El pacto de corruptos. Luchas anti corrupción y antagonismo social en Guatemala. Ana Eugenia Paredes Marín

Ana Eugenia Paredes Marín, Luchas anti corrupción y antagonismo social en Guatemala (AFP)

Desde hace unas semanas Guatemala volvió a ser visible a nivel internacional, después de que el presidente de la República intentara expulsar del país a Iván Velázquez, quien encabeza de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La información y análisis que presento buscará responder una pregunta que circula en el ambiente nacional en los últimos días: ¿por qué un sector de la población guatemalteca defiende a un personaje político (Iván Velásquez) y no a las instituciones (CICIG)?

La respuesta permitirá comprender dos ejes importantes: 1) el porqué de la medida tomada por la presidencia y 2) la configuración de las actuales protestas ante los hechos. No pretendo dar un análisis profundo de los procesos políticos, pero es importante mencionar que esta coyuntura ha generado un sisma al que vale la pena dar seguimiento, para conocer la importancia y configuración del Triángulo Norte centroamericano como región de interés mundial.

 

Iván Velásquez, la CICIG y la corrupción institucional

Ante la interrogante planteada es importante hacer notar que el Comisionado Velásquez, en comparación con sus antecesores, ha demostrado resultados contundentes. Solamente en el periodo 2015-2016 (Velásquez tomó posesión de la CICIG en 2013) veinticinco procesos fueron investigados por el Ministerio Público con el apoyo de la CICIG. Entre los casos investigados, según su informe de labores de 2016,[i] resaltan casos de corrupción ejercidos por operadores de justicia, del sector salud, diputados al Congreso de la República, la Superintendencia Tributaria y el Ministerio de Gobernación. También han llevado adelante procesos por contrabando, financiamiento electoral ilícito y estructuras homicidas.[ii]

Es importante indicar que en 2015 el Ministerio Público junto a la CICIG, iniciaron e hicieron públicas las investigaciones que conllevaron -junto con la presión de la ciudadanía por medio de acciones colectivas (manifestaciones y plantones, recursos legales, paros de labores, etcétera)– a que el ex presidente Pérez Molina y la vicepresidente Baldetti renunciaran y fueran sometidos a un proceso penal como cabecillas y promotores de una red del crimen organizado nombrada La Línea, que funcionaba desde su gobierno, entre otras acusaciones formales por distintos casos de corrupción.

A pesar de este trabajo, los procesos penales no tuvieron sentencia definitiva de los tribunales. Estos aún están en debate, aunque parecieran encajonados dentro de los juzgados. Este hecho es importante porque denota que en las cortes judiciales se encuentra un importante obstáculo para el avance de la justicia, a pesar del fortalecimiento del sistema de investigación promovido no sólo por la CICIG, sino por el trabajo de las últimas dos fiscales del Ministerio Público.[iii] En el Organismo Judicial se encuentra uno de los bloques de interés que a través de litigio malicioso ha posibilitado atrasos y obstáculos para los procesos judiciales.

El llamado Triángulo Norte de Centroamérica es un territorio de importancia geoestratégica en el continente ya que genera problemas de seguridad para Estados Unidos particularmente en materia migratoria, de tráfico de drogas y redes del crimen organizado. En éste punto es necesario recordar que la CICIG fue constituida en 2007 como un órgano experimental de Naciones Unidas en Guatemala, con el apoyo de Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea, para investigar y desarticular cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos que cometan delitos y afecten los derechos humanos, incluyendo sus vínculos con funcionarios públicos. Su mandato permite generar recomendaciones y proponer medidas para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.[iv]

La puesta en marcha de la CICIG generó reacciones de hostilidad de grupos que se benefician de la corrupción e impunidad. Grupos cercanos a narcotraficantes, políticos y empresarios corruptos o corruptores, pero también redes militares que han mutado y se han incrustado en la débil democracia guatemalteca con el fin de proseguir el saqueo de las arcas nacionales desde ministerios y aduanas, y quedar impunes pos sus crímenes del pasado reciente.

Ante esta evidencia, se podría entender el sentido de declarar non grato a Iván Velásquez y personificar el conflicto en el comisionado. La reacción presidencial y de grupos afines (alcaldes,[v] grupos conservadores apegados a redes militares, medios de comunicación vinculados a casos de corrupción durante campañas electorales, etcétera) se explica al saber que el Ministerio Púbico y la CICIG, han generado y promovido acciones y propuestas legislativas que les afectan y los coloca bajo la lupa.

