A más de tres meses desde la celebración del plebiscito de salida en Chile, que dio algunos sorpresivos resultados y otros no tanto, aprovechamos la toma de perspectiva que estas semanas han podido implicar a efecto de hacer algunas interpretaciones.

En 2014, a partir de una colaboración de consultorías para el PNUD, buscábamos responder ¿en qué medida existe igualdad en el ejercicio de la participación política electoral? Se exploraba qué factores sociodemográficos incitaban o desalentaban la participación a través del voto. Eran los principios de la introducción del voto voluntario con inscripción automática en Chile y ya se empezaba a observar que la posibilidad de ejercitar determinadas herramientas de participación política no venía dada por la simple existencia de dicho instrumento.

Ese mismo estudio demostraba que, aunque la mayoría de los Estados reconocen el carácter intercultural y multiétnico de sus sociedades, solamente Ecuador y Bolivia habían incorporado a su legislación –con rango constitucional– la declaración de constituir un Estado plurinacional. La exclusión en relación con el acceso al poder e influencia en la sociedad que puedan estar sufriendo estos grupos aumenta su situación de vulnerabilidad.

Las vulnerabilidades de los grupos históricamente excluidos van en concomitancia con una falta de reconocimiento de las categorías de clasificación en los censos nacionales y lo que de esta situación se desprende: invisibilización y consecuentes falencias en políticas públicas focalizadas para el empoderamiento de los grupos históricamente excluidos (PNUD, 2014).

La tensión ideológica tradicional entre igualdad y libertad, al más puro estilo de Bobbio, estaba viéndose superada por una tensión mayor: que las voces fueran o no representadas. Es decir, una tensión entre más democracia o más liderazgos autoritarios gracias a la presencia de ciudadanías de baja intensidad.

Entendemos ciudadanía de baja intensidad como la precariedad en la extensión de la misma, tanto en términos de garantías estatales para ejercerla como en limitantes en capacidad de invocarla por parte de sus titulares (O’Donnell, 1993). Las limitantes están cruzadas por variables que refieren desde la zona de territorio de residencia, pasando por el género, la clase social o la etnia de quienes ejercen la ciudadanía (Faúndez, 2005). Si bien Chile parecía ser la excepción latinoamericana cuando la teoría de la democratización comenzó a acuñar estos conceptos; la última década ha ido dejando constancia de las debilidades de la democracia chilena.

En 2013, y en concomitancia con las elecciones, tenía lugar la campaña “marca tu voto: AC” en referencia a un modo por parte de la ciudadanía de recordarle a la elite política que la constitución carente de legitimidad de origen, por haber sido elaborada y aprobada en dictadura, debía dejar de existir. En su segunda administración, Bachelet acogió el llamado de la ciudadanía y una sucesión de cabildos comenzó a darse (uno de los cuales organizamos y desarrollamos en FLACSO Chile). El ejercicio cívico ciudadano era apasionante: se juntaba la gente con ciertas afinidades y, con base en una planilla previamente elaborada, se llegaba a acuerdos respecto de qué temas era importante introducir y/o debían conformar una nueva constitución.

Diez años después, en el contexto de las iniciativas populares de ley, se corroboraría que las demandas e intereses de la ciudadanía seguían estando en sintonía; eso sí, desde quienes participaban políticamente, sea a través del voto o de la protesta. El mismo nivel de compromiso y demandas podía sentirse durante los cabildos que comenzaron a celebrarse tras el llamado estallido social comenzado en octubre de 2019. Es sintomático de un liderazgo que carece de verdadera voluntad por dar lugar a la voz ciudadana, democrática y empoderada, el hecho de que Piñera (en su segunda administración y un año después de que se celebraran los cabildos convocados por Bachelet) pusiera en un cajón todo lo avanzado en la administración anterior. Sin embargo, el tiempo demostró que no por encajonar las demandas de cambio de una sociedad iban a dejar de seguir en ebullición.

Se comprobó entonces que quienes protestan también votan, pero que en todo caso esa ciudadanía (que participa activamente y a conciencia por hacer oír su voz) llegan muchas veces con dificultades a representar el 50% del padrón electoral. La dificultad para canalizar la voz de la ciudadanía chilena tiene su origen en una larga data de eventos que han forzado de alguna manera a que, entre las posibles opciones de canalización de demandas que Hirshman (1977) adelantara, se decantara por la salida en lugar de por la voz y/o la lealtad.

