En enero de 2020, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó la posibilidad de reunirse con las y los representantes de una marcha liderada por familiares de personas asesinadas y desaparecidas. “No los voy a recibir […] para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico […]. Tengo que cuidar la investidura presidencial (Gobierno de México, 2020a). “El dolor no es un show”, gritaron en respuesta al día siguiente cientos de familiares de víctimas mientras llegaban a la capital del país luego de caminar durante dos días desde de Morelos (Ureste, 2020). Después, el presidente aseguró que algunas de las personas manifestantes padecían “amnesia” y que habían callado “como momias” frente a la corrupción de las administraciones anteriores (Gobierno de México, 2020b).

Esta disputa discursiva proporciona una idea, aunque superficial, de la relación entre el actual presidente de México y los familiares de víctimas de la violencia que se movilizan en casi todo el país. Dinámicas similares se observan en las respuestas que AMLO ha dado a las movilizaciones de pueblos originarios que defienden sus territorios frente a los megaproyectos—“radicales de izquierda que […] no son más que conservadores”, les ha llamado (Solorio, Ortega, Romero y Guzmán, 2021)— y a las protestas lideradas por mujeres que denuncian las diversas formas de violencia de género —“simulación sobre feminismo”, acusó cuando le exigieron no apoyar la candidatura de un político de su partido denunciado por violencia sexual (Gobierno de México, 2021a). En breve: el presidente ha mostrado una clara tendencia a deslegitimar a los grupos que le plantean exigencias mediante la movilización social.

Enmarcado en el debate sobre el proceso de erosión democrática que se vive en México tras la llegada de AMLO a la presidencia (Petersen y Somuano, 2021; Sánchez-Talanquer y Greene, 2021; Monsiváis-Carrillo, 2022), aquí se explora cómo los movimientos sociales liderados por familiares de víctimas de la violencia fomentan la resiliencia democrática. Mi argumento principal es que —aunque no esté en sus objetivos— estos movimientos sociales defienden la democracia, primero, al expandir los canales de la participación y la representación política más allá de la narrativa electoral que busca imponer el presidente y, segundo, al exigir al gobierno rendir cuentas sobre sus fallas en garantizar la seguridad y la justicia. En un sentido práctico y con el fin de impulsar una democracia participativa y deliberativa, estas líneas invitan a la construcción de coaliciones con otros movimientos sociales que también han enfrentado el poder presidencial desde sus respectivos campos de acción.

 

Erosión y resiliencia de la democracia

En años recientes, las ciencias sociales han estudiado las circunstancias en las que algunos países experimentan cambios que detienen e incluso revierten su democratización. Con términos como des-democratización, autocratización o deslizamiento en reversa (Bermeo, 2016; Lührmann y Lindberg, 2019; Merkel y Lührmann, 2021; Tomini y Wagemann, 2018; Waldner y Lust, 2018), esta literatura abarca diversos procesos que Del Tronco y Monsiváis-Carrillo (2020) concentran en el concepto de erosión democrática, el cual enmarca el deterioro o la pérdida gradual de los atributos propios de un sistema democrático, sin importar su grado de institucionalización.

A diferencia de los ahora inusuales golpes de estado (Bermeo, 2016), la erosión de la democracia ocurre de manera episódica (Boese et al., 2021) y puede presentarse en cualquier tipo de régimen: en contextos con rasgos autocráticos, menoscaba las dimensiones democráticas de sus prácticas de gobierno; en democracias, degrada su calidad (Waldner y Lust, 2018). En ese sentido, la erosión de la democracia restringe los ejercicios mediante los cuales las autoridades justifican públicamente sus decisiones y afecta la capacidad de las instituciones y de la sociedad para castigar prácticas irregulares, abusivas o ilegales (Waldner y Lust, 2018).

