La democracia es aburrida. Hay demasiadas certezas, procedimientos, normas y poco espacio para los héroes. Los líderes políticos en los regímenes democráticos son personas de carne y hueso que acotan su actividad a los alcances que le permite un marco legal que en la mayoría de los casos les antecede. Pero eso pasa en las democracias y México aún no lo es. En el año dos mil, resultó evidente que vivíamos una transición desde el autoritarismo. Muchos analistas se apuraron a señalar, entonces, que esa transición nos llevaría a un régimen democrático, pero hoy parece que esas afirmaciones no eran más que buenos deseos. Hubiera valido la pena revisar, en esas fechas, otras transiciones y atemperar nuestro entusiasmo.
Al estudiar los cambios que se vivieron y se siguen viviendo en Europa del Este, Chris Pickvance (1994, 1995) recurre al término transición con cierto escepticismo, y argumenta que éste tiene dos inconvenientes. Por una parte, implica un viaje con un destino y tiene connotaciones de desorden seguido de orden, inestabilidad seguida de estabilidad, y complejidad seguida de simplicidad, todas las cuales, en su opinión, son altamente debatibles. Por otra parte, la velocidad de los procesos de transición es variable y la dirección y resultado incierto, al haber muchos puertos de llegada posibles en términos políticos, como el autoritarismo o la democracia, y diferentes niveles de estado de bienestar y de ingreso real. Entonces, nos recuerda Pickvance, no es posible decir que la transición es “a” algún lugar con seguridad.
Sin embargo, después de tantos años de autoritarismo no fue difícil caer en la trampa de afirmar que México vivía ya en democracia o que, en el peor de los casos, hacia ahí se dirigía inexorablemente. Hubo poco rigor al analizar la falta de derechos liberales básicos en nuestro país, donde la población, y principalmente los pobres, aún está sujeta a abusos por parte del estado, y no obtiene lo que en rigor es su derecho, como la garantía de salud, educación, vivienda y protección de su integridad y de su patrimonio. ¿Qué fue, entonces, lo que llevó a tanta gente a equivocarse? Al menos una certeza, nada desdeñable pero ciertamente insuficiente para documentar tanto optimismo: la existencia de elecciones libres y competitivas, organizadas y sancionadas de manera justa por instituciones autónomas.
En años recientes, nuestra transición ha tenido turbulencias. Un gobernador aparentemente finge un atentado en su contra y hay un muerto como resultado de tan burdo montaje. No hay castigo ni responsables. Hay pruebas de abuso por parte de otro gobernador en contra de una periodista que pretende desenmascarar prácticas de pederastia. Tampoco pasa nada. Un tercer gobernador deja su cargo y pronto sabemos que él y su familia gozan de una fortuna que difícilmente correspondería a sus ingresos como servidor público. Es investigado por un ex subordinado y absuelto sin problemas. Hoy, ese ex subordinado es Secretario de Estado.
La lista parece interminable. Un comando armado ingresa a las instalaciones de una televisora privada y se apodera del lugar y de la señal. El Presidente de la República se desentiende abiertamente del asunto, y tras múltiples litigios, se les permite el uso de los recursos materiales y del espacio televisivo a los transgresores. Decenas de mineros pierden la vida y se sospecha que es a causa de negligencia y corrupción gubernamental, empresarial y sindical. Poco se sabe de los funcionarios públicos y de los miembros de la empresa responsables de garantizar condiciones de seguridad laboral en las minas, mientras tanto, el líder del gremio está en fuga. Sindicalistas magisteriales y organizaciones afines toman una capital estatal. Hay violencia evidente, pero ninguna autoridad es capaz de solucionar el problema. Peor aun, el gobierno estatal recurre a la cobarde represión encubierta. Hay muertos y daños patrimoniales. No se ha castigado a los culpables, sin embargo, el conflicto sigue vivo, y vuelve a cobrar muertos.
El narcotráfico no cede, y sus prácticas violentas son frecuentes. La impunidad es insultante. Los hijos políticos del Presidente son involucrados en la aparente compra fraudulenta de cartera de bienes del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, adjudicada a ellos por una cantidad muy por debajo de su valor. Resultan absueltos. Se intenta torpemente privar del derecho a competir por la Presidencia de la República a uno de los políticos con mayor popularidad en los últimos tiempos. Cientos de miles de personas tienen que salir a la calle para evitar que eso suceda. Compite, pierde y denuncia fraude electoral. No hubo pruebas suficientes que respaldaran tal afirmación, sin embargo, la duda fue sembrada y las instituciones electorales quedaron dañadas.
La periodista con mayores niveles de audiencia en la radio es cesada de su trabajo. Ella asegura que los dueños de la estación donde trabaja son presionados por Los Pinos para despedirla. Es inevitable percibir un tufo de censura en el caso. El Estado cede su derecho al monopolio del uso de la fuerza en favor de grupos de civiles armados que se denominan autodefensas, y que afirman combatir al crimen organizado. El gobierno federal revela, semanas después, que algunos líderes de estos grupos son empleados del crimen organizado. Legisladores federales obtienen recursos económicos para obras municipales y cobran, como retribución, un porcentaje a los alcaldes beneficiados, quienes los delatan. No hay consecuencias legales para los presuntos culpables.
