Generalmente, las elecciones en Guatemala se caracterizaban por escoger al candidato “menos peor” entre las opciones que los partidos presentaban cada cuatro años y en cada proceso electoral se asistía a las urnas con la decepción del gobierno de turno. Este año las elecciones tomaron un rumbo diferente: uno en el que los guatemaltecos sintieron la esperanza de un cambio, con la novedad de que, aparte de los eternos candidatos de siempre, también había una variedad de candidatos académicos y con carrera diplomática, afines a sectores como el de mujeres, indígenas, de jóvenes.

La primera vuelta tuvo un resultado sorpresivo que emocionó a miles de guatemaltecos, pero que también puso en alerta a otros. La segunda vuelta terminó por asentar la esperanza y activó a la ciudadanía en el tema de fiscalización. De la misma manera, impulsó una reacción que puso en marcha diversas estrategias para revertir el resultado.

La desconfianza

Las elecciones generales del 2023 en Guatemala se dieron en un contexto atípico -incluso para nuestro multipartidismo- en el que hubo 30 partidos políticos, el número más alto en nuestra historia democrática. De estos, 29 participaron en la primera vuelta, pero solo 22 inscribieron a un binomio presidencial. Normalmente, esta situación ocurre porque no a todos los partidos les interesa competir por la presidencia y vicepresidencia del país y más bien buscan representación a nivel local a través de alcaldías y diputaciones.

Este año sucedió de esta manera porque 4 binomios no fueron aceptados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por múltiples motivos, desde errores técnicos en las asambleas celebradas hasta supuestas irregularidades en la documentación presentada por un candidato para su inscripción.1

Debido a esto, el contexto electoral se impregnó de desconfianza para la población, ya que comenzaba a evidenciarse la judicialización del proceso por los procedimientos legales que se interpusieron desde el inicio. Sumado a esto, la ciudadanía no recibía la información correcta ni actualizada de los medios de comunicación, ya que la última encuesta publicada presentaba como líder de la intención de voto a Carlos Pineda y a Sandra Torres,2 a pesar de que Pineda ya ni siquiera estaba en la contienda electoral. Sin embargo, la encuesta podría cambiar la intención de voto hacia los candidatos ahí presentados, o podría contribuir a la espiral del silencio, en la que las personas no hablarían de su intención de voto.

Por otro lado, el contexto se tornó aún más complejo porque los canales legales se utilizaron como herramienta para derribar o permitir candidaturas. En esta ocasión se presentaron 107 acciones de amparo y, de esas, solo 56 habían sido resueltas antes del 25 de junio.3 Así se logró dejar fuera de la contienda a algunas candidaturas que representaban una amenaza para el statu quo.

El día llegó y las elecciones generales en primera vuelta se llevaron a cabo. El lunes 26 de junio, a horas de la madrugada y a través de los resultados preliminares, se conoció que el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con Sandra Torres y el Partido Movimiento Semilla con Bernardo Arévalo serían los partidos que participarían en la segunda vuelta electoral. La UNE obtuvo el primer lugar con 881,592 votos (15.87%) y Semilla el segundo lugar con 654,534 votos (11.78%).4 Además, el voto nulo acumuló 832,186 votos (17.4%) y el abstencionismo 3,255,404 (40.51%),5 números altos que reflejan la desconfianza de la población ante los comicios, los participantes y el sistema en general.

A pesar de que las encuestas no mostraban a Semilla como uno de los punteros, la espiral del silencio jugó un papel importante en esa primera vuelta. Si bien las personas pensaban en votar por Semilla, no era algo de lo que hablaran o afirmaran con certeza. La sorpresa del resultado fue porque Semilla no aparecía punteando en ninguna de las encuestas y la intención de voto hacia el partido no superaba el 5%; por su lado, la UNE aseguró su participación en el balotaje por tercera vez consecutiva desde su primera participación en el año 2015.