La transición a la democracia en México fue limitada y se “malogró” (Cadena-Roa, 2019: 123) porque, aunque su dimensión electoral puede considerarse sólida, muchas otras tienen deficiencias relevantes que no rompieron de manera definitiva con el régimen anterior (Cadena-Roa y López Leyva, 2019). En ese sentido, las democracias débiles, como la de México, tienden a conservar sus vicios y esto facilita los embates autoritarios. Desde su evaluación de los costos de la erosión, Del Tronco y Monsiváis-Carrillo (2020: 3) señalan que, con este proceso, los países pierden “la posibilidad de vivir en un orden político abierto, en el que los ciudadanos puedan controlar y hacer rendir cuentas al poder público, mediante el ejercicio de sus derechos y libertades”. Así, es posible comprender que las descalificaciones presidenciales hacia las movilizaciones sociales no son sólo diferencias de opinión, sino ejercicios de poder que ponen en riesgo la participación social en el campo político.

En diversas regiones se ha observado que el sistema político cuenta con rasgos de resiliencia para reaccionar a los desafíos y tensiones con el fin de adaptarse, detener o incluso revertir la erosión (Boese et al., 2021; Merkel y Lührmann, 2021). Entre las características que diversas autoras y autores han identificado como promotoras de resiliencia están la acotación judicial de las facultades ejecutivas, el contexto económico, la historia política del país, las reglas electorales, la institucionalización de los partidos políticos y, en un sentido amplio, el tipo de socialización política de la ciudadanía (Boese et al., 2021; Merkel y Lührmann, 2021). En cuanto a este último elemento, en la literatura hay varias referencias sobre la importancia de la movilización social y la protesta como elementos clave en la resiliencia democrática (Gallo-Gómez y Jurado-Castaño, 2020; Guasti, 2020; Laebens y Lührmann, 2021; Lührmann, 2021; Lührmann, Marquardt y Mechkova, 2020; Somer, McCoy y Luke, 2021), pero el análisis de su papel se ha mantenido en un nivel superficial en comparación con la atención que se ha dado a otros elementos.

 

Movimientos sociales, democratización y resiliencia

Aunque hay movimientos sociales con demandas de democratización (Davies, Ryan y Peña, 2016; Della Porta, 2020), lo usual es que este tipo de colectividades se organice en torno a agravios y reclamos más específicos (Tarrow y Tilly, 2009). Sin embargo, aunque su objetivo no sea promover la democracia, los movimientos sociales pueden impulsarla de varias formas: mediante el involucramiento de nuevos actores y coaliciones en el campo político, con la reducción del peso de las desigualdades sociales para garantizar la participación política, y con la formación de redes de confianza en las prácticas e instituciones políticas (Tilly, 2003). Todo esto facilita a las colectividades mayor poder para influir en las decisiones que les afectan y participar en los procesos de las políticas públicas (Donoso, 2016; Tilly y Wood, 2012).

Por supuesto, aunque puedan fortalecer sus cimientos, los movimientos sociales no siempre conducen a la democracia y, desde un punto de vista teórico, los argumentos sobre su impacto están relacionados con el concepto de democracia que se utilice (Giugni, 1999). La democracia ha tenido diferentes significados para diferentes grupos en distintos momentos históricos (Dahl, 2000) y se le han agregado múltiples etiquetas (Della Porta, 2020), pero más allá del modelo liberal que se centra en el componente partidista y electoral, mi entendimiento de la democracia se inscribe en el modelo participativo y deliberativo que privilegia la formación de espacios libres en los que la participación se da en condiciones que facilitan la comunicación y el debate (Della Porta, 2013). Desde esta perspectiva, aunque los movimientos sociales no busquen modificar las normas de la competencia electoral, sus discursos y acciones pueden mostrar las deficiencias de las instituciones políticas en la resolución de problemas y así abrir la posibilidad de adoptar prácticas más democráticas desde canales no institucionales (Della Porta, 1999; Melucci, 1992).

