En estas horas en Chile,

Al sur del mundo, ha vuelto a sobrevolar la nefasta figura del dictador Augusto Pinochet. Cuando el trauma de la pasada y cruenta dictadura aún pervive en la población chilena, en un acto de total irresponsabilidad política el presidente de la República, Sebastián Piñera, ha retomado las palabras del dictador para decir al país que “estamos en guerra”. Esta declaración tiene como corolario al día de hoy: 2.138 detenidos -de los cuales 169 corresponde a niñas, niños y adolescentes-, 376 heridos y 5 muertos por agentes del Estado (entre más de una decena de muertos en circunstancias aún no aclaradas completamente). Estas cifras fueron entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo mandatado para velar por el respeto y promoción de los derechos humanos en Chile, según el orden constitucional vigente (www.indh.cl). Esta entidad ha constatado, además, la existencia de torturas y apremios ilegítimos a numerosas personas, ante lo cual ya ha interpuesto las correspondientes acciones judiciales.

El exabrupto presidencial se enmarca en la previa declaración del estado de emergencia y de toque de queda en el país. Sin embargo, aún en estos estados excepcionales los derechos humanos deben ser garantizados, de acuerdo con el marco internacional que los rige. La ceguera del Ejecutivo, que frente al estallido social ha respondido sacando a los militares a las calles, está teniendo un cuantioso y doloroso costo para una población desarmada que se manifiesta pacíficamente en contra de la desigualdad obscena de este, y que solo reclama vivir en condiciones de justicia, igualdad y dignidad humanas. Nada más ni nada menos. Es necesario que esto se conozca y replique en el mundo entero.