El daño llegó a hacerse y en profundidad. Para las últimas elecciones antes de la instauración del voto voluntario, solo estaban inscritos en el padrón electoral el 59% de quienes podían votar (8,285,186 de un total de más de 12 millones). El establecimiento del voto voluntario solo hizo aumentar esta abismal diferencia, en la que progresivamente millones de personas manifestaban (desde el retorno de la democracia) “no estar ni ahí con la política”.

La lógica del sistema que desincentivaba la canalización de las voces (a través de mecanismos institucionalizados) fue perversa desde el origen: aún en dictadura (pues hay que pensar que la constitución de Pinochet se aprobó en 1980) se enseñaban contenidos sobre cómo funcionaba un Congreso que aún no ejercía funciones; tras el plebiscito del “no” a la Dictadura, prosperó la ausencia de educación cívica, así como de mecanismos que pudieran reconocer las iniciativas populares de ley. Es así como fueron esos casi 5 millones que “no están ni ahí con la política” quienes dieron vuelta los resultados de unas elecciones que, si se hubiera continuado con el voto voluntario, quizás los resultados hubiesen sido muy distintos.

Con lo anterior quiero dejar claro que soy una férrea defensora del voto obligatorio con inscripción automática y que, como muy bien dijo el presidente Boric: “nunca un Gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia” (El Mercurio, 20 de septiembre de 2022). Sin embargo, las herramientas de participación requieren ser ejercitadas para que su fin y riqueza puedan ser aprehendidas; y, cuando existe ausencia de Estado, dicha capacidad para aprehender las herramientas políticas que el compromiso cívico democrático conlleva se vuelve muy limitada y alimentan la ciudadanía de baja intensidad.

Hasta las elecciones inmediatamente anteriores al plebiscito de salida de 2022, eran las comunas con pobreza muy alta o pobreza extrema las que menores niveles de participación registraban. De hecho, para el plebiscito de entrada de 2020, se registró un nivel de participación del 28,4% en las comunas con pobreza extrema (ver tabla a continuación).

Tabla 1. Niveles de participación electoral por niveles de pobreza

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada en el marco del proyecto Fondecyt #11200175 dirigido por Juan Fernández Labbé. Universidad Católica Silva Henríquez.

Ya vimos entonces que, cuando la ciudadanía votó para el plebiscito de salida el 4 de septiembre, una gran proporción lo estaba haciendo por primera vez en varias décadas gracias a un sentimiento de desafección y desconexión con la política. Tras el peligroso mensaje de falta de legitimidad hacia el sistema, optaron por una lealtad a la tradición, a lo conocido, a la constitución heredada de la dictadura de Pinochet; redundando en lógicas que desempoderan la ciudadanía y alimentan la crecida de liderazgos autoritarios.

Pero más específicamente ¿qué rechazó ese sector de la ciudadanía? Los resultados de las encuestas post plebiscitos dan algunas luces al respecto. En principio, con base en resultados de la encuesta Feedback aplicada la semana posterior a la celebración del plebiscito (y tomando solamente a la gente que manifestó haber votado rechazo), se observa que las cuestiones más “feministas” como el tema del aborto o la obligatoriedad de que todos los puestos sean paritarios, no son las causas mayormente esgrimidas para justificar su voto.

Sólo un 5% dice haber rechazado la propuesta de nueva constitución porque esta contemplaba el aborto libre. Lo que sí preocupa es que las razones mayormente esgrimidas “porque con la plurinacionalidad Chile corría el riesgo de dividirse” (40% de respuestas entre quienes manifestaron haber rechazado) y “porque no todos iban a ser iguales ante la ley” (33% de respuestas dentro del mismo grupo descrito) se basan en informaciones falsas o interpretaciones incorrectas de los artículos constitucionales en cuestión.

A continuación, se observa cómo de forma específica sobre cada punto, e incluyendo a toda la muestra, los dos puntos señalados anteriormente son los que destacan la justificación para haber rechazado; quedando más claramente identificado que ni los temas más “feministas” ni los referidos a la instauración de un modelo social de Estado estaban siendo puestos en cuestión.

