Entre fines de 2022 e inicios de 2023, el ciclo de movilizaciones en el Perú tuvo un punto de condensación territorial y simbólica en Puno. En el relato político del periodo esta región aparece como “epicentro” de las protestas. El conflicto no solo fue callejero sino también discursivo, porque el sentido de la protesta se disputó públicamente. En particular, se consolidó una narrativa que describía las movilizaciones como no pacíficas y que llegó a vincularlas con el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y el “terrorismo” (Tanaka, 2024, pp. 422-423).
Este artículo propone una lectura sociopolítica. El terruqueo opera como una tecnología discursiva que no se limita a insultar, sino que reordena fronteras morales (quién es “ciudadano legítimo” y quién es “enemigo”), habilita prácticas de control / disciplinamiento y reconfigura la legitimidad de las demandas colectivas. La tesis se sostiene en un diálogo entre estudios peruanos sobre terruqueo (Aguirre, 2011; Velásquez Villalba, 2022; Bolo-Varela, 2024; Tanaka, 2024) y dos herramientas teóricas clásicas de sociología política: framing (Benford & Snow, 2000) y fronteras simbólicas (Lamont & Molnár, 2002, pp. 168-169).
Carlos Aguirre explora la historia de «terruco», un término coloquial usado como sustituto de «terrorista», para demostrar que su uso como insulto, a pesar de estar inicialmente dirigido a los grupos alzados en armas, contribuyó decisivamente a estigmatizar a amplios sectores de la población peruana, incluyendo a defensores de derechos humanos, familiares de detenidos, víctimas de la violencia política y personas de origen indígena en general (Aguirre, 2011, p. 103). El uso del término no es solo semántico, sino que opera como un mecanismo de clasificación social al ser empleado para convertir a los subversivos en “puros criminales” y, a su vez, “bloquear el debate” sobre sus motivaciones, lo que justificó su eliminación (Aguirre, 2011, pp. 114-115).
En esta dinámica de estigmatización, el término “terruco” ayudó a implementar y justificar formas brutales de represión antisubversiva —que incluyeron detenciones arbitrarias, tortura y asesinato— contra personas acusadas de pertenecer a los grupos armados (Aguirre, 2011, p. 110). Dicho de otro modo, el insulto puede funcionar como puente entre discurso y violencia estatal (y paraestatal), porque instala una idea de “enemigo” que “merece” trato excepcional.
Para comprender por qué esta etiqueta es tan eficaz, resulta útil la distinción de Lamont y Molnár entre fronteras simbólicas (distinciones conceptuales hechas por actores sociales) y fronteras sociales (formas objetivadas de diferencia y desigualdad). Las fronteras simbólicas separan personas en grupos y generan sentimientos de similitud y pertenencia. Solo cuando estas fronteras logran un acuerdo amplio y se vuelven constriñentes, pueden transformarse en fronteras sociales al traducirse en patrones de exclusión o segregación (Lamont & Molnár, 2002, pp. 168-169).
Esto ayuda a analizar el efecto político del término. Llamar “terrorista” no solo descalifica un argumento, reclasifica a la persona (y a su colectivo) fuera del perímetro de la comunidad política legítima. Así, la disputa deja de ser sobre políticas públicas y se vuelve sobre quién merece voz y quién representa un peligro. La frontera moral, una vez instalada, no solo ordena el debate; también orienta la tolerancia social frente a la coerción, el castigo o la exclusión.
En este sentido, Benford y Snow definen los marcos de acción colectiva como “esquemas de interpretación” que permiten “localizar, percibir, identificar y rotular” eventos y experiencias (Benford & Snow, 2000, p. 614). Asimismo, distinguen tres tareas básicas: diagnóstico (qué está mal y quién tiene la culpa), pronóstico (qué hacer y cómo) y motivación (por qué actuar) (Benford & Snow, 2000, p. 615).