Asimismo, los resultados de las alcaldías resultaron preocupantes, ya que el partido oficial, Vamos, logró 131 de 340 alcaldías a nivel nacional, una cantidad importante para mantener el régimen de corrupción y, desde ahí, tener influencia en los municipios para la segunda vuelta electoral.6

El inicio del camino tortuoso

El 27 de junio, dos días después de las elecciones, Sandra Torres de la UNE señaló en conferencia de prensa a Bernardo Arévalo de querer implementar agendas en contra de la familia, la libertad religiosa, la propiedad privada, entre otras tantas cosas.7 La campaña negra y de desprestigio hacia el Movimiento Semilla y Bernardo Arévalo había comenzado.

Semanas más tarde, en julio y aún sin la oficialización de los resultados, el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, informó que el juez Fredy Orellana, a través del juzgado séptimo de instancia penal, había ordenado la suspensión del Movimiento Semilla bajo una denuncia hecha por un ciudadano al encontrar irregularidades en su afiliación y por supuesto delito de lavado de dinero.8

Lo que el Fiscal Curruchiche y el juez Orellana parecían ignorar es que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), en su artículo 92, indica que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado”,9 así como que un juez penal no puede llevar a cabo dicha acción porque está fuera de su competencia. Esta función compete únicamente al órgano electoral, el TSE. A pesar de esto, la suspensión de la personalidad jurídica fue llevada a cabo, lo cual imposibilitaba a Semilla ejercer actos de derecho y obligaciones que la ley le faculta.10

La orden de suspensión fue el inicio de la batalla legal que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) comenzaría contra Semilla y sus integrantes, incluso llegando a extralimitarse en sus funciones y amedrentando al partido allanando su sede para incautar papelería. Luego, sucedería lo mismo con el Registro de Ciudadanos.

La judicialización del proceso resultaba cada vez más evidente creando tensiones entre la legalidad y legitimidad del proceso. Menos de una hora después de la resolución del juzgado séptimo, el TSE oficializó los resultados electorales, llamando al balotaje el 20 de agosto alegando no tener conocimiento de la resolución del juez, pero expresando preocupación como Tribunal.11

La oficialización les dio luz verde a ambos partidos para comenzar campaña, tener eventos y viajar a los distintos puntos del país no sin dejar de lado el proceso legal que estaba en contra de Semilla.

Que el Movimiento Semilla estuviera en segunda vuelta representó esperanza para los guatemaltecos, quienes recordaban el legado del expresidente Juan José Arévalo, padre de Bernardo Arévalo. Las semanas entre la primera y la segunda vuelta presentaron algunas movilizaciones ciudadanas que, en apoyo a Semilla y Arévalo, pedían la resolución de la situación legal del partido, la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, del fiscal Curruchiche, y en general de los integrantes del llamado Pacto de Corruptos.

Asimismo, las situaciones espurias no se hicieron esperar para la segunda vuelta. En diferentes áreas del país se reportó que se estaban realizando entregas de hasta 3 mil bolsas solidarias e insumos alimenticios como compra de votos; los reportes indicaron que estaban involucrados candidatos, partidarios y alcaldes del oficialismo, quienes se puede inferir estaban aliados a la UNE. Incluso, el mismo día de las elecciones se repartieron en diferentes puntos del país “vales de la esperanza” con el logo del partido oficial para ser cambiados por paquetes de alimentos.12

La compra de voluntades, apoyada por el oficialismo, dejó claro que Semilla no debía ganar e iban a hacer lo necesario para lograrlo, desde compra de voluntades hasta acciones de amparo en las cortes; todo para perpetuarse en el poder. Por esta y otras razones se confirmó la importancia de los observadores electorales, quienes se hicieron presentes durante todo el proceso, y más aún en la segunda vuelta. En ésta se presentaron numerosas misiones nacionales e internacionales.

