Las elecciones del Estado de México en 2017 ¿Laboratorio? Gustavo López Montiel

Las elecciones del Estado de México en 2017 ¿Laboratorio?

La elección para elegir a quien sea titular del poder ejecutivo en el Estado de México, para el periodo 2018-2024 es, tal vez, la más relevante de las cuatro que se realizarán el domingo 4 de junio de 2017, no por menospreciar al resto de las entidades, pero la cantidad de electores, más de 11 millones, y de recursos que intervienen en este lugar, son aspectos suficientes para dar atención a lo que ahí ocurra.

En torno al Estado de México se han construido diversos mitos, fundamentalmente aquellos que dicen que es un laboratorio que permite a los partidos experimentar con estrategias y resultados que ocurrirán en la siguiente elección presidencial, o que es determinante para moldear las preferencias de las y los electores hacia el año entrante. En ese sentido, la política local no es una copia de la política nacional ni viceversa, por lo que debemos entender la lógica de la elección en esta entidad, con base en las dinámicas locales y no necesariamente en las nacionales. Ante ello, realizaremos una breve descripción de aspectos que parecen relevantes para entender esta elección en el contexto de la democracia reciente.

 

La relevancia de la elección

¿Cuáles podemos decir que son los impactos más relevantes de esta elección? En primer lugar, el control del estado con la población más numerosa; con el presupuesto más abultado para una entidad, independientemente de la Ciudad de México; así como con la estructura territorial de gobierno, más amplia del país. Pero también, una entidad cuyos niveles de bienestar han descendido durante los años recientes, al mismo tiempo que sus variables micro y macroeconómicas se han visto presionadas; con una violencia social en ascenso y uno de los niveles de feminicidios más altos, así como con una fuerte presencia del crimen organizado en casi todas las esferas de interacción económica y social. Quien gane esta elección, controlará el gobierno que más recursos y estructura tiene, lo que resulta relevante para la elección presidencial de 2018. Es decir, no es determinante para ganar dicha elección, pero si lo es en términos de la movilización política y de recursos que puede hacer más fácil la consecución de ese propósito.

De la misma forma, quienes contienden se convierten en referentes de los grupos que los apoyan al interior de los partidos a los que pertenecen, lo que puede determinar las capacidades de posicionamiento y operación política, con miras a la nominación de dichos partidos. Por ejemplo, la apuesta hecha por el presidente del PAN con respecto a la candidatura de Josefina Vázquez Mota buscaba, en una primera instancia, asegurar posibilidades de triunfo que, al mismo tiempo, lo ubicaran con una posible aliada para la nominación panista. En el caso de Morena, un posible triunfo de Delfina Gómez, haría más fácil para Andrés Manuel López Obrador, la movilización electoral en el centro del país.

Mantener la gubernatura, les permitiría al PRI ubicar un espacio de refugio para el regreso de los grupos de la entidad que están ahora en la administración federal, pero también los mexiquenses serían un aliado necesario para quien aspire a la candidatura por ese partido, debido a la fuerte presencia que tienen en el contexto de los espacios de decisión partidaria, tanto por su fuerza como por el número como reflejo de su electorado. Para el PRD, mantener su autonomía, es fundamental para tener una posición de negociación, tanto en el contexto de la carrera presidencial, como en el caso de que el actual presidente de Morena resultara ganador de esa contienda. En resumen, la entidad es fundamental para la nominación presidencial, pero no es determinante en su resultado.

 

Los contendientes

Las candidaturas que contienden, son resultado de los procesos de articulación de intereses al interior de los partidos, particularmente durante los meses previos a las campañas. Como ha tendido a ocurrir en la historia reciente, la designación de las y los candidatos dejó, en la mayor parte de los partidos fracturas, que en el contexto de esta elección son muy complicadas de reparar, pero que muy posiblemente, al final sean determinantes para evitar el triunfo de algunos de los candidatos.

Por ejemplo, en el PRD, el proceso generó una división que trasladó estructuras y votos a Morena, muchos de los cuales esperaban únicamente el momento para hacerlo, mientras que en el PAN la designación de Josefina Vázquez Mota, desmovilizó grupos de apoyo que habrían estado más cómodos con una candidatura local. En el caso del PT y Morena, la presencia de liderazgos con capacidades de imposición, permitió incluso saber los nombres de quienes tendrían las candidaturas con varias semanas de anticipación, incluso a los procesos de elección interna, por lo que también posibles declinaciones siguen la lógica de dichos liderazgos.

En el caso del PRI, si bien hubo un momento en que parecía que la definición de la candidatura no sería tan tersa, la disciplina partidaria hizo que al tomarse la decisión la mayor parte de los grupos se alinearan en torno a Alfredo del Mazo. No resulta sorprendente la alianza con el PVEM y Nueva Alianza, sino la incorporación de Encuentro Social, lo que deja ver no únicamente su potencial electoral en un porcentaje que, por mínimo que sea, resulta definitorio en una elección tan cerrada como las encuestas lo marcan.

En esta elección no se repitió la historia de las alianzas entre el PRD y el PAN, que hicieron posible la alternancia en diversas entidades en el año 2016, lo que de entrada genera un contexto de competencia distinto para los grupos políticos al interior de los partidos y entre ellos. Precisamente la diversidad de candidatos fracciona el voto, permitiendo el dominio de la alianza más numerosa, por la suma de pequeños porcentajes que resultan determinantes. En el caso de los candidatos independientes, el rechazo de la candidatura de Isidro Pastor, incluso con la intervención de la misma PGJEM, solo dio la posibilidad a Teresa Castell, quien seguramente ubicará un porcentaje menor, pero que resulta determinante para los grupos opositores al PRI, pues de otra manera, el descontento canalizado hacia ella, sería para ellos.

Lo que también vemos en términos de las y los candidatos, es la intervención de las maquinarias electorales a su máxima expresión, desde meses antes del inicio formal de la contienda, no únicamente por la mucho más activa presencia del gobierno federal, sino por las giras permanentes de Andrés Manuel López Obrador y del resto de los dirigentes de otros partidos, en la entidad, incluyendo la propaganda desplazada por diversos personajes a lo largo del estado en momentos previos a las precampañas. El acuerdo firmado por los partidos políticos para no gastar más de la mitad del tope autorizado por el IEEM en la campaña, palidece ante los recursos desplegados por las y los candidatos a lo largo de la campaña.

 

Las autoridades electorales

La reforma de 2014 generó un modelo electoral que aún no termina de mostrar sus debilidades, mismas que, han impreso presión a los procesos electorales y los actores que participan en ellos. Este modelo creó un escenario que, si bien políticamente fue funcional para los gobernadores y los partidos, no lo es necesariamente para la organización de las elecciones como tal, pues la indefinición y la ambigüedad en diversos espacios de la ley, han permitido al INE construir la norma que se impone incluso, a las atribuciones de los mismos órganos legislativos locales, lo cual ha generado espacios de intromisión por parte del INE con respecto al proceso local, sin asumir la organización de la elección en su totalidad.

En primer lugar, los Organismos Públicos Electorales (OPLE), ya no cuentan con las capacidades de organización de la elección como tal, pues la ubicación de casillas, designación y capacitación de funcionarios, el desarrollo de la logística electoral, actividades sustantivas de la elección, son ahora parte de la responsabilidad del INE, que está obligado a “colaborar” con los OPLE, pero que dadas sus capacidades legales, en realidad es elemento rector del sistema electoral nacional, con lo que puede prácticamente, asumir el control o, por lo menos, dictar las condiciones en que se desarrolla la logística electoral.

Aspectos como el PREP que, de acuerdo a la ley, son parte aún de la responsabilidad local, han sido incluso un tema de controversia en el contexto de la elección del Estado de México, por la presión ejercida por el INE para delinear la forma en que dicho instrumento debe operar, desconociendo la experiencia del OPLE de la entidad en el manejo de sus PREPs en todas las elecciones que lo ha operado, con menos recursos y complejidad logística que lo que ocurre en la experiencia del INE.

Ejemplos como ese son variados y reflejan la verdadera relación entre ambos órganos, vinculados por consejeros electos por el propio INE, por lo que, en la práctica, pueden sentir cercanía con los actores que les abrieron la posibilidad de ocupar dichos cargos, rompiendo uno de los principios de la actividad electoral como la independencia. Aunque aquí la pregunta sería ¿independencia con respecto a quién y para qué? Más aún, ¿qué pasa en el caso de consejeras o consejeros locales que asumen independencia con respecto a los consejeros del INE y no únicamente con respecto a los partidos u otros actores políticos?

En el caso de la operación electoral, es importante ubicar en el Estado de México que, hasta la elaboración y entrega de los paquetes, el proceso está bajo responsabilidad del INE, pero que una vez que se llevan a los consejos distritales del OPLE, éste asume la responsabilidad del cómputo, por lo que la logística cede paso a la discusión y la presión políticas, en donde instrumentos como el PREP y los conteos rápidos que, en el inicio se generaron para dar certeza a los partidos políticos sobre la evolución de los resultados electorales, ahora son mecanismos que pueden incluso acabar con la confianza en el proceso electoral, ante cualquier error, intencionado o no, que dichos instrumentos puedan tener, pero que pueden ser utilizados por los partidos como prueba de ineficacia.

La autoridad jurisdiccional y la complejidad de los medios de impugnación, también han marcado aspectos relevantes del proceso, aunque es ahí donde necesariamente tendrá que concluir esta elección, ante los escenarios de probabilidad que plantea. La estructura jurisdiccional que se ha construido, entre los órganos locales y los federales, hacen muy compleja la solución a problemáticas planteadas por los actores políticos, pero además con la necesidad de celeridad que los procesos electorales tienen. Tal vez lo más relevante en este proceso, y en otros, ha sido el manejo sobre las candidaturas independientes, donde los requerimientos impuestos formalmente a los aspirantes, se suavizan o se eliminan, así como los procedimientos administrativos, dando paso a una entrada en desigualdad de condiciones para ellos.

Pero también se han dado cuestionamientos sobre la acción de los órganos electorales, en el caso del manejo de los programas sociales, los actos anticipados de pre y campaña, así como el manejo de medios tradicionales y alternos por parte de los partidos, que no han concluido en sanciones por parte de dichas autoridades, aunque también la ley limita sus posibilidades de acción, pero también puede favorecer la omisión ante hechos que aunque no denunciados son claros, e incluso en el caso de las denuncias, las resoluciones no satisfacen a los actores involucrados, no únicamente por los límites de la ley, sino por la inacción de la autoridad.

 

Conclusión

Aspectos como la violencia, corrupción, ilegitimidad, que fueron relevantes en las elecciones de 2016, no juegan igual en el caso de esta entidad. A pesar de que es en ella donde se realizan una gran cantidad de ilícitos de todo tipo, con niveles importantes de impunidad, la diversidad regional y la forma en que en la entidad se han construido las lealtades políticas, ha permitido que dichos temas no sean relevantes en la campaña como sí ocurrió en otras entidades. De la misma forma, las encuestas siguen manteniendo niveles importantes de rechazo a contestarlas, por lo que no reflejan aún la lejanía el primero con el segundo, ni la participación del resto de los partidos como activos para el triunfo.

A pesar de que es una elección reñida, el Estado de México se ha caracterizado por su complejidad, diversidad y relevancia en el contexto de las elecciones en el país, pero no es en el sentido estricto un laboratorio electoral, sino un espacio de competencia determinado fuertemente por la estructura de las elites locales y por su influencia política en el contexto de la dinámica partidaria.

Gustavo López Montiel

Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el Tecnológico de Monterrey. Ha impartido clases en University of California en Berkeley, Yale University, Harvard University, University of Regina, INSEEC (Paris y Bourdeaux), University of Connecticut, entre otras, donde también ha realizado estancias de investigación. Sus temas de investigación son partidos políticos y elecciones y poder judicial. Participa en diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros.

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