Desde esta lente, el terruqueo opera como un marco cerrado que reinterpreta el conflicto desde el inicio y le fija un sentido único. Lo que podría presentarse como una demanda social —con agravios, actores y reclamos— se convierte en “terrorismo” o en su sombra, anulando de entrada la posibilidad de reconocer legitimidad política en la protesta. En consecuencia, si el diagnóstico ya no es “conflicto social” sino “amenaza”, el horizonte de respuestas también se estrecha: la salida deja de ser deliberación o negociación y pasa a ser control, sanción o represión, porque al “enemigo” no se le concede el estatus de interlocutor. Para completar el cierre del marco, el discurso moviliza emociones intensas —miedo, alarma, urgencia— mediante lenguajes como “seguridad nacional” o “peligro inminente”, con lo cual vuelve socialmente aceptables medidas duras y contribuye a sostener apoyos a políticas de excepción.
Cuando este marco se impone, desactiva la posibilidad de que la protesta sea leída como repertorio político legítimo; la desplaza hacia la categoría de amenaza. El resultado deja de ser una disputa interpretativa para pasar a un reordenamiento práctico del campo político, porque redefine quién puede entrar como interlocutor y quién debe salir como “riesgo”.
Fernando Velásquez Villalba propone entender el “terruqueo” como una tecnología para deslegitimar y estigmatizar movimientos sociales que cuestionan el discurso neoliberal de desarrollo y modernidad en el “Perú reciente” (2022, p. 80). En su enfoque, el terruqueo opera como un instrumento retórico para construir un “enemigo sociopolítico” que se presenta como dañino y peligroso, y se articula como una encarnación discursiva de las batallas por la memoria (Velásquez Villalba, 2022, p. 84)
Un punto crucial de su argumento es que el terruqueo no se agota en la retórica ya que se conecta con una dimensión legal-institucional. Velásquez presenta el terruqueo como una herramienta de control y disciplinamiento social que emerge de una construcción legal-institucional detallando la genealogía de la legislación antiterrorista y sus tipos penales abiertos. Este mecanismo es potente, pues se basa en la “socialización” de un discurso legal que transforma categorías expansivas del derecho en sentido común para administrar la exclusión (Velásquez Villalba, 2022, pp. 84-85). En pocas palabras, el terruqueo “funciona” porque suena a derecho; convierte un conflicto político en una amenaza penal, saca a los manifestantes del lugar de interlocutores y vuelve socialmente más aceptable controlarlos o castigarlos en lugar de escucharlos.
En el ciclo 2022–2023, Tanaka recoge cómo el discurso oficial llegó a asociar las protestas —con epicentro en Puno— al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando y con el terrorismo (Tanaka, 2024, pp. 422-423). Esta operación, en el marco de la disputa mnemónica que está llevando a cabo la derecha radical populista, se basa en el «terruqueo» como un dispositivo de invalidación sociocultural que establece un borde moral (quién puede ser escuchado y quién debe ser contenido). El autor lo describe como un instrumento que «deshumaniza y desperuaniza a determinados sujetos subalternizados» (Bolo-Varela, 2024, p. 279). Además, sostiene que en el Perú el terruqueo es «la punta de lanza de la memoria iliberal» y resulta «paradigmático» de un negacionismo donde la acusación de terrorismo «legitimó» represiones, encarcelamientos, abusos y muertes (Bolo-Varela, 2024, p. 296).
Así, Puno no es solo un lugar en el mapa, se volvió un escenario donde se intensifica la disputa por la membresía política. Cuando la protesta se re-narra como amenaza existencial, la frontera simbólica tiende a endurecerse y a volverse práctica social que representa exclusión, sospecha, silenciamiento y represión.
Para ejemplificar esto y de cómo estas fronteras simbólicas pueden traducirse en sanción política concreta es el episodio protagonizado por Phillip Butters en Juliaca – Puno. Tras el ciclo de protestas de 2022–2023, marcado en la región por una violencia letal ampliamente documentada, la visita de Butters fue leída por sectores locales no como un acto de campaña ordinario, sino como una provocación asociada a discursos previos que legitimaban la represión y descalificaban a los manifestantes. La reacción social se expresó en protestas, rechazo público y la imposibilidad fáctica de que el candidato se presentara como interlocutor político legítimo en ese territorio.