Además de analizar de los mecanismos democráticos al interior de los grupos que articulan un movimiento social (Díez García y Laraña, 2017; Otero, 2006), las relaciones entre los movimientos sociales y la democracia han sido estudiadas principalmente desde cuatro dimensiones (Davies, Ryan y Peña, 2016): la función de las protestas en la transición del autoritarismo a la democracia, su relación con la política electoral, su influencia en otros actores no gubernamentales, y su capacidad para promover los aspectos participativos y deliberativos de los ejercicios democráticos a nivel nacional. Recientemente, la literatura sobre erosión y resiliencia de la democracia también ha prestado atención al papel de los movimientos sociales, y se ha identificado que la presión social mediante protestas es relevante en algunos contextos para enfrentar la erosión democrática como un factor necesario, pero insuficiente (Gallo-Gómez y Jurado-Castaño, 2020; Guasti, 2020; Laebens y Lührmann, 2021; Lührmann, 2021; Lührmann, Marquardt y Mechkova, 2020; Somer, McCoy y Luke, 2021). En concreto, la protesta ha estimulado la resiliencia en regímenes previamente democráticos cuando las élites, tanto las gobernantes cuanto la oposición, observan en la movilización social un estímulo para respetar, adoptar o exigir ejercicios de rendición de cuentas (Laebens y Lührmann, 2021).

Por lo tanto, los movimientos sociales no sólo son agentes de democratización, sino también de resiliencia democrática. Por un lado, estos actores colectivos generan dinámicas de representación fuera de las instituciones (Gallo-Gómez y Jurado-Castaño, 2020); por otro, desafían los códigos culturales y políticos dominantes para visibilizar el ejercicio del poder (Melucci, 1999). En otras palabras, los movimientos sociales pueden frenar la erosión democrática, primero, al expandir el campo de la participación y la representación política, y, segundo, al promover la rendición de cuentas por parte de las autoridades. La observación empírica de estas dos dinámicas puede hacerse a partir de los aspectos ideacionales y materiales de la movilización (Davies, Ryan y Peña, 2016); es decir, analizando los marcos de acción colectiva (Johnston y Alimi, 2013) y los repertorios contenciosos (Taylor y Van Dyke, 2004). Por los límites de extensión de este texto, no discutiré los dos conceptos anteriores, no incluiré las precisiones metodológicas de su análisis, ni la evidencia utilizada en el estudio original; para una discusión detallada, véase Gordillo-García (2024).

 

Marcos de acción colectiva y repertorio contencioso

No es posible ofrecer un panorama general sobre cómo se han desarrollado las movilizaciones contra la violencia criminal y las lideradas por familiares de víctimas en México durante los años recientes; para más información al respecto, es recomendable revisar los trabajos de López Leyva (2019) Iliná (2020); Robledo-Silvestre (2019), Gordillo-García (2023a; 2023b) y Ley (2023). Por ahora, basta decir que después que terminó la etapa de movilización del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), decenas de familiares de personas desaparecidas que tuvieron su primera experiencia de activismo en las caravanas del MPJD comenzaron a organizar grupos para buscar a sus seres queridos por su cuenta. Liderados principalmente por mujeres, estos grupos, conocidos como “colectivos”, realizan constantemente brigadas de búsqueda para ubicar fosas clandestinas, así como recorridos por centros forenses, cárceles y hospitales para tratar de identificar a las decenas de miles de personas desaparecidas.

Desde que inició su sexenio en 2018, el actual presidente mexicano ha respondido a las críticas sobre el aumento en los indicadores de inseguridad con frases como “ya no hay masacres”, “yo tengo otros datos” y “ya no hay impunidad”. La investigación reseñada aquí muestra que, ante la negación sistemática de la crisis de violencia que ha hecho el gobierno de AMLO, los marcos promovidos por los movimientos sociales liderados por familiares de víctimas permiten representar en la discusión pública a las colectividades agraviadas que quedan fuera del discurso presidencial. Además, mediante la presentación de sus diagnósticos, pronósticos y motivaciones, estos actores contenciosos exigen una rendición de cuentas más transparente que no se apegue a la defensa partidista del proyecto electoral del presidente.