La esperanza de la primavera

La segunda vuelta electoral se llevó a cabo el domingo 20 de agosto, jornada que terminó con el conteo de votos relativamente rápido. Alrededor de las veinte horas ya se tenía un resultado preliminar en el que se mostraba a Semilla como el ganador de las elecciones generales 2023 con 2,441,661 (58.01%) votos, mientras que Sandra Torres perdió por cuarta vez consecutiva obteniendo 1,567,472 (37.24%) votos. La UNE no tardó en dudar de los resultados, declarándose en sesión permanente hasta que se esclarecieran de manera transparente.13

A su vez, se hizo de conocimiento que existían 828 impugnaciones a nivel nacional, las cuáles no ponían en juego la legitimidad del proceso electoral. Sería en los siguientes días que se realizarían las audiencias de verificación para la confirmación de los datos.14

Ocho días después, el Registro de Ciudadanos del TSE resolvió suspender provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, pero a su vez, el pleno de magistrados del órgano electoral oficializó los resultados declarando a Bernardo Arévalo y Karin Herrar como los mandatarios del país por los próximos cuatro años y expresando no tener conocimiento de la resolución mencionada.

La primavera

La elección de Bernardo Arévalo y Karin Herrera representó esperanza y una apertura para el cambio, pero también dejó ver la situación en la que se encuentra el Estado guatemalteco y el reto tan grande que tienen para hacer gobierno en los próximos cuatro años con pocos aliados. El reto principal es combatir la corrupción desde adentro, pero el obstáculo está en operar bajo las reglas del sistema y arriesgarse a la posibilidad de entramparse.

Por otro lado, cuatro años no son tiempo suficiente para hacer un cambio, aunque si para iniciarlo y que comience a tomar forma el camino para lograrlo. Sumado a esto, la ciudadanía está más activa y en la disposición de fiscalizar a las autoridades. Esto pondrá al próximo gobierno en el ojo público, en donde el mínimo error será señalado y fiscalizado, poniendo en juego la confianza que los guatemaltecos depositaron en el binomio: como es mucha la esperanza, las expectativas son muy altas.

La resistencia

El 18 de septiembre, miembros de la Junta Directiva de 48 cantones15 entregaron un memorial en el Ministerio Público informando que pedían la renuncia de la fiscal general del MP Consuelo Porras, del Fiscal de la FECI Rafael Curruchiche y del Juez Fredy Orellana. De no atender la demanda, procederían a un paro nacional. Más tarde, el 27 de septiembre enviaron un comunicado indicando que estarían realizando una manifestación pacífica en diferentes puntos del país el lunes 2 de octubre por tiempo indefinido.16

El 30 de septiembre el Ministerio Público sustrajo de las oficinas del Tribunal Supremo Electoral las cajas que contenían las actas electorales del reciente proceso electoral. A pesar de los intentos de los magistrados del TSE, la sustracción de las cajas se llevó a cabo entre forcejeos y golpes. Como consecuencia, diversas organizaciones internacionales y nacionales coincidieron en que el Ministerio Público incurrió en delitos y en una violación al sistema democrático guatemalteco.

Tal como indicaba el comunicado, 48 cantones bloqueó las principales carreteras del altiplano maya el 2 de octubre: Cuatro caminos, La esperanza, Santa Lucía Utatlán, Tecpán y Sumpango. A su vez, un grupo de autoridades ancestrales se instalarían frente a las instalaciones del MP en el centro de la ciudad de Guatemala con las mismas consignas.17

Este movimiento eminentemente maya y liderado por los olvidados de la democracia en Guatemala convocó a los demás guatemaltecos a unirse a los bloqueos y al paro nacional, ya que no se trataba de un partido ni de un candidato, se trataba de la defensa por la democracia, justa y libre en el país, del respeto a los votos de los guatemaltecos y la decisión tomada el 25 de agosto en la segunda vuelta electoral.

En el cuarto día de Paro nacional, la Universidad Rafael Landívar (URL) decidió salir a las calles y acuerpar a 48 cantones, en las calles y frente al MP. Al día siguiente la URL salió de nuevo, pero esta vez la Universidad Del Valle de Guatemala se unió a ellos y la Universidad de San Carlos de Guatemala declaró bloqueo indefinido en sus alrededores. Cada día más y más personas y organizaciones se unían al paro nacional liderado y convocado por 48 cantones.

