Este 7 de marzo se cumplieron tres meses desde que el expresidente Pedro Castillo dispuso disolver temporalmente el Congreso (Poder Legislativo) e instaurar un gobierno de emergencia nacional con la idea de convocar a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva carta magna en un plazo no mayor de nueve meses.[1]

La sorpresiva decisión, anunciada en un mensaje a la nación, llegó a horas de iniciarse el debate de su tercera moción de vacancia planteada por el Legislativo. Sin embargo, esto produjo una reacción generalizada en todo el arco político ideológico para condenar al expresidente y sirvió, además, como el pretexto preciso que permitió a las bancadas políticas opositoras deshacerse de Castillo y “recuperar la democracia” —un relato desestabilizador, golpista, que el Congreso manejó desde el primer día de gobierno, barajando todos los frentes posibles para tumbarse al profesor rural cajamarquino. Continuar leyendo…