En esa misma línea, los colectivos han continuado con la realización de brigadas de búsqueda en prácticamente todo el territorio mexicano. Estas acciones han llevado al descubrimiento de múltiples fosas con innumerables cuerpos y restos humanos. Es importante destacar que las brigadas de búsqueda son una forma de política contenciosa con la que los familiares de víctimas enfrentan tanto a criminales cuanto a autoridades. Como ha ocurrido en otros casos (Cadena-Roa y Puga, 2021), las acciones del repertorio contencioso de los movimientos sociales liderados por familiares de víctimas funcionan para reiterar sus posiciones y demandas al gobierno, además de alcanzar públicos más amplios que pueden simpatizar con su causa.

Estas formas de acción complementan los marcos y permiten a los colectivos evidenciar la problemática que siguen enfrentando, a pesar de las negaciones oficiales respecto a la crisis. Al irrumpir en el espacio público, estos actores contenciosos no sólo permiten representar políticamente a las colectividades agraviadas, sino que contrastan la comodidad desde la que las autoridades niegan la realidad enfrentada diariamente por las familias que buscan a sus seres queridos.

 

Conclusión

La participación social es crucial para frenar las etapas tempranas de la erosión democrática (Boese et al., 2021; Lührmann, 2021). Las movilizaciones pueden servir como canales de concientización sobre la importancia de la pluralidad y reforzar valores y visiones que sirvan de contrapeso a las posturas divisorias (Lührmann, 2021). Además, hay que tener en cuenta que los posicionamientos, las demandas y las acciones de los movimientos sociales transforman las discusiones públicas y la percepción de los problemas (Hewitt y McCammon, 2004; Williams, 1995). Si bien la literatura sobre la resiliencia de la democracia reconoce la importancia de la protesta, su análisis ha sido superficial en comparación con el análisis de otros elementos. El texto aquí resumido contribuye a llenar ese vacío. A partir de la evidencia analizada, sostengo que los movimientos sociales liderados por familiares de víctimas de la violencia en México son actualmente actores fundamentales en la promoción de la resiliencia democrática porque, por una parte, expanden los canales de la participación y la representación política más allá de la narrativa partidista que busca imponer el presidente y, por otra, exigen al gobierno rendir cuentas sobre sus fallas en garantizar la seguridad y la justicia.

A pesar del simplismo del discurso presidencial con el que se presenta como “adversarios” a quienes critican al partido en el poder, las demandas y los valores reivindicados por los familiares de las víctimas trascienden la narrativa oficial y advierten la poca efectividad de las políticas impulsadas por el gobierno. Claramente, dos de los mayores problemas que enfrenta el país siguen siendo la violencia y la impunidad. Quienes sufren directamente sus consecuencias no deberían quedar fuera de la toma de decisiones, y la respuesta a sus demandas no debería ser la negación con el fin de defender un proyecto partidista.

Como argumenta Della Porta (2013), la democracia no se limita a contar votos, sino que implica las condiciones en las que se construyen las preferencias sociales mediante diálogos incluyentes y abiertos en los que las personas —más allá de los partidos— puedan identificar problemas y proponer soluciones. Así, “las decisiones son democráticas no tanto cuando cuentan con el apoyo de la mayoría, sino cuando las opiniones se forman mediante un proceso deliberativo en el que las razones se intercambian libremente” (Della Porta, 2020: 4). Por lo tanto, para impulsar la resiliencia de la democracia en países con transiciones malogradas es fundamental apuntar hacia un modelo que trascienda el carácter liberal y apunte hacia la deliberación y la participación. Los movimientos sociales pueden facilitar la formación de relaciones en las que la participación se dé en condiciones óptimas para el debate, espacios en los que la participación sea un vehículo para redistribuir el poder político concentrado por el poder ejecutivo.

Ante gobiernos populistas que han acelerado procesos de erosión democrática en otros países, diversos movimientos sociales se han aliado para enfrentar los ataques provenientes desde la oficina presidencial (Meyer y Tarrow, 2018). En ese sentido, espero que, además de su posible utilidad para el refinamiento teórico, este trabajo sirva como un llamado a la alianza de los movimientos sociales que el presidente mexicano ha deslegitimado. La formación de coaliciones entre estos actores colectivos es esencial no sólo para la resiliencia democrática, sino para avanzar hacia una democracia participativa y deliberativa en México.

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