha traducido hoy en asambleas auto convocadas y cabildos ciudadanos, que discuten las posibilidades de reconstruir la vida social y política del país. Mientras un grupo de parlamentarios avanza en la acusación constitucional contra el presidente y su ministro del interior por atentar contra los derechos humanos del pueblo chileno, al decidir entregar el país a los militares. Todo esto va por un carril distinto al del gobierno y sus filas, que aún siguen creyendo en la existencia del oasis.

[1] https://elpais.com/internacional/2019/10/20/america/1571531965_776078.html

[2] https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/10/18/964843/Chile-9no-mas-caro-transporte.html

[3] https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/19/las-incendiarias-frases-del-gabinete-de-pinera-que-detonaron-la-crisis-social/

[4] https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/17/la-desobediencia-civil-de-evadir-el-pasaje-y-la-economia-moral-de-la-ciudadania/

[5] https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/21/sebastian-pinera-estamos-en-guerra-contra-un-enemigo-poderoso/

[6] https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/amnistia-internacional-enviara-mision-investigadora-a-chile-por/2019-10-26/104212.html

[7] https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/que-tan-desigual-es-chile/871225/

Juan Pablo Paredes P.

Investigador Postdoctoral en CEDER, Universidad de Los Lagos, Chile. Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Chile. ulagos.academia.edu/juanpabloparedesp

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