Cuba: frente a la represión estatal, la solidaridad cívicaCésar E. Santos y Liliana Obregon

César E. Santos
Liliana Obregon

A pesar del incremento sostenido de la represión del régimen cubano contra las protestas ciudadanas y del renovado impulso a su agenda de influencia y propaganda en el exterior, durante julio y agosto de 2026 se observó una intensificación de las acciones internacionales de solidaridad con la sociedad civil cubana, marcada por tres dinámicas: una mayor activación de mecanismos internacionales de protección, una fuerte visibilización de los presos políticos y de la represión vinculada al aniversario del 11 de julio de 2021 (11J),[i] y un incremento de las campañas de acompañamiento a artistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Atendiendo a ese problema, este texto nace a partir de la labor de monitoreo (ver anexos) y análisis de la situación del espacio cívico y la represión en Cuba, desarrollada por el equipo de Gobierno y Análisis Político A. C. (GAPAC, https://gobiernoyanalisispolitico.org/); los datos corresponden al periodo que va del 1 de julio al 31 de agosto de 2026

El periodo estuvo especialmente condicionado por el quinto aniversario de las protestas del 11J, que funcionó como un punto de convergencia para organizaciones internacionales de derechos humanos, redes de sociedad civil y organismos multilaterales. A diferencia de otros momentos en los que predominan declaraciones generales, durante estos dos meses se registraron varias acciones orientadas a casos individuales, incluyendo informes de fondo, medidas cautelares, campañas internacionales y pronunciamientos específicos por la liberación de presos políticos.

El 11J como eje de movilización internacional

El aniversario de las protestas de julio de 2021 ocupó un lugar central en el monitoreo. Human Rights Watch (2022) utilizó la efeméride para exigir nuevamente la liberación de los manifestantes que permanecen encarcelados cinco años después, mientras Prisoners Defenders (2026) reportó a comienzos de julio un nuevo máximo de 1,306 presos políticos, incluyendo personas detenidas cuando eran menores de edad.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (2026a) documentó, por su parte, casi dos mil acciones represivas durante el primer semestre de 2026, señalando detenciones arbitrarias, vigilancia domiciliaria, restricciones de movilidad y represalias contra familiares. Estas cifras fueron complementadas posteriormente por Cubalex (https://cubalex.org/) y el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP, https://iclep.org/), que documentaron un repunte particularmente intenso de la represión durante julio.

También se observaron acciones de movilización pública fuera de la isla. El 11 de julio, el Center for a Free Cuba y Students for Liberty organizaron una vigilia frente a la Embajada de Cuba en Washington para recordar a los presos políticos y promover acciones en favor de su liberación. Este tipo de iniciativas muestra que el aniversario del 11J continúa funcionando como un marcador transnacional de solidaridad, capaz de articular organizaciones del exilio, redes internacionales y actores de derechos humanos.

Mayor utilización de mecanismos internacionales de protección

Uno de los rasgos más relevantes del periodo fue la actividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En julio, la Comisión publicó dos informes de fondo sobre casos particularmente emblemáticos.

El primero abordó la persecución y las represalias contra integrantes de Cubalex, documentando detenciones, interrogatorios, vigilancia, restricciones migratorias y amenazas. La CIDH (2026a) recomendó poner fin a la criminalización de defensores de derechos humanos y garantizar que puedan relacionarse con mecanismos internacionales sin sufrir represalias. El segundo informe se centró en el artista y preso político Maykel “Osorbo” Castillo Pérez, cuya detención y condena fueron analizadas dentro de un patrón más amplio de hostigamiento contra artistas, periodistas independientes y activistas. La Comisión recomendó dejar sin efecto su condena y adoptar medidas de reparación (CIDH, 2026b).

A finales de julio, la CIDH otorgó medidas cautelares a los presos políticos Ángel Jesús Véliz Marcano y Yasmany Porra Pérez, al considerar que enfrentaban riesgos graves para su vida, integridad y salud bajo custodia estatal. Estas acciones muestran una tendencia hacia una mayor personalización de la protección internacional, en la que los organismos multilaterales no se limitan a denunciar patrones generales, sino que intervienen sobre casos específicos.

La labor de los artistas, escritores y la libertad de expresión

Otro eje importante fue la protección de artistas y escritores críticos. A comienzos de julio, Artists at Risk Connection, Civil Rights Defenders, PEN International y PEN Cuba in Exile exigieron la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, cuya situación generó especial preocupación internacional.

Su posterior salida de prisión produjo una serie de reacciones. Freedom House celebró su liberación, pero insistió en que el resto de los presos políticos debía ser excarcelado. PEN International y otras organizaciones también destacaron que el caso no podía interpretarse como una normalización de la situación, especialmente porque Otero Alcántara terminó fuera de Cuba, lo que las organizaciones describieron como parte de un patrón de destierro y expatriación forzada de voces críticas.