Se demuestra el rol que jugaron los medios de comunicación cómplices con una elite política racista y temerosa de perder sus privilegios frente a una ciudadanía que tampoco contó con mecanismos alternativos de validación de la información expuesta respecto del contenido de la nueva propuesta constitucional.

Chile no ha estado exento en la reproducción de estrategias ya observadas previamente en la región por grupos históricamente excluidos: la mayoría de las agrupaciones indígenas han participado en elecciones a través de alianzas con partidos políticos vinculados a otras agrupaciones sociales o de izquierda, pero en muy pocos casos mediante la creación de partidos políticos con agendas específicas que recojan demandas asociadas a su propia identidad (PNUD, 2014). A su vez, esta modalidad de exclusión por pertenencia a pueblo originario se refuerza en términos de género en el caso de la mujer.

Lo anterior, sumado a la crisis de las instituciones de representación política, y de un desempeño pobre en términos de imagen pública por parte de la convención constitucional, demuestra que los discursos neofascistas tienen terreno fértil en contextos de ciudadanía de baja intensidad.

Luego de que Chile fuera noticia en el mundo por contar como presidenta de la convención constituyente con una mujer de origen mapuche [BBC News Mundo, 4 de julio de 2021], se evidenció que el acceso al reconocimiento de derechos por parte de las mujeres ha excluido tradicionalmente a aquellas pertenecientes a Pueblos Originarios (Thomas, 2019). La elección de Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constituyente pudo haber significado el fin al estigma vivido por siglos no sólo de limitación de acceso a tan alto cargo de representación por parte de las mujeres; sino que además a la exclusión que la institución estatal ha hecho en Chile respecto del pueblo mapuche (Friedman y Tabusch, 2019).

El camino que queda por recorrer parece encumbrado porque implica poner en cuestión cómo es puesta la información a disposición de la ciudadanía en un contexto de alta anomia en donde la extrema derecha ha tomado los resultados como un espaldarazo para salir a reivindicar valores autoritarios bajo el amparo de la reproducción de noticias falsas.

El nuevo proceso constituyente que se avecina, basado en el trabajo previo de “expertos” antes de dar lugar a la elección de convencionales constituyentes, si bien asegura la paridad de entrada y de salida (así como la representación de convencionales pertenecientes a pueblos originarios), abre lugar a múltiples sospechas respecto del origen y trayectoria de la expertise de quienes sentarán las bases fundamentales de la futura Carta Magna.

Lo importante en este momento es que tanto la elite política como la ciudadanía identifiquen que lo que está en juego es la democracia, cuyos principios rectores deben ser garantizados y reproducidos sin condición. La estrategia de reversión de esta situación parece estar ligada a: 1) el reconocimiento de la presencia de grupos históricamente excluidos en el país, 2) la creación de una institucionalidad que los contemple ponderando el estado de cobertura de derechos al que el grupo accede,[1] y 3) la creación de una agenda que dé respuesta a las necesidades de dichos grupos excluidos (PNUD, 2014).

Referencias

Faúndez, R. 2005. Ciudadanía de baja intensidad. El aporte conceptual y algunas pistas para su estudio en el caso chileno. Defensa de tesis doctoral. Magister en estudios sociales y políticos latinoamericanos. Universidad Alberto Hurtado.

Friedman, E. J. y Tabush, C. 2019. “Contesting the Pink Tide” en Friedman, E. J. (ed.). Seeking Rights from the Left. Gender, Sexuality, and the Latin American Pink Tide. Durham and London: Duke University Press.

O’Donnell, G. 1993. “Estado, Democratización y ciudadanía” en Nueva Sociedad, 128: 62-87.

Hirshman, Albert O. 1977. Salida, voz y lealtad. Respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y estados. México: FCE.

PNUD (2014) Ciudadanía política: voz y participación ciudadana en América Latina. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Thomas, G. 2019. “Working within a Gendered Political Consensus: Uneven Progress on Gender and Sexuality Rights in Chile” in Friedman, E. J. (ed.). Seeking Rights from the Left. Gender, Sexuality, and the Latin American Pink Tide. Durham and London: Duke University Press. Pp. 115-143.

[1] Por ejemplo, tomar en cuenta los diferentes grupos en los censos o promover instancias como la Dirección para Mujeres Afrodescendientes del Instituto de las Mujeres de Uruguay que promueve la equidad de género y racial.