Los bloqueos aumentaron; al sexto día de paro nacional, 87 puntos en el país se encontraban sin paso. Sorpresivamente para el octavo día ya había 147 puntos bloqueados. Los vecinos de la colonia Bethania, una colonia popular, bloquearon una arteria importante de la ciudad, el periférico. En el noveno día un grupo de antimotines llegó al punto de bloqueo para repeler a los manifestantes y abrir el paso, sin embargo, los vecinos de la Bethania no titubearon, se subieron a sus motocicletas, rodearon a los antimotines y los hicieron retroceder. Al día siguiente, el mismo escenario se vivió en el bloqueo de Zaragoza, en el departamento de Chimaltenango.

Para este punto, ya no solo era 48 cantones: más autoridades indígenas provenientes de otros departamentos también se unieron al llamado. La resistencia tomaba fuerza, siempre pendiente de indicaciones de las ahora, autoridades ancestrales.

No obstante, estas movilizaciones fueron criminalizadas por parte de la fiscal general Consuelo Porras. En horas de la tarde, publicó un video en donde las catalogó como ilegales, vandálicas y denunció saqueos en diferentes supermercados del país. Para ese momento no se había reportado ningún saqueo, todo se había desarrollado pacíficamente. Horas después comenzaron a aparecer en las calles grupos de infiltrados con playeras blancas y tapándose la cara, actuando de manera violenta. Ese mismo día, por la noche, el presidente Alejandro Giammattei emitió un mensaje, quien también catalogó las propuestas como intolerables y ordenó el inmediato desalojo de estos con uso de la fuerza policial. A los minutos, un grupo de infiltrados destruyó parte del patrimonio del Centro Histórico y el monumento al Bicentenario; justificando así las palabras de la fiscal y del presidente.18 Ante la preocupación de más infiltrados, uso de la fuerza policial y detenciones, se lanzó el llamado a las personas interesadas en formar parte de los bloqueos a no uniformarse, no taparse la cara y siempre manejarse tranquilos. En los días siguientes, las autoridades ancestrales se reunieron con el presidente, gracias a la OEA, para hacer de su conocimiento sus peticiones y exigir la renuncia de Consuelo Porras; la reunión no tuvo éxito, Giammattei no pediría la renuncia de Porras.

Para el 25 de octubre se cumplían 24 días de paro nacional, para ese momento ya no eran tantos los puntos bloqueados en el país, en la ciudad capital ya no había, aunque sí continuaban algunas rutas fuera de la ciudad capital y la resistencia frente al MP.

El 2 de noviembre, el partido Movimiento Semilla fue suspendido.

La persecución política continúa al momento de escribir esta nota. El 16 de noviembre fueron capturados Marcela Blanco, excandidata a diputada por Semilla; Rodolfo Chang, decano de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); Alfredo Beber Aceituno, ingeniero civil y catedrático de la misma casa de estudios; Eduardo Velásquez, ex decano de la Facultad de ciencias Económicas de la misma universidad, y Javier de León, estudiante, próximo a graduarse de la licenciatura en Física Aplicada. Se les acusa de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.

El caso que armó el MP fue llamado: Toma de la Usac: Botín Político. En este intentan establecer y comprobar que los detenidos y otros más -que aún no hay sido detenidos- planearon la toma de la universidad pública para desmeritar la elección (que se llevó a cabo de manera espuria e ilegal) del actual rector, Walter Mazariegos, para planear el supuesto fraude electoral para que ganara Movimiento Semilla, entre otras razones.

Llegar al 14 de enero de 2024 se ha convertido en un camino con muchos obstáculos para el gobierno entrante.

El porvenir

Las elecciones generales del 2023 y sus resultados dejaron ver la situación política, de captura y cooptación del Estado guatemalteco, evidenciándose en la instrumentalización del derecho y la judicialización del proceso electoral.

