Hace un año el presidente de la república Enrique Peña Nieto (EPN) envió una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión que reconocería el matrimonio igualitario en todo el país. Las condiciones se presentaban sumamente favorables para que, en medio de los fracasos, el presidente Peña colocara una condecoración en su solapa. Sin embargo, un movimiento conservador oposicionista, encabezado por la jerarquía eclesiástica, con amplia capacidad de movilización pública logró echar abajo la iniciativa presidencial. A un año de la batalla ganada por el conservadurismo, el tema tuvo resonancia en las campañas electorales de las pasadas semanas, con candidatos cautos y promotores del modelo de familia tradicional. La agenda de los derechos LGBT se encuentra paralizada.

La iniciativa de matrimonio igualitario

Peña Nieto es uno de los presidentes que ha tenido los más bajos niveles de aceptación desde la alternancia partidista. La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la creciente suma de víctimas de la violencia, el ineficaz combate a la delincuencia, los escándalos de corrupción, la poca claridad ante las denostaciones a los mexicanos del entonces candidato Donald Trump a la presidencia de los EU, entre muchos otros temas, le han generado una decreciente popularidad. En 2015 casi cuatro de cada diez mexicanos aprobaba la gestión de EPN. Para mayo de 2016 sólo tres de cada diez la aprobaban (Reforma 13/04/2016).

Un presidente hambriento de triunfos reconoció en el matrimonio igualitario a nivel nacional una oportunidad para presentar un rostro progresista. La Suprema Corte en junio de 2015 impartió una sentencia de inconstitucionalidad a las reglamentaciones estatales que consideraban el matrimonio con “fines de procreación, o entre mujer y hombre”. Ante la sentencia, de carácter jurisprudencial, que no invalidaba las leyes estatales, diferentes congresos locales legislaron las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Estas iniciativas fueron promovidas por partidos de izquierda, concretándose en diez estados del país.

Las modificaciones estatales funcionaron como termómetro para reconocer que era posible la aprobación de la iniciativa a nivel federal. Lanzar esta propuesta se presentaba como una oportunidad para arrebatar un tema de la agenda a los partidos de izquierda; y podría tener efectos favorables para el partido gobernante en las elecciones que se avecinaban en doce entidades del país.

Peña Nieto envió su iniciativa al Congreso de la Unión el 17 de mayo 2016, durante la celebración del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, y en presencia de activistas LGBT. En la presentación mencionó que la modificación al artículo 4º constitucional y el Código Civil Federal garantizan “un derecho humano para que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna”. Así “…quedaría implícito el matrimonio igualitario en nuestra Constitución y se evitaría la diferencia entre estados existente hoy día” (Excelsior 17/05/2016).

La aprobación del matrimonio igualitario se antojaba como miel sobre hojuelas en una mesa puesta para un comensal hambriento de triunfos… pero primero tendría que escuchar un sermón.

La respuesta del conservadurismo

A fines de mayo de 2016 en el semanario Desde la Fe, principal medio de comunicación pastoral, en una nota intitulada “Matrimonio gay, falso derecho,» se señala que la iniciativa presidencial tiene deficiencias de «técnica jurídica y de argumentación legislativa que ignoran muchos elementos de derecho familiar» y que Peña Nieto «corre por presiones internacionales para favorecer a grupos de poder o a organismos internacionales” (La Jornada 14/08/2016). Las declaraciones no detuvieron a la presidencia y Peña instó a los legisladores a tomar la decisión en el siguiente periodo de sesiones.

Pasadas las elecciones en las doce entidades que se disputaban ese año, y la derrota del PRI en siete de ellas, el obispo de la Diócesis de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, aseguró que ese resultado del PRI tenía su origen en la iniciativa de las bodas gay. Cabe destacar que esta misma versión fue difundida por un destacado priista, Francisco Labastida, quien añadió que de haber sido secretario de gobernación en el momento de la iniciativa, habría renunciado al cargo (Animal Político 08/06/16).

Pasadas las elecciones la jerarquía católica intensificó su presión. De manera altisonante, a finales de junio, Hugo Valdemar, responsable de la edición de Desde la fe, señaló en entrevista a la revista Proceso (30/06/2016) que “Peña Nieto los había traicionado”, apuntando que no había habido un “encontronazo tan fuerte” entre la Iglesia Católica y la Presidencia de la República desde los tiempos de Plutarco Elías Calles. Un mes después en la editorial de la arquidiócesis se apuntaba que la homosexualidad “es una desviación” y que la Iglesia Católica “considera pecado grave la relación sexual homosexual”, por lo que exhorta a todos los homosexuales a vivir “en continencia y castidad.” Sentenciaba que “ni los afeminados, ni los homosexuales… heredarán el Reino de Dios”.

Aunque en su momento no se aclaró a qué se refería Valdemar cuando acusaba a Peña de traición, ésta tuvo su origen en la presentación de la iniciativa contraria presentada al Senado de la República por el grupo conservador Frente Nacional por la Familia dos meses antes (23/02/2016). En los argumentos de la iniciativa del Frente se establece que el matrimonio es una institución protegida por el Derecho “como vía natural de perpetuación de la especie y cuidado y formación de los hijos, mientras que las parejas del mismo sexo obedecen a un afecto particular, que debe respetarse pero no equipararse al matrimonio”. Destacan que “solo existe un tipo de familia, la familia natural, conformada por un hombre y una mujer”.

En el Congreso de la Unión, a pregunta expresa de los medios de comunicación acerca de la iniciativa presidencial, los legisladores priístas apuntaron que había muchos temas pendientes en la agenda y que no sería discutida. La postergación o, como mejor se le conoce, la “congeladora legislativa” asomaba la cabeza. Peña Nieto insistió en la necesidad de legislar al respecto. Esto puso en tela de juicio la disciplina partidista que caracteriza al PRI, y evidenció los arreglos de un sector del priísmo con grupos conservadores y la Iglesia católica.

En el mes de septiembre, previo al periodo de sesiones del Congreso, y a pesar del dicho de los legisladores, los conservadores quisieron hacer una demostración de fuerza. Estos grupos y la Iglesia Católica convocaron a realizar manifestaciones a favor de la familia a nivel estatal y una mega marcha en la Ciudad de México. No era suficiente la congeladora para la iniciativa, querían desterrarla del Congreso.

Marcha Nacional por la Familia

La convocatoria fue exitosa desde el momento en que el Partido Encuentro Social, de origen cristiano, apoyó las manifestaciones, y grupos evangelistas se sumaron a las protestas. Es de destacarse que esta alianza entre grupos conservadores de diferente credo, y un partido político que muestra abiertamente su oposición al matrimonio igualitario, no tiene precedentes.

El primero de septiembre de 2016, durante el informe presidencial, Peña señaló que él había hecho su trabajo, enviar la iniciativa, y que tocaba a los legisladores hacer su parte. Agregó que sería respetuoso de la decisión. La cara institucional de un presidente rebasado por las circunstancias hablaba del fracaso de la iniciativa.

Para la segunda semana de noviembre se discutió la iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Más de dos terceras partes votaron en contra. Mientras que la jerarquía eclesiástica planteaba los arreglos de la disputa bajo la mesa con el priísmo, los legisladores decidieron rechazar la iniciativa.

El desplazamiento de los derechos sexuales

A un año de la iniciativa del matrimonio igualitario, los priístas y el resto de los partidos políticos no quieren trata el tema de los derechos LGBT por temor al sermón. En medio de las elecciones estatales más disputadas en tiempos recientes, las efectuadas en el Estado de México son un referente. En la entidad las campañas se desarrollaron en medio de una tensa calma al momento de tocar el tema. Los actores políticos se comportaron de manera timorata. Mientras la Iglesias católica disminuyó su nivel de confrontación a sabiendas de su capacidad movilizadora y de influencia.

Los candidatos mexiquenses de todos los partidos se presentaron de manera mesurada sobre  los derechos LGBT. Ninguno de los candidatos, ni aquellos que han tenido agendas cercanas como el PRD, plantearon la incorporación de los derechos LGBT en sus programas políticos. Los candidatos fueron cautos dada la capacidad de influencia que la Iglesia mostró después de la iniciativa del matrimonio igualitario y las derrotas del PRI en las elecciones estatales de 2016.

En contraste con el rostro que había presentado un año atrás Peña Nieto,  su copartidario, paisano y primo Alfredo del Mazo, ganador de la contienda electoral en el Estado de México, se declaró a favor de la familia tradicional poniendo a su familia como ejemplo. Su candidatura estuvo apoyada por el Partido Encuentro Social, el que un año atrás apoyo las marchas profamilia. Además de los subrepticios y tradicionales arreglos entre gobernantes e Iglesia, un partido aliado a los conservadores muestra una puerta abierta, no sólo para la intermediación, sino para el ejercicio de contrapeso interno en la gestión venidera del mexiquense. Este candado cierra la puerta a los derechos de minorías sexuales, así mismo bloquea  otras agendas de corte moral como el aborto y la eutanasia.

La importancia de la disputa electoral, el peso de la Iglesia, su capacidad movilizadora, y la atribución que se le dio de voto de castigo, pone en el baúl de los recuerdos la agenda de los derechos LGBT. A pesar de que el PRI logró vencer en el Estado de México, EPN se mantiene hambriento de triunfos y la famélica figura presidencial continúa mostrando su paulatina inanición.