El 23 de enero pasado, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela se juramentó como presidente encargado bajo la declaratoria de usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro y el restablecimiento del orden constitucional vía la aplicación de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución. Un hecho que detona otro punto clave en la coyuntura política venezolana.
La crisis en el país sudamericano es bien conocida. La inflación supera el 1,000,000%. El índice de Gini fue de 0.681 para 2017[i] (lo cual lo convierte en el país más desigual de la región, incluso por encima de Haití). La población en pobreza extrema pasó de un 23.6% a 61.2% entre 2013 y 2017 (según la encuesta ENCOVI). Se contabilizaron 317 mil casos de malaria durante 2017 y según la ONU son 2.3 millones de venezolanos los que han migrado en los últimos 4 años (algunas ONG hablan de 4 millones).
En el contexto de la juramentación de Guaidó, la cifra de muertos en las protestas, hasta el 29 de enero, asciende a 43. El Alto Comisionado de la ONU establece que 26 personas han muerto a manos de fuerzas de seguridad estatal y paraestatal. Otras 5 han perdido la vida en ofensivas de pacificación realizadas por la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES, que son las fuerzas especiales de la policía política) en barrios pobres. Al tiempo que 11 más han fallecido durante actos de saqueo e, igualmente, se registra un guardia nacional muerto. Más de 850 personas han sido detenidas, entre ellas 77 menores de edad.[ii]
En realidad, las protestas nunca se han apagado desde 2017 (y antes) solo que tenían un contenido más social sin clara articulación política. Esa población descontenta en sectores populares no articulada en consejos comunales y comunas, y sin necesariamente apoyar a la oposición, se encuentra protestando, en paralelo, con las masivas convocatorias impulsadas por Guaidó, en un repertorio principalmente nocturno y de claro enfrentamiento en respuesta al FAES como mecanismo directo de represión. De hecho, el proceso de pacificación de los pobres encabezado por el FAES a través de la represión criminal en barrios otrora símbolos del chavismo es de lo más grave que tiene la coyuntura y esto ya ha sido denunciado por varias organizaciones de derechos humanos venezolanas (incluso por colectivos populares pro derechos humanos de izquierda)[iii].
Guaidó, que proviene del partido de Leopoldo López y del movimiento estudiantil de 2007, podría considerarse como el líder opositor más radical de los moderados y el más moderado de los radicales. Es decir, propone puentes con la disidencia chavista, amnistías militares, recuerda la importancia de la protesta pacífica y, al mismo tiempo, mantiene un esquema ofensivo de presión internacional. De aquí que su estrategia parece lograr la convergencia entre dichos sectores opositores. No obstante, aunque hay cierto equilibrio entre acciones internas (con convocatorias a protestas pacíficas) y externas, las últimas movidas de Guaidó se encuentran principalmente en el plano financiero internacional, tratando de captar y redirigir fondos bloqueados a la administración de Maduro, y en la coordinación de la entrega de ayuda humanitaria.
El protagonismo estadounidense y el tema de las sanciones
La nueva movida opositora fue diseñada en reuniones con embajadores internacionales y con participación del Departamento de Estado estadounidense a través de viajes que realizó el propio Guaidó en los que informaba de la estrategia y consolidaba apoyos. De hecho, según el propio Henrique Capriles, la juramentación sorprendió a los partidos opositores. El protagonismo estadounidense en la estrategia de Guaidó es claro y esto ha llevado a que el conflicto escale a la arena internacional.
No obstante, aunque el tema de los intereses estadounidenses en los recursos energéticos venezolanos juega un papel, no se trata de una situación que simplemente se pueda definir como el águila calva que llega a quedarse con recursos “soberanos”.
En primer lugar, los intereses empresariales estadounidenses en Venezuela nunca se han visto afectados; hasta este año el intercambio comercial y la operación de transnacionales seguía sin obstáculos.
En segundo lugar, los recursos son todo menos soberanos. Maduro, desde 2017, se ha encargado de emitir decretos-leyes excepcionales (como la Ley de Inversión Extranjera Productiva) que contrarían la constitución del país en los temas de concesiones y flexibilizaciones de la participación extranjera en asuntos de explotación de recursos, dilapidando así la nacionalización impulsada por Chávez (aunque Chávez no inventó la nacionalización en Venezuela). Todo siempre en favor de los chinos y la empresa petrolera rusa Rosneft.
El foco en el protagonismo estadounidense funciona más para evitar pensar en cómo el chavismo, en los últimos años, ha sido la principal amenaza del chavismo y en cómo las consecuencias de los reacomodos entre actores globales las pagan los venezolanos con condiciones de vida cada vez más deplorables. Hace rato quedaron atrás las banderas de contenido social y empoderamiento local que, con resultados controvertidos, definían a la llamada revolución bolivariana. Las élites chavistas, en lugar de aprovechar la falta de apoyo popular como una oportunidad para abrir espacios para liderazgos emergentes provenientes de consejos comunales y comunas,[iv] se atrincheran y alejan cada vez más de su propia base politizada de organización popular. El propio Heinz Dieterich, ideólogo del socialismo del siglo XXI y ex asesor de Chávez, reconoce que Maduro pudo siempre optar desde 2015 por relegitimarse popularmente.[v]
En la misma línea de factores externos, la coyuntura actual también está marcada por nuevas sanciones a Petróleos de Venezuela (PDVSA), en concreto en relación a la prohibición de operaciones estadounidenses con la petrolera venezolana y el congelamiento de cuentas. En particular, son las terceras sanciones al país (y no a funcionarios); la primera fue en 2017.
En este sentido, respaldo el pronunciamiento de Washington Office on Latin America (WOLA), el cual hace hincapié en el “potencial que tienen estas sanciones para agravar la crisis humanitaria de Venezuela e infligir más sufrimiento al pueblo venezolano.”[vi] Son pertinentes los ejemplos que expone esa organización (Cuba, Zimbabue, Siria y Corea del Norte) como casos en los que las sanciones debilitan a las poblaciones y los autoritarios se mantienen incluso más fuertes.
La aparición en 2017 de este tipo de sanciones ha dado pie a posturas que pretenden explicar la crisis exclusivamente en torno a este factor. Pero la crisis actual venezolana se puede pulsar desde 2013 (desde ese año la economía del país se ha contraído un 50%, la inflación en 2015 cerró en 180.9%, para 2016 la mortalidad infantil había aumentado un 30% y el grave desabasto se da entre 2013 y 2015). Es decir, no hay que ignorar que sanciones como esta recrudecen la crisis pero tampoco es pertinente pretender explicarla en su totalidad a partir de este tipo de medidas recientes. La crisis económica en el país se debe a la incapacidad del chavismo de superar el modelo económico rentista (más bien lo reforzó), medidas económicas erradas como el control cambiario y la corrupción y desfalco que llega a cifras alarmantes.
El asunto se trasladó a la arena internacional no solamente por los recursos estratégicos del país, o por la disputa de zonas de influencia, sino también por la clausura de las opciones domésticas de resolución de conflictos. Una clausura que se puede constatar en el comportamiento del chavismo a sus derrotas electorales: a) cuando Chávez pierde la consulta de reforma constitucional en 2007, sus contenidos problemáticos fueron impulsados mediante leyes habilitantes al poder ejecutivo, b) la pérdida de estados y municipios clave se asumió con la creación de gobernaciones y alcaldías paralelas en la forma de protectorados que sí recibían los fondos del Estado y, c) a la pérdida del congreso en 2015 se le interpuso la inhabilitación de candidatos por parte del Tribunal Supremo de Justicia para impedir mayoría calificada, la declaración de desacato y la atribución de competencias legislativas, primero al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y, luego, a Maduro.
Por otro lado, la última oportunidad de resolución electoral, las elecciones presidenciales de 2018 tuvieron irregularidades claras, inéditas en la era chavista: a) la convocatoria la realizó la cuestionable Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y no el poder electoral, como manda la ley, b) el tiempo constitucional para fijar la fecha de las elecciones es seis meses, en esta se hizo en tres, c) varios candidatos opositores importantes fueron inhabilitados, d) dos de los principales partidos opositores, Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia, fueron ilegalizados, e) se inhabilitó la tarjeta unitaria de la Mesa de la Unidad Democrática (principal coalición opositora), f) la observación electoral independiente era nula, g) hubo un aumento irregular del registro de electores y centros de votación, h) fueron prohibidos los llamados a la abstención, entre otras.
Previo a esto, el terreno se había preparado con el fraude electoral de la ANC en 2017, que sirvió para desactivar las protestas, dividir a la oposición y convocar apresuradamente todas las elecciones posibles. En esa elección ocurrió por primera vez en el país que la empresa totalizadora de votos (Smartmatic) denunciara una discrepancia de sus cifras con las que anunció el gobierno. La empresa tuvo que salir del país tras esta denuncia. Es decir, ante este historial de clausura progresiva de resolución electoral de conflictos, la oposición venezolana tiene demasiados incentivos para enfocarse en las arenas internacionales.
Los escenarios
Sobre la discusión de los escenarios en Venezuela realmente hay que desconfiar de quien los tenga claros. Cada planteamiento hipotético tiene limitaciones en probabilidades y señales a favor. No se ve una salida clara aunque hay señales de transición interesantes,[vii] como que Guaidó no ha sido encarcelado y que el uso del FAES, el componente más leal y letal de las fuerzas de seguridad, demuestra poca confianza en policías y guardias nacionales que ya, en algunos casos incluso, se han unido a las protestas.
Los escenarios que manejan los analistas son los siguientes: a) Maduro renuncia o se quiebra la unidad de las Fuerzas Armadas (las probabilidades de esto son bajas), b) intervención militar externa (aunque seguirá latente, los actores todavía demuestran prudencia al respecto), c) las Fuerzas Armadas entregan a Maduro en un golpe de Estado que no venga de la oposición y d) se profundiza la crisis económica, pero Maduro resiste en el poder.
Los analistas tienden a asignar poca probabilidad al último escenario pero parecen basarse más en la esperanza de que el pragmatismo ruso y chino lleve a dar la espalda a Maduro, que en un análisis riguroso de la probabilidad de que el apoyo se mantenga. Hay razones para sostener una y otra cosa. Desde este punto de vista, hay que recordar que “Rusia ha invertido de manera tan importante en el régimen de Maduro que la única opción realista es doblar la apuesta.”[viii]
Velasco,[ix] en el mismo sentido, hace bien en recordar que más que un tema de interés estadounidense en los recursos de Venezuela, se trata de la recuperación de su liderazgo; con gobiernos en Chile, Argentina y Brasil nuevamente pro estadounidenses, Venezuela se reaviva como el pilar restante que consolidaría su influencia en la región. Agrego que, si la lucha entonces no es tanto por recursos sino por liderazgos y presencia en la región, el respaldo ruso y chino podría mantenerse a pesar de que el mandato pragmático comercial dicte lo contrario.
El que haya todavía una zona de conflicto que no se toca y que, al mismo tiempo, no haya salida visible puede provocar ese “estancamiento dañino” del que habla Tokatlian,[x] el cual tiene el potencial de generar salidas negociadas. ¿Puede la oposición provocar ese punto en que Maduro sepa que no puede perder pero tampoco ganar?
El tema del apoyo militar es clave en la definición de escenarios. Aunque se han incrementado las deserciones (4,300 desde 2014 en rangos bajos) y pronunciamientos de militares activos en favor de Guaidó, la unidad del sostén militar de Maduro parece probar nuevamente su resiliencia. La clase militar en sus altos cargos manejan los negocios del país, si ven sus negocios amenazados no se van a plegar por más amnistía que se les ofrezca. Estos negocios en su mayoría implican redes internacionales de corrupción sobre las cuáles habrá penalización, lo que significa que los costos de salida para estos actores son muy altos.
Más aún, Bellin y Pion[xi] hacen bien en establecer que los intereses materiales no son lo único que toman en cuenta los militares en el apoyo o no a la clase gobernante. La política de la identidad importa; en un conflicto en el que un país extranjero cobra tanto protagonismo, la lealtad puede erosionarse, pero también reforzarse. Interviene también, como se dijo, si existen lazos criminales en los militares, algo que vuelve más difícil que los pactos se rompan. Comentan, de igual modo, que, en tanto la unidad es el valor más importante en la institución militar, siempre existirá cierto recelo con quien pretenda minarla.
Por último, aseveran que el rechazo masivo de la sociedad civil al gobierno tiene la potencialidad de alterar el apoyo militar, sobre todo en relación con oficiales de bajo rango y su participación en la represión de protestas –aunque esto no significa un apoyo automático a la oposición. Lo anterior puede constatarse en la actual coyuntura: el gobierno desconfía en la capacidad de los militares de bajo rango, dado el alto número de deserciones, de reprimir a gente con la que comparten carencias y por esto se emplea a la FAES para reprimir a los sectores populares.
Guaidó está planteando el ingreso de la ayuda humanitaria como algo que probará la lealtad de los militares. Esta movida tiene el potencial de que el conflicto escale directa y militarmente o de demostrar que, en realidad, todavía hay una línea que no se quiere cruzar. En este sentido, la ayuda humanitaria no es simplemente eso, es un performance. De lograr su ingreso, el mensaje es que hay un poder que se está ejerciendo y así tratar de zanjar la brecha entre poder legítimo y poder en ejercicio. De fallar, será otra muestra de que el poder de facto, aunque cuestionable, sigue siendo poder.
El mantra de Guaidó es “cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.” En muchas oportunidades recuerda que “tiene que ocurrir primero el cese de usurpación,” sin embargo, el cómo no está claro. Parece que la estrategia se basa en una asociación automática entre desestabilización y transición, sin que sea explícito cómo una cosa lleva a la otra. ¿La estrategia de Guaidó se quedará como otra muestra de aventurerismo político típico del partido Voluntad Popular? El problema es, como se mencionó arriba, las alternativas disponibles no dan para mucho más dadas las limitaciones que impone el Estado-PSUV. Además de que el respaldo popular en las marchas que acompañan las iniciativas de Guaidó es indiscutible, la participación multi-clasista es masiva y admirable considerando las condiciones económicas y represivas.
Por una mediación efectiva
Tan difícil de aceptar es una auto-juramentación, por más respaldo constitucional que tenga, como ganar unas elecciones como las del pasado 20M con una oposición definida a la medida. Por esta razón, la convocatoria a elecciones se vuelve una prioridad para dirimir el conflicto de legitimidades. Sin embargo, esto tiene que realizarse en condiciones y plazos mínimos adecuados.
Cualquier intento de mediación puede avanzar poniendo como agenda de negociación la renovación de las autoridades electorales (vencidas hace muchos años ya) y así dar más incentivos a la participación de Guaidó quien tiene reservas comprensibles debido a los incumplimientos de compromisos en mesas de diálogo previas por parte de Maduro. Se dice fácil, pero es algo muy difícil de lograr dado el rechazo del gobierno chavista a cualquier clase de resolución electoral en condiciones justas.
Un eventual equipo mediador también puede avanzar en algún otro mecanismo de flexibilización de costos de salida como garantías políticas al PSUV en un eventual escenario de transición. No se trata de definir una elección que favorezca uno u otro sector, sino que sea una elección riesgosa para los contendientes; es decir, que sea posible perderlas, algo que no es ocurre en Venezuela desde 2015. Digo esto sobre todo porque incluso la definición de candidatos sería una prueba para la unidad opositora (ya van varias personalidades antichavistas que han dicho que se postularían).
En los días inmediatamente anteriores a la publicación de esta nota, México no firmó el documento del Grupo de Contacto convocado por este mismo país y Uruguay y que incluyó a países de la Unión Europea. De esta forma, aunque es respetable la postura mexicana en tanto que representa un intento de retomar su tradición no injerencista, pierde la oportunidad de seguir con una postura “neutral” pero propositiva. Hacen bien los países del Grupo de Contacto, en este sentido, en plantear que el mecanismo de cuatro fases debe incluir el tema de elecciones en condiciones óptimas. Asimismo, Uruguay da el ejemplo de que la izquierda en el gobierno puede mantenerse neutral y proponer mecanismos de resolución democrática que no terminen en farsas.
Sigue pendiente el tema de la flexibilización de los costos de salida, tan importante en los escenarios de transición. ¿La ley de amnistía es suficiente? ¿Se ha difundido en los mejores términos? Este es uno de los puntos más débiles de la estrategia, sobre todo porque se difundieron materiales y luego se comenzaron a discutir en la Asamblea con organizaciones de derechos humanos. Es el punto en el que hay menos consenso y se vuelve prioritario diseñar algún otro mecanismo que favorezca la flexibilización de costos de salida, perfeccionando también los términos de la amnistía.
Como recuerdan varios analistas, las consecuencias de todo esto las siguen pagando los venezolanos en su cotidianidad. En ese sentido, planteo una propuesta: reforzar la vuelta a lo local. Esta última arena está en disputa entre diferentes interfaces y plataformas promovidas desde el gobierno como los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), consejos comunales y comunas. Usualmente, se tiende a pensar que cada uno de estos colectivos o espacios son lo mismo y juegan para un mismo equipo, pero, en realidad viven en tensión constante. Como en realidad el monopolio de la representación local no está asegurado, en esa disputa debería entrar alguna alternativa; si hay presidente, congreso y TSJ paralelo ¿Por qué no un consejo comunal paralelo? Del resto, está por verse cómo evolucionan los eventos.
[Recibido el 8 de enero del 2019]
[i] https://prodavinci.com/venezuela-es-el-pais-mas-desigual-del-continente-que-pasara-con-la-desigualdad-social-despues-del-17a/
[ii] https://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-cifra-40-muertos-protestas-ultima-semana-venezuela-20190129114700.html
[iii] https://www.theguardian.com/world/2019/feb/06/venezuela-faes-special-forces-nicolas-maduro-barrios
[iv] Vale destacar que. 2018 fue el año más “calmado” en mucho tiempo en amenazas opositoras a Maduro. No es gratuito, en este sentido, que hayan aflorado posturas críticas desde el chavismo a sus dirigentes (con marchas campesinas y comuneras, incluso, exigiendo la renuncia de ministros militares, pronunciamientos de colectivos, etcétera). Pero con estos actores sociopolíticos, opera una membresía activista múltiple. En tiempos débiles de conflicto político nacional polarizado son muy críticos con el PSUV y su cúpula, en tiempos fuertes, se atrincheran en la defensa del gobierno.
[v] https://www.dw.com/es/ide%C3%B3logo-del-socialismo-del-siglo-xxi-maduro-se-rehus%C3%B3-a-ver-la-realidad/a-47316573.
[vi] https://www.wola.org/es/2019/01/comunicado-de-wola-las-sanciones-petroleras-de-ee-uu-podrian-profundizar-el-sufrimiento-humano-en-venezuela-y-debilitar-la-movilizacion-para-la-democracia/
[vii] Vale la pena estar alerta del seguimiento de estas señales realizado por la investigadora Iria Puyosa.
[viii] https://www.ft.com/content/0e9618e4-23c8-11e9-b20d-5376ca5216eb
[ix] https://www.nytimes.com/es/2019/02/06/trump-guaido-venezuela/
[x] https://ctxt.es/es/20190130/Politica/24180/Venezuela-Chaves-Maduro-Guaido-revolucion-bolivariana
[xi] https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2019/02/01/will-venezuelas-military-back-or-abandon-maduro-here-are-the-4-things-theyll-consider/.