En un primer momento, durante la primera vuelta, para retirar del proceso a candidatos que ponían en riesgo al statu quo. Dicha judicialización se ha podido observar en otros procesos también, ya que las Cortes no han llevado el procedimiento correspondiente ni se ha llamado a Comisiones de Postulación para ser integrada por otros funcionarios. Esto resulta conveniente para los integrantes del llamado “Pacto de Corruptos”, pues los jueces en estos puestos estratégicos acuerpan y benefician a ciertos actores.

Los partidos políticos han demostrado en estas elecciones su esencia y sus intereses particulares. Los partidos guatemaltecos carecen de ideología, o dirección programática clara, de un plan de gobierno conciso -en muchos de los casos-, más bien son partidos catch-all, en donde buscan atraer votantes pertenecientes a distintos grupos, estratos, religiones, etc. Sin embargo, algo sí comparten: permitir que se mantenga el statu quo y tener un campo con aliados que permita el cumplimiento de sus intereses particulares.

Es esta visión del Estado, que el Pacto de Corruptos tiene, lo que ha facilitado las acciones legales para el rompimiento del orden constitucional, el llamado a supuesto fraude en las elecciones, a intentar suspender al Movimiento Semilla e intentar, a toda costa, deslegitimar los resultados electorales.

Es por esto por lo que, independientemente del resultado electoral, las movilizaciones buscan que se respete el orden constitucional, las elecciones generales, al máximo órgano electoral -TSE- y, sobre todo, la decisión del pueblo guatemalteco.

La respuesta social ante el atentado a la democracia fue sorprendente, además de la convocatoria y el liderazgo de las autoridades ancestrales. Las manifestaciones pacíficas previas, específicamente del año 2015, se han caracterizado por ser movimientos urbanos y de hacer escuchar la molestia de los ciudadanos por la corrupción del Estado guatemalteco. Este año la batuta la tomó 48 cantones, quienes en defensa de la democracia cumplen ya 40 días frente a la sede central del Ministerio Público.

La convocatoria y llamado de las autoridades ancestrales fue escuchada y los guatemaltecos se sumaron a ella, desde sus espacios, sus colonias, desde sus Universidades; los ciudadanos se unieron -hubiesen votado o no por Semilla- y no por un partido, no por un candidato, sino por la democracia y el respeto al voto del ciudadano guatemalteco.

Lo interesante aquí es que, implícitamente, las autoridades ancestrales tienen el liderazgo de este movimiento. Parecía ser que todos los bloqueos y movilizaciones se hacían en respeto y con el conocimiento de que esto había comenzado gracias a los 48 cantones de Totonicapán, y dentro de todo, era acompañarlos en esta lucha.

Aparte del escenario ciudadano, el escenario de gobierno para el año 2024 se observa complicado porque primero está la disyuntiva de si el partido se cancelará o no; actualmente está suspendido. De llevarse a cabo la cancelación, los diputados electos del Movimiento Semilla se quedarán sin bancada en el Congreso de la República y serán tomados en cuenta como diputados independientes, lo que no les permitirá presidir ninguna comisión ni ser un bloque fuerte en el Legislativo. En caso de no llevarse a cabo la cancelación, la bancada de 23 diputados enfrentará una oposición bastante fuerte, ya que el partido Vamos obtuvo 39 curules, la UNE 28, Cabal 18, Viva 11 y la coalición Valor-Unionista consiguió 7.19

Lo que se podría esperar es que estos partidos, alineados con el oficialismo y muchos de ellos parte del pacto de corruptos, formen alianzas para ser oposición en el órgano Legislativo. Esto dejaría a Semilla con pocas opciones para formar alianzas; incluso podrían no llegar al mínimo de 80 votos requeridos para algunas Asambleas y decisiones que se toman dentro del Congreso de la República.

El panorama para Semilla se ve con muchos desafíos, pero esta vez el gobierno tendrá de su lado a una gran parte de la ciudadanía guatemalteca que lo legitima y lo apoya.