En Colombia la movilización social históricamente ha buscado como mínimo dos reivindicaciones: la disminución de la brecha de la desigualdad y la búsqueda de mecanismos democráticos y participativos para la solución de conflictos sociales. Éstos dos elementos han estado íntimamente relacionados con el surgimiento, persistencia y duración del conflicto armado en el país (CNMH, 2013).

Durante el siglo XIX y una parte importante del siglo XX diversos movimientos populares urbanos, agrarios y obreros en Colombia reclamaban, por una parte, una reforma agraria que disminuyera la desigualdad en la tenencia de la tierra y, por otra, la posibilidad de mecanismos de participación política para sectores históricamente excluidos. Sin embargo, y de acuerdo con los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, (2013) y (2015) la respuesta a dichas peticiones por parte de los diferentes gobiernos del país fue represiva y violenta.

En adición, los partidos políticos tradicionales recurrieron históricamente a mecanismos violentos para resolver sus disputas por el poder, atizando el fuego de la ya difícil situación del país. Este ambiente se vio profundizado en el periodo denominado “La Violencia” entre 1940 y 1958, en el cual fueron habituales los enfrentamientos armados entre civiles pertenecientes a los partidos liberales y conservadores (CNMH, 2013).

En 1948, debido al asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, las disputas políticas y las protestas de la ciudadanía se intensificaron – a este evento se le conoce como “el Bogotazo”– y de la misma forma se intensificó la respuesta represiva del Gobierno hacia los manifestantes. Así, en Colombia el reclamo social por una disminución de la desigualdad y mecanismos de participación no solo no fue atendido, sino que fue criminalizado.

Antecedentes

Varias estrategias usaron las élites políticas en este periodo para frenar las protestas sociales y el incremento de la violencia en el país: desde la presión, en 1953, para que Laureano Gómez dejara la presidencia y la asumiera el General Gustavo Rojas Pinilla, hasta la propuesta de un pacto denominado Frente Nacional (1958-1974), en 1957, que consistía en que los dos partidos tradicionales se alternaran la presidencia y los puestos burocráticos cada cuatro años. También hubo algunos intentos para generar políticas sociales, pero fracasaron, entre otras razones, por la falta de articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, por el desconocimiento de la situación del país por parte de quienes diseñaban y operaban dichas políticas y, principalmente, por las presiones de los grandes terratenientes del país (CNMH, 2013). Sin embargo, la estrategia a la que no acudieron los diferentes gobiernos y partidos políticos fue la de atender de forma efectiva las peticiones de la movilización social.

En las décadas sesenta y setenta del siglo XX los movimientos sociales se incrementaron, y se concentraron en su mayoría en el reclamo de tierras, créditos y servicios para responder a la expansión de la agricultura industrial que atentaba contra su existencia (Pérez, 2003). En uno de los intentos por responder a estas peticiones se planteó un plan de reforma agraria expresado en las leyes 135 de 1961 y 1ª de 1968, con el cual se pretendía que los predios inadecuadamente explotados se entregasen a aparceros y se disminuyera la brecha de la desigualdad. Sin embargo, la gran resistencia de los terratenientes y élites políticas, entre otras cosas, impidieron que esta no se aplicara. No hay que olvidar que en el periodo de “la violencia” alrededor de once millones de personas tuvieron que salir de sus territorios, los cuales, en su mayoría, fueron ocupados por grandes terratenientes (CNMH, 2013), agrandando aún más la desigualdad en el país.

Falta de mecanismos de participación legal

Para mantener el “orden” los gobiernos del Frente Nacional – impulsados por la administración gubernamental estadounidense, que había abierto una lucha frontal contra lo que consideraba el auge del comunismo en América Latina– fortalecieron su componente militar e implementaron estrategias de represión violenta y armada hacia los reclamantes de políticas sociales y hacia los grupos insurgentes. Como era de esperarse esta situación empeoró cada vez más el descontento de la población, que no encontraba mecanismos para la participación legal, lo que contribuyó a que muchos sectores justificaran la lucha armada como una opción, y que posteriormente se formaran diversas guerrillas, entre ellas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (CNMH, 2013).

El malestar que había en esta sociedad profundamente desigual no lo apaciguaba ni la represión ni las armas, y los caminos negociados no llegaban a concretarse. Terminado el Frente Nacional en 1974 las expectativas de la población por un cambio eran altas. No obstante, la economía sufrió en este periodo un gran desaceleramiento y la inflación empezó a crecer, lo que hizo que la población se desesperara aún más y aumentaran las protestas. En 1977 las centrales sindicales llamaron a una huelga que paralizó a todo el país, y en la que participó la guerrilla del M-19 (CNMH, 2013). Las Fuerzas Militares respondieron con un pliego de peticiones al gobierno exigiendo la intervención represiva contra las manifestaciones. Así, en Colombia la respuesta represiva al reclamo social fue cada vez más en la regla y no la excepción.

Lo anterior, aunado a la instauración cada vez más fuerte de las diferentes guerrillas y de las autodefensas – estas últimas creadas en 1964 mediante Decreto-Ley 1699, según Peco y Peral (2006) como estrategia del gobierno para combatir a los insurgentes– sumió a la sociedad colombiana en una especie de letargo.

Aunque las llamadas autodefensas fueron desarticuladas jurídicamente por medio de los decretos 813 y 814 de 1989, debido a sus acciones violentas contra la población, estas ya habían mutado hacia grupos de paramilitares y se financiaban de negocios del narcotráfico. Adicionalmente, mantenían alianzas con algunos sectores de las Fuerzas Militares y algunas élites económicas y políticas del país, con las cuales habían iniciado en la mitad de los noventa una compra acelerada de tierras a muy bajo precio con la estrategia de amenazas o despojos hacia sus legítimos dueños (Romero, 2009). Esto fue incrementando la brecha de la desigualdad. Así, las reivindicaciones por las que históricamente se había luchado no se alcanzaban y en estos asuntos se retrocedía cada vez más.

La protesta y el reclamo social fueron estigmatizados. En muchos casos quienes se atreverían a movilizarse recibían amenazas o eran asesinados. A pesar de esto, a finales de los ochenta y principios de los noventa se intensificó la protesta social, esta vez, reclamando que parara la violencia generalizada y que se establecieran mecanismos para disminuir la desigualdad económica y social en el país. Estas movilizaciones influyeron en que se diera el proceso constituyente del 91. Sin embargo, no fueron pocos los costos que la población colombiana tuvo que asumir por esto. Entre 1988 y 1992 grupos paramilitares, muchas veces en acuerdo con las Fuerzas Militares, ejecutaron decenas de masacres en contra de la población civil (Carvajal, 2014) como castigo por las protestas.

El pacto nacional que significó la Constitución del 91 nuevamente trajo esperanzas a la población colombiana. Sin embargo, no hubo que esperar mucho tiempo para darse cuenta de que no había cambiado demasiado la situación de desigualdad en el país y que, por el contrario, se iniciaba uno de los periodos más difíciles: el rompimiento de los acuerdos de paz con las FARC en 1998, la intensificación del conflicto armado, y la profundización del desplazamiento forzado y del despojo de tierras que ejecutaron los grupos armados, principalmente los paramilitares. Así, las luchas por una reforma agraria y por la disminución de la desigualdad pasaron a un segundo plano, y fueron reemplazadas por el reclamo popular del cese definitivo e inmediato de la violencia. En el 2008 una marcha convocada mediante redes sociales nombrada “un millón de voces contra las FARC” recordaba el clamor de la sociedad colombiana por la terminación de la violencia.

Las causas siguen sin cambio

Sin embargo, las causas que habían dado comienzo al conflicto armado en la década de los sesenta seguían presentes y cada vez más fuertes, pues el negocio del narcotráfico se expandía y con este la acaparación de tierras por parte de grupos armados. Sumado a esto, la liberación económica y los incentivos a proyectos agroindustriales y de expansión latifundista que impulsaron los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y que continuaron en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) incrementaron mucho más las desigualdades. Grandes empresarios y proyectos de multinacionales aprovecharon el conflicto para acceder a territorios ricos en recursos naturales a precios ínfimos con la ayuda de grupos paramilitares que despojaban y expropiaban dichas zonas.

En el 2013 la movilización social se incrementó. De acuerdo con un informe del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP (2014) este fue el año con más protestas y movilizaciones sociales registradas desde 1975. Según este informe, la mayoría de estas movilizaciones sociales se orientaron hacia exigencias por la forma en que el Estado históricamente ha respondido al conflicto armado; el reclamo a tener derechos por parte de los históricamente excluidos; las políticas económicas del gobierno que desprotegían la producción nacional y privilegiaban las importaciones, y que en las negociaciones de los acuerdos de paz que se estaban dando con las FARC no se incluyeran modificaciones del modelo de dominación y acumulación que hasta el momento opera en Colombia. Hay que considerar, además, que posiblemente la disminución del conflicto armado en el país, debido a las negociaciones con las FARC, haya permitido que los reclamos sociales históricos emergieran de nuevo con fuerza.

La movilización social continuó

En el 2016 se cuentan como mínimo dos paros a nivel nacional. Uno a inicios de marzo convocado por centrales sindicales, camioneros, campesinos y población en general en contra de una reforma tributaria que el ejecutivo tramitaba en el Congreso, y otro en mayo debido al incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos a los que se había llegado en el anterior paro (Colombia Informa, 2016).

Después de 46 días de manifestaciones el gobierno logró llegar a nuevos acuerdos con algunos sectores. Sin embargo, dejó sin atender los reclamos de otros, como el campesino. A pesar de estas protestas a finales del 2016 se sancionó la Ley 1819 que, entre otras cosas, significó un aumento del IVA del 16% al 19%, pasando así una importante carga tributaria a la población en general que antes tenían grupos empresariales y ricos del país.

Mientras tanto en el segundo semestre del 2016, y después de cuatro años de negociaciones, el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC firmaron los acuerdos de paz, los cuales, posteriormente, fueron sometidos a plebiscito. La votación, debido entre otros factores a la campaña mediática que habían emprendido varios sectores políticos y económicos abanderados por el partido del Centro Democrático, dio como resultado la no aprobación social de estos en las urnas por un total de 50.000 votos (Grasa, 2020). Sin embargo, una gran movilización social a nivel nacional convocada por jóvenes, estudiantes, profesores, organizaciones de víctimas y comunidad en general pedían que estos se implementaran (Revista Semana, 2016). Así empezó un proceso de renegociación en el que se introdujeron varios cambios a los acuerdos y estos se firmaron nuevamente el 24 de noviembre de 2016. Nuevamente la movilización social mostraba el imperativo de la población colombiana, principalmente de quienes sufrían de forma directa la guerra, por una salida negociada al conflicto.

El conflicto armado, aunque es uno de los problemas más importantes del país, como ya se ha dicho, no es el único. Los altos niveles de desigualdad, la acaparación de recursos por élites económicas, las políticas económicas que profundizan dicha desigualdad y la incapacidad histórica de los gobiernos para responder a los problemas del país son algunos de las situaciones problemáticas que se van sumando a una situación ya compleja que se hace cada vez más visible. En el 2017 las centrales sindicales, trabajadores de la salud, funcionarios estatales y estudiantes pusieron las alertas mediante marchas y paros nacionales sobre el desfinanciamiento del sector público en el país, principalmente, en áreas como la educación, la salud y las pensiones.

Es de anotar que en casi todas estas protestas el gobierno respondió de forma represiva a la población, sacando a las calles al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y a la policía, para posteriormente acceder de forma tardía a negociaciones (CINEP, 2014). Es difícil calcular el número total de víctimas durante las protestas en Colombia, pero son sin embargo su resultado más frecuente (CINEP, 2014).

Desigualdad y falta de mecanismos de participación ciudadana

El 2019, por otra parte, estuvo marcado por las protestas en contra de una serie de medidas económicas que el gobierno de Iván Duque pretendía implementar, entre ellas, una reforma tributaria –la segunda de su mandato que recién había iniciado en el 2018– que buscaba gravar algunos alimentos de la canasta familiar y aplicar exenciones a sectores empresariales; además de una reforma laboral y pensional que consideraba, entre otras cosas, estrategias para la flexibilización laboral y el aumento de los años mínimos para acceder a pensión. Además, se desarrollaron manifestaciones para que el gobierno reiniciara las negociaciones con el ELN en busca de una solución negociada al conflicto.

La respuesta del gobierno a estas protestas fue altamente represiva. Se usaron toques de queda para reducir la movilidad de las personas, se militarizaron las grandes ciudades y se usó un discurso mediático que acusaba de terrorismo y vandalismo a los manifestantes.

Debido a que la respuesta represiva no logró detener las protestas, el gobierno accedió a replantear algunos puntos altamente problemáticos de la reforma tributaria –aunque dejó las exenciones al sector empresarial–, lo que bajó la intensidad de estas. Aún así, durante los siguientes meses se siguieron convocando marchas y concentraciones.