En agosto, PEN International amplió su atención al escritor y periodista José Gabriel Barrenechea Chávez, cuya condena de seis años fue denunciada como parte de la criminalización de escritores, artistas y periodistas independientes.

A finales de agosto, Amnistía Internacional (2026) entregó a Luis Manuel Otero Alcántara más de 27,000 cartas de solidaridad reunidas a través de una campaña internacional. Esta acción constituye uno de los ejemplos más claros de solidaridad transnacional registrados durante el periodo, al combinar movilización ciudadana internacional, acompañamiento individual y presión pública.

Persistencia y diversificación de la represión

Los informes mensuales publicados durante agosto muestran que la represión no disminuyó después del aniversario del 11J. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (2026b) documentó 356 acciones represivas en julio, mientras Prisoners Defenders (2026) elevó su registro a 1,327 presos políticos, incluyendo el caso de un niño de 13 años y nuevas denuncias sobre el uso del destierro como condición para recuperar la libertad.

Cubalex (2026) reportó 388 eventos represivos y 817 incidentes de hostigamiento, con especial concentración en torno al aniversario del 11J. Las prácticas documentadas incluyeron vigilancia, citaciones, detenciones arbitrarias, restricciones de movilidad y operaciones preventivas destinadas a impedir nuevas protestas.

ICLEP (2026), por su parte, registró en julio 272 violaciones a la libertad de expresión y prensa, el nivel mensual más elevado documentado por la organización. El aumento de estas acciones confirma que periodistas independientes, comunicadores y activistas digitales continúan siendo uno de los sectores más expuestos a la coerción estatal.

Una solidaridad activa y focalizada

El monitoreo de julio y agosto permite identificar una evolución en las formas de solidaridad con Cuba. Junto con las denuncias generales sobre la situación de derechos humanos, se observa una creciente concentración en casos individualizados, como los de Otero Alcántara, Maykel Osorbo, José Gabriel Barrenechea, Jonathan Muir Burgos, Ángel Jesús Véliz Marcano y Yasmany Porra Pérez.

Esta focalización tiene un doble efecto. Por una parte, permite otorgar visibilidad y protección internacional a personas concretas. A la vez, convierte sus casos en ejemplos de patrones más amplios de criminalización de la protesta, censura, encarcelamiento político y expulsión de voces críticas. Aunque, en un sentido crítico, se ha alertado sobre la posibilidad de que esa focalización contribuya a invisibilizar a otros centenares de casos menos conocidos de presos políticos y activistas bajo represión. 

También destaca la diversidad de actores involucrados. El ecosistema de solidaridad incluye organismos multilaterales como la CIDH, grandes organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnesty International y Freedom House, redes de libertad artística como PEN International y Artists at Risk Connection, y organizaciones especializadas en documentación como Prisoners Defenders, Cubalex, ICLEP y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Balance del periodo

En Cuba el verano de 2026 muestra un escenario en el que la represión interna y la solidaridad internacional evolucionan de manera paralela. Mientras las organizaciones cubanas e internacionales documentan un aumento de detenciones, vigilancia, restricciones de movilidad y vulneraciones a la libertad de expresión, los mecanismos de solidaridad se han vuelto más específicos, coordinados y visibles.

El quinto aniversario del 11J actuó como catalizador de buena parte de esta movilización, pero los acontecimientos posteriores indican que la atención internacional no se agotó con la efeméride. La continuidad de informes, medidas cautelares, campañas y acciones de incidencia durante agosto sugiere que la situación de los presos políticos, periodistas independientes y actores culturales seguirá siendo uno de los principales puntos de articulación de la solidaridad democrática internacional con Cuba.

En este sentido, el periodo confirma que la sociedad civil cubana, perseguida fronteras adentro por la dictadura, continúa contando con redes externas capaces de documentar abusos, internacionalizar casos individuales y mantener presión pública sobre el régimen, aunque estas acciones se desarrollan frente a un entorno interno caracterizado por una represión sostenida y cada vez más preventiva.

Referencias

  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2026a, 7 de julio). Informe No. 81/26, casos 14.227 y 14.225: Admisibilidad y fondo (publicación), integrantes de Cubalex y Julio Alfredo Ferrer Tamayo, Cuba. Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2026/cuad_14.225_es.pdf

[i] En las protestas iniciadas el 11 de julio de 2021 en Cuba, miles de personas se manifestaron en varias ciudades del país para expresar su descontento ante la crisis económica, la escasez y las restricciones a las libertades. Las movilizaciones fueron seguidas por detenciones masivas y procesos judiciales contra numerosos participantes.

 
 
Reseña del libro de Jacob Siegel (2026). The Information State: Politics in the Age of Total Control. Nueva York: Henry Holt and Company (ISBN 978-1-250-36312-1).

Karina González

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