Ana Eugenia Paredes Marín, Luchas anti corrupción y antagonismo social en Guatemala (1)

Fuente: http://www.prensacomunitaria.org

El jueves 24 y viernes 25 de agosto el presidente Morales junto con algunos congresistas que fungieron como secretarios generales de partidos políticos,[vi] fueron acusados formalmente por el delito de financiamiento ilícito, pues no reportaron al Tribunal Supremo Electoral millonarios aportes otorgados durante su campaña electoral. Ministerio Público y CICIG, solicitaron que se retirara la inmunidad de dichos funcionarios, para realizar la investigación debida. Al caso personal del presidente se suma el hecho de que su hijo y hermano están siendo procesados en los tribunales por el caso Defraudación al Registro de la Propiedad.[vii]

Por lo tanto, la retórica sobre la defensa de las instituciones emitida por la presidencia de la República y sostenida por diversos grupos de la población, se constituye en un argumento engañoso que busca cimentar ideas difusas sobre los logros de este órgano, con el fin de salvaguardar los intereses presidenciales, los de grupos afines y de grupos paralelos enquistados en las instituciones estatales.[viii] Iván Velásquez hace parte de un proceso y una institución, su gestión dentro de CICIG ha sido importante y desvirtuar su trabajo e intentar expulsarle del país no ha sido la mejor estrategia política o diplomática del Presidente. Se hizo patente que el problema no es Iván, sino los resultados del trabajo conjunto del Ministerio Público y CICIG.

 

Antagonismo y acción colectiva

Para cerrar me gustaría resaltar un fenómeno que es producto del cisma institucional generado en 2015 y que se entrelaza con la historia política de Guatemala: el proceso de antagonismo político y sus consecuencias en la acción colectiva de la población urbana. Desde 2015 se ha argumentado que las acciones colectivas realizadas por la sociedad fueron producto de la manipulación de ciertos grupos de interés, concretamente la Embajada de Estados Unidos. Este discurso proviene de entidades y actores que apoyan las estructuras gubernamentales actuales y pasadas, que han tenido capacidad de difusión pues han reconocido muy bien los miedos aún dominantes en el imaginario social guatemalteco (anticomunismo, racismo, nacionalismo).[ix] Se empezó así a propagar la idea que tanto la CICIG, como la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio Público, estaban apoyando procesos que nos convertirían en la temida Cuba, Venezuela o bien, llevaría guerrilleros a la presidencia.

Guatemala es un país donde la guerra fría aún está caliente. El antagonismo usualmente se activa cuando existen procesos de reformas que cambiarían las estructuras de funcionamiento del Estado que afecten al estatus quo. Por esta razón, identificar a la CICIG, al Ministerio Público y al embajador de Estados Unidos como impulsores de la agenda de la izquierda resuena y causa temores en la población, poco ilustrada en temas históricos y políticos, una población en su mayoría conservadora.

Esta división bien aprovechada, evidenció que el proceso unificador de las olas de protesta del 2015 tendía de un hilo y que atarlo de nuevo sería complicado más no imposible, como se demostró el 20 de septiembre pasado. El efecto más obvio de esta campaña fue que, quienes en el pasado reciente se unieron al unísono para exigir la renuncia del binomio presidencial, hoy están separados: unos exigen que el comisionado permanezca en el país y otros apoyan la medida presidencial argumentando que está violando la soberanía nacional y extralimitando en sus funciones, además de las acusaciones mencionadas.

Este antagonismo ha sido aprovechado por las estructuras que están siendo investigadas o que pueden llegar a ser ligadas a procesos judiciales. El despertar los antagonismos históricos es un arma bien utilizada por quienes pretenden que la impunidad sea permanente.

 

Actuales eventos de protesta: la reacción ante el pacto de corruptos

A pesar de la existencia de los imaginarios sociales mencionados, por lo menos un grupo importante de clase media urbana, usualmente apática y que criminaliza procesos de movilización social que han denunciado los efectos de la impunidad, tráfico de influencias, corrupción y violencia,[x] nuevamente se ha apropiado de la protesta como vía para mostrar públicamente su descontento. Esta coyuntura ha posibilitado la constitución de un espacio social que permite el encuentro y al mismo tiempo, demuestra la fuerza de las protestas.

La reciente coyuntura, donde 107 diputados votaron a favor de reformar el Código Penal con el fin de modificar las penas establecidas por cometer delitos electorales, mostró que la campaña para desacreditar y expulsar a Iván Velásquez, fue generada para retroceder los avances de los últimos años. Reformando la ley mencionada, los diputados garantizaban que los acusados por financiamiento electoral ilícito, tuvieran penas conmutables y que la responsabilidad del financiamiento, no recayera sobre los secretarios de partidos. Al señalarse este pacto de corruptos, nombrado así por los colectivos sociales y acuñado en las consignas de las manifestaciones y redes sociales, nuevamente la indignación se generalizó y conllevó a que, por la fuerza de estas acciones colectivas, los diputados retrocedieran en su intento por impermeabilizar su responsabilidad ante los fondos recibidos durante los procesos electorales.