Desde la perspectiva de las fronteras simbólicas, lo ocurrido en Juliaca puede entenderse como un veto social. Butters no fue impugnado por su programa, sino por su ubicación moral dentro del campo político en el cual él se encontraba. Para una parte significativa de la población local, el candidato encarnaba el discurso del terruqueo que había contribuido a justificar la violencia estatal; por ello, fue situado fuera de la comunidad política aceptable. En términos de boundary-work, la frontera no separó esta vez a la protesta del orden, sino al candidato del electorado, revirtiendo el sentido habitual de la exclusión.
Este episodio muestra que el terruqueo no solo deslegitima demandas desde el poder, sino que también puede retornar como costo político para quienes lo emplean. De hecho, tras el rechazo experimentado en Puno, diversos dirigentes regionales interpretaron la posterior renuncia de Butters a su candidatura como consecuencia directa de su pérdida de legitimidad social, señalando el episodio de Juliaca como un punto de quiebre (La República, 2025). Así, la etiqueta que buscaba clausurar la protesta operó, en este caso, como un mecanismo de clausura política para quien la representaba.
Leído en conjunto, el caso Butters refuerza el argumento central de este artículo. El terruqueo funciona como un marco cerrado que define quién pertenece y quién queda fuera, pero sus efectos no son unidireccionales. En contextos de memoria activa y agravio reciente, como Puno, ese marco puede ser reapropiado por la sociedad para ejercer disciplinamiento político inverso, transformando el estigma en veto electoral.
Si el terruqueo fuese solo un exabrupto, su efecto sería limitado. Pero la evidencia sugiere algo más; el concepto de marco (frame) lo define como un esquema de interpretación que permite organizar la experiencia y guiar la acción, una frontera simbólica que puede transformarse en frontera social, y una tecnología que se alimenta de la memoria del conflicto y se conecta con dispositivos legales e institucionales. En contextos de protesta intensa —como el ciclo en el que Puno fue epicentro— la etiqueta “terrorismo” no describe: produce realidad política, fijando quién es interlocutor y quién es “enemigo”.
Para investigación futura (y para un debate público menos violento), esto plantea una tarea concreta que es que en vez de discutir solo “si fue o no fue terruqueo”, conviene rastrear cuándo el marco se activa, qué instituciones lo amplifican, qué públicos lo aceptan y qué costos genera sobre representación, derechos y legitimidad. La pregunta de fondo no es debería ser lingüística, debe ser política.
Referencias
- Aguirre, C. (2011). Terruco de m… Insulto y estigma en la guerra sucia peruana. Histórica, 35(1), 103–139. https://doi.org/10.18800/historica.201101.003
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. Annual Review of Sociology, 26, 611–639. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.611
- Bolo-Varela, O. (2024). “Terruqueo” and historical negationism: The singular, radical and exemplary revisionism of the Peruvian far-right wing. Letras (Lima), 95(141), 279–303.
- La República. (2025, 6 de diciembre). Phillip Butters: dirigentes de Puno atribuyen su renuncia al rechazo que recibió en Juliaca. https://larepublica.pe/politica/2025/12/06/phillip-butters-dirigentes-de-puno-atribuyen-su-renuncia-al-rechazo-que-recibio-en-juliaca-hnews-81402
- Lamont, M., & Molnár, V. (2002). The study of boundaries in the social sciences. Annual Review of Sociology, 28, 167–195. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.28.110601.141107
- Tanaka, M. (2024). Perú en 2023: De la polarización a la coalición conservadora y populista durante el gobierno de Dina Boluarte. Revista de Ciencia Política, 44(2), 415–439. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2024005000123
- Velásquez Villalba, F. (2022). De las batallas por la memoria a la marca del conflicto: “Terruqueo”, estigmatización y violencia en el Perú reciente. e-l@tina. Revista Electrónica de Estudios Latinoamericanos, 20(80). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=496470836005