Un gobernador más deja su estado con una deuda escandalosa y una riqueza personal inexplicable. Es nombrado líder de su partido y se le encomienda conducir la campaña de quien resultaría electo Presidente de la República. Deja su cargo por sospechas de corrupción y, eventualmente, es detenido en España por probable blanqueo de capitales. El gobierno de México cabildea en su defensa y es liberado. Aquí no se le inquiere.
Es documentada la relación personal y el tráfico de influencias que existen entre el hijo de un gobernador y un secuestrador y asesino. El familiar del gobernador visita brevemente la cárcel y es liberado tras pagar una fianza ínfima. La prepotencia indigna. El paradero de dos exgobernadores es un misterio. Son prófugos. Ambos del mismo estado. Son buscados por autoridades estadounidenses por sospecha de lavado de dinero y relación con grupos del narcotráfico. Poco o nada se sabe de las investigaciones al respecto en este país.
Manifestantes de una escuela normal rural prenden fuego a una gasolinera. Uno de los empleados muere mientras intenta controlar el incendio. No hay responsables de su fallecimiento. Pocos años después, agentes de la policía municipal atacan, sin motivo legal, a alumnos de esa misma normal, y al menos nueve personas fallecen, veintisiete son heridos y cuarenta y un estudiantes se encuentran desaparecidos. El gobierno federal argumenta que los jóvenes fueron masacrados por narcotraficantes, quienes incineraron sus cuerpos en un basurero. La vida sigue.
Militares y presuntos miembros de la delincuencia organizada tienen un enfrentamiento que deja como saldo a veintidós civiles muertos y a un militar herido. Hay presunción de violaciones graves a los derechos humanos por parte del ejército, entre ellas, fusilamientos. El Secretario de la Defensa se opone a que agentes de organismos internacionales entrevisten a los soldados involucrados.
En un par de audios divulgados anónimamente, ejecutivos de una constructora transnacional acuerdan realizar aumentos de peaje en autopistas, a cambio de pagar las vacaciones de un funcionario estatal y sobornos a magistrados. Un empleado de la compañía y el funcionario estatal, aparentemente beneficiado, renuncian a sus puestos a causa de esa filtración y se marchan a su casa. Nada más ha sucedido.
La casa del Presidente de la República y su esposa es edificada y vendida por una compañía beneficiada con obra pública millonaria, en tiempos en que él fue gobernador. Junto con socios chinos, la misma empresa gana la licitación para instalar un tren de alta velocidad en el país. Horas más tarde, todo el proceso relacionado con esa licitación es cancelado debido al aparente conflicto de interés involucrado. Dos Secretarios de Estado, también, serían favorecidos por la misma constructora, que les otorgaría viviendas a precios por debajo del mercado. La dependencia a cargo de combatir la corrupción en la administración pública federal absuelve a todos los involucrados.
Estas son sólo pequeñas postales de una serie de eventos relacionados con abusos e impunidad. La ausencia de un estado de derecho ha obstruido el funcionamiento pleno de las instituciones. Más aún, existe un déficit claro en la forma en que el estado y la población –individuos, organizaciones civiles, movimientos sociales, sindicatos- han asumido los valores y las prácticas democráticas. Tales circunstancias explican la pervivencia en nuestro país de ese tipo de actos deplorables.
Una democracia funcional resultaría aburrida para todos. Lo sería más para buena parte de nuestros políticos profesionales. Sobre todo, porque se verían limitados. Porque un sistema político así prevendría, y cuando eso fallase, advertiría y castigaría los excesos, los hurtos, el despotismo. Una democracia plena, entonces, pudiera ser más proclive a atraer al servicio público a personas probas, con vocación real de servicio. Nada despreciable para un país necesitado de justicia.
Hay, en todos los casos descritos aquí, demasiada tensión. Hay sentimientos de frustración e impotencia. Nuestras certezas se ponen a prueba y los procedimientos y las normas, propias de la democracia, parecen jugar un papel secundario ante actos voluntaristas. No sabemos aún cuánto durará el viaje que iniciamos cuando dejamos el régimen autoritario en el que vivimos por años, ni cuál será su final. Hay, sin embargo, evidencias de que las cosas no van bien. Nos corresponde a todos velar porque el viaje termine pronto y su final sea uno de valores e instituciones democráticas. Exijamos nuestros derechos, señalemos a quienes nos los escatiman, asumamos responsabilidades. En todo este proceso, procuremos que no haya héroes ni redentores. Procuremos, también, que haya menos cínicos y más demócratas.
Referencias
Pickvance, Chris G. 1994. “Housing Privatization and Housing Protest in the Transition from State Socialism: A Comparative Study of Budapest and Moscow”. International Journal of Urban and Regional Research. 18(3): 433-450.
Pickvance, Chirs G. 1995. “Social Movements in the Transition from State Socialism: Convergence or Divergence?” Pp. 123-150 in Social Movements and Social Classes: The Future of Collective Action. Louis Maheu, ed. London: Sage.