Cadena de barberías en ciudad de Guatemala. Fuente: https://www.facebook.com/misterbarbershops/

Cadena de barberías en ciudad de Guatemala. Fuente:
https://www.facebook.com/misterbarbershops/

Las protestas fueron efectivas, al grado de provocar la derogación de las modificaciones legislativas. La presión social se generó, no sólo en la capital del país, sino en la mayoría de departamentos de la República, donde de forma muy eficaz se implementaron campañas para declarar non grato a los diputados en sus distritos electorales. Múltiples cadenas de comida y otros comercios, acuerparon esta acción y establecieron que, en sus empresas, no venderían o preverían servicios a los 107 diputados que votaron a favor del pacto de corrupción. Sin embargo, en comparación del 2015, las principales cámaras empresariales no acuerparon el paro de labores convocado el 20 de septiembre pasado, evidenciando que, como sector, las acciones anti-corrupción ya están teniendo consecuencias para sus miembros.

Aunque parezca natural generar acciones colectivas ante este tipo de hechos, hasta hace algunos años no se había constituido en un recurso político de la clase media urbana por miedo a represión y prejuicios sobre quienes protestan. Esta coyuntura permite demostrar que la indignación, el hartazgo y la inconformidad por el mal uso de los impuestos, son la razón por la que los ciudadanos deciden participar en estos eventos; no es necesaria una embajada para que la población reconozca arbitrariedades y juegos políticos nefastos.

A pesar de las tensiones y el antagonismo, es esperanzador ver que nuevamente la población urbana toma las calles, reclama lo que considera justo y, ante todo, se apropia de la protesta como un mecanismo de acción social. Queda en el tintero que estos mismos grupos dimensionen las razones del uso de esos mecanismos por pueblos indígenas y campesinos empobrecidos. Sin embargo, es importante hacer notar que los eventos ocurridos en las últimas semanas, permiten romper esa falsa idea de la manipulación, dado que el escenario hace notar que sí existen acciones colectivas que intentan que no se frene lo construido y consolidado hasta el momento.

 

Notas

[i] Ver: http://www.cicig.org

[ii] Ibid.

[iii] Claudia Paz y Paz ( 2010-2014) y Thelma Aldana (2014-2018)

[iv] http://www.cicig.org/index.php?page=mandato

[v] La oposición política de estos funcionarios públicos, se puede comprender por las posibles redes incrustadas en las alcandías dedicadas a lavado de dinero o  por contrataciones irregulares de obras públicas, entre otras posibles acciones de corrupción perpetuadas por funcionarios públicos que laboran en estas entidades. El pasado 5 de octubre, el Ministerio Público junto con CICIG hicieron pública la investigación nombrada Caso Caja de Pandora. En ésta, se vincula al actual alcalde de la Ciudad Capital Álvaro Arzú Irigoyen, por lavado de dinero durante la pasada campaña electoral. Ambas instituciones dieron a conocer el vínculo entre el alcalde y el dueño de la empresa, el ex militar Bayron Lima, quien ayudó a ocultar gastos de campaña y quien previo a ser asesinado, guardaba prisión por ser autor material del asesinato de Monseñor Gerardi, Coordinador del proyecto Recopilación de la Memoria Histórica y de la publicación Guatemala Nunca Más. Para más información sobre el caso ver:

Ministerio Público: www.mp.gob.gt/noticias/2017/10/05/caso-pandora-mp-y-cicig-revela-red-de-corrupcion-y-presenta-antejuicio-contra-el-alcalde-alvaro-arzu/

Prensa Libre: http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/caso-caja-de-pandora-alvaro-arzu-debe-comparecer-el-viernes-ante-el-juzgado

[vi] Unidad Nacional de la Esperanza, Lider y Frente de Convergencia Nacional, partido del actual presidente. Ver:

ElPeriódico: https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/08/24/lider-y-une-senalados-por-cicig-de-financiamiento-electoral-ilicito/

[vii] http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/caso-en-registro-de-la-propiedad-afecta-imagen-de-jimmy-morales

[viii] Al finalizar este análisis, la Corte de Constitucionalidad ha fallado a favor de los amparos interpuestos por personas que hacen parte de organizaciones de sociedad civil, quienes con múltiples argumentos hicieron notar que la medida presidencial era arbitraria y mal formulada en materia constitucional y diplomática. Además, el presidente desistió de dicha medida, la cual fue mal vista por la comunidad internacional. Ver:

Prensa Libre: http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/ee-uu-rechaza-en-la-onu-la-expulsion-de-ivan-velasquez y http://www.guatevision.com/2017/08/31/se-da-por-vencido-jimmy-morales-desiste-de-echar-a-ivan-velasquez/

[ix] Se han difundido campañas de desprestigio a traves de las redes sociales. El papel de estos medios es importante para la generación de apoyos que en estos casos, sirve a grupos conservadores.

[x] Pueblos indígenas y/o campesinos empobrecidos y violentados que a pesar de la represión siguen utilizando el recurso de protesta como mecanismo para hacer visibles sus demandas. Estas suelen estar muy ligadas a la distribución de recursos y a los modelos de desarrollo que impactan y saquean sus territorios.

Ana Eugenia Paredes Marín

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora de México. Investigadora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales en el programa “Alter-globalizaciones y horizontes de transformación en Mesoamérica” de la Universidad Rafael Landívar. aeparedes@url.edu.gt

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