El año 2019 estuvo marcado por un numeroso grupo de protestas sociales que tuvieron lugar, tanto en países europeos y asiáticos, como en varios lugares de la geografía latinoamericana. Las reivindicaciones expresadas en la calle han sido diversas, dentro de las que se encuentran, por ejemplo, la crisis ecológica, las desigualdades de género, la corrupción, las injusticias sociales derivadas del modelo neoliberal, entre otros (Ventura y Billion, 2020).
Del mismo modo, el nivel de organización y los recursos de los movimientos sociales son distintos, pero tienen un común, por lo menos, dos elementos: la efervescencia de las manifestaciones sociales en distintos espacios públicos, y el reajuste que han tenido que hacer a partir del confinamiento derivado de la pandemia mundial del COVID-19.
A partir de marzo de este año, las medidas de bioseguridad desocuparon las calles de las ciudades y establecieron un confinamiento sobre el que aún no alcanzamos a comprender sus efectos. Las libertades políticas quedaron entonces restringidas, mientras que el distanciamiento social obligó a repensar las formas típicas de protesta social (Della Porta, 2020: 175).
Esta situación brindó un argumento casi infalible a los gobernantes que no sabían cómo acallar las multitudinarias voces de protesta en países como Chile, Ecuador o Colombia, pues ocupar el espacio público se convirtió en una amenaza directa a la vida. Por otro lado, la pandemia ha revelado tanto las insuficiencias de los Estados como la profunda desigualdad en la que vivimos, y que se manifiesta en las diversas formas de afrontar los efectos de la pandemia (Bringer y Pleyers, 2020). Ello puede expresarse bien a partir de la tan repetida frase “la tormenta es la misma, pero no estamos en el mismo barco” (Entre Ríos 24, 10/4/2020).
A partir de este panorama quisiera exponer de qué manera los movimientos sociales ocurridos en medio del confinamiento han contribuido a crear lazos de solidaridad y a convertirse en voceros del malestar social que viene acumulándose durante décadas. Quisiera hacerlo a partir del caso colombiano, en el que se acumula un largo periodo de injusticias, en el que el manejo gubernamental de la pandemia ha dejado muchos estragos a partir de un gobierno inexperto e indolente, y en el que los movimientos sociales no urbanos están jugando un papel fundamental para crear un nuevo tejido social.
Las movilizaciones del 21N: un “nuevo estado de conciencia ciudadana”
Colombia ha estado sumergida en diferentes y diferenciados periodos de violencia. Algunos analistas señalan que la violencia actual comenzó hace más de cincuenta años, pero esta afirmación es imprecisa, pues si bien hay una acumulación de causas de la violencia desde 1930 (distribución inequitativa de la tierra, exclusión política de grupos sociales), a partir de finales de la década de los setenta incursionan nuevos actores y factores que explican un aumento significativo de las acciones violentas en el país.
Es así como la aparición del narcotráfico y de los grupos paramilitares, sumado al proceso de apertura económica que favoreció la entrada de empresas trasnacionales al país que fueron adquiriendo cierto control territorial, complejizó las explicaciones sobre la violencia en Colombia. La Constitución de 1991 representó, en su momento, una válvula que liberó las tensiones políticas y sociales de la época y fue producto de una alta movilización social de diferentes sectores de la sociedad, pero muy pronto, el espíritu transformista de la asamblea constituyente fue cediendo espacio ante viejas estructuras de poder, y ante nuevas dinámicas económicas y políticas que terminaron por desdibujar muchos de los propósitos de reconciliación territorial en el país.
Mientras tanto, la movilización social en el país se estancó, principalmente en el periodo de la llamada Política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), dentro de la cual se produjo un alto grado de militarización del territorio, al tiempo que se produjeron desplazamientos forzados y ejecuciones extrajudiciales que terminaron abriendo aún más la herida de los sectores más vulnerables del país (Moreno Torres, 2012).
En 2016, y después de varios años de negociaciones, se produjo en Colombia una nueva ventana para la esperanza frente al fin del conflicto armado: el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla más longeva de América Latina: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Sin embargo, y repitiendo un poco la historia de la Constitución de 1991, los acuerdos se han convertido en una lista de aspiraciones que está lejos de cumplirse. Varios factores explican esta situación: el hecho de que los actores violentos no se limitaban a las FARC y, por lo tanto, siguen operando en el territorio y se aprovechan de los espacios dejados por la guerrilla; la incapacidad de los líderes del ahora partido político de las FARC para realizar un verdadero proceso de desmovilización de todos sus frentes; y finalmente, la falta de voluntad política y presupuestal para ejecutar los puntos del acuerdo de paz, a partir de la llegada de Iván Duque a la presidencia.
Es así como lejos de solucionarse, lo que ha sucedido desde finales de 2016 es un recrudecimiento de la violencia, principalmente en las zonas rurales del país en las que se disputa el control de ciertos recursos como los cultivos de coca, las rutas del narcotráfico, el oro, entre otros. Son zonas históricamente desprotegidas por el gobierno central y habitadas por poblaciones campesinas, afro e indígenas que han sido sometidas a distintas olas de violencia y desposesión.
A esta crisis se han venido sumando el malestar producido por el desmantelamiento paulatino de ciertos derechos como la salud, el trabajo y la educación, al que han contribuido todos los gobiernos desde la década de los ochenta. Fue así como para finales de 2019, se produjo una acumulación de demandas expresadas a través del movimiento estudiantil en contra de la privatización y la exigencia de calidad de la educación, del movimiento de trabajadores para exigir condiciones dignas de trabajo, del movimiento ambientalista en contra de actividades como el fracking y la concesión de proyectos extractivos en ecosistemas estratégicos, y por supuesto, de los movimientos indígenas, campesinos y afro golpeados por el permanente despojo y por una trágica ola de asesinatos y masacres (González Posso, Entrevista 2020).
En el mes de octubre de 2019, las centrales sindicales, los pensionados y los estudiantes convocaron a un paro nacional para manifestarse en contra de lo que denominaron “el paquetazo de Duque” y que se expresa en el siguiente volante elaborado por las organizaciones:
Imagen 1. Volante con las razones para convocar al paro nacional del 21N
Fuente: Valenzuela, Santiago (2019) “Estas son las motivaciones del paro con las que Iván Duque se ha enredado” El Pacifista.
A este grupo de demandas se fueron sumando los reclamos por el asesinato de 8 menores de edad en un bombardeo autorizado por el gobierno nacional días antes del paro (La Silla Vacía, 2019), y la petición de no estigmatizar la protesta social, pues distintos miembros del gobierno dieron controversiales declaraciones frente a la convocatoria del paro (González Posso, 2019).
Mientras que las cifras del gobierno nacional eran de 207.000 personas participando en las marchas del 21N, algunos medios de comunicación sacaron sus propias cuentas a través de ciertas tecnologías, y aseguraban que se trató de una marcha de más de 446.000 personas (El Espectador, noviembre de 2019). Las protestas sociales se extendieron a lo largo de las semanas, sobre todo porque la respuesta del gobierno nacional se expresó a través de la represión policial, la criminalización de la protesta y la desestimación de las demandas.
El evento crucial que incendió el ánimo de los ciudadanos fue el asesinato del joven Dylan Cruz, a manos de un agente antimotines. Este incidente logró convocar a más sectores de la sociedad que no habían tomado partido dentro de las jornadas de movilizaciones. Fue así como el 2020 comenzó para Colombia con unos altos niveles de malestar social, y con varios grupos sociales volcados en las calles de distintas ciudades.
El Concejo Regional Indígena del Cauca: una prueba de resistencia social en medio de la pandemia
Uno de los grupos que se unió al paro nacional y a las diversas manifestaciones posteriores en contra de los abusos de la fuerza policial, fue el Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) a través de la Guardia Indígena, organismo ancestral propio para la defensa del territorio. Más de 150 miembros de las comunidades indígenas del suroccidente del país (principalmente del departamento del Cauca) fueron recibidos en Bogotá el 29 de noviembre por varias organizaciones sociales (Infobae, octubre de 2020).
Se trató de uno de los pocos momentos en los cuales las fuerzas sociales de las ciudades unieron sus fuerzas con las fuerzas de las zonas rurales y de allí derivó una de las fortalezas de la movilización. Sin embargo, este apoyo se fue desdibujando a partir de marzo con las medidas de confinamiento. Mientras que los movimientos sociales urbanos pudieron desplazar parte de sus acciones colectivas a la esfera virtual, no pasó lo mismo para los movimientos sociales de los territorios en conflicto armado, alejados de la capital.
De hecho, la violencia se hizo más intensa durante el confinamiento en zonas como el suroccidente del país, debido a que distintos grupos armados que se disputan el territorio aprovecharon las medidas de aislamiento social para identificar y asesinar a los líderes sociales que representan un obstáculo para sus propósitos. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), 167 líderes han sido asesinados desde agosto de 2018 hasta junio de 2020 (Puentes, octubre de 2020). Cauca es el departamento con mayor número de líderes asesinados.
A estos asesinatos contra líderes deben sumarse las masacres contra indígenas, campesinos y población afro. Indepaz registró en su último informe con corte al 23 de agosto un aterrador número de 45 masacres a lo largo de 2020. (Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos de Indepaz, 2020)
A pesar de este trágico escenario, el suroccidente colombiano, y específicamente el departamento del Cauca, se ha convertido en epicentro de la defensa de la vida, el territorio y la democracia, como lo indican las consignas de distintas organizaciones sociales. Desde la década de los años setenta, organizaciones indígenas y campesinas han venido conformándose para proteger sus territorios y, hoy en día, han logrado un alto nivel de cohesión que les permite luchar por objetivos comunes y hacerse escuchar por los distintos gobiernos nacionales.
Una de estas organizaciones es el Concejo Regional Indígena del Cauca, órgano que recoge la mayor parte de demandas de los territorios del suroccidente del país, y en el que confluyen varias voces. Desde allí se han convocado varias Mingas durante los últimos años. La Minga es “una tradición ancestral propia de las comunidades indígenas, encaminada a fomentar el bienestar social y el reconocimiento de los objetivos comunes a través del trabajo colectivo. Se trata de un espacio de aprendizaje, formación política y movilización social” (Infobae, octubre de 2020).
En términos más prácticos, la Minga es convocada por varias organizaciones indígenas y suele incluir, como se mencionó antes, un fuerte componente de intercambio de saberes y de movilización política, por lo que están acompañadas de largas caminatas a lo largo de las principales vías del país, para llamar la atención de las autoridades locales y nacionales.
La última Minga ha comenzado el 10 de octubre y en ella están participando 15 organizaciones indígenas, campesinas y afro para reactivar la movilización social en el país y para abrir el diálogo con el gobierno nacional alrededor de cuatro temas: el incumplimiento de los acuerdos pactados durante la minga de 2019 entre el gobierno nacional y las organizaciones sociales, el alto nivel de violencia en el país expresado en las cifras de asesinatos a líderes sociales y masacres, el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016, y la no estigmatización ni criminalización de la protesta social (Puentes, octubre de 2020).
El presidente de la República ya se ausentó de la primera reunión convocada por las organizaciones sociales en la ciudad de Cali, el pasado 12 de octubre. Por esta razón, los participantes de la Minga seguirán su camino hasta Bogotá, para unirse al nuevo paro nacional convocado por organizaciones sindicales para el 21 de octubre.
Una vez más se abre la posibilidad de unir fuerzas a pesar de las desiguales condiciones a las que se enfrentan los movimientos étnicos y rurales con respecto a los urbanos. A partir de la incansable labor de organizaciones como el CRIC (quien, por cierto, acaba de recibir el premio Front Line Defenders para defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo), se reactiva entonces la ocupación del espacio público y la movilización política, desafiando los límites impuestos durante la pandemia, y la indolencia del gobierno nacional.
Conclusiones
A partir del recuento del caso colombiano es posible reconocer lo siguiente:
- El confinamiento derivado de la pandemia no ha puesto fin a los episodios contenciosos (en términos de los movimientos sociales), sino que los ha transformado; algunas veces pausando temporalmente sus acciones, pero también otorgando nuevas oportunidades de creatividad en sus acciones (Della Porta, 2020: 176).
- A pesar de que algunos movimientos sociales han podido trasladar parcialmente su accionar al espacio público virtual, casos como el de las organizaciones indígenas del Cauca en Colombia nos recuerdan que la proximidad geográfica y social son una condición esencial para mantener las relaciones en el tiempo, pues “la acción colectiva digital no puede existir sin la producción y reproducción de las infraestructuras de la vida real” (Petitjean, 2020: 285). Ello se hace más evidente en casos como los de los movimientos sociales no urbanos, sometidos a violencias que no se detienen durante el confinamiento, y que deben actuar concretamente defendiendo sus territorios.
- Aunque la pandemia tiene un efecto global, hay una enorme desigualdad en la forma de enfrentar los efectos biológicos, sociales, económicos y psicológicos de la pandemia. Los movimientos sociales contribuyen a visibilizar esta situación en la medida en que se convierten en voceros de estas realidades, y en generadores de nuevas propuestas frente al silencio o la incapacidad de los gobiernos de turno.
- Acciones de los movimientos sociales como la minga del suroccidente colombiano contribuyen a mirar no solo a lo evidente, sino aquello que ha sido invisibilizado en tiempos de la pandemia. Específicamente se hace importante poner la luz sobre aquellas poblaciones que están en condiciones aún más vulnerables a partir del confinamiento, y sobre la forma de organizarse y defenderse, para comprender la importancia de los movimientos sociales en épocas como la que vivimos.
Bibliografía
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Foto tomada de El País:
