Los resultados de las Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015 en España no han sorprendido a nadie y, sin embargo, parecen el colofón a una época de 37 años de democracia con grandes logros en su haber, posiblemente la más fructífera en términos de bienestar social y calidad democrática de toda su historia. Han sido también las primeras elecciones generales después de cuatro años del cese de las actividades violentas de la organización ETA, de la que prácticamente no se ha hablado durante la campaña, sustituida en las preocupaciones de la ciudadanía por el terrorismo yihadista.
En esta acelerada reflexión me detendré en dos aspectos: en primer lugar, los propios resultados de la elección de 350 representantes al Congreso y 259 representantes al Senado; y, en segundo lugar, unos breves apuntes sobre la significación social y política de dichos resultados. Conviene aclarar que los datos electorales son simplemente un indicador, no la causa, de varios procesos que, produciéndose al mismo tiempo, han ido minando la solidez del orden democrático existente y delineando la necesidad de un cambio profundo de las reglas y normas de la práctica política. En especial de la cultura política construida en torno a gobiernos mayoritarios de partidos que se alternan en el gobierno de la nación, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Los resultados electorales
1. El declive de los partidos mayoritarios (la vieja política)
En los últimos años se viene observando una progresiva reducción del apoyo electoral a los dos grandes partidos españoles Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE). De representar en torno al 75% del total del voto nacional han pasado, en estas últimas elecciones del 20D, a un exiguo 50,7%. A lo largo de la historia democrática reciente, casi siempre uno de los dos partidos tenía la mayoría absoluta, y cuando no la alcanzaba era suficiente el apoyo de alguno de los partidos regionalistas o nacionalistas para gobernar sin formar coalición. Pero vayamos por partes para explicar la retorcida situación actual.
A pesar de experimentar en 2015 un incremento de la participación de 4 puntos en relación con la habida en las elecciones de 2011, el PP pasa de 10,8 a 7,2 millones de votos, con una pérdida neta de 3,6 millones de votantes. El PSOE ha perdido 1,5 millones de votos, pasando de 7 a 5,5 millones. La pérdida conjunta de ambos partidos es de más de 5 millones de votantes, algo sin precedentes en el periodo democrático. En las últimas décadas se observa un trasvase de votos entre ambos partidos, pero como veremos más adelante parece que los electores han optado por otras alternativas. En un periodo en el que hemos atravesado la mayor crisis social y económica de la historia reciente de España, parece sorprendente que el desgaste no afecte exclusivamente al partido que gobernando ha tomado decisiones de recortes en el gasto social, y llevado a cabo reformas que han supuesto una significativa reducción de derechos sociales, alcanzando también al primer partido de la oposición.
El desgaste electoral de ambos partidos no tiene las mismas razones. En el caso del PP a los costes de la crisis y sus políticas ultra neoliberales hay que sumarle los numerosos escandalos políticos de enriquecimiento personal, malversación de caudales públicos, cobro de comisiones y financiación ilegal destapados y en proceso de enjuiciamiento. Por el contrario, en el caso del PSOE ni su posición en la oposición ni los casos de corrupción que le han afectado le hacen, en principio, merecedor a un castigo electoral superior –proporcionalmente- al infligido al PP. Deberían existir otras razones que explicaran este doble drama, desde los errores del pasado hasta la falta de una oferta política percibida claramente como alternativa por los electores.
2. Los resultados de los partidos emergentes (la nueva política)
Ciudadanos es un partido que concurre por primera vez a unas Elecciones Generales en España, aunque ya cuenta con experiencias previas exitosas en Cataluña. Se presentó por primera vez a las Elecciones al Parlamento de Cataluña el 1 de noviembre de 2006 donde obtuvo el 3% de los votos. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 fue votado por 0,5 millones de ciudadanos. En las pasadas elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 tuvo 1,5 millones de votos y en las autonómicas de Cataluña sumó el 18% de los votos y 20 puestos en un Parlament de un total de 135. Aunque no forma parte de ningún gobierno, apoya gobiernos minoritarios en los parlamentos de Andalucia y Madrid. Su política ha sido no entrar a formar parte de los gobiernos, pero facilitar el gobierno de la lista más votada. Ideológicamente se sitúa en una posición de centro-derecha próxima a la posición del PP (ver Perfil ideológico por partidos).
Su apoyo electoral (3,5 millones de votos) proviene de sectores descontentos con el gobierno del PP, sobre todo, y del PSOE, en menor medida. Una parte importante de su apoyo electoral (1 millón de votos) viene también de un partido que prácticamente ha desaparecido Unión, Progreso y Democracia (UPyD).
El discurso que utiliza trata de romper con la política del pasado, con la corrupción política, y a favor de una renovación y regeneración de la democracia dotándola de ética y honestidad. Una característica distintiva es su marcado antinacionalismo y su profundo sentido unitarista de la nación española. Su mayor fuerza se encuentra en sectores jóvenes, urbanos y educados.
Podemos es una agrupación de numerosos pequeños partidos y plataformas ciudadanas que con diferentes nombres (És el moment en la Comunidad Valenciana, En Comú Podem en Cataluña y En Marea en Galicia) han concurrido a estas elecciones alcanzando 5,2 millones de votos (20,6%). Se reclama heredero del Movimiento 15M que surgió en mayo de 2011 y ha incorporado buena parte de sus propuestas sociales y económicas, así como la organización interna en torno a círculos de ciudadanos (Asamblea ciudadana) donde participan y/o son consultados en la toma de decisiones todos los inscritos voluntariamente en un censo de simpatizantes.
El apoyo electoral procede de sectores de la izquierda, fundamentalmente de los movimientos sociales nuevos y viejos, de sectores descontentos con la política del PSOE, de la abstención política activa y de sectores que han sufrido el impacto de la crisis económica y social. El perfil del votante de Podemos es el más joven de todos los partidos políticos, urbano, educado y de izquierdas. Según un barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en una escala de 1, la izquierda, a 10, derecha, los españoles le sitúan en el 2,3. Sus propuestas sobre el Estado se sitúan en de un proyecto plurinacional y que garantice la diversidad cultural y lingüística, con la incorporación clara de la diversidad reclamada por los nacionalismos periféricos vasco, catalán y gallego.
Podemos ha pasado de tener el apoyo de 1,2 millones de electores en las Elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014 a 5,2 millones, a muy corta distancia del PSOE que ocupa la segunda posición.
¿De dónde vienen los votos de Ciudadanos y Podemos? La mayor parte de los 8,7 millones de votantes se han ido sumando paulatinamente a lo largo de los últimos años, pero es especialmente llamativo el incremento en estas últimas elecciones ya que en conjunto representan el 34,5% del voto total. Algunos provienen de otras formaciones políticas: 1 millón de UpyD, 1,5 millones del PSOE, 3,6 millones del PP, y 0,8 millones de Izquierda Unida (IU). Además hay 1,5 millones, aproximadamente, de incremento de participación en relación con las anteriores elecciones generales, y 0,8 millones de nuevos votantes.
Hasta que no se lleven a cabo encuestas postelectorales no sabremos con mayor exactitud la procedencia exacta y el trasvase de votos entre los distintos partidos políticos, pero sirva de ejemplo la Tabla de los resultados atribuidos a cada partido político por los sondeos electorales realizados entre noviembre de 2011 y diciembre de 2015. En ella se puede observar la relación entre ascensos y descensos entre los distintos partidos. Los más relevantes aparecen en azul (PP), rojo (PSOE), morado (Podemos) y naranja (Ciudadanos).
Los retos sociales y políticos de una nueva transición
He aquí algunos de los desafíos sociales y políticos que deben abordarse en los próximos años por parte de ganadores –provisionales- y perdedores –ocasionales- de estas elecciones.