Entre febrero y marzo del 2020 se anunció la llegada de la pandemia ocasionada por el coronavirus a Colombia. Esto significó restricciones a la movilidad, además de un miedo generalizado por parte de la población. Esta situación fue apaciguando aún más las movilizaciones, pero el malestar generalizado se ha mantenido en el población.

La llegada del virus, sumada a las exenciones tributarias a grandes capitales que se habían aplicado en dos reformas tributarias anteriores, sumieron al país en un déficit fiscal de más 89 billones de pesos colombianos en el 2021 (Forbes, 2021). Adicionalmente, en el 2020 hubo un aumento importante de la pobreza en el país, que de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) fue del 42,5%, lo que significa que como mínimo 3,600.000 de personas ingresaron a las estadísticas oficiales de la pobreza. Como si fuera poco, Colombia es considerado hoy el país más desigual de la región latinoamericana, de acuerdo con IDERE-LATAM (2020).

Lo anterior, y el anuncio de una nueva reforma tributaria, la tercera en tres años de gobierno de Iván Duque, y una reforma al sistema de salud, sumado a décadas de malestar social por la desigualdad, la violencia y la falta de acceso efectivo a derechos, fue el detonante –a finales del mes de abril del 2021– de un paro nacional que al 6 de mayo de deja al menos 379 personas desaparecidas y 19 muertos de acuerdo con las cifras oficiales (El Espectador, 2021), debido a la reacción desmedida –represiva y militar– con la que el gobierno nacional ha respondido a los reclamos de la población.

A pesar de los llamados de organizaciones sociales, de la academia y de organismos internacionales al gobierno de Iván Duque para establecer mesas de diálogo, este no parece estar dispuesto a negociar más que con los partidos políticos de su coalición. Mientras tanto, en las calles se escuchan consignas como “nos están matando”, “esto no es un gobierno, son los paracos en el poder” y “esto es una dictadura”. Parece que este gobierno ya olvidó como en los años sesenta se inició un conflicto armado que aún hoy no termina.

Aunque los objetivos de las protestas en Colombia parecen haber cambiado a través del tiempo, en el fondo siguen estando presentes dos pretensiones: la disminución de la desigualdad y la búsqueda de mecanismos para la participación ciudadana, a las que se ha sumado el reclamo de terminar con más de medio siglo de conflicto armado no solo con las guerrillas de las FARC sino con todos los actores armados que todavía hoy existen en Colombia.

Referencias

Carvajal, E. (2014). Los fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos: Colombia y la mirada de la justicia Internacional. Prolegómenos, 103-120.

CINEP. (2014). Informe especial: luchas sociales en Colombia. Bogotá: CINEP-Programa por La Paz.

CNMH. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Informe general Grupo de Memoria Histórica. Bogotá: Imprenta Nacional.

CNMH. (2015). Una nación desplazada. Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: CNMH.

Colombia Informa. (7 de junio de 2016). Camioneros en el Paro Nacional: crece la inconformidad en las carreteras. Obtenido de http://www.colombiainforma.info/camioneros-en-el-paro-nacional-crece-la-inconformidad-en-las-carreteras/

Forbes. (2021). ¿A qué se refiere Carrasquilla al decir que el país tiene caja para 6 semanas? Obtenido de https://forbes.co/2021/04/07/economia-y-finanzas/a-que-se-refiere-carrasquilla-al-decir-que-el-pais-tiene-caja-para-6-semanas/

Grasa, R. (2020). Colombia cuatro años después de los acuerdos de paz: un análisis prospectivo. Documentos de trabajo, 3-24.

IDERE-LATAM. (2020). Índice de Desarrollo Regional para América Latina. IDERE-LATAM.

Peco, M., & Peral, L. (2006). El conflicto de Colombia. Ministerio de Defensa.

Pérez, M. (2003). La conformación territorial en Colombia: entre el conflicto, el desarrollo y el destierro. Cuadernos de Desarrollo Rural (51), 61-90.

Revista Semana. (7 de octubre de 2016). El llamado de los universitarios: Las multitudinarias marchas que convocaron los estudiantes en toda Colombia fueron fundamentales para que el país recuperara la fe en la paz. Recuperado el 6 de mayo de 2021, de https://www.semana.com/nacion/articulo/marcha-convocada-por-universitarios-de-colombia-por-acuerdo-de-paz/498206/

Romero, M. (2009). Paramilitares y autodefensas 1982-2003. Bogotá: IEPRI.