Uno de los principales logros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) fue la promulgación de la Ley General de Víctimas (LGV). Si bien antes he planteado los factores que permiten explicar por qué se consiguió tal instrumento,[1] considero necesario reflexionar, desde el campo de la movilización legal, sobre la importancia de la LGV para el país. Lo anterior cobra mayor relevancia dado que el texto de la normativa tuvo una reforma en enero de 2017, con el principal objetivo de refundar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV);[2] sin embargo, a casi año y medio de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el poder Ejecutivo federal no ha emitido el reglamento de la ley. Continuar leyendo…