1. Las heridas de la crisis y la desigualdad social
La crisis financiera, que comenzó en 2007 con las hipotecas subprime y que ocasionó el abrupto final de uno de los periodos de prosperidad económica más largo de España, dió paso a una crisis económica que elevó el desempleo al 26% de la población económicamente activa y a sobrepasar los 5,9 millones de parados, está tras el sunami electoral vivido en los últimos cuatro años. Nada de esto sería explicable sin tener en cuenta la profundidad de las heridas de la crisis, las consecuencias del desempleo y la inactividad en las familias españolas, la pérdida generalizada –aunque no igual para todos- de poder adquisitivo de amplios sectores sociales, los efectos visibles de la desigualdad social y el incremento de la pobreza y de los hogares con dificultades para llegar a final de mes. Estas mismas consecuencias, aunque con distinta intensidad, han sido experimentadas en otros países de nuestro entorno monetario y geográfico como Irlanda, Portugal o Grecia.
Todos los indicadores de las agencias de estadística, española (INE), europea (EUROSTAT) e internacionales (OIT, OCDE), señalan el empeoramiento de todos los índices de ingresos económicos, ayudas sociales, situaciones de precariedad, calidad de vida, incremento de la concentración de la riqueza, retroceso en la calidad del empleo, y de aquellos servicios públicos (educación, sanidad, dependencia) que han experimentado severos recortes por la crisis fiscal del Estado. Las consecuencias negativas de esta multicrisis se extenderán más allá de una década en forma de deuda que heredarán las próximas generaciones de españoles. Todo ello sin hablar de ese ejército de jóvenes que han tenido que abandonar el país en busca de mejores horizontes profesionales o vitales. El cambio en el sistema de partidos y en las preferencias de voto hunden sus raíces en este clima de desasosiego.
2. El agotamiento de un modelo de alternancia bipartidista
Desde 1978 los sucesivos gobiernos nacionales han contado con mayorías simples –que con apoyos externos de otros partidos minoritarios han garantizado la estabilidad– o absolutas de uno de los dos partidos hegemónicos PP o PSOE. En las elecciones de 2011, el PP alcanzó la mayoría absoluta en el Parlamento y en el Senado más amplia de todo el periodo democrático.
¿Nos encontramos a las puertas del fin de un modelo de alternancia política bipartidista? Todo parece indicar que sí, aunque no es descartable la constitución a largo plazo de un nuevo bipartidismo con nuevos actores que fagociten a los viejos. Aunque no es este el momento de hacer un diagnóstico de las razones que nos han conducido hasta aquí, se puede apuntar que la falta de respuestas apropiadas a la crisis, el creciente ensimismamiento de las organizaciones políticas, la incomprensible tolerancia hacia o la falta de acción enérgica ante el incremento de la corrupción política, la baja calidad ética de la acción política de organizaciones –financiación ilícita–, y de políticos en ejercicio –cobro de comisiones– o después de dejar la política –puerta giratoria–, son las razones fundamentales del cansancio de muchos votantes. El incesante número de escándalos políticos con las investigaciones policiales y enjuiciamiento de actos constitutivos de delito ha puesto de manifiesto: 1) la profundidad del problema, 2) la tolerancia, y en muchos casos la connivencia, de los partidos políticos mayoritarios, 3) la insuficiencia de las medidas preventivas y punitivas contra estos delitos, y 4) el hartazgo de la ciudadanía.
La situación ante la formación de un posible gobierno con mayoría parece extremadamente complicada. La única posibilidad de estabilidad es una coalición –la gran coalición– entre el PP y el PSOE, que este último partido ya ha descartado radicalmente. Otras posibles formulaciones serían aquellas próximas a la mayoría, con coaliciones entre PP y Ciudadanos, y PSOE y Podemos, insuficientes para conseguir un gobierno estable. El doble drama: 1) una posible coalición conservadora necesitaría, al menos, cinco partidos para aproximarse al 50% de la representación en el parlamento incluyendo tres partidos nacionalistas (PP+Ciudadanos+DiL+PNV+CC); 2) una posible coalición progresista necesitaría la contribución de, al menos, seis partidos incluyendo nacionalistas (PSOE+Podemos+IU-UP+PNV+ERC ó DiL). Aunque la segunda opción parece más pausible que la primera, no deja de tener numerosos costes electorales y políticos para quienes entren en dicha concertación.
3. De nuevo la cuestión de las relaciones entre el centro y la periferia
Las tensiones políticas entre el centro y la periferia se han acentuado como resultado de la crisis. La falta de diálogo entre el gobierno nacional (PP) y el gobierno catalán (CiU), y la cerrazón a revisar el estatuto político de Cataluña en el Estado de las Autonomías han conducido a una situación de bloqueo político que está produciendo un tensionamiento del orden constitucional imperante desde 1978. Cada vez se escuchan más voces que reclaman una revisión de la Constitución para incorporar elementos que se han ido postergando, incorporar una nueva carta de derechos sociales, y revisar la estructura territorial del estado (fundamentalmente el Senado y el encaje de algunas autonomías con fuerte implantación de partidos nacionalistas e identidades nacionales).
Esta revisión constitucional debería haberse abordado con antelación para adecuarla a los nuevos tiempos y desafíos. En 37 años únicamente se han modificado dos artículos para incorporar elementos menores y de segundo orden sobre el voto y sobre el equilibrio presupuestario. El problema más relevante en una hipotética revisión del marco constittucional es, por un lado, la gran cantidad de cuestiones a revisar y, por otro lado, el desacuerdo sobre la dirección de los posibles cambios.
Epílogo: A la espera de una nueva transición
Uno de los temas más candentes es la representación proporcional de los electores en el Congreso de los Diputados (Cámara Baja). Ahora su distribución se realiza según circunscripciones provinciales (52) que garantizan una representación mínima a cada provincia y el resto de puestos se reparte proporcionalmente en función de la población. Este sistema electoral supone una gran distorsión del sistema 1 persona = 1 voto con el mismo peso, ya que, por citar únicamente un ejemplo, Izquierda Unida (IU-UP) necesita 461.552 votos para cada uno de los dos puestos alcanzados en el Parlamento y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) necesita 50.264 votos para cada uno de los suyos. En el cuadro siguiente se representa la distribución de puestos según los resultados del 20D en la actualidad y una hipotética distribución en una circunscripción nacional única.
Los resultados más claros serían: a) mejoraría la proporcionalidad dando entrada a pequeños partidos que ahora quedan excluidos del Parlamento por la dispersión de su pequeño número de votos; b) los partidos mayoritarios (PP y PSOE) reducirían aproximadamente un 15% de su actual representación; c) los partidos emergentes (Podemos y Ciudadanos) ganarían en representación; d) los partidos nacionalistas en Cataluña y Euskadi no cambiarían sustancialmente su representación. La gran paradoja es que, en base a los resultados de estas últimas elecciones, con ese cambio no mejoraría significativamente la gobernabilidad. Múltiples pactos serían necesarios para garantizar mayorías parlamentarias.
Parece importante señalar dos últimas consecuencias de los cambios de los últimos cuatro años. En primer lugar, el nivel de debate político ha experimentado un aumento muy relevante, con un incremento de programas televisivos de discusión sobre los problemas sociales y políticos del país, con presencia de los líderes y responsables de los partidos políticos, así como un interés por parte de los ciudadanos ante una situación inédita con gran diversidad de propuestas. En segundo lugar, la mayor parte de las reivindicaciones del Movimiento 15M de 2011 han ido permeando la agenda de los partidos políticos, en especial de Podemos, Izquierda Unida y PSOE, cambiando normas y maneras de hacer, como en el caso de los desahucios y las ayudas a los más desprotegidos, demostrando que el movimiento 15M era necesario para revitalizar la vida social y política de un país acomodado. Esperemos que a nivel nacional Podemos y sus coaligados puedan llevar a cabo las transformaciones que ya se están produciendo a nivel municipal y autonómico al poner en primer lugar la agenda social y las necesidades de los ciudadanos.
