La persecución y violencia ejercida en Iguala, Guerrero, contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, el 26 de septiembre de 2014, se hizo de dominio público esa misma noche, a través de una conferencia de prensa improvisada en la escena del crimen, la cual fue brutalmente interrumpida por ráfagas de fuego que hombres vestidos de negro dispararon con armas de alto poder.
La violencia inició con la persecución de los normalistas por la policía municipal de Iguala cuando llegaron a esa localidad para tomar algunos autobuses —a fin de conservarlos para transportarse hacia la Ciudad de México en los días siguientes y participar en la manifestación del 2 de octubre en conmemoración de la masacre de estudiantes de 1968 en Tlatelolco. Hacia las nueve de la noche, al salir de la central camionera, la policía persigue los autobuses donde iban los estudiantes y dispara sobre ellos. Unas horas después los normalistas convocan a una conferencia de prensa para hacer pública la agresión que acaban de sufrir. En lugar de que su denuncia consiga llamar la atención de las autoridades, son de nuevo atacados y perseguidos durante la noche. Resultan asesinados tres normalistas, el chófer de un autobús, un adolescente que viajaba en él con su equipo de futbol, un transeúnte, varios heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
A lo largo de esa negra noche los normalistas estuvieron comunicándose con sus compañeros de Ayotzinapa (quienes al enterarse de las agresiones salieron de inmediato hacia Iguala “con la intención de ayudarlos y calmar el conflicto”), sus familiares, algunos maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y periodistas de los medios locales. Además, reportaron lo sucedido a los números de emergencia y pidieron auxilio para sus compañeros heridos. A pesar de los repetidos llamados de los estudiantes, ninguna autoridad llegó para protegerlos ni auxiliarlos, por lo que varias personas y organizaciones de derechos humanos han dado en decir que se trata de “una desaparición en tiempo real”.[1] Es decir que, aún cuando los hechos violentos fueron inmediatamente denunciados, ninguna autoridad intervino para parar la violencia, detener a los presuntos culpables y abrir in situ una investigación judicial.
Desde entonces Ayotzinapa evoca el desamparo y el abuso de autoridad cuya consecuencia se resume en seis muertos, varios heridos, la desaparición de 43 estudiantes y la imagen particularmente brutal del rostro desollado de Julio César Mondragón. Estos hechos, así como las imágenes que le son asociadas, han dado lugar a importantes movilizaciones en todo México e incluso más allá de nuestras fronteras.
A lo largo de un año, han tenido lugar numerosas manifestaciones de indignación y solidaridad para reclamar justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las marchas y reuniones en plazas públicas constituyen el aspecto más visible de un movimiento más profundo que consiste en la emergencia de una arena pública a partir de la exigencia de una verdadera investigación y un debido proceso. Por lo tanto, este movimiento puede analizarse a partir de estos dos ámbitos de acción que constituyen el objeto diferenciado de su interpelación: lo político y lo jurídico.
En la arena judicial, se inicia un proceso, a partir de las primeras denuncias y actas levantadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE),[2] que después es atraído por la Procuraduría General de la República (PGR). Varios días tardó el gobierno federal para reconocer las dimensiones del crimen cometido en Ayotzinapa y asumir que no fue una confrontación más entre los normalistas y las autoridades locales, sino que se trata de una grave violación de los derechos humanos fundamentales.[3] La salvaguarda de los derechos humanos rebasa el ámbito de acción del Estado mexicano, en particular, y de los Estados nacionales, en general, pues después de las guerras del siglo XX distintos organismos y convenios internacionales han sido establecidos al respecto, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006, cuyo artículo segundo dicta:
Se entenderá por «desaparición forzada» el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
De acuerdo con esta Convención, la desaparición de los 43 estudiantes es un caso de “desaparición forzada”, en la medida en que fueron agentes del Estado —la policía municipal de Iguala— quienes los privaron de su libertad “sustrayéndolos a la protección de la ley”. Sobre las acciones posteriores a la detención de los estudiantes se ignora aún lo que pasó. Las declaraciones de las personas detenidas apuntan en cierta dirección, pero no aportan pruebas. La versión final divulgada por la PGR como “verdad histórica” se basa sólo en las declaraciones de las personas detenidas y presume la incineración de los 43 cuerpos junto con todas sus pertenencias y sin dejar ningún rastro que sirva de prueba. Aunque este argumento ya había sido refutado por familiares y expertos, recientemente la “verdad histórica” ha sido desmentida, gracias al informe que rindió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyos principales hallazgos fueron resumidos y divulgados a través de una conferencia de prensa a principios de este mes. Dicho informe se tradujo de inmediato en las redes sociales a través del hashtag #FueMentiraHistorica, el cual formula en modo inverso la débil tesis de la PGR.
Ante la falta de un ejercicio efectivo y legítimo de la autoridad y de la ley, el hecho jurídico —relativo a la investigación de los hechos violentos en Iguala— queda estrechamente asociado al hecho político: de las movilizaciones emprendidas por padres y compañeros de los estudiantes desaparecidos, primero en la ciudad de Iguala, después en Chilpancingo, luego en la Ciudad de México y más allá.
A unos días del ataque, los testimonios de los normalistas sobrevivientes se hacen públicos y nos revelan con estupor la manera cómo en Iguala los estudiantes fueron asediados por la policía, asesinados tres de sus compañeros y desaparecidos 43. Es fundamentalmente en la arena política donde las denuncias, reivindicaciones y críticas formuladas por los sobrevivientes y los padres de los desaparecidos adquieren visibilidad y se someten al juicio público, donde en múltiples ocasiones sus demandas han sido consideradas como legítimas, al grado que distintas organizaciones e individuos se han sumado a sus reivindicaciones de justicia.
A partir de estas protestas, manifestaciones, denuncias y críticas, la desaparición de los 43 rebasa la arena jurídica y engendra una arena pública. Este fenómeno en la historia de la política occidental moderna se identifica como la constitución de un affaire (“un caso”). Se trata de la emergencia de una forma política cuya estructura yace en una escena judicial que es puesta en entredicho a través de argumentos políticos, de modo que su desarrollo y desenlace se emancipan de la escena judicial para irrumpir en la escena pública.[4]
El caso de los 43 se inscribe en la historia de México marcando un antes y un después. En el pasado, Alain Touraine[5] refiere la incierta posibilidad de que en las sociedades latinoamericanas como México, emerjan y resistan movimientos sociales debido a la falta de independencia de los actores sociales y políticos con respecto al Estado. Es decir, la precariedad de lo social frente al Estado —que en México adquirió una forma muy particular durante el largo periodo de estabilidad del régimen priista— se expresa en la falta de expresiones sociales autónomas. En este sentido, el movimiento social que subyace al caso de los 43 representa un punto de quiebre porque inaugura una forma de acción, no sólo en total independencia de los actores políticos convencionales, sino interpelando frontalmente al Estado respecto a su responsabilidad de asegurar la seguridad, integridad y libertad de sus ciudadanos. El slogan “Ayotzinapa somos todos” resume la condición de vulnerabilidad del ciudadano común ante las fuerzas del Estado en México.
La originalidad y contribución de este movimiento radica en que consiguió convertir una situación particular (la violencia ejercida contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014), en una crítica profunda al modo cómo opera la (in)justicia en las entrañas mismas del Estado mexicano y mostrar su falta de legitimidad. En esta imputación está implícito un deslinde: la sociedad mexicana se descubre hoy desnuda, libre de la tutela y mentiras del Estado.
Notas
[1] Cf. La declaración de José Miguel Vivanco, director de la organización Human Rights Watch en El Universal, el 20 de octubre de 2014, así como el argumento del informe del GIEI sobre el monitoreo que hicieron cuatro diferentes instancias de la autoridad (“el C-4”) de las actividades de los estudiantes normalistas desde que salieron de Ayotzinapa y durante la noche del 26 de septiembre en Iguala.
[2] De acuerdo con el informe del GIEI, la Procuraduría General de Justicia se transforma, a partir del 30 de septiembre, en Fiscalía General del Estado de Guerrero.
[3] Según el Informe del GIEI, es hasta el 18 de octubre de 2014, veintiún días después, cuando la PGR atrae el caso.
[4] El término affaire nos remite a la historia moderna de Francia, en particular, a la aparición de “controversias” y “causas” en la escena pública, por ejemplo el “affaire Dreyfus”, de acuerdo con el análisis de Elisabeth Claverie sobre la genealogía de esta forma política.
[5] La parole et le sang. Politique et société en Amérique latine. París, Odile Jacob